LO QUE SE DECÍA

LO QUE WIKILEAKS CONFIRMA

Operación Jaque

Aunque Anncol dijo desde 2008 que la Operación “Jaque” no era un rescate, sino una liberación interceptada, el General Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares en esa época, negó que que se hubiera llegado a un acuerdo con alias “César” o que se hubiera pagado por el rescate de los 15 secuestrados. El general dijo esto después de que el periodista Frederich Blassel de la Radio Suiza Romanda dijera que el gobierno colombiano pagó 20 millones para que los secuestrado fueran entregados al ejército. “No fue una negociación con las FARC directamente, sino con una persona muy importante de esa organización que es el ‘comandante Cesar’”, dijo el periodista. Además Blassel aseguró que ese pago fue patrocinado por Estados Unidos.

En un cable enviado el 24 de junio de 2008 -un poco más de una semana antes de la realización de la “Operación Jaque”- la embajada estadounidense habla de un pacto entre la Iglesia, el Gobierno y alias “César” para lograr la liberación de Íngrid Betancourt a cambio de ciertos beneficios. El cable dice: “Alguien (su nombre ha sido censurado) nos dijo el 13 de junio que la Iglesia está en contacto indirectamente con el Comandante del Primer Frente de las Farc, Giraldo Antonio Alguilar Ramirez (sic, su verdaderno nombre es Gerardo Antonio Aguilar Ramírez) (“César”), quien supuestamente está buscando que el gobierno colombiano libere a su esposa y a su hija — así como un compromiso del Gobierno que le permita a él, a su familia y a cualquier guerrillero que se desmovilice con él, llegar a salvo a Francia. Alguien (otro nombre censurado), le informó al Viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien prometió su completa cooperación”. Aunque tanto la Iglesia, como la CICR apoyaron el pacto, y el abogado de “César” dijo que sí hubo negociaciones, el guerrillero no llegó a Francia, pues fue extraditado a Estados Unidos.

El partido de Ramos

Después de que la Corte decidiera investigarlo, y de que algunos miembros de su partido Alas-Equipo Colombia enfrentaran problemas judiciales y fueran relacionados con la parapolítica por las elecciones parlamentarias de 2006, Luis Alfredo Ramos, el actual gobernador de Antioquia, le dijo a La Silla Vacía que él no era el encargado de entregar avales y que esa responsabilidad era del representante legal de entonces. Que las investigaciones contra Óscar Suárez Mira, Antonio Valencia Duque y una decena de miembros de su equipo eran responsabilidad personal de cada uno y que él no tenía que responder por ellos puesto que no había entregado los avales.
 

En un cable del 10 de febrero de 2006, la embajada recuenta la visita de tres líderes políticos que estaban preocupados después de un artículo de la Revista Cambio que denunció la infiltración paramilitar de sus listas al Senado y que terminó por poner en peligro sus visas estadounidenses. Uno de ellos, Luis Alfredo Ramos, entonces líder de Alas-Equipo Colombia, se defendió ante el entonces embajador, William Wood, así según el cable: “El 7 de febrero, el líder del partido Alas-Equipo Colombia, Luis Alfredo Ramos (un ex Ministro de Comercio y ex Embajador ante la OEA), enfatizó ante el embajador que su partido era pro-Estados Unidos, un aliado cercano a prominentes industriales colombianos y estaba completamente libre de influencia de las AUC. Ramos anotó que Alas-Equipo Colombia sólo aceptaba donaciones de empresarios exitosos y que él mismo había sacado un gran préstamo privado de un banco para ayudar a financiar la campaña al Congreso”. El cable reporta que “Ramos dijo que no toleraría ningún individuo con nexos cuestionables en las filas de Alas-Equipo Colombia”. Y también cuenta que, antes de la reunión, “Ramos le dijo a un oficial de policía que sentía que Mario Uribe se había cavado una tronera al ser excesivamente abierto a recibir cualquier individuo que fuera electoralmente viable en su partido Colombia Democrática”. Pero, aunque Ramos prometió cero tolerancia a los políticos cuestionables ante la embajada, terminó con una tronera en su partido.

Uribe y la Corte

Aunque el ex Presidente Álvaro Uribe insistió en que durante su mandato el país estaba recuperando la institucionalidad, desde que la Corte Suprema llamó a indagatoria por parapolítica a su primo Mario Uribe, en 2007, Uribe puso en entredicho la calidad de los juicios de la Corte. En 2008, el Presidente acusó a la Corte de estar “utilizado a la yidis-política para desacreditar al Gobierno y para tratar de meter los ministros a la cárcel”. Luego de la reunión de “Job” en la Casa de Nariño con funcionarios de Uribe y del caso ‘Tasmania’, que el Presidente había puesto como ejemplo de la conspiración de la Corte contra el gobierno, se demostró que de hecho se trataba de un montaje del gobierno en contra de la Corte misma. La pelea continuó el año pasado cuando Mario Aranguren y Eduardo Daza fueron acusados de investigar ilegalmente a los magistrados de la Corte. “Órganos superiores de justicia [han] presionando jueces y fiscales, para que metan a la cárcel a gente honesta, que no ha robado”, dijo Uribe. El enfrentamiento no se quedó ahí pues cuando los medios de comunicación transmitieron la noticia errada de que el General Padilla sería llamado a indagatoria por el caso de los “falsos positivos”, Uribe llamó a los funcionarios judiciales “tinterillos, idiotas útiles que buscan maltratar la Seguridad Democrática”.

Sin embargo, un cable del 1 de diciembre de 2006, dice que Uribe, o al menos eso creyó la embajada de Estados Unidos, no quería truncar las investigaciones de la Corte. En el cable diplomático menciona que el ex Presidente Uribe públicamente “urgió a la Corte para que siguiera la evidencia [de la parapolítica] hacia donde llevara. Dijo que su administración era la primera en intentar limpiar un fenómeno paramilitar que floreció bajo otros presidentes. También, en el resumen de otro cable escrito por el embajador Wood sobre una reunión con el presidente el 30 de noviembre de 2006, se dice que Uribe “apoyó fuertemente las investigaciones judiciales de nexos parapolíticos y que estaba comprometido a defender las instituciones colombianas”. También, en ese cable, se dice que Uribe “apoyó la investigación de la Corte Suprema de Justicia”.

Las “Bacrim”

Desde que miembros de Bandas Criminales asesinaron a los dos estudiantes de biología de la Universidad de los Andes, el tema de las “Bacrim” llegó al centro de la agenda política. Y la discusión ha girado sobre si son una señal de que Santos no ha cuidado bien la herencia de Uribe o de si la herencia de Uribe venía envenenada. Los conservadores han señalado su auge como uno de los indicios de que la seguridad ha empeorado en el gobierno de Santos. Y por su parte, el ex presidente Pastrana ha dicho que las “Bacrim” son la herencia de Uribe. Santos se limitó a insistir en que son bandas delincuenciales y no grupos armados ilegales.

Pero un cable del 24 de noviembre de 2006 parece aclarar la disputa. El cable informa de una reunión para discutir la emergencia de grupos criminales y para que el Gobierno Colombiano respondiera al informe de la Misión de Apoyo al Proceso Paz de la OEA (MAPP) que hablaba sobre el tema. La reunión ocurrió el 10 de noviembre de 2006 y asistieron Sergio Caramagna, director de la MAPP, el vicepresidente Francisco Santos, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el director de la DIJIN, Óscar Naranjo, entre otros.

En la reunión Caramagna, basado en el informe de la MAPP, habló de la existencia de 22 estructuras criminales formadas por paramilitares desmovilizados, las cuales han resistido los intentos de las fuerza militares por acabarlas. Además señaló que las organizaciones de los mandos medios del Bloque Norte de las AUC se encuentran prácticamente intactas y que su presencia es muy fuerte en César y en el sur del Magdalena.

Juan Manuel Santos, en la reunión, proponía reuniones mensuales entre el gobierno y la MAPP para hablar sobre el tema, porque, para Santos, los informes de la MAPP debían ser recibidos con gratitud -y no con resistencia- para usarlos constructivamente. El ex ministro, según el cable, admitía que, si bien ha habido esfuerzos por acabar esas bandas criminales, no habían sido suficientes. Es decir que desde 2006 se conocía el problema del neo-paramilitarismo.

Venezuela

Después del ataque en 2008 al campamento de Raúl Reyes más allá de la frontera con Ecuador, para muchos era claro que el presidente Uribe no vacilaría en autorizar una acción similar pasando la frontera con Venezuela, donde estaba seguro que varios guerrilleros tenían sus campamentos. Aunque funcionaros del gobierno colombiano hicieron públicas las denuncias sobre la presencia guerrillera en Venezuela, nunca se habló en público de enviar tropas al país vecino. Es más, el Canciller Bermúdez dijo en Unasur que los países vecinos no tenían nada que temer.”Que quede claro, este acuerdo lo que busca es acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Colombia (…), los países vecinos y toda la región pueden estar tranquilos”, dijo Bermúdez.
 

Pero a finales del año pasado surgió un cable del 28 de enero de 2008 que dice que Uribe se había reundio con el almirante Michael Mullen, de la Casa Blanca, y que le había expresado su molestia con la posibilidad de que Chávez le otorgara el estatus de “grupo beligerante” a las Farc. Además, en el cable se asegura que Uribe estaba dispuesto a enviar tropas a territorio venezolano para capturar guerrilleros de las Farc y traerlos ante la justicia colombiana. Después de que este cable apareciera, Uribe lo confirmó en twitter, diciendo: “WLeaks: respuesta: Lo propuse y lo hice: Para proteger a los colombianos hay que capturar a los terroristas donde estén”. Esta semana surgió un cable nuevo, pero del 16 de enero de 2006, en el que se dice que Uribe prefiere “administrar” a Chávez, en vez de “confrontarlo” pero que de todas maneras “autoriza operaciones clandestinas más allá de la frontera contra las Farc, cuando se considere apropiado, mientras intenta evitar que se repita la crisis que se generó por la captura del comandante de las Farc Rodrigo Granda en Caracas en 2003. José Obdulio Gaviria, entonces asesor presidencial, se refiere a esta táctica en el cable diciendo que “somos los perfectos hipócritas”.

Das

Desde comienzos de 2009, cuando se destapó el escándalo de las “chuzadas”, Uribe y algunos de sus funcionarios han salido a decir que el espionaje no autorizado no era una política de la entidad, sino un resultado de “algunas manzanas podridas”. Pero, al avanzar las investigaciones, ha quedado claro que gran parte de la estructura del Das estaba implicada en el seguimiento a magistrados de la Corte y miembros de la oposición.

En un cable del 27 de noviembre de 2009, el entonces embajador William Bronwfield resumió cómo dos miembros de la Policía Judicial Oswaldo Villamil Torralba, Ferney Galvis García y un funcionario del CTI de la Fiscalía, Aldo Pérez, fueron capturados por utilizar el sistema de interceptaciones “Esperanza” para seguir ilegalmente al magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, el investigador del caso de la parapolítica. Según el cable, se sospechaba que Villamil hubiera sobornado a Galvis, su superior, que a su vez habría involucrado a su propio superior, Edwin Nicolás Acuña Chitiva. Tanto Acuña, como Galvis y Villamil firmaron una orden para que el teléfono de Velásquez apareciera entre los números a chuzar en un caso por extorsión y secuestro.

James Lemoyne y el Gobierno de Uribe

Desde los inicios del primer mandato de Álvaro Uribe son bien conocidas las tensiones entre su gobierno y algunos funcionarios de la ONU. Por ejemplo, en mayo de 2003, la Ministra de Defensa de esa época, Marta Lucía Ramírez increpó a James LeMoyne, el asesor especial para Colombia del Secretario General de la ONU -y mediador en el proceso con las Farc- cuando éste afirmó que la columna vertebral de las Farc, aparte de estar conformada por 1000 o 1500 hombres aproximadamente, tenía una fuerte formación política debido a que la mayoría llevaba entre 15 y 30 años de lucha. La ex ministra respondió que el país no necesitaba “diplomáticos que justificaran a los terroristas”. También fueron célebres sus críticas al gobierno de Uribe en torno a las políticas de paz y guerra y la forma en que Uribe se iba lanza en ristre contra LeMoyne y la ONU en general: “Da la impresión de que la ONU tiene miedo a la descalificación de los grupos terroristas (…) El papel que hemos visto los colombianos de la ONU es que critica mucho y resuelve poco”. 

Pero esto no era sólo un ir y venir de chismes. Según un cable de WikiLeaks de noviembre de 2004, James LeMoyne le dijo al embajador de ese época William Brownfield que Uribe no estaba muy contento con la ONU en Colombia y que sus encuentros con el ex presidente durante la Asamblea General de la ONU no fueron buenos. Para LeMoyne el sistema de la ONU definitivamente no estaba funcionando en Colombia, pues todos los organismos estaban “atomizados”, cada uno preocupándose por sus propios intereses y no trabajando en conjunto y porque, a pesar del esfuerzo de las agencias humanitarias, todo el trabajo era borrado por la incompetencia de algunos funcionarios.

Además, dijo que las relaciones con el gobierno colombiano eran tensas, pues los funcionarios sentían que cada cosa que le decían a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (uno de los organismos de la ONU), era usado en su contra. También advertía que si los funcionarios sentían que el reporte que esa Oficina publicaría próximamente era injusto, en la ONU iban a “tener un gran problema entre sus manos”.

Jean-Pierre Gontard

En un cable de 2008 Lemoyne dice que Luis Carlos Restrepo le dijo que si se lograba acordar un cese al fuego con las Farc, “todo es posible” y asegura que el facilitador suizo Jean-Pierre Gontard es una pieza clave para lograr ese armisticio. Pero apenas unos días después, la Casa de Nariño le cerró definitivamente la puerta al suizo. Esto porque a Uribe le llegó un documento en el que le contaban cómo Gontard hablaba mal de él en Suiza y cómo Gontard tenía vínculos demasiado cercanos con las Farc y, por ejemplo, le prestaba una papelería a Raúl Reyes para que le escribiera a diplomáticos europeos que simpatizaban con la guerrilla. Además, un correo encontrado en el computador de Raúl Reyes le había dejado claro al gobierno que Gontard le había ayudado a la guerrilla a transportar dinero hasta Costa Rica. Así terminaron sus días de mediador en Colombia que habían comenzado en 2001 junto a Pastrana en el Caguán. 

En otro cable de 2008 se nota la importancia que tenía Gontard en los acercamientos con las Farc. Según el cable Gontard y el negociador francés Noel Saez, recibieron en junio de 2008 la autorización de varios miembros del gobierno (icluido el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos) para reunirse en la selva con Alfonso Cano. Pero los dos europeos se encontraron con “JJ” y decidieron volver a Bogotá antes que esperar indefinidamente a la selva. Y otro cable también de 2008, pero de julio, dice que fue Gontard a quien las Farc contactaron pues estaban preocupadas por el estado de salud de Íngrid Betancourt. Los movimientos de Gontard se volvieron tan importantes que el gobierno de Francia tuvo que prohibirle a sus funcionarios que hablaran con él.