Comencemos por una aclaración fundamental: la subasta 4G no fue realmente una subasta de 4G. Y no se trata de un mero tecnicismo. El gobierno adjudicó unos bloques de espectro para que varias empresas operen servicios móviles con unas condiciones mínimas de velocidad y cobertura, pero no para que ofrezcan específicamente la tecnología 4G (que promete ser una revolución en el mercado de datos). De hecho, no encontrarán el término ‘4G’ ni una sola vez en las condiciones definitivas de la subasta.

Esto es entendible desde el punto de vista técnico: 4G es la tecnología de hoy así como 3G fue la de ayer y 5G puede ser la de mañana. No sería conveniente bloquear legalmente a un operador en un sistema que puede resultar obsoleto a la vuelta de unos años.

Lo que no es entendible es que el gobierno y los medios de comunicación promuevan la idea de que con esta adjudicación de espectro se viene la era del 4G. Mejor dicho: no es cierto, como dice el entusiasta ministro Molano, que Colombia se haya convertido “en el país con la mayor oferta de 4G en América Latina”.

Que los operadores lleguen a ofrecer servicios 4G en los próximos meses requerirá de inversiones cuantiosas y cambios en sus redes, lo cual dependerá sobre todo de cómo se mueva el mercado. Mientras unos operadores se esforzarán para lanzar el servicio cuanto antes, otros lo harán paulatinamente, según como su negocio siga siendo negocio. Incluso, es posible que algún operador decida no ofrecerlos. Simplemente se limitará a cumplir con las exigencias de velocidad y cobertura haciendo la menor inversión posible.

“Los grandes ganadores de la subasta 4G son los colombianos de zonas rurales que tendrán las mismas oportunidades para acceder a Internet”, dijo el presidente Juan Manuel Santos a través de Twitter. Falso: el acceso a Internet en las zonas rurales seguirá enfrentando los mismos obstáculos, y nadie sabe esto mejor que el gobierno.

Mientras Bogotá tiene una penetración de Internet del 16,7%, Atlántico, de 8,3%, y Caldas, de 7,9%, departamentos como Vichada, Guainía, Guaviare o Vaupés no llegan al 1% (vean este mapa del Ministerio TIC). En esa mitad del país, en zonas alejadas y dispersas, habita un poco más del 5% de la población, la mayoría de la cual no ha recibido educación adecuada ni tiene recursos económicos para comprar un computador o pagar un servicio de conexión. Para las empresas de telecomunicaciones llevar Internet fijo a estas zonas simplemente no es negocio.

El Internet móvil no ha sido la excepción. No hablemos de 4G para no ir tan lejos: hoy por hoy los baches más grandes en la cobertura de 3G están concentrados en esas zonas. Además, hay barreras de entrada muy altas para el usuario. La mayoría de la población –y acá podemos generalizar para toda Colombia– no puede comprarse un smartphone ni asumir el costo mensual de un paquete de datos, mucho más costoso que un servicio de Internet fijo.

Digo que el gobierno sabe bien esto porque el objetivo de la política social ‘Vive Digital’ del Ministerio TIC es precisamente que Internet llegue a zonas y estratos olvidados por el mercado. Para lograrlo, el Ministerio viene construyendo infraestructura (con el Plan Nacional de Fibra), montando puntos de acceso en escuelas o regalando tabletas y computadores.

Es cierto que la plata de la subasta sirve para financiar estos programas; que los ganadores quedaron obligados a repartir cientos de tabletas a niños y profesores de zonas rurales, y que la cobertura en algunas de estas zonas del país podría mejorar en los próximos años. Pero de ahí a que el gran ganador de la subasta sea, por ejemplo, un campesino de Mitú, hay un trecho largo.

A la mayoría de las personas esta subasta les tiene sin cuidado (si usted llegó a este punto del artículo, exclúyase de ese grupo). Con 4G o sin 4G, lo único que quieren es que las llamadas dejen de caerse, que los mensajes de texto no se pierdan en el aire o que el celular tenga señal cuando viajan por carretera. La buena noticia es que hay maneras de lograr eso: la mala, que no dependía de esta subasta.

En un mercado concentrado como el colombiano, la principal manera de lograr que haya un buen servicio de telefonía celular es con un régimen fuerte de vigilancia y control. En otras palabras, es necesario que a un operador como Claro le salga más caro pagar multas o enfrentar sanciones que ofrecer un buen servicio.

Eso, hoy en día, no sucede. Tanto así que algunos senadores le pidieron al gobierno que no hiciera la subasta. “Antes de otorgar nuevos permisos para el uso del espectro, Ministro, y de renovar, debe verificarse el cumplimiento de los actuales compromisos en relación con coberturas, calidad y satisfacción de los usuarios”, dijo el senador liberal Eugenio Prieto Soto en un debate en septiembre de 2012.

En respuesta, el ministro Diego Molano afirmó que el problema radicaba en que las sanciones incluidas en la ley “hacen, la verdad, que los operadores no tengan los suficientes incentivos para mejorar la calidad”. En la misma línea, el Superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo lamentó entonces que cualquier multa contra los operadores tardara años en resolverse.

Pero el problema no es tanto de falta de leyes o de leyes malas, como de voluntad política para implementar las existentes (oh, sorpresa). En Colombia el sistema de vigilancia y control de los operadores móviles está a cargo de entidades del gobierno central o cercanas a éste. En particular, es la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio la encargada de imponer multas y sanciones. Para agosto de 2012 tenía abiertas 883 actuaciones de ‘carácter sancionatorio’ en el sector de las TIC. Y aunque la mitad estaba en etapa formal de investigación, no se conocen sanciones.

Algunos operadores han dicho que con más espectro podrán ofrecer un mejor servicio. Aunque es un argumento discutible (en otros países hay operadores con menos espectro y más usuarios), podría decirse que en ese sentido la subasta es un alivio. No obstante, subsiste la preocupación de que la vigilancia y control siga siendo débil, en parte por la presión de los propios operadores.

Éste es quizá el punto más importante. La entrada de los nuevos operadores difícilmente cambiará el panorama del mercado de telefonía móvil en el país. Por un lado, porque Claro también accedió a una nueva porción de espectro, que en un plazo más corto de lo que se cree le servirá para fortalecer su posición. Por el otro, porque los operadores entrantes no parecen llegar con la prioridad o la posibilidad de amenazar ese reinado.

Claro cuenta con el 62% de los suscriptores a servicio celular frente al 24% de Movistar y el 13% de Tigo. El mercado está más concentrado aún si se compara la proporción de llamadas hechas. En ese índice, Claro tiene cerca del 74%; Movistar, el 16%, y Tigo, casi el 10%. Por cuenta de esta situación, el gobierno determinó en 2009 que Claro tiene posición dominante, lo cual la hace sujeto a regulación previa y específica.

Es cierto que Claro no tiene la misma dominación en el mercado de Internet móvil. Allí, Movistar abarca el 50%, seguido por Claro, con el 23%, y Tigo, 21%. Sin embargo, se trata de un servicio naciente estrechamente relacionado con la telefonía móvil. El gobierno sabe que hay altas posibilidades de que esa dominación se contagie.

Desde cuando se comenzó a discutir la subasta se dio por descontado que habría alguna restricción para Claro. El punto era cuál. El senador Jorge Enrique Robledo consideraba que no solo había que tener bandas reservadas para operadores entrantes, sino también una exclusión de plano para el dominante. “Sin esta segunda medida la primera carecería de sentido, en razón de que, más temprano que tarde, Claro-Comcel sacaría del mercado a cualquier nuevo competidor que se atreviera a desafiarle su monopolio”, explicó en el Senado. Al final hubo bandas reservadas para entrantes, pero no se prohibió la participación de Claro.

Robledo no estaba solo. En el bando político contrario, el senador Juan Mario Laserna se sumó a la pelea. La coyuntura en el Congreso alcanzó incluso para que se impulsará un proyecto de ley contra la concentración en el mercado móvil. La iniciativa fue rápidamente hundida, pero tal vez sirvió como elemento de presión para el gobierno.

Los resultados de la subasta muestran que todos los interesados recibieron algo. Tanto así que al gobierno le sobró espectro. Y aunque Claro no accedió a la banda más atractiva, puede darse por bien servido. La banda de 2500 irá adquiriendo importancia en Colombia como una profecía autocumplida: con su posición dominante e influencia sobre los vendedores de equipos, Claro se asegurará de crear un mercado para ésta. Ya el presidente de la compañía Juan Carlos Archila empezó a mover la idea de que habrá que cambiar de celular próximamente.

En cuanto a los competidores, no hay que hacerse grandes expectativas: Movistar, Tigo/ETB y Avantel recibieron el espectro más codiciado –AWS–, pero tuvieron que pagar mucho por él. Como explica el exministro TIC Daniel Medina, al que más le convenía un espectro caro era a Claro, que tiene más músculo para recuperar esa inversión. Directv, por su parte, va a usar su espectro para complementar su servicio de televisión. Es decir, no va a competir con Claro por los usuarios de telefonía celular.

Que la competencia en el mercado mejore depende de factores estructurales que van más allá de esta subasta. Entre otros, que se eliminen las cláusulas de permanencia para los usuarios, que haya facilidades reales para que los operadores compartan infraestructura y que no resulte tan costoso para los entrantes acceder al espectro. Esto último implica, de entrada, repensar el modelo de las subastas.

El problema es que las subastas de espectro son una fuente de recursos muy importante para los programas sociales del gobierno –que pueden traducirse en votos–, y con ese objetivo es que se diseñan. En este caso, el ministro Molano obtuvo una buena suma de dinero y, bajo ese entendido, hizo un buen trabajo. En los demás frentes le faltan varias peleas por dar y le quedan varias tareas pendientes