Los gremios, que hasta ahora se habían dedicado a asesorar al poder político en Medellín, pasan a confrontarlo directamente con la veeduría Todos por Medellín.
La nueva veeduría Todos por Medellín, creada para vigilar a la Alcaldía y su manejo de Empresas Públicas (EPM), tenía solo cuatro minutos de existencia cuando el expresidente Álvaro Uribe le puso encima la sospecha de ser una plataforma de oposición partidista, a pesar de que no lo es. En realidad, es sobre todo de empresarios.
Recién iniciaba la transmisión en vivo de la inauguración el pasado 25 de agosto, cuando a las 5:04 pm Uribe trinó.
Todos Por Medellín. pic.twitter.com/aHc0vO1TqQ— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 25, 2020
El alcalde Daniel Quintero respondió inscribiendo también a la veeduría en la lógica partidista, y acusó a Uribe de liderar un movimiento revocatorio.
Aunque la nueva veeduría incluye actores políticos, y también varios sociales, nace sobre todo con la marca y el músculo económico de los empresarios, justo tras la disputa entre estos y el alcalde que detonó con la renuncia de la junta de EPM en agosto.
La molestia de entonces se tradujo en acción. Los empresarios pasaron de vigilar y asesorar el poder local, como hicieron durante los últimos 15 años con el observatorio Medellín cómo vamos, a confrontarlo directamente con una veeduría.
Algo que no pasaba desde la alcaldía de Luis Pérez (2000-2003).
Empresarios, de la vigilancia a la denuncia
En las dos semanas que siguieron a la renuncia de la anterior junta de EPM el 11 de agosto, por diferencias con Quintero, un cruce de llamadas desde Proantioquia, que agrupa a los principales actores empresariales de la región; la Cámara de Comercio de Medellín; el Comité Intergremial y figuras como David Escobar, director de la caja de compensación Comfama, dio forma a lo que el 25 de agosto salió a la luz como Todos por Medellín, una asociación nueva.
La crearon 47 personas y entidades, que formalmente son los miembros de la asociación.
De ellos 28 son gremios y organizaciones empresariales -además de los ya mencionados, están la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Federación Nacional de Cafeteros-; 11 son ciudadanos reconocidos como activistas; 8 son organizaciones sociales y hay un sindicato: la Federación Departamental de la central obrera CGT en Antioquia.
En su Consejo Asesor, su órgano máximo, tienen sillas fijas Proantioquia, el Comité Intergremial, la Cámara de Comercio de Medellín, y la Federación Antioqueña de ONG, lo que de nuevo muestra su fuerte marca empresarial.
Por Proantioquia está Azucena Restrepo, quien antes de llegar a la ONG fue vicepresidenta durante 22 años de Seguros Suramericana, parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Ella es una figura clave de la marca distintiva de la nueva veeduría: su origen empresarial. De hecho, la cabeza de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, le confirmó a la Silla que están en proceso convenios con Proantioquia, la Cámara de Comercio y la Andi para financiarse.
Estima que el presupuesto para el primer año de funcionamiento (hasta agosto de 2021) será de entre 1.400 y 1.600 millones de pesos, lo que equivale a la inversión la Alcaldía proyecta en el Plan de Desarrollo para “gobernanza y movilización para la participación” durante un año.
Todos por Medellín nace, por lo tanto, con un músculo financiero que no tiene ninguna de las otras 1.420 veedurías inscritas en el Registro Único Empresarial en Antioquia.
Cuatro fuentes cercanas a la conformación de la veeduría le confirmaron a La Silla que la idea de crear una plataforma para hacer control a la Alcaldía venía discutiéndose en algunos círculos empresariales desde junio, cuando Quintero pidió facultades especiales al Concejo para cambiar el objeto social de EPM.
Esa decisión generó molestia de la junta directiva de EPM porque no fue consultada, y la ruptura total llegó cuando, de nuevo por indicación del Alcalde y sin apoyo de la junta, la empresa emprendió acciones legales contra los contratistas de Hidroituango, lo que llevó a la renuncia del pleno de la junta.
Fue tan fuerte que, por primera vez desde su creación hace 14 años, Medellín cómo vamos, otra alianza entre sector privado y organizaciones sociales liderada por Proantioquia, para hacer seguimiento a los indicadores de la ciudad, sacó un comunicado criticando directamente a un Alcalde.
Menos de dos semanas después, la directora de este Observatorio desde 2008, Piedad Restrepo, recibió una llamada de Azucena Restrepo, que le propuso ser vocera de la nueva veeduría.
Restrepo le contó a La Silla que tuvo cuatro horas para decidir si abandonaba un cargo en el que llevaba 12 años, pero que no fue difícil: “Tenía todos los elementos de juicio para decidir. Desde principio de año hubo rumores de que habían manejos de EPM que no eran los mejores en términos de transparencia, y luego llegó la crisis de gobierno corporativo”.
Para ella, la diferencia entre el observatorio y la veeduría es que ejercen control con fines distintos: “En Medellín cómo vamos analizábamos los datos y sacábamos documentos como insumos para las Administraciones. Nunca tuvimos el objetivo de denunciar. Una veeduría sí tiene el propósito de vigilar para llegar a una denuncia”.
En palabras de otra fuente cercana a la iniciativa: “No nos puede dar miedo decir que la veeduría es política, lo que no puede ser es partidista”. En una ciudad caracterizada por sus consensos institucionales, Todos por Medellín llega con el propósito explícito de ser un contrapeso.
La última vez que pasó esto fue hace 20 años.
El modelo Luis Pérez
El antecedente directo de una alianza entre empresarios y sectores sociales para hacer una vigilancia a las Alcaldía se dio en 1996, con la creación de la Veeduría al Plan de Desarrollo, en cuyo origen también estuvieron Proantioquia, la Andi y el Comité Intergremial.
En sus primeros años, durante las alcaldías de los conservadores Sergio Naranjo Pérez y Juan Gómez Martínez, la veeduría mantuvo una postura de observación y propuestas. Con la llegada de Luis Pérez en el 2000, sin embargo, hubo una confrontación más directa.
El informe de los 20 años de esa Veeduría, publicado en 2015, dice que Pérez “sostuvo una actitud sistemática de evadir la voz ciudadana en temas que eran críticos para la administración como la educación, la salud y la nutrición”.
Los choques, según la investigación ‘¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia’, publicada en 2004 por Fabio Velásquez y Esperanza González, llegaron al punto en el que la administración de Pérez argumentó “que la participación ha ido muy lejos y ha creado una cierta ‘paraestatalidad’ al otorgar a los ciudadanos atribuciones que no les corresponden”.
El alcalde intentó, incluso, reformar el Acuerdo municipal que reglamentaba la participación ciudadana, algo que la Veeduría al Plan de Desarrollo logró frenar.
Para Carlos Díaz, exdirector de la Escuela Nacional Sindical, una de las organizaciones constituyentes de la Veeduría al Plan y que decidió no participar de Todos por Medellín, lo que pasó con Pérez tiene similitudes con lo de ahora: “De nuevo, hay un alcalde que choca con los empresarios, que se reúnen en una veeduría”.
Efectivamente, como contamos, Quintero tiene coincidencias con Luis Pérez en su crítica al empresariado y a la crisis de Hidroituango, y aliados comunes.
Por eso, dice Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, las decisiones de Quintero llevaron a que gremios y organizaciones sociales tengan una agenda común de contrapeso a la Alcaldía.
Aunque, agrega, “cuando se hacen pactos con actores tan diversos, en especial de mercado, por lo general no suelen ser de largo plazo. En cuanto las razones que motivan a los privados para estar ahí cambian, estos se apartan”.
Se refiere a algo que recuerda Díaz sobre la Veeduría al Plan, y es que Proantioquia y otras organizaciones empresariales, “se fueron saliendo cuando llegaron otros alcaldes y nos quedamos sobre todo los sectores sociales”.
Lo que hicieron fue cambiar su estrategia hacia un control menos confrontacional, con el impulso de Proantioquia al crear Medellín cómo vamos en 2006.
Por todo eso, decir que la nueva veeduría es una jugada de un sector político es no contar la historia. O solo una parte, porque a este enroque renovado entre ciudadanía y empresarios también entraron, con menos protagonismo, sectores políticos.
Entre uribista y fajardista, pero sobre todo gremial
Algunos de los miembros de Todos por Medellín han sido cercanos al conservatismo, al uribismo o al exgobernador Sergio Fajardo.
Por el lado godo está la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), a cuyo reciente expresidente, Juan Camilo Restrepo Gómez, Iván Duque nombró como viceministro de Agricultura en abril, como contamos.
Además, uno de los miembros honorarios de la junta de Augura es Gabriel Harry Hinestroza, un empresario abiertamente uribista y participó en las campañas de Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga.
Harry es el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio, donde tiene mucha incidencia y ha trabajado de la mano con la presidenta Lina Vélez de Nicholls, también cercana al uribismo.
Por ejemplo, en diciembre de 2018, ella firmó con cerca de 40 empresarios una carta de apoyo al presidente Iván Duque en medio de la crisis de popularidad durante sus primeros 100 días de gobierno; y hace dos meses, los dos firmaron un comunicado oficial de la Cámara en solidaridad al expresidente Uribe, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó su detención.
Otro de los firmantes de la carta de 2018 y miembro del Consejo Asesor de Todos por Medellín es el director de Comfama, David Escobar, quien según una fuente cercana a la veeduría, fue clave en su creación.
Escobar viene del fajardismo: fue secretario privado de Sergio Fajardo en la Alcaldía de Medellín (2004-2007), director de su campaña a la presidencia en 2010, director de Planeación de Medellín cuando el alcalde era Aníbal Gaviria, aliado con Fajardo, e incluso sonó como su sucesor en la Gobernación de Antioquia para las elecciones de 2015.
De esa misma línea, en el Comité Asesor, también está Oswaldo León Gómez, presidente de la Cooperativa Confiar, quien apoyó las campañas a la alcaldía de Fajardo y de Alonso Salazar (2008-2011).
Gómez estuvo en el empalme de Quintero y este lo nombró en la junta de EPM en enero, pero renunció en agosto.
Esos nombres, al final, muestran que el sabor político que puede tener la veeduría es secundario, porque no son políticos de carrera sino personas que están en la vida empresarial y tienen vínculos con algunos sectores partidistas.
Ese es el matrimonio que Quintero justamente critica, como en su momento hizo Luis Pérez, pero que también ha generado en Medellín y Antioquia un equilibrio ausente en otras regiones entre lo público y lo privado, como explicó en La Silla Académica la profesora Angelika Rettberg.
Por eso, la pregunta no es solo quién va a ganar el choque -Luis Pérez continuó su carrera tras pelearse con los empresarios y llegó a ser gobernador- sino si este desencuentro marca un punto de inflexión que romperá, a largo plazo, el enroque público/privado en Medellín.
También, si Todos por Medellín mantendrá el respaldo de los empresarios en caso de que llegue una alcaldía con la que estos se vuelvan a entender.
