Entre diciembre y febrero se han fallado 23 casos de restitución de predios despojados a víctimas del conflicto. La Unidad de Restitución de Tierras que dirige Ricardo Sabogal espera tramitar unos 12 mil casos este año. Fotos: Juan Pablo Pino

Con tres fallos en enero y otros trece en febrero, la restitución de tierras -una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos- está comenzando a agarrar ritmo.

A las primeras sentencias proferidas en diciembre en Tolima, Norte de Santander y los Montes de María se han sumado ahora los primeros casos donde había ocupantes que se declaraban tenedores de buena fe y que han terminado favoreciendo a las víctimas. También salió el primer fallo a favor de 32 familias despojadas por el clan Castaño en la emblemática finca Santa Paula en las afueras de Montería, un caso por el cual había sido asesinada la líder Yolanda Izquierdo en 2007.

Comenzando el segundo año de vigencia de la Ley de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras -adscrita al Ministerio de Agricultura- está procesando casi 6 mil solicitudes de restitución, equivalentes a 275 mil hectáreas despojadas en las últimas dos décadas. Al menos 1.184 casos se encuentran ya en manos de los jueces esperando un fallo. En total, la Unidad ha recibido 33.629 solicitudes de restitución, que corresponden a unas 2,4 millones de hectáreas.

Al cumplirse el primer año de funcionamiento de la Unidad de Restitución de Tierras, La Silla Vacía conversó con su director Ricardo Sabogal sobre el proceso de restitución que han venido liderando, las dificultades con que se han topado y los retos que tienen para este año.

El año pasado, primero de funcionamiento de la Ley de Víctimas, estuvo destinado a montar la institucionalidad a cargo de la restitución de tierras. ¿Qué fue lo más duro de ese primer año?

Lo más duro de este primer año fue armar una institución que no existía, en un campo del conocimiento que habían abandonado las facultades de Derecho. El trabajo de este año implicó montar la institución en las zonas más afectadas, reclutar y capacitar al equipo humano, acompañar al Consejo Superior de la Judicatura en el proceso de capacitar a los jueces.

Asimismo, fue un enorme desafío para nosotros descubrir el territorio que había sido despojado. Muchas de las zonas donde comenzamos a trabajar nunca habían sido intervenidas por una institución del Estado y en muchas, las comunidades sentían una profunda desconfianza. Y con justa razón, porque los habían abandonado. Tuvimos que entrar y ganarnos su confianza, mostrarles que el Gobierno sí quiere restituir estas tierras y que le cree a las víctimas.

El montaje del tema de seguridad en el Ministerio de Defensa también fue un gran desafío, porque parte fundamental del proceso ha sido el de capacitar a los policías e involucrar a la fuerza pública. Porque si la restitución no la hacemos con seguridad, no va a funcionar.

¿Cuántos funcionarios tiene la Unidad y en qué áreas?

Tenemos aproximadamente unos 800 funcionarios, aunque todas las semanas están entrando nuevos funcionarios que hay que capacitar. La gran mayoría son abogados, seguido por ingenieros catastrales y topógrafos, y finalmente funcionarios del área social.

La Silla supo que ha sido difícil contratar topógrafos. ¿Por qué?

El problema es que en este momento el país está viviendo un boom minero y de infraestructura vial, que demanda muchos servicios de topografía. Y los sueldos de la Unidad son propios del sector público, que no pueden entrar a competirle de igual a igual a una minera o una petrolera. Eso nos ha dificultado llenar la red de personal. Nos ha tocado salir a contratar personas al mercado y pagar mucho más caro.

¿Hay alguna otra profesión en la que hayan identificado este problema?

En la gestión documental. Es lamentable pero el país no tiene mucha gente capacitada para manejar y organizar los archivos. Nos hemos demorado en llenar la planta de personal por eso.

¿Por qué dice usted que la restitución ha sido un tema nuevo para el derecho?

El gran problema del país es que ha venido resolviendo los problemas agrarios o entre campesinos con una justicia hecha para tiempos de normalidad. Y aquí llevamos en la anormalidad varias décadas.

La restitución ha sido un tema nuevo porque la ley 1448 está inscrita en la justicia transicional, pero no cualquier justicia transicional sino una civil, de la cual no existen referentes en el mundo. Este proceso implica unos nuevos paradigmas y conocimientos para los abogados, que no tuvieron en sus escuelas de Derecho donde se formaron con el código civil tradicional y las leyes agrarias tradicionales. Formar a los abogados ha sido una tarea dispendiosa. Ahora esperamos que la Academia se vincule y arme programas de justicia transicional.

¿Cómo les ha facilitado el trabajo que adelantan la inversión de la carga de la prueba?

La carga de la prueba es una figura que se había aplicado en el país en la extinción de dominio. A la persona le toca probar que adquirió el bien con recursos lícitos, algo exótico en el derecho administrativo y penal tradicional.

Esta misma noción facilita los procesos de restitución porque en vez de la víctima, es la contraparte sobre quien recae la carga probatoria. Tiene que demostrar que lo aportado por la víctima y la Unidad de Restitución es falso. Y hasta ahora casi el 100 por ciento de los casos ha salido favoreciendo a las víctimas. Solamente tenemos un caso en el que nos falta aportar una prueba técnica de identificación predial, que define la naturaleza jurídica del predio. Estamos seguros que tan pronto la aportemos, se falla.

Todas las sentencia han sido en beneficio de las víctimas que han pasado por el proceso de restitución. Todo aquel que llegó contando lo que le había pasado y que lo pudimos llevar probado ante los jueces, el que está del otro lado no ha podido demostrar que no es cierto. Y éste es muy buen mensaje para el país y para las víctimas.

La meta para 2014 es llegar a 134 jueces y 60 magistrados. ¿Cómo va ese proceso?

El Gobierno tiene el interés de que esta justicia ponga en funcionamiento tantos jueces como se demanden por el número de reclamaciones. Si se requieren 30 más, se pondrán. En este momento tenemos 39 jueces y 15 magistrados, que ya es un buen número de jueces operando. Y que es un número mucho mayor al de todos los que tuvo Justicia y Paz o al de jueces que están fallando extinción de dominio.

A medida que nosotros vayamos llevando más demandas, el Consejo Superior de la Judicatura irá abriendo juzgados.

En este primer año abrieron oficinas en 15 departamentos. ¿Cuáles zonas importantes para la restitución aún están sin presencia de la Unidad?

Las zonas bravas ya las tenemos cubiertas. Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Sucre y Tolima -que son las campeonas en despojo- ya llevan un buen tiempo trabajando.

Nos quedan zonas con menos reclamaciones. Vamos a abrir oficinas en Cauca, Chocó y Atlántico a corto plazo. Este año también esperamos comenzar, a mediano plazo, en Cundinamarca y en la zona cafetera, que queremos manejar con un solo equipo. Hay otras zonas como Caquetá, Arauca y Casanare a la espera de una nueva fase de ampliación, que probablemente no será este año. Pero la mayoría de reclamaciones están en los departamentos donde ya estamos.

Hasta ahora se han visto fallos en seis regiones: Mampuján (Bolívar), Tibú (Norte de Santander), Ataco (Tolima), Morroa (Sucre), San Diego (Cesar) y Montería. ¿En dónde más ve nuevas sentencias en los próximos meses?

Se están produciendo sentencias todas las semanas. Ya entramos en la dinámica de que se empiece a fallar porque las demandas se entregaron a los jueces hace ya varios meses. Vienen pronto sentencias de tribunales en Bogotá, Magdalena y Meta. Y también veremos seguramente los primeros fallos en Antioquia y Nariño.

En este punto creo que es útil hacer una comparación. ¿Cuánto se demoraron la Ley de Justicia y Paz o la extinción de dominio en proferir sus primeros fallos? Esta ley comenzó a funcionar a mediados del año pasado y ya comenzando este año estamos empezando a ver sentencias de manera regular.

La meta de la Unidad es tramitar 12 mil solicitudes este año, de unas 30 mil que han presentado hasta ahora las víctimas. ¿Cómo ve las cosas, dos meses después de las primeras sentencias de restitución?

Ojalá más. Queremos tramitar el 100 por ciento de las reclamaciones en las zonas donde hay condiciones de seguridad.

Pero también es una realidad que dentro de esas 33 mil solicitudes hay de todo. Muchas de ellas están llenas de inconvenientes, porque las recibimos incompletas de las Comisiones Nacional de Reparación que funcionaban a nivel regional o de la Corte Constitucional. También hay muchos casos de campesinos sin títulos que salieron de parques naturales, así como de territorios afrocolombianos o indígenas. Es decir, están en zonas que no son objeto de restitución.

Nos llegan incluso casos de despojo de los años cincuenta, como el de un hombre que reclama cuatro municipios en Magdalena, otro que pide casi toda Fusagasugá y otro que reclama 20 hectáreas urbanas en Tunja. Son casos que tenemos que resolver. Debemos decirles que no aplica por esto y aquello.

¿Usted ve que el núcleo fuerte de reclamantes llegó a la Unidad ya en la mayoría de regiones?

Yo no quisiera hacer ese tipo de afirmaciones porque todavía no lo sabemos, pero en la Unidad ya hay mucho de lo que se despojó. Por más que haya muchas solicitudes que no apliquen o que estén en zonas no restituibles, en esas 30 mil ya tenemos un alto porcentaje de los predios afectados en todo el país.

Por ejemplo en zonas como Montes de María, donde tenemos una oficina en El Carmen visible a todo el mundo y donde hay condiciones de seguridad, creemos que el que perdió un terreno seguramente ya vino. Lo mismo en Sucre.

¿Ha mejorado la situación de seguridad en otras zonas? ¿Se podrán declarar nuevas áreas de restitución este año?

Todo el año se están abriendo zonas. En este momento estamos trabajando en 70 zonas microfocalizadas de 63 municipios que tienen condiciones de seguridad, desde corregimientos específicos  hasta municipios enteros.

El tema de la seguridad es muy dinámico. Sí cambian las condiciones y usualmente para mejor, pero en algunos lugares el solo hecho de entrar a restitución también calienta. Una zona que ahora no tiene problemas de seguridad, puede ver su situación de seguridad cambiar fruto del proceso de restitución porque este proceso toca muchos intereses.

No estamos trabajando en todas las zonas que cuentan con condiciones de seguridad, porque se demanda mucho acompañamiento del Ministerio de Defensa y de la Policía. Por ejemplo, en Magdalena estamos empezando en Chivolo. De ahí pasaremos a Fundación, luego a Ciénaga y de ahí a la zona bananera. Es como ir caminando por la zona. Esto no quiere que estos otros municipios no tengan condiciones de seguridad, sino que para eso hemos diseñado el proceso de microfocalización o de una gradualidad en la implementación del registro. Pero pueden tener la seguridad de que todo el año se estarán abriendo zonas.

Ya estamos viendo los primeros fallos de casos con opositores y donde los despojadores fueron figuras como el clan Castaño. ¿Veremos casos cada vez más difíciles?

Sí, estamos pegándole cada vez más al corazón del despojo. Ahorita fue la finca Santa Paula que perteneció a los Castaño, próximamente ocurrirá con ‘Jorge 40’ y sus secuaces. También se vienen casos relacionados con la masacre de Pechilín en Sucre y seguramente también en los Llanos. Muchos de estos casos emblemáticos de despojo ya se documentaron y están en manos de los jueces.

No empezamos por los casos fáciles, sino por aquellas zonas donde el despojo tenía mayor densidad. Indistintamente de quien estuviera del otro lado.

¿Cuáles es el reto más grande una vez salida la sentencia?

La sostenibilidad del retorno, poder llevar a la gente en condiciones de seguridad y volver productivas estas zonas que estaban enmalezadas o abandonadas. Y poder hacerlo eventualmente también en zonas donde los actores armados todavía tienen los predios.

¿Cómo van los proyectos productivos para incentivar el retorno?

Ya estamos trabajando con las familias beneficiadas por las sentencias. En Mampuján y Chivolo ya van por el segundo desembolso para sus proyectos productivos. En Sucre, pronto visitaremos sus predio para verlos y mirar qué quieren hacer las familias. A partir de esa información, formulamos un proceso productivo de la mano con la comunidad y les financiamos hasta un tope.

Pero nunca le imponemos nada a la víctima. Si nos dice ‘quiero sembrar ñame porque yo sé hacerlo y sé que puedo venderlo’, nosotros la acompañamos. En Chivolo, por ejemplo, nos dijeron ‘nosotros lo que sabemos es criar vacas’. Nosotros les dijimos, ‘listo, tecnifiquemos la ganadería para que tenga más vacas en menos hectáreas. Y dejemos un par de hectáreas para forestables, que le van a permitir en el largo plazo tener un ahorro significativo’. Entonces cada parcela tiene un área de forestables. Pero es la comunidad la que dice sí o no.

En Chivolo hicimos otra cosa muy bonita. No nos parecía justo que las víctimas de la Ley 1448 se beneficiaran y no otras que habían formado parte de Justicia y Paz, que fueron muy valientes y pelearon por su tierra con menos garantías. Los estamos ayudando en el tema productivo y el de vivienda.

Hace dos semanas el Tribunal Superior de Antioquia ordenó la devolución de 164 hectáreas en la finca Santa Paula a 32 familias. Pero una cosa es el fallo y otra el retorno.

Tan pronto quede en firme la decisión recuperaremos ese predio. Comenzaremos a hacer la cartografía del predio de cada familia, a mirar la calidad del suelo y todo lo necesario para que estas personas puedan volver a producir ahí en condiciones de seguridad.

Y próximamente serán las 1.120 hectáreas porque esa hacienda, después de que se la quitaran a los campesinos, la recogieron tres presuntos testaferros. Le apuntamos primero a la primera, a la señora Henao Montoya, y los otros dos ya están en camino. No lo hicimos en el mismo momento porque muchas de las víctimas no se nos acercaron  al comienzo por miedo y por desconfianza. ‘Ya en Justicia y Paz nos demoramos tantos años y no pasó nada’, decían. Así que apenas pudimos reunir el primer paquete de reclamaciones lo enviamos y los otros dos ya están en manos de los jueces.

No vamos a ahorrar esfuerzos para que salga bien. El reto enorme no es el acompañamiento en el proceso de regreso, sino que a estas personas no las vuelvan a sacar.

¿Cómo ha sido para ustedes el proceso de enfrentarse a la alta informalidad de la tierra?

Uno de los grandes retos de restituir es enfrentarse a la alta informalidad en la tenencia de la tierra. Muchos campesinos no tenían títulos y no podían reconocer sus predios ya. Otros llegaron y encontraron enormes cultivos agroindustriales. En Urabá tenemos casos de víctimas que eran muy pequeñas cuando fueron despojadas. Cuando van a reclamar 15 años después, no recuerdan los linderos del predio ni tienen títulos, así que nos toca buscar familiares y líderes de la zona para que nos ayuden a encontrarlo.

Identificar predios en este país es un desafío. Por eso andamos con un ejército de topógrafos. Es tan difícil la tarea que un policía que acompañaba a la Unidad en Cesar en el proceso, murió de un golpe de calor.

¿Qué lecciones cree usted que puede tomar el país de la experiencia de la Unidad en temas como catastro, titulación o información sobre tierras?

La restitución está llegando a zonas donde la presencia del Estado era muy limitada, trayendo avances metodológicos como la georeferenciación de los predios. Ya no hay posibilidad de que le cambien el predio a la persona, porque se le identifica con coordenadas. Además, casi todos los fallos contienen una orden de los jueces al IGAC [Instituto Geográfico Agustín Codazzi] de actualizar su base catastral. Creo que en ninguna ha dejado de dar esa orden el juez.

Este proceso nos está dejando lecciones y nos está haciendo un llamado de atención grande. Buena parte de lo que pasó, pasó por el desorden en la administración de las tierras en este país. Muchas de las tierras -de los baldíos- que le robaron a la Nación, las robaron por no tener el catastro bien hecho. La restitución de tierras es una lección para ordenar la casa.

¿Hay zonas más actualizadas desde el punto de vista de titulación y de catastro?

El problema es más crítico en ciertas zonas, especialmente en los Llanos. En otras regiones es menos crítico, pero sigue siendo crítico.

¿Están intentado torpedear los procesos judiciales y cómo han logrado frenarlo?

Nos han intentado torpedear el proceso de varias maneras. Una ha sido interponiendo tutelas para frenar los casos. La más común ha sido amenazando a las víctimas reclamantes o a los mismos funcionarios de la Unidad. También han intentado asustar a nuestros funcionarios diciéndoles que hay presencia de actores armados en zonas donde no la había, pero como vamos siempre acompañados por la fuerza pública a ellos es más difícil que les metan los dedos en la boca.

También hemos procesado a algunas persona que de manera abusiva han intentado colarse en la restitución, que han intentado pasarse por reclamantes para resolver problemas que no tienen nada que ver con la restitución. A estas personas las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía.

¿Los jueces les están pidiendo nuevas pruebas o el acervo probatorio que ustedes les han mandado ha sido suficientemente sólido?

Tenemos una buena relación con los jueces y nos estamos reuniendo periódicamente para ver cómo va el proceso. Esta primera etapa ha sido de conocimiento mutuo: hay un diálogo y una retroalimentación continua.

Hemos tenido algunas dificultades dado que la Unidad se rige por una lógica administrativa y los jueces nos demandan cosas de manera inmediata. A veces no conseguimos responder con la agilidad que ellos requieren, porque tienen que fallar muy rápido. Eso nos ha generado algunas dificultades, pero las hemos ido resolviendo y creo que en pocos meses el proceso ya será muy fluido.

¿Cómo los afectó el paro judicial?

El paro nos afectó mucho, como a toda la justicia. Si no hubiera habido paro, habríamos tenido un número mucho mayor de fallos el año pasado. Es más, el caso de Santa Paula seguramente habría salido en diciembre.

¿Y, finalmente, cuál es el balance personal que hace usted de todo el proceso?

A mí nada me emociona más que verle la cara a la gente cuando, después de haber pasado 15 años apartada de su predio, le vamos a devolver algo que nunca pensaron podrían recuperar. Es algo inimaginable.