Duque responde a los jóvenes del Paro con muchos programas y poca política

Duque responde a los jóvenes del Paro con muchos programas y poca política
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“Usted debería renunciar”, le dijo al presidente Iván Duque una joven de no más de 16 años. Fue en una de las 350 reuniones cerradas de “escucha” con jóvenes que el Gobierno ha hecho en las últimas semanas, algunas de las cuales han estado presididas por Duque, de 44 años.

Ese sábado 8 de mayo estaba con la mitad de su gabinete, en la sede del Bienestar Familiar en Bogotá. El país llevaba 11 días de Paro y Duque citó a 40 jóvenes y representantes de organizaciones juveniles en el marco de los diálogos que arrancó para mantener institucionalidad y bajar la tensión de las calles.

Tres personas que estuvieron presentes en ese encuentro insistieron en que era evidente la tensión. Duque estaba escuchando –tal vez por primera vez– lo que miles de jóvenes siguieron replicando en las calles las siguientes ocho semanas. “Nos dimos cuenta que había que escucharlos”, nos dijo Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud. 

Para bajar la tensión de las protestas y responder a la molestia de los jóvenes salió la estrategia del Pacto Colombia con las Juventudes. Arango, un abogado pereirano de 35 años, ha estado al frente de estos espacios junto con el Bienestar Familiar. Allí asisten jóvenes, empresarios y miembros del gabinete. Como en el pasado, el diálogo social de Duque se instaló con nombre propio, como la Conversación Nacional, en el paro del 2019, o los Encuentros para Avanzar en lo Fundamental, su reiteración en el paro del 2021.

Con este pacto con jóvenes, al que el Gobierno destinó mucho tiempo y recursos, buscaron enfocarse en soluciones a las causas detrás de la protesta, separando los temas de abuso policial y derechos humanos, que están a cargo del Ministerio del Interior en una mesa aparte para garantizar la “protesta pacífica”. 

Dos meses después, el Gobierno ha empezado a lanzar varias políticas que tienen como objetivo atender lo que interpretaron son los llamados de esa población.

La mayoría están encaminadas a solucionar problemas de empleo y educación. En términos de participación, la gran promesa es poner a andar los Consejos de Juventud, la elección abierta a todos los ciudadanos entre 14 y 28 años para escoger, en noviembre, a representantes (sin sueldo) locales y nacionales con una capacidad consultiva con el Gobierno. 

Funcionarios de Gobierno, jóvenes y expertos que han asistido a las mesas admiten a La Silla que, a diferencia de la Conversación Nacional, el Gobierno está respondiendo con políticas inmediatas y concretas. Medidas que aspiran a tener impacto en los próximos 13 meses que quedan de Gobierno. 

Por otro lado, hay quienes sienten que su alcance se queda corto en abordar los temas de fondo que alimentan la indignación de algunos jóvenes. “Son paños de agua para situaciones de inequidad”, dice Juliana Uribe-Villegas, directora de la plataforma Movilizatorio que le hace seguimiento a estos espacios de reunión. 

En ese sentido, está por verse si tienen la capacidad de tener un impacto para desactivar los ánimos de recurrir a la calle de una población que lleva, intermitentemente, protestando más de 3 tres meses. De hecho, algunos aspiran a reactivar la movilización el 20 de julio, el día de la instalación del Congreso, con marchas convocadas por el Comité del Paro y un desfile de primeras líneas de todo el país.

Por ahora, el Gobierno se enfoca a la entrega de políticas inmediatas para decir que escucha. Pero para atacar el fondo, la apuesta podría tardar más tiempo que los 14 meses que le quedan a Duque en la Casa de Nariño. 

Lo urgente: mostrar resultados

Como contamos la idea del Pacto Colombia con las Juventudes era avanzar en “espacios de escucha”, recoger propuestas y convertirlas tan rápido como fuera posible en anuncios de políticas concretas. 

Además por un ingrediente político. De acuerdo a lo que nos dijo un alto funcionario involucrado en esta estrategia, el reto que ve el Gobierno es tratar de desactivar la molestia “para que a los pelados no los politicen en 2022”. Eso en referencia a que la rabia en las calles alimente a la oposición al Gobierno, especialmente del petrismo.

Es por eso que mientras los diálogos avanzaban, Duque arrancó a anunciar políticas dirigidas para esta población. Como un subsidio de acceso a vivienda, inspirado en lo que dijo una joven monteriana que le contó al presidente que su sueño era regalarle una casa a su mamá. De ahí siguió una seguidilla de anuncios y de cifras.

El 29 de junio, se enfoca en 492 mil cupos de estudio en el Sena. La mayoría (400 mil) para formación en industrias creativas y bilingüismo; 82 mil para formación digital y 10 mil para ciencia, ingeniería y matemáticas. 

De acuerdo con lo que nos dijeron en el Sena, todas las propuestas, pero en particular esta última “es una de las solicitudes más recurrentes en las mesas”. Los cupos los enfocarán en ciudades donde los funcionarios más escucharon esa petición: Cali, Pereira, Popayán y Medellín.

La otra, que lanzó Duque una semana después, el 3 de julio, tiene que ver con empleo. Se trata de incentivos a las empresas para contratar jóvenes de 18 hasta los 28 años: un decreto para que el Estado subsidie el 25 por ciento del salario mínimo de los jóvenes contratados por las empresas y deducciones en declaraciones de renta para el primer empleo de jóvenes. 

La estrategia, llamada Camello Sí Hay, contiene políticas anteriores como que las prácticas laborales cuenten como experiencia profesional y la contratación de jóvenes en el Estado, para que el 10 por ciento de las plazas abiertas sean para esta población.

Al armar esta política, lo que hizo el Gobierno fue renombrar y reenfocar esfuerzos que ya venían haciendo para la generación de empleo. 

“La mayoría de las propuestas (lanzadas) estaban en el Plan Nacional de Desarrollo”, nos dijo el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. “Decidimos como Gobierno cambiar lo que ya traíamos y lo complementamos para asumir los pagos de un trabajador en el país”, nos dijo, en referencia al decreto de subsidios. 

La apuesta es que de acá a diciembre haya 600 mil cupos de trabajo y así disminuir el desempleo en esta población, que llegó al 23 por ciento entre enero y marzo de este año, 12 puntos más que el promedio nacional. 

Las medidas en general terminan siendo fórmulas cuestionadas entre expertos.

“Estamos en el último año, tienen decretos, pero no son sostenibles en el tiempo porque el compromiso no es estatal sino gubernamental”, nos dijo Iván Jaramillo, experto del observatorio laboral de la Universidad del Rosario. “Es un mensaje de precariedad, no de sostenibilidad del empleo”.

Una lectura similar tiene Germán Barragán, director de estudios y empleo de la Fundación Corona. Dice que si bien hay una necesidad de tener acciones de respuesta rápida, no impulsan nuevos puestos de trabajo. “Son medidas para incentivar que los jóvenes sean contratados para que haya vacantes, lo que significa es quitarle el empleo a alguien más”.

El mismo Gobierno reconoce que su meta no será sencilla de cumplir. “Hay sectores que siguen saliendo de la pandemia”, admite el ministro Cabrera. 

El Ministerio apunta a acuerdos con las regiones, como los que ya logró con la Gobernación de Sucre o la Alcaldía Bogotá para que de sus presupuestos se subsidie más porcentaje del salario. Por ejemplo, en la capital ya hay un acuerdo para subsidiar conjuntamente casi el 80 por ciento de los salarios y lograr 50 mil puestos de trabajo. 

Esta semana habría más anuncios de este tipo en Cali, Manizales y Pereira. Mientras, el Gobierno sigue con los anuncios y la recolección de conclusiones de sus mesas. 

Una escucha limitada 

Para el consejero de juventudes Juan Sebastián Arango, las respuestas que ha dado el Gobierno buscan subsanar “una deuda histórica con los jóvenes”. “Tratamos de entender un dolor que tenían desde la época de la pandemia, pero que claramente la protesta exacerbó”, dijo.

Nos dijo que en medio de las más de 350 reuniones el problema más claro es la falta de representación de los que siguen en las calles. Como las primeras líneas de Cali y Bogotá, que tienen propuestas que van desde pavimentar calles hasta enjuiciar al expresidente Álvaro Uribe. 

“Es un escenario muy complejo porque no se puede identificar a ningún líder. Todo es demasiado efímero y al lado de la especulación y obviamente uno necesita espacios de confianza para comenzar los diálogos”, nos dijo Arango.

El Gobierno ha insistido a estos alcaldes que no hay legitimidad en las reuniones con encapuchados. Los alcaldes Claudia López y Jorge Iván Ospina desatendieron estos llamados.

“Lo que me preocupa es que los jóvenes de primera línea son jóvenes que no están en educación superior. No reciben ni una cosa ni la otra”, nos dijo Julieth Rincón, representante de Fenares, una de las pocas asociaciones de estudiantes universitarios del país que ha accedido a reunirse con Duque y el Gobierno en tiempos de crisis.

Más allá de eso, las respuestas del Gobierno, incluso para los sectores más moderados que aceptaron el diálogo, se quedan cortas. 

Por un lado, porque las respuestas hasta ahora las ven como programas “que se le debían al sector”. “Los consejos de juventud, por ejemplo. Eso (la elección de los representantes) ya estaba planeado por ley en el calendario. Simplemente (el anuncio) fue cumplir con algo que ya estaba previsto”, insistió la estudiante Rincón. 

Una queja similar existe con la matrícula cero, el programa que hace gratuitas las matrículas en universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3. Se aprobó para este semestre, pero el Gobierno apunta a que en el Congreso, vía la nueva reforma tributaria, sea política de Estado. 

“El movimiento estudiantil lleva solicitando la matrícula cero hace mucho tiempo. Si existe la fórmula para hacerlo en momentos coyunturales, ¿por qué lo hace en momentos no coyunturales?”, nos dijo David Gañan, representante de Unaula en Medellín y también miembro de Fenares.

Además, la conversación, así sea enfocada en soluciones, parece incompleta, para algunos, sin tocar temas relacionados con la protesta y el abuso policial. “Lo que yo siento en el ambiente es la sensación de que matan a la gente en el Paro y eso no lo vas a arreglar abriendo cupos de formación digital en Titiribí”, dijo Uribe-Villegas, de Movilizatorio.

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