La compulsa de copias contra el Senador en el caso Chiquita Brands remueve los ruidos a su alrededor por su supuesto apoyo a los paramilitares.
Una filtración, este fin de semana, que retomaron varios medios y la Fiscalía no desmintió, removió una vez más el capítulo más oscuro de la historia política de Álvaro Uribe: el de su presunto apoyo a los paramilitares.
Lo nuevo es que la Fiscalía compulsó copias para que el actual Senador y los otros gobernadores de Antioquia entre 1997 y 2004 (además de Uribe, Alberto Builes, Guillermo Gaviria, fallecido, y Eugenio Prieto, encargado) sean investigados por presuntas omisiones que permitieron las actividades ilegales de las Convivir. (Por el mismo asunto, en 2013 el Tribunal Superior de Medellín ya había compulsado copias contra Uribe).
La petición (de la que Uribe se defendió con un comunicado) se hizo dentro del proceso en el cual la Fiscalía acusó a varios exdirectivos de la empresa Chiquita Brands de supuestos nexos con los paramilitares.
Son varias las denuncias y rumores de presunta relación, directa o indirecta, con el paramilitarismo las que rodean a Uribe. Dentro de estas, hay unas en las que la justicia ya ha ido tomando decisiones. La Silla Paisa recopiló aquellas en las que, al menos, hay una compulsa de copias para entender más la sombra que acosa al Senador, a quien la Corte Suprema llamó a indagatoria este año, pero dentro de un caso de falsos testigos.
Las masacres en El Aro y La Granja
El 11 de junio de 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron cinco campesinos en la vereda La Granja de Ituango por, supuestamente, ser colaboradores de la guerrilla. Poco más de un año después, el 22 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares del Bloque Mineros de las AUC mató 15 campesinos en el corregimiento del Aro, del mismo municipio, y desplazó cientos de personas.
Según la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que compulsó copias a la Corte Suprema para investigar a Uribe, este habría permitido que ambos hechos ocurrieran mientras era Gobernador.
La Fiscalía, por su parte, pidió a la Corte Suprema investigar a Uribe por sus presuntas responsabilidades en la masacre del Aro, tras escuchar el testimonio del exjefe de la Oficina de Envigado, ‘don Berna’, en que lo señalaba de ser culpable de la muerte de uno de los testigos en su contra por el caso de El Aro.
Entre las supuestas pruebas del caso está que un helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de la Gobernación presuntamente sobrevoló El Aro mientras ocurría la masacre. También el testimonio del exparamilitar condenado por el caso y luego asesinado, Francisco José Villalba, quien dijo que Uribe lo había condecorado por esa masacre, entre otras cosas.
Uribe desmintió las declaraciones de Villalba y aseguró que el helicóptero nunca había sobrevolado la zona en esa fecha.
Además, dijo que la magistrada María Consuelo Rincón, quien compulsó copias a la Comisión de Acusaciones, lo estaba persiguiendo y se equivocaba porque el tema no era nuevo y, según él, ya el CTI de la Fiscalía lo había descartado “hace bastante tiempo”. El caso está en la Comisión de Acusaciones desde 2015 y no se ha movido.
El asesinato de Jesús María Valle
El 27 de febrero de 1998, dos meses después de que Álvaro Uribe dejara de ser Gobernador, la banda La Terraza, contratada por el jefe paramilitar Carlos Castaño, asesinó al abogado Jesús María Valle, presidente del Comité de Derechos Humanos en Antioquia y principal denunciante de que las masacres del Aro y La Granja las habían cometido los paramilitares con complicidad de la Fuerza Pública.
Esas denuncias le generaron confrontaciones con el entonces Gobernador y con el comandante de la IV Brigada, el general Carlos Ospina, y Valle terminó denunciado por injuria y calumnia por parte de miembros de la Fuerza Pública. 20 años luego, la Corte Suprema declaró el homicidio y las masacres crímenes de lesa humanidad.
En enero del 2018, al condenar a los hermanos ganaderos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo como autores intelectuales de las masacres del Aro y la Granja y del homicidio de Valle, el Tribunal Superior de Medellín pidió investigar a Uribe por la muerte del abogado. Eso porque presuntamente estaría relacionada con sus denuncias sobre las masacres, por las cuales ya estaba siendo investigado años atrás.
Uribe se defendió en un comunicado diciendo que siempre hizo públicas sus confrontaciones con Valle y que cuando lo mataron él ya no era Gobernador y estaba por fuera del país. Añadió que era por las elecciones a Congreso que se avecinaban que estaban saliendo cuestionamientos en su contra.
Más de las Convivir
En 2013, el magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigara a Álvaro Uribe por supuestamente haber patrocinado paramilitares. Eso porque en el tiempo que fue Gobernador se formaron las Cooperativas de Seguridad Privada o Convivir, que los ‘paras’ utilizaron para fortalecerse, y Uribe mismo las defendió como mecanismo de seguridad privada durante su Administración.
Uribe se defendió diciendo que Pinilla perteneció al M19 y por eso lo persigue.
La muerte de Pedro Juan Moreno
La investigación por la muerte en 2006 de quien fue la mano derecha de Uribe en la Gobernación llevó a que la Fiscalía compulsara copias a la Comisión de Acusaciones en enero de 2016 contra el hoy Senador.
Esto debido al testimonio del exjefe paramilitar Daniel Herrera o ‘Don Mario’, quien afirmó que Uribe se reunió en Caucasia con Carlos Castaño y en Urabá con otros paramilitares y que, dada la supuesta cercanía que tenía Moreno como secretario de Gobierno con los paramilitares, su muerte podía no haber sido un accidente.
Esa versión la reforzó luego el testimonio de alias ‘Don Berna’ en el libro de María McFarland “Aquí no hay muertos”, en el cual decía que Moreno había sido asesor de Carlos Castaño, que había ordenado el asesinato de Jesús María Valle y que la muerte en helicóptero había sido un saboteo y no un accidente, como en su momento dijo la Aeronáutica Civil.
Frente al caso, Uribe respondió en medios que no tenía por qué responder a los testimonios de ‘Don Mario’, y que no era un testigo fiable porque en su gobierno lo capturaron.
La operación Orión
En octubre de 2002, la Fuerza Pública, con miembros del Bloque Cacique Nutibara de las AUC camuflados, se tomaron la Comuna 13 de Medellín con el propósito de combatir a los milicianos de las guerrillas que allí vivían. Dejaron cientos de muertos y desaparecidos y, 16 años después, la búsqueda de los cuerpos por parte del Estado ha sido intermitente.
Según publicaciones de la revista Semana y de Caracol Radio de los años 2015 y 2018, que no han sido desmentidas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias por la presunta responsabilidad de Uribe, que en ese entonces comenzaba su primer periodo presidencial, en las tomas violentas de paramilitares y Fuerza Pública en la Comuna 13 de Medellín.
