El gobierno de Gustavo Petro cambió el enfoque que tenía el de Iván Duque hacia los cerca de 3 millones venezolanos que han llegado a Colombia. Petro apunta hacia un “corredor humanitario” para que los migrantes regresen a Venezuela. Pero el 62 por ciento tiene intención de quedarse, es decir, más de 1,8 millones de personas, según una encuesta de noviembre del año pasado.
Ante ese viraje, las administraciones locales han sacado la cara por la integración de aquellos que pretenden quedarse en el país. En el país hay alrededor de 3 millones de migrantes venezolanos.
La integración implica el acceso de los migrantes venezolanos a bienes y servicios en el país, pero esa posibilidad se ha dificultado con la desaparición de la Gerencia de Fronteras, la oficina que desde Presidencia articulaba con los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y otros para que los migrantes venezolanos pudieran acceder a esos beneficios.
El gobierno nacional ha optado por construir una política de integración orientada por unas jornadas participativas con migrantes y comunidades de acogida. Pero los expertos consideran que el enfoque no es suficiente y no hay lineamientos claros sobre a dónde va esta política.
Mientras tanto, los gobiernos de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Bucaramanga o Cúcuta que suman 3 millones de ciudadanos venezolanos, se han apropiado de la integración con la plata de cooperación internacional que les ha llegado para atender la situación. El problema es que estas políticas adoptadas por las ciudades podrían quedar a la deriva con la elección de nuevos mandatarios locales que asumen desde el 1 de enero.
El descuido de la integración del gobierno
Como ha ocurrido con otras dimensiones de la política pública en este gobierno, la integración de los migrantes venezolanos que viven en Colombia se ha definido en Diálogos Fronterizos por la Vida. Hasta ahora van 10 jornadas en las que funcionarios de Migración Colombia se reúnen con autoridades locales y miembros de la sociedad civil para hablar sobre la integración de la población migrante en esa zona. Este año, han sido en Maicao, Tibú, Arauca, Necoclí, Cubará, Acandí, Inírida, Soacha, Tumaco y Cali.
A estos encuentros, citados por Migración Colombia, llegan representantes de los gobiernos locales, de las entidades de cooperación internacional —como Usaid— que dan plata para la integración, migrantes y colombianos, que corresponden a la comunidad de acogida. La idea es hacer una jornada de conversación en donde todos los actores participan sobre sus necesidades y problemas a resolver. Al final de la jornada, Migración hace una relatoría y llegan a unos compromisos con la administración local, la población migrante y la comunidad de acogida.
El lío con los Diálogos es que están organizados por una entidad diseñada para cumplir propósitos administrativos: Migración Colombia. Es decir, una entidad que debía estar centrada en registrar y controlar las entradas, salidas y presencia de extranjeros en el país ahora es la que encabeza la iniciativa social para la integración.
Este era uno de los retos previsibles después de la eliminación de la Oficina para la Integración de la Población Migrante —antes conocida como la Gerencia de Fronteras—, la entidad que desde Presidencia articulaba la integración de migrantes con vocación de permanencia con todos los ministerios. Su trabajo consistía en hacerle seguimiento a las necesidades de la población migrante para gestionar servicios de educación, salud, trabajo, financieros y otros.
“El ejercicio de los Diálogos sirve como una curva de aprendizaje para Migración, pero no hay una transformación real de la política pública”, dice Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Su colega del Observatorio, María Clara Robayo, dice que el director de Migración Colombia, Fernando García, le ha tocado responder por la integración, pero ha sido un poco reactivo frente a la necesidad de integrar. “Desde que llegó al cargo habla de retornos voluntarios, por ejemplo, que es el opuesto a la integración”, agrega Robayo.
El mismo Petro dijo que Colombia apoyaba la idea de “un corredor humanitario” para que los migrantes regresen a Venezuela, después de que Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro sellaran un acuerdo con ese propósito.
Sin embargo, dos personas de la Alcaldía de Riohacha y una de la de Cali le dijeron a La Silla que los ejercicios que se han hecho en esas ciudades han sido muy valiosos como puntos de encuentro. Estas ciudades aún no han recibido el balance de las jornadas, ni los compromisos alcanzados, que esperan que les envíe el gobierno nacional.
Según Migración Colombia, el objetivo de los Diálogos es “facilitar la conversación participativa y multisectorial entre diversos actores involucrados en los asuntos migratorios”. “Son espacios de participación ciudadana y articulación interinstitucional que buscan abordar necesidades y generar acuerdos integrales relacionados con la migración comprendiendo comunidades de acogida y población migrante”, le dijeron de Migración a La Silla.
“El gobierno nacional tiene buenas intenciones con los Diálogos, pero falta un resorte de un liderazgo presidencial o de la Cancillería, si se dan esas condiciones les va a ir bien”, afirma Iván Gaitán, alto consejero para la integración de la población migrante en Bogotá.
Las ciudades se mueven con plata internacional
“A diferencia del gobierno nacional, que ha actuado con negligencia en el tema migratorio, en lo local no se pueden dar ese lujo, por eso ya tienen un recorrido en esta materia”, opina Rodríguez, del Rosario.
Por primera vez en el país, Bogotá lanzó su política pública para “la acogida, inclusión y desarrollo de las y los nuevos bogotanos”. Esta es una iniciativa a 12 años que lanzó la Alcaldía de Claudia López, con el apoyo de la alta consejería que lidera Gaitán.
“Esperamos que los siguientes gobiernos le metan más recursos, que esperamos aprendan nuestros errores y de nuestros aciertos”, dijo Felipe Jiménez, secretario de Planeación de la capital en el lanzamiento de la política pública.
Ante el cambio de enfoque de la política de integración del gobierno nacional, el rol de los gobiernos locales se ha convertido en un salvavidas para aquellos migrantes que desean quedarse en el país. Para eso, se creó la Red de ciudades para la acogida, inclusión y el desarrollo, que financia la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y el Banco Mundial. De ella hacen parte Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y Riohacha.
“Es una apuesta por la gobernanza y la gestión migratoria, con lo cual los gobiernos locales de estas ciudades aúnan esfuerzos para generar y adoptar medidas”, explica Daniella Monroy, la secretaria técnica de la Red.
Las ciudades que hacen parte de la Red se comprometieron con Usaid a abrir Centros Intégrate en sus territorios. Estos son espacios en los que los migrantes pueden acceder a toda una feria de servicios de salud, educativos y laborales. Además, en ellos también reciben orientación para hacer los trámites de regularización o inscripción a los servicios como Sisbén, educación o el sistema de salud.
Aunque los centros seguirán, cada ciudad tiene una estrategia distinta par que sus políticas de integración se mantengan a pesar del cambio de administraciones. “Tenemos el plan de que la Red participe en los empalmes de los gobiernos locales”, agrega Monroy.
Aquí las políticas de integración que han adelantado las ciudades:
