Detrás de los anuncios del Gobierno de retomar la fumigación hay un borrador de decreto que lleva preparando hace varios meses y ha pasado bajo el radar.
Ayer la Casa Blanca sacó la esperada cifra de coca cultivada en Colombia. Aunque encontró que bajó ligeramente, de 209 mil hectáreas en 2017 a 208 mil el año pasado, no le quita de encima al presidente Iván Duque la presión de Estados Unidos que busca que baje de esos récords históricos.
Con los gringos encima, la semana pasada Duque dijo al diario londinense The Guardian que la fumigación aérea con glifosato regresará en unas semanas,a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional de 2017 suspendió el programa para ello y puso seis exigencias para levantarla.
Sin embargo, es muy difícil que eso ocurra, tanto por las dificultades operativas que explicó el experto Daniel Mauricio Rico en una columna en la revista Semana, como por el camino jurídico para demostrarle a la Corte Constitucional que sí cumple sus condiciones para volver a fumigar.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo a varios medios que el Gobierno “ha venido cumpliendo con los requisitos que ha venido imponiendo la Corte Constitucional en su sentencia. Una vez que esté lista la documentación, habrá una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y allí se tomará una decisión”.
Botero incluso dijo que una vez el CNE decida reanudar el programa de fumigación cumpliendo las condiciones de la Corte, “estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea”. Es decir, de tres a cuatro meses.
El punto es que esa decisión del CNE parece no estar tan cerca, como muestra el sigilo sobre el borrador de decreto que el Gobierno viene preparando hace varios meses para cumplir las condiciones de la Corte. Por eso, lo más probable es que este año no vuele el primer avión, pero sí quede lista la pista para el despegue.
La respuesta a las exigencias
En prensa del ministerio de Justicia (la cartera que preside el CNE) y en Presidencia nos dijeron que no sabían nada de un decreto en cocción para poder asperjar, a pesar de que tres fuentes que lo saben de primera mano y dos indirectas nos dijeron, por aparte, que sí hay un borrador de decreto.
“Sí existe. Es confidencial. Solo lo entrega en físico jurídica de Presidencia”, nos dijo un funcionario del Gobierno de alto nivel que nos habló bajo la condición de no citarlo. De hecho, nos contó que el decreto ni siquiera había llegado a la oficina jurídica de su cartera.
Otra de las fuentes del Gobierno nos contó que el ministerio de Justicia viene trabajando en el borrador desde el año pasado, mucho antes de la audiencia pública de marzo en la que el Presidente le pidió a la Corte Constitucional modular la sentencia que sacó en 2017 para facilitar la aspersión.
El sigilo muestra que el decreto no tiene un camino tan sencillo, probablemente por dos motivos.
Uno, el más evidente, es que cualquier paso del Gobierno a favor de volver a fumigar produce una ola de críticas, que son particularmente delicadas cuando la Corte tiene en sus manos la decisión sobre bajar sus exigencias como pidió Duque, o no.
Por ejemplo en Putumayo, el segundo departamento con más hectáreas de coca después de Nariño, ya están recogiendo firmas para una consulta popular contra el químico.
Otro es que el programa de aspersión reparte responsabilidades, plata y poder a varias entidades públicas y privadas, desde la Policía Antinarcóticos hasta los que arriendan los aviones o los vendedores de glifosato, y por eso cualquier decisión puede pisar callos.
Aunque no pudimos averiguar los detalles del borrador de decreto, dos fuentes que lo saben de primera mano nos dijeron que propone sacar al Ministerio de Defensa y a la Policía Antinarcóticos (que es la que ejecuta la erradicación) de todas las decisiones sobre fumigación en el CNE.
Tendría un plan de manejo ambiental de la aspersión con detalles más específicos que el que había, un proceso participativo para consultar previamente cada operación de fumigación y un sistema de alertas que proteja más los derechos de los campesinos.
También incluiría un sistema de quejas y reclamos que ya no manejaría la Policía Antinarcóticos (que, como juez y parte, en el pasado negó muchas reclamaciones de familias afectadas), sino la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para reclamos por licencias para fumigar, y el Instituto Nacional de Salud, para quejas sobre enfermedades asociadas al glifosato.
Lo más probable es que la salida del ministro Botero en medios a decir que ya casi pueden fumigar, acelere la publicación del decreto. Sin embargo, es apenas el primer paso de la pista para que despegue el primer avión con glifosato.
Los tiempos
Como cualquier decreto, el ministerio que lo hace (en este caso Justicia) tiene que publicarlo en su página y dar un plazo mínimo de 15 días hábiles para que quien quiera le envíe comentarios.
La Silla supo que están pensando extender ese plazo, aunque no nos dijeron a cuánto tiempo, para que sea lo más participativo posible.
Cuando se cumpla el plazo, lo deben firmar los ministros involucrados y probablemente el Presidente.
Ya con el decreto funcionando, el Gobierno tendrá que presentar formalmente un programa de aspersión que cumple los requisitos del mismo decreto.
Lo hará ante el CNE, donde están sentados cuatro ministros (Justicia, Agricultura, Salud y Educación), el Procurador, el Director Nacional de Inteligencia, el director de la Policía, el director de Aduanas y el director de Aerocivil.
Como prácticamente todos son funcionarios del Gobierno, lo más probable es que el CNE encuentre que cumple con los requisitos exigidos por la Corte. La duda es qué tan rápido.
Sobre todo porque el CNE debería aplicar los procedimientos del decreto para decidir si le da luz verde a la solicitud para reanudar el programa de aspersión con glifosato, después de que lo suspendió en 2015.
Allí puede haber voces críticas.
La Procuraduría, que habló en la audiencia ante la Corte, dijo que la fumigación no es la “única herramienta ni la más determinante” para atacar el problema de los cultivos ilícitos y defendió las exigencias de la Corte al punto de decir que si se reanuda el programa tendría que ser solo si se cumplen a cabalidad esas condiciones.
Además, no es clara cuál será la postura del ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, que en la misma audiencia dijo que “persiste la controversia científica sobre los efectos en la salud por exposición al glifosato” y “se confirma la posible asociación con el linfoma no hodgkin”
Si repite sus dudas sobre el efecto de la aspersión, la discusión podría no ser tan corta ni tan sencilla.
Una vez superada esa discusión, el CNE tendría que sacar las resoluciones que aterricen el decreto en detalle, como definir quién, cómo y cuáles serían los tiempos del sistema de quejas y reclamos. Esas resoluciones pueden estar listas al otro día o demorarse varias semanas.
Solo hasta que el CNE reanude la política, el ministerio de Defensa, que ejecuta el programa a través de la Dirección de la Policía Antinarcóticos, puede tramitar una licencia ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
La Anla tiene por ley 90 días hábiles (cuatro meses y medio) para aprobarla.
Eso quiere decir que si en julio el CNE reanuda la política, la Anla tendría hasta mediados de diciembre para dar una respuesta, aunque puede tomarse más tiempo (según cifras de la Anla, poco más del 20 por ciento de las solicitudes se demoran más). Por eso, incluso si el Gobierno corre, la licencia ambiental podría demorar el primer vuelo.
Sólo cuando la Anla diga que sí, el Gobierno podría empezar en firme a conseguir la plata, los aviones, los pilotos, el personal en tierra y los dispositivos para hacerlo.
Con todo eso, es improbable que el primer avión con glifosato para asperjar coca despegue este año. Y eso si la Corte Constitucional no se pronuncia antes del despegue para decir, si es su conclusión, que el decreto no basta para cumplir sus exigencias.
