En los últimos días la alcaldía de Bogota anunció con bombos y platillos la nueva regulación tarifaria sobre los parqueaderos de la ciudad. La prensa, equivocadamente, ha centrado el debate en los detalles del decreto, en particular, sobre si los precios máximos autorizados por la alcaldía son o no justos. Presentan testimonios de usuarios y de dueños de parqueaderos. Adivinen qué dicen, respectivamente.
Por Marc Hofstetter
 

En los últimos días la alcaldía de Bogota anunció con bombos y platillos la nueva regulación tarifaria sobre los parqueaderos de la ciudad. La prensa, equivocadamente, ha centrado el debate en los detalles del decreto, en particular, sobre si los precios máximos autorizados por la alcaldía son o no justos. Presentan testimonios de usuarios y de dueños de parqueaderos. Adivinen qué dicen, respectivamente.

Sin embargo, el debate central no debe ser el detalle del decreto sino el fondo: ¿Debe existir una norma que limite el precio que puede cobrar un parqueadero? Hay un sinnúmero de razones que sugieren que no; limitar los precios de los parqueaderos es

1.      Inequitativo. Los dueños de vehículo en Bogotá son los estratos económicamente boyantes. El decreto abarata un servicio que pagan los sectores pudientes de la ciudad –aquellos con músculo financiero para adquirir un vehículo.

2.      Contraproducente I: en medio de una campaña por desestimular el uso de vehículos particulares (donde se aplican medidas desesperadas como prohibir el uso del carro dos días a la semana), se abarata el uso de los mismos a través de este decreto. Que parquear sea caro es un excelente mecanismo para desestimular el uso del carro. En Nueva York, es fácil dar con parqueaderos que cobran más de 25 dólares la hora (más de 50.000 pesos) haciendo que muchos neoyorquinos dejen sus carros en casa y utilicen medios de trasporte alternativo.

3.      Contraproducente II. Parqueaderos caros reflejan una alta demanda o una baja oferta de éstos. Limitar los precios acentúa el problema: más usuarios dispuestos a usarlos y menos empresarios dispuestos a montar este negocio. Al limitar el precio, estamos logrando que a futuro haya aún menos alternativas de parqueo; paradójicamente, el decreto puede estar garantizando el monopolio de los parqueaderos ya existentes. 

4.      Costoso I: La alcaldía ya anunció que le pedirá a las autoridades que vigilen el cabal cumplimiento de la restricción tarifaria. ¿No tendrán nuestros policías nada más importante que hacer que vigilar los precios de los parqueaderos? ¿Será ese un buen uso de los escasos recursos policiales de la ciudad?

5.      Costoso II: Un adecuado diseño tarifario regulado requeriría de continuos cambios. Tanto la demanda como la oferta cambiarán en el tiempo y de forma heterogéneas a través de zonas. ¿De verdad queremos que técnicos de la secretaría de movilidad se dediquen a pensar cuánto debe cobrar cada parqueadero en lugar de echarle cabeza a cómo ir destrancando la ciudad? ¿No será mejor que el sector privado decida el precio y que nuestros impuestos se gasten en algo mejor?

¿Hay alternativas? La ciudad puede dar incentivos tributarios para la construcción de parqueaderos en zonas estratégicas que considere requieren una expansión de dicha capacidad (asegurándose de que sin dichos incentivos no hay posibilidad de que el sector privado invierta los recursos necesarios para la construcción de esos espacios). Otra alternativa es el montaje de parquímetros electrónicos que tienen la ventaja de ser una fuente de recursos para la ciudad. Ambas alternativas aumentarían la oferta de espacios para parquear y posiblemente restringirían la capacidad de cobrar precios elevados por parte de los parqueaderos.