El agente sale casi todos los días entre 2 y 2.30 de la mañana de su casa en Engativá. Como en los desplazamientos no puede ir uniformado, lleva el chaleco con placas de Kevlar y las botas de 2 kilos en una maleta grande en la espalda. Va afanado al servicio, pensando en que la semana se está acabando y su coronel le va a preguntar por las capturas que no ha alcanzado a hacer por estar metido en las patrullas gourmet, cuidando los sectores de restaurantes de la ciudad.
Al no lograr su cuota de capturas, el agente se enfrenta a una anotación en su hoja de vida dentro de la institución. Cada policía tiene 1.200 puntos, pero una anotación les puede costar 150 puntos. Si llegan a 800 puntos, los llaman a comité disciplinario. “Hay jefes que prefiero que me regañen en persona, para que no se afecte mi puntaje, pero hay otros que son tan duros que prefiero la anotación”, dice el agente.
Como él, los más de 16 mil agentes que trabajan en la Policía de Bogotá viven pensando en los resultados que tienen que entregar a sus superiores, al tiempo que se enfrentan con problemas de plata y legitimidad en la capital.
La Silla habló con 10 policías en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y Suba sobre sus experiencias trabajando en la capital. Los uniformados pidieron la reserva de sus nombres para hablar de las quejas que tienen sobre la labor y sus jefes sin poner en riesgo su trabajo.
“Bogotá es la nueva Mitú”, dice un alto funcionario de la Alcaldía que lidera las relaciones con la Policía, a propósito de lo poco atractiva que es la ciudad para trabajar. Los patrulleros tienen grandes dificultades económicas porque el salario asignado por decreto es el mismo en la capital que en otros municipios, en donde la vida es más barata, y la mayoría no recibe la bonificación por trabajar en zonas de riesgo.
Además, la labor de la Policía en la capital también se enfrenta a la mala imagen que tienen, tras varios casos notorios de abusos policiales durante las manifestaciones en la ciudad desde 2019.
La apuesta de la alcaldía de Carlos Fernando Galán es mejorar la coordinación entre las entidades que trabajan en la seguridad de la capital. Pero la desmoralización de la fuerza pública es uno de los grandes retos que tendrá que superar.
Pagar arriendo bogotano sin la prima de orden público
“Yo no me quería venir para acá”, dice un agente de la Sijin. Lleva dos horas parado con sus compañeros al frente de un centro comercial en el norte de Bogotá, le faltan otras tres para acabar el servicio de la patrulla gourmet, la estrategia que lanzó la alcaldía de Galán para que policías patrullen sectores en los que hay muchos restaurantes para enfrentar la ola de robos en este tipo de comercios.
“Me daba miedo venirme a Bogotá, porque aquí matan policías, yo rezaba para que me mandaran a todos lados menos a Bogotá”, agrega el uniformado. Sus dos compañeros, uno de la Sijin y otro de la división de Tránsito, asienten. Son las 7 de la noche, su turno va hasta las 10. Después de eso se van a sus casas, con poca certeza sobre si al otro día arrancan a las 2 de la mañana o recibirán otra solicitud de servicio antes de la medianoche.
Por un lado, los policías comparten una queja porque a quienes pagan arriendo en la capital no les alcanza el sueldo que reciben. “Nosotros en el norte nos queda medio sueldo después del arriendo, fuera de la alimentación no nos alcanza para nada más”, dice uno de los agentes que habló con La Silla.
Parte del lío con la plata es que solo algunos de los policías de la capital reciben un incentivo que se llama prima de orden público. La idea de este es que los agentes que están inscritos a estaciones o sectores que tienen dentro de sus funciones el “mantenimiento o restablecimiento del orden público”, reciban una prima del 25 por ciento de su salario mensual por trabajar en estos lugares.
En Bogotá, reciben este beneficio quienes están adscritos a las localidades de Santa Fe, Kennedy y Bosa. Sin embargo, los agentes que no estén adscritos a esos sectores, pero responden a servicios de apoyo allí no reciben la prima de orden público.
“No crea, me tocó ver a un compañerito muerto por unos delincuentes que estaban disfrazados de Rappi en Chapinero. Uno piensa que esas cosas no pasan en Chapinero, pero sí pasan”, cuenta uno de los agentes.
La desmoralización de la Policía
En Chapinero, al agente le toca patrullar en el turno entre 4 y 10 de la mañana. “No nos podemos sentar si estamos uniformados, porque no falta el vivo que lo graba a uno desde la calle y sube el video a Facebook. ‘Policía, además de hijueputa, salió vago’ o peor”, cuenta el agente. Son las 7.30. “Normalmente, este sector es tranquilo, por eso hablo con usted para pasar el tiempo, pero no se sorprenda si nos dicen algo, una vez aquí abajito pasó un chico a insultarnos”, agrega.
Además de los líos económicos, los policías de la ciudad se quejan de una narrativa de odio que se ha consolidado en contra de la institución. “Eso también incide en las razones por las que los policías no quieren estar en Bogotá, hay municipios más tranquilos, por ejemplo en Antioquia que hay un respaldo a las instituciones y hacia la Policía”, dice el general Elíécer Camacho, quien entre 2021 y 2022 fue el comandante de la Policía Metropolitana de la capital.
Parte de esa falta de respeto por la autoridad surgió en la alcaldía de Claudia López. “A partir de las protestas violentas del año 2019 y se retomaron en el 2021, lo que se hizo fue crear una narrativa de odio hacia los miembros de la Policía”, agrega Camacho.
Así como los manifestantes sentían una estigmatización por parte de la Policía, para los agentes se creó una narrativa en contra de la institución, en la que ellos se sintieron juzgados sin contexto y atacados en su dignidad. Los abusos fueron evidentes para todo el mundo, especialmente por el caso de Javier Ordóñez, quien fue asesinado por agentes de policía en la localidad de Engativá tras una golpiza que quedó grabada en video.
“Eso es un ejemplo de un uso inadecuado de la fuerza por parte de unos funcionarios, fue la tapa, pero se convirtió en una excusa para agarrar por ahí el odio contra la Policía”, dice uno de los agentes. Pero la confianza quedó aún más rota luego de las manifestaciones que generó el video de Ordóñez y la respuesta brutal que terminó con 14 personas muertas y 75 heridas. A esa herida, cayeron luego los mensajes de la alcaldesa, Claudia López, quien culpó a la institución de hacer una masacre.
Debajo hay problemas estructurales. En la ciudad, hay un déficit de más de 10 mil policías, según el estándar que debería tener Bogotá por su número de habitantes. Actualmente, según cifras de la Policía Metropolitana, en la capital hay más de 16.600 uniformados, lo que en proporción es 1 agente por cada 470 bogotanos. Pero, según el estándar de la ONU, esa proporción debería ser de 1 uniformado por cada 300 habitantes.
“Eso tampoco ayuda a la percepción que tiene la ciudadanía de nuestro trabajo, porque muchas veces llaman y uno tiene que priorizar una riña frente a un vecino con música en parlantes. Pero cuando uno llega al servicio del vecino ruidoso sale regañado porque se demoró en llegar”, explica un agente.
Uno de los grandes retos que tiene la Alcaldía ahora es recuperar esa confianza perdida entre agentes y bogotanos. “En los últimos cuatro años sucedió una ruptura profunda entre la policía y la ciudadanía. Eso cambió la manera como los bogotanos se sienten en el espacio público, porque para algunos la policía significa seguridad, pero para otros como indígenas, personas trans o trabajadores sexuales ver a un agente en la calle es señal de riesgo”, explica Alejandro Lanz, de la ONG Temblores, que hace veeduría a la brutalidad policial.
Desde su posesión, el alcalde anunció que su administración trabajaría “hombro a hombro con la Policía”. “No más lavadas de manos o peleas entre los responsables de mejorar la seguridad en Bogotá”, dijo Galán el primer día de su mandato.
Una de las grandes apuestas de la estrategia de Galán para enfrentar la inseguridad en la ciudad es mejorar la articulación entre entidades, con el objetivo de lograr una respuesta más efectiva. “Parte del problema surge de la desarticulación, esa es una de las debilidades en las que tenemos que trabajar”, le dijo a La Silla una fuente de la Alcaldía, que pide la reserva de su nombre para hablar del diagnóstico interno.
Dentro de esa articulación es clave el rol del brigadier general José Daniel Gualdrón, el comandante de la Policía Metropolitana. “Desde que llegó al cargo, el general Gualdrón le dijo al alcalde que con el plan de gobierno iba a diseñar una estrategia operativa para los agentes en territorio”, agrega la fuente de la Alcaldía.
Sin embargo, la presión por los resultados ha llegado a los agentes sobrecargados. Como las labores de los policías incluyen vigilancias y patrullajes, no les alcanza la semana para participar en operativos que terminen en capturas, el resultado más visible para mostrar a sus superiores. “Estoy en servicio, me toca ver si mañana también, pero mi coronel igual el viernes me va a preguntar por las capturas de la semana, ¿pero yo a qué horas puedo hacer eso si ando en servicio?”, se queja uno de los agentes.
