En alguna ocasión le escuché decir a Antonio García que secuestrar era un derecho del ELN. Así, tal cual: un derecho en virtud de que se auto-concibe como una organización rebelde y en su narrativa la rebelión es un don supremo que lo justifica todo. Una especie de condición de superioridad. Mientras el mundo sea injusto, haya desigualdades, seamos agraviados por los poderosos, el ELN tiene derecho a rebelarse y, por tanto, a secuestrar. Un discurso bastante frívolo, por cierto.
No es cierto que el ELN tenga que secuestrar para financiarse. Como fuente de financiación el secuestro es hoy día marginal para esa guerrilla cuyos recursos provienen de la minería, del peaje que cobra a los narcos en ciertos corredores, del contrabando y de la extorsión. Esta última ciertamente está fuertemente ligada a la amenaza permanente del secuestro de personas vinculadas tanto del sector público como privado.
La práctica de las guerrillas que más ha contribuido a la derechización de Colombia es el secuestro. El país, y no solo el establecimiento, rechaza frontalmente ese comercio humano con la libertad y la dignidad de las personas. Rechaza que se involucre a civiles en una guerra eterna en la que no tienen nada que ver. Por tanto, si esa guerrilla no deja el secuestro es por decisión política y no por necesidad económica. Se reservan el secuestro como un arma para el chantaje, como una ventaja militar a su favor, para presionar el logro de sus difusos objetivos políticos.
Me contaba un exjefe guerrillero (cuyo nombre me reservo) que hace tres décadas fue testigo de un pequeño rifirrafe entre los dos manueles, Manuel Marulanda jefe de las FARC-EP y Manuel Pérez del ELN. El sacerdote español le reclamó airado a Tirofijo por las relaciones de esa organización con el narcotráfico, las cuales consideraba absolutamente inmorales. Éste ripostó preguntándole a Pérez si le parecía moralmente más aceptable el secuestro. Parece que hasta allí llegaron las ilusiones de la unidad guerrillera de los años 90. Ciertamente la gran paradoja moral del ELN es negar radicalmente sus vínculos con la producción y tráfico de drogas al punto de estar dispuesto a un escrutinio internacional, pero defender con entusiasmo el secuestro como algo intrínseco a su existencia como grupo revolucionario.
Secuestrar a Mane Díaz, un señor que es el padre de una estrella del fútbol, además de ser un gesto de arrogancia con un país que todavía clama por la paz, es también un acto de mediocridad. Un fácil pero despiadado show pasajero para hacerse relevantes y centrales en la agenda mediática. La intención es absurda, pero la lograron: convertir un acto de mala fe (el secuestro) en un acto de supuesta buena fe (la liberación). Los elenos saben a ciencia cierta que siempre tendrán un comité de aplausos que minimice sus errores.
Mucho me temo que esa organización es rehén de la intransigencia de un puñado de dirigentes radicalizados. Como si actuaran por encargo de la extrema derecha, mantienen vivo el miedo y la desconfianza en los diálogos, sentimientos que llevan a que mitad del país clame por la mano dura. Dejan a un gobierno que actúa de buena fe como el tonto útil de la perfidia guerrillera.
Este secuestro fue una manera de medirle el aceite a Petro en la mesa de negociación y de ponerlo contra las cuerdas. De desafiar los límites de la voluntad de paz del gobierno al recordarnos que el ELN no tiene aún como horizonte el fin de la violencia. No solo fue un acto contra Luis Díaz y su familia sino contra el país y una carga de profundidad para sus contrapartes en la mesa. La sociedad civil que rodea al proceso debe respaldar las exigencias que Otty Patiño y sus colegas le hagan al ELN para que se tome en serio el DIH.
Son las propias comunidades y procesos que rodean al ELN quienes pueden y deben contribuir a que esa organización madure su compromiso con la paz. Exigirle que se baje del ilusorio discurso de que la rebeldía lo justifica todo. Que dejen de defender una práctica tan repudiable como el secuestro con la frivolidad que lo hacen.
