Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Desde su campaña a la Presidencia y en su programa de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez venían promoviendo la lucha contra el hambre y resaltando la importancia de la soberanía alimentaria para el país. ¿Qué de todo lo que prometieron quedó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado?
El recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial para la Vida” tiene como uno de sus ejes de transformación el derecho a la alimentación. Este eje se enfoca en los pilares de disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. Es decir que, como dice el mismo Plan, “todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales y que les permita tener una vida activa y sana”.
Aquí unas claves para entender hacia dónde apuntan las políticas y qué está en juego en materia de alimentación en el próximo cuatrienio.
1. Pone el derecho a la alimentación en el centro de la política, pero deja la soberanía alimentaria en segundo plano
Desde el 2008, el país venía manejando de manera oficial el concepto de “seguridad alimentaria”, que se refiere al derecho a la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de la comida. Toda la política pública (incluidos los anteriores planes de desarrollo) se había diseñado e implementado usando ese marco conceptual.
Petro y Márquez hicieron campaña resaltando la importancia de la “soberanía alimentaria” para el país, es decir, que el país tenga más autonomía en la producción de sus alimentos.
Sin embargo, el PND tiene un énfasis, casi exclusivo, en el derecho a la alimentación.
El derecho a la alimentación es un derecho humano consignado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y Colombia es un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1969 por vía de ratificación.
Más recientemente, el derecho a la alimentación quedó consignado como uno de los principios y compromisos del acuerdo de paz de 2016. En el libro de la Reforma Rural Integral publicado recientemente, tengo un capítulo dedicado a la historia de ese concepto en el acuerdo y sus implicaciones para la política en Colombia.
También publiqué recientemente un documento de política sobre las implicaciones de este concepto en el contexto de las negociaciones de paz.
Queda la pregunta, entonces, de si el gobierno continuará el camino trazado por la seguridad alimentaria, o si dará el giro hacia una política enfocada en la soberanía alimentaria, algo que aún no es claro.
2. Se renueva el liderazgo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional
La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) es el ente rector de la política alimentaria en el país que fue creada en 2009. Es una comisión en la que participan más de diez ministerios y entidades del Estado y su secretaría técnica se turna periódicamente entre MinAgricultura y MinSalud.
En sus años de funcionamiento, la Cisan ha tenido un bajo perfil. Generalmente no publican comunicados de prensa, no hacen intervenciones públicas y comunican muy poco al público sobre sus planes, avances y retos.
Con el PND se reforma la Cisan para incluir en ella al Ministerio de la Igualdad, así como al Departamento Administrativo de la Presidencia. Esto, sumado al relevo de funcionarios por el cambio de gobierno, muy posiblemente renovará el liderazgo de la Cisan y le dará un papel más protagónico en el diseño e implementación de políticas alimentarias en los próximos cuatro años.
3. Crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, un compromiso del acuerdo de paz
El Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación es uno de los compromisos del acuerdo final de 2016 y una de las razones por la que hoy estamos hablando de derecho a la alimentación. Este compromiso hace parte del primer capítulo del acuerdo final: la reforma rural integral.
Tres proyectos de ley en los últimos años no lograron pasar las instancias necesarias para consolidar este sistema como una ley. Pero hoy ya empieza a ver la luz.
El sistema, liderado por Presidencia, será un mecanismo de articulación y coordinación de todos los actores encargados de garantizar el derecho a la alimentación. Acompañará la formulación de política pública y además coordinará el programa Hambre Cero.
Aunque el sistema queda establecido en el artículo 216 de PND, todavía falta claridad. ¿Cómo va a realizar la coordinación y articulación de los actores que intervienen el derecho a la alimentación? ¿Va a crear nuevas entidades? ¿Con qué objetivos y metas trabajará? Todas estas preguntas permanecen, por ahora, sin respuesta.
4. Crea el programa Hambre Cero, pero no es claro hacia dónde va
El programa Hambre Cero habla de su liderazgo y su función de articulación, pero no dice nada sobre estrategias ni metas.
Por una parte, el programa estará liderado por Presidencia, lo que de entrada dejará que Petro esté directamente involucrado en su direccionamiento y establecimiento de prioridades. Por otra parte, y de manera muy general, menciona que la función del programa será la de articular la implementación de leyes, así como la oferta del gobierno en materia de planes y programas.
Entre otros asuntos que tendrá que articular este programa, se menciona el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación del Hambre y la Malnutrición, el Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar, la oferta de otras instituciones públicas; la celebración de convenios con privados y con alianzas público-populares; las áreas de recuperación nutricional, direccionadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Ministerio de Salud y Protección Social, y la transferencia monetaria “Hambre Cero”, a cargo de Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS).
No obstante, no se menciona un direccionamiento estratégico del programa. No hay focalización territorial ni poblacional. Tampoco menciona qué tipo de evidencia usará para diseñar sus objetivos y estrategias.
Desde que Petro asumió la Presidencia, viene hablando de la lucha contra el hambre pero, más allá de las ollas comunitarias —que, a propósito, no sabemos cómo van—, no ha mostrado lineamientos ni estrategias claras.
5. Crea un sistema de seguimiento y monitoreo, pero con alcance limitado
El Plan crea el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición. Dice que será liderado por el Ministerio de la Igualdad y que será un mecanismo de focalización, seguimiento y monitoreo de la situación de la malnutrición. El sistema se apoyará en el Registro Social del DNP, que integrará fuentes de información sobre malnutrición y programas sociales.
Sobre la creación de este Sistema de Seguimiento quedan varias inquietudes, unas conceptuales y otras prácticas.
En lo conceptual, la primera duda es sobre el énfasis del sistema de seguimiento: la malnutrición. Es importante recordar que la nutrición es solo una parte —muy importante, por supuesto— de la alimentación.
La seguridad alimentaria se enfoca en la disponibilidad, el acceso, la utilización (es decir, la nutrición) y la estabilidad. La pregunta que surge es: ¿por qué diseñar todo un sistema nacional de seguimiento para monitorear solamente uno de los componentes de la seguridad alimentaria?
Si este sistema de seguimiento se fija únicamente en la malnutrición, como lo indica su nombre, quedarán por fuera otros aspectos, incluyendo indicadores que serían clave para el programa Hambre Cero. ¿No se deberían aprovechar los recursos de ese sistema de seguimiento para diseñar algo más ambicioso y que informara de manera integral las políticas alimentarias del país?
Esta inquietud conecta con el segundo grupo de preguntas que son más prácticas. ¿Por qué crear un sistema de seguimiento únicamente a la malnutrición cuando ya existe el Observatorio de Seguimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Osan)? El Osan existe desde 2013 y aunque cumplió un rol importante en materia de seguimiento en sus primeros años, lo cierto es que, por razones que desconocemos, dejó de funcionar.
Valdría la pena que, como mínimo, el gobierno extrajera las lecciones aprendidas del Osan, para que en unos años no tengamos otro sistema de monitoreo guardado en un cajón.
6. Las metas del PND no van al corazón del derecho a la alimentación
El PND propone cuatro metas principales en materia del derecho a la alimentación:
- Disminuir la pobreza extrema a un dígito. Se propone pasar de 12,2% de pobreza extrema a 9,6% en 2026.
- Eliminar el hambre en la primera infancia. Disminuir la mortalidad de niños menores de 5 años por desnutrición a 3,37 por cada 100.000 habitantes.
- Infraestructura. La meta es fortalecer 96 instalaciones portuarias a 2026.
- Producción agrícola. Aumentar en 10,38% la producción en cadenas agrícolas priorizadas. La meta es pasar de 35,5 toneladas a más de 38,0 toneladas producidas en 2026.
Si solo nos enfocamos en las metas propuestas en el eje de derecho a la alimentación, no se ve una ambición de transformación. Me explico mejor.
La pobreza extrema es un indicador de pobreza monetaria. Y si bien en la medida en que las personas tienen más ingresos pueden acceder a más alimentos, esto no les pone en una situación de seguridad alimentaria y nutricional.
Lo mismo pasa con la primera infancia. La meta es absolutamente importante. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Cuáles son las metas para la garantía del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de mujeres y pueblos étnicos del país?
Y en esta misma línea, la infraestructura es clave para el desarrollo, pero ¿por qué solo se propone mejorar la infraestructura portuaria? ¿Qué pasa entonces con las vías terciarias?
Los indicadores se quedan cortos y no van al corazón del derecho a la alimentación. ¿Cómo va a cantar victoria el gobierno sobre su programa Hambre Cero, si no está midiendo indicadores relacionados con el hambre?
7. Ojalá no vengan otros cuatro años sin estadísticas oficiales
Uno de los problemas más importantes en materia de seguridad alimentaria para el país es la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas. Sin estadísticas actuales y confiables es muy difícil diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia.
Ojalá el gobierno se ponga las pilas y les pida al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y al Icbf que avance en la publicación de nuevas estadísticas que nos muestren de una vez por todas cómo está el país en materia de seguridad alimentaria, nos saque de la incertidumbre y, por fin, nos podamos enfocar en la acción.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de Amazon Conservation Team (ACT)
