En tres semanas de Gobierno ya hay cuatro ejemplos claros de que “una cosa es el Centro Democrático y otra el Gobierno”.
Fuente: Prensa Senado
Aunque el presidente Iván Duque le ha dado juego a uribistas pura sangre nombrándolos en cargos de mucho poder, la frase de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de que “una cosa es el Centro Democrático y otra el gobierno”, que luego repitió la senadora uribista Paloma Valencia, ya se empieza a notar en el Congreso en estos cuatro casos.
Con el salario mínimo
Mientras al ministro de Hacienda e ideológo del gobierno Duque, Alberto Carrasquilla, se ganó más de un enemigo al decir, en 2008, que “el salario mínimo es ridículamente alto”, el ex presidente y senador Uribe presentó esta mañana un proyecto de ley que busca que Duque lo pueda subir por decreto.
Esa propuesta no solo va en contravía de lo que dijo Carrasquilla hace una década sino de su visión económica, que busca generar más empleo y formalización no subiendo los salarios de quienes ya están empleados formalmente sino facilitando que las empresas enganchen nuevos trabajadores formales. Subir el salario hace que tengan menos recursos para eso.
Según dijo Néstor Morales esta mañana en Blu Radio la ministra de Trabajo y aliada de Uribe, Alicia Arango, no conocía del proyecto. La asesora de comunicaciones de Arango, Sonia Orjuela, le confirmó a La Silla que la ministra no sabía de ese proyecto esta mañana y que por eso prefirió no dar entrevistas.
En el ministerio de Hacienda se enteraron del proyecto por redes sociales, según le confirmó a La Silla el jefe de prensa de Carrasquilla.
Con la elección del contralor
Duque no se metió en la elección de ese poderoso cargo, que es el que vigila la billetera del Gobierno, a pesar de que Álvaro Uribe dijo explícitamente que tenían dos candidatos propios y a que desde el principio pintaba fuerte José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal.
Sin el empujón presidencial no lograron la mayoría, Lafaurie sacó apenas 12 votos de los 279 y le ganó el pereirano Carlos Felipe Córdoba con una mayoría arrasadora de 203 apoyos.
Lafaurie fue perdiendo oxígeno días antes de la elección, cuando, como contó La Silla, Córdoba sumó los apoyos liberales, de Cambio Radical y La U y tenía la elección asegurada. El Centro Democrático buscó una salida digna, Uribe se reunió con los ex presidentes Pastrana y Gaviria y defendió que Duque no se hubiera metido a apoyar su candidato. En todo caso, una cosa fue la intención del Centro Democrático y otra la actitud del Gobierno.
Con la Consulta Anticorrupción
En donde también se nota que una cosa es el Gobierno y otra el Centro Democrático es con la Consulta anticorrupción del próximo domingo que lidera la Alianza Verde.
Mientras Duque dijo en Mocoa la semana pasada que la va a votar y que “todos tenemos que unir esfuerzos: el Gobierno, los promotores, la ciudadanía, las veedurias”; Uribe dijo no la apoyaría, a pesar de que su bancada se comprometió a hacerlo a cambio de que se hiciera después de las elecciones presidenciales, y después de que Noticias Uno reveló un video de una reunión de senadores uribistas en la que el ex presidente se congratula de que en su discurso de posesión Duque no haya mencionado la consulta.
Lo reiteró después diciendo en medios que “yo prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas, que son de autoría del presidente Iván Duque”, refiriendose al paquete de cuatro proyectos de ley o reforma constitucional que presentó el Gobierno, de los cuales tres retoman puntos de la Consulta.
Con los cambios al Acuerdo de Paz
El Gobierno quiere hacerle tres cambios gruesos al Acuerdo: una reforma constitucional para que el narcotráfico no pueda ser amnistiable, para lo que ya presentó un proyecto de reforma constitucional, una serie de correctivos a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y echar para atrás la obligación de restituir tierras cuando el comprador no verificó que las pagó súper baratas porque, por ejemplo, los paramilitares podrían haberlas arrebatado a campesinos.
El uribismo ha mostrado que quiere ir más allá.
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez presentó un proyecto de acto legislativo para que la Comisión de la Verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP no puedan pedirle a las entidades públicas información sobre operaciones militares, estatales, de inteligencia y de contrainteligencia bajo el argumento de que eso pone en riesgo la seguridad nacional. Eso le podría quitar herramientas al sistema que creó el Acuerdo con las Farc para conocer la verdad de lo que pasó en el conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de los militares.
Lo más llamativo es que el consejero de asuntos políticos de presidencia, Jaime Amín, le dijo a El Espectador que no conocía ese proyecto (“no tengo información sobre ese proyecto”, dijo), lo que muestra que no actuaron coordinados y en esa medida son diferentes – aunque, a diferencia de los otros puntos, en éste no es claro que tengan posiciones encontradas.
