La supuesta entrada ilícita de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro, que reveló su hijo mayor a la Fiscalía, abrió en Colombia la posibilidad inédita de que un presidente sea destituido de su cargo. El camino institucional hacia ese destino arranca en la Comisión de Acusación de la Cámara, que ha sido habitualmente inoperante para resolver las investigaciones contra los presidentes, mientras que la investigación al exgerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, serán en la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
La indagación por las escandalosas revelaciones de Nicolás Petro se moverán por tres caminos: el político, el electoral y el penal.
En los últimos 30 años las campañas presidenciales han sido cuestionadas en varias ocasiones por el ingreso irregular de dineros, pero hasta ahora solo hubo condenas desde lo penal a funcionarios de la campaña de Ernesto Samper en 1994. Fernando Botero, quien era su gerente y Santiago Medina, quien era su tesorero, pagaron cárcel por la entrada de dineros del Cartel de Cali.
Ahora, con un fiscal adverso a los intereses del gobierno y con un Congreso y un CNE que dependen directamente de las mayorías que logre consolidar el presidente Petro, así están los caminos.
El camino político para Petro
El juicio político es una figura recurrente en países vecinos como Perú, Ecuador y Brasil, que tienen la tradición de tumbar presidentes, pero no en Colombia. Por el contrario, la Comisión de Acusación que es la que adelanta esos procesos, se ha hecho célebre por archivar o avanzar a paso de tortuga en las investigaciones contra los presidentes como las chuzadas del DAS en el caso de Uribe, Odebrecht en el de Santos y la Ñeñepolítica en el de Duque.
Pero este año la secretaría de la Comisión de Acusación ha estado particularmente activa recibiendo denuncias contra Petro. Los escándalos que estallaron desde su círculo más cercano se convirtieron en acusaciones formales de opositores como Federico Gutiérrez, Miguel Uribe, Jota Pe Hernández y Christian Garcés.
“Le solicité a la Comisión que pida a la Fiscalía todas las pruebas que tengan contra la campaña del presidente Petro. Tenemos a dos directivos de campaña, uno nacional y otro regional, diciendo que hubo dineros de fuentes dudosas que no se reportaron”, le dijo a La Silla el representante Garcés del Centro Democrático, en relación a Armando Benedetti y Nicolás Petro.
Garcés presentó una primera denuncia cuando se conocieron los audios del exembajador Benedetti hablando de 15.000 millones de pesos que supuestamente consiguió para la campaña. Un dinero que es más de la mitad de lo permitido por el CNE para la primera vuelta y que excede lo autorizado para la segunda. El congresista amplió su denuncia ahora tras el anuncio de Nicolás Petro de colaborar con la justicia.
“Dicen que Petro no sabía, pero eso no quita que sea un financiamiento ilegal de su campaña”, apunta el senador verde Jota Pe Hernández, otro de los denunciantes. “Además, el papá (el presidente Petro) dice en los Petrovideos que el hijo (Nicolás) sí tenía un rol importante en todo el tema de la financiación en el Caribe”, agrega.
El eventual juicio político contra Petro inicia con estas denuncias, pero es un proceso largo en el que el presidente tiene más opciones de salir bien librado que de ser destituido de su cargo.
“El presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal gozan de fuero constitucional especial. Solamente el Senado, por acusación de la Cámara, puede imponer la sanción de destitución y privación temporal o definitiva de los derechos políticos”, explica el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.
Después de que se presenta la denuncia, el presidente de la Comisión de Acusación asigna a los magistrados investigadores. En el caso de las denuncias contra el presidente Petro, que fueron presentadas desde la legislatura anterior, sus procesos los tienen los representantes Alirio Uribe del Pacto Histórico, Olga Lucía Velásquez de Alianza Verde y Wilmer Carrillo del Partido de la U.
Estos representantes investigadores pueden archivar la investigación por falta de pruebas, que en este caso vendrían de lo que Nicolás Petro le diga a la Fiscalía. O de acuerdo a esas evidencias, podrían presentar una acusación ante la Plenaria de la Cámara, que debe aprobarla por mayoría. Si eso ocurre, el presidente Petro estaría formalmente acusado y enfrentaría el juicio político en el Senado.
El proceso contra el expresidente Ernesto Samper no superó esta votación en Cámara, que archivó su caso con una contundente mayoría de 111 votos contra 43.
Anteriormente, investigaciones contra expresidentes como Uribe -quien llegó a tener 14 procesos acumulados en la Comisión- Santos y Duque, no llegaron ni siquiera a la Plenaria de la Cámara.
Hoy Petro, en el papel, tiene 68 representantes que son de gobierno y con los 33 liberales que no se han ido a la independencia, podría superar la mayoría de 95 votos.
Pero si el caso contra el presidente Petro llegase a avanzar de la Cámara, sería el Senado el que debería adelantar el juicio y definir si lo condena o lo absuelve. Si lo condenan, al presidente lo podrían destituir de su cargo o inhabilitarlo políticamente para que su proceso avance, ya sin fuero, a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
“En Plenaria de la Cámara las fuerzas favorecen al gobierno, allá tienen aliado al presidente que es Andrés Calle y pueden enredar el proceso desarmando el quórum si quieren. Pero si la acusación llega al Senado la cosa se le complicaría al presidente Petro. Allá es menos fuerte”, anticipa el senador Jota Pe Hernández.
El juicio político se podría adelantar por delitos cometidos en el ejercicio del cargo como presidente, por indignidad en el cargo o por delitos comunes, de acuerdo al artículo 175 de la Constitución. Si es por delitos comunes, el proceso avanza a la Corte sin que el Senado emita una sanción.
Pero, si en el caso que comienza contra Petro, los investigadores establecen que el juicio en su contra sería por los dos primeros tipos de delitos, el destino de ese camino en el Senado sería la destitución del cargo.
“La indignidad no necesariamente consiste en un delito, aunque puede haberla en conjunción con un delito. En el caso concreto hasta ahora, no hay nada establecido ni probado sobre ninguna de tales conductas”, agrega el exmagistrado.
CAMINO POLÍTICO: EL CONGRESO
Por lo pronto, en la Comisión de Acusación se vive un primer pulso por quién investigará al presidente Petro. Dos de los investigadores ya asignados, Uribe y Vásquez, son vistos como cercanos al gobierno y por eso uribistas los recusaron para que se aparten del caso.
Sin embargo, José Gregorio Hernández no ve tan claro el impedimento de los representantes denunciados por el simple hecho de haber apoyado a Petro en campaña. “No caben los impedimentos, a menos que haya un verdadero interés personal o familiar, Pero la pertenencia a un partido político, el apoyo al gobierno o la pertenencia a la oposición no aplica. De ser así, todos los representantes estarían impedidos”, dice el exmagistrado.
Ante la sensibilidad del caso, en la Comisión de Acusación impera la ley del silencio. La Silla consultó a los representantes investigadores Wilmer Carrillo, Olga Lucía Velásquez y Alirio Uribe, quienes se negaron a responder preguntas para evitar ser recusados y poder seguir llevando la investigación al presidente. Según explicó uno de ellos, el expediente tiene reserva total hasta que se haga apertura de la investigación.
Para iniciar este largo camino político, Petro ya nombró como abogado al conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava, quien ya presentó ante la Comisión de Acusación un poder para representar al presidente. Y aunque de momento los números parecen estar a su favor, un primer escollo que deberá enfrentar será la reciente elección como presidente de la Comisión de Acusación de Wadith Manzur del Partido Conservador, con el que el presidente partió cobijas en abril.
El camino para Roa y el Pacto
La otra línea de investigación que se abre en medio de este proceso es a través del Consejo Nacional Electoral. Esta entidad deberá, por vía administrativa, adelantar las revisiones y auditorías correspondientes a los ingresos y gastos de campaña para determinar si se sobrepasaron los topes establecidos por ley, una violación que se considera delito desde el 2017.
Desde el pasado 28 de febrero, por orden del magistrado Benjamín Torres, a quien le correspondió el conocimiento del asunto por reparto, está abierta la indagación preliminar tras una queja anónima que pedía determinar el no reporte de dineros que habrían ingresado a la campaña. A la fecha, según reveló El Tiempo, ya han llegado por lo menos 11 denuncias adicionales que terminaron acumuladas.
Por cuenta del fuero del presidente, quien deberá responder por todas las actividades relacionadas a la financiación y administración de los recursos de la contienda es Ricardo Roa, quien para ese entonces fungía como gerente de campaña del hoy presidente.
“El Consejo Nacional Electoral no puede investigar ni sancionar al presidente Petro. Esa es la realidad que no admite confusión alguna. Existe un fuero para su investigación y juzgamiento”, asegura el abogado José Abuchaibe.
Esta indagación preliminar es apenas el primer paso de un proceso que puede extenderse en el tiempo. “Allí se se adelantan algunas actuaciones a fin de establecer si hay elementos de juicio suficientes para formular cargos. Si se encuentra que hay mérito, se debe expedir una resolución de apertura de investigación”, explica el exmagistrado del CNE, Armando Novoa.
En medio de esta etapa, el CNE ya dio otro paso para investigar la campaña de Petro al ordenar la práctica de quince pruebas. Los magistrados ponentes le solicitaron a la Dian información entre 2021 y 2022 sobre Ricardo Roa. También ordenaron la inspección de las instalaciones de la firma Nexia Montes & Asociados, encargada de realizar la auditoría a las cuentas de campaña del Pacto Histórico y solicitaron la versión libre de Lucy Mogollón, quien fue la tesorera de campaña.
A la par de estas actuaciones, Roa nombró al abogado Germán Palacio como su apoderado en el proceso y a través de él pidió que se archive el proceso por considerar que la queja que originó la investigación se realizó de manera extemporánea y no existen los hechos que demuestran las irregularidades sobre las que se señalan a la coalición Pacto Histórico.
Además, el gerente de la campaña en entrevista con Blu Radio se libró de responsabilidad del controversial evento de la P en Barranquilla, que según fuentes de La Silla, ayudó a pagar el empresario Euclides Torres, cuya influencia en la campaña será otra de las líneas de investigación. Según Roa, el evento fue en septiembre de 2021 y él llegó como gerente en enero de 2022.
Ante la explosión del escándalo desatado primero por Daysuris Vásquez y luego por Nicolás Petro, el gerente de la campaña se desmarcó del papel del hijo del presidente. “Nunca hizo parte de la campaña presidencial. Él, ni oficialmente, ni políticamente, ni logísticamente, ni económicamente, estuvo vinculado a la campaña”, dice Roa sobre Petro hijo.
Para la primera vuelta presidencial de 2022 el límite fijado para gastos de campaña fue de $27.453’094.557 y para el balotaje la cifra estuvo en $12.840’703.931. La campaña de Petro, además de ser la que más gastó, estuvo tan cerca del límite que cualquier cifra no reportada podría fácilmente superarlo.
Tras hacer una revisión detallada de las cuentas que la campaña, La Silla Vacía encontró que no aparecen los pagos a los publicistas Antoni Gutiérrez-Rubí, Xavier Vendrell y Vinicio Alvarado, los estrategas más visibles de la campaña, y además se ocultó el pago de testigos electorales.
En el escenario de que los magistrados ponentes encuentren mérito para investigar la campaña, pondrán a disposición de la sala plena la apertura de una investigación formal para continuar con el proceso. Será siempre la sala plena, con una mayoría de 6 de sus 9 magistrados, la que definirá si con los elementos existentes se aprueba una eventual formulación de cargos y un fallo que determine si efectivamente se cumplieron las normas de financiación o por el contrario no hay elementos suficientes para ello.
“La corresponsabilidad es clara. Va desde el candidato hasta los miembros de la parte financiera de la campaña. En este caso el gerente, el auditor y el tesorero tendrían parte de la responsabilidad del manejo económico de la campaña”, afirma el abogado Alfonso Portela en relación con la responsabilidad que, según la ley, también incluye a la vicepresidenta Francia Márquez.
La violación de los límites de gasto en la campaña conlleva varias sanciones para los partidos involucrados, en este caso el Pacto Histórico. De hallarse responsables se les podría suspender o privar de la financiación que reciben anualmente por parte del Estado, también podrían perder por cuatro años o incluso definitivamente sus personerías jurídicas, figura clave para poder otorgar avales. Además, al Pacto se le podría suspender el derecho de inscribir candidatos o listas en elecciones.
La investigación del CNE podría tener, además, implicaciones penales para el gerente de la campaña. “Se pueden compulsar copias contra él porque se presentaron libros que no corresponden con la realidad. La Fiscalía mirará si hay lugar para falsedad de documento o fraude procesal. Los informes que se presentan en las campañas es lo que da lugar a la reposición de votos, si hay informes falsos pueden verse involucrados en delitos como fraude procesal o peculado”, plantea el abogado William Alvis sobre el otro proceso que podría enfrentar Roa.
La otra discusión que se da en paralelo a este proceso administrativo tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional Electoral y cómo eso influye en el desarrollo de la investigación. Los integrantes de esta autoridad electoral son elegidos cada cuatro años por el Congreso en pleno por lo que quedan sujetos a los intereses y a la proporcionalidad de las fuerzas políticas en el legislativo. En 2022, a las pocas semanas de haber asumido Petro como presidente, se renovó por última vez. El Pacto Histórico como la bancada más grande, logró elegir dos magistrados y en el papel la mayoría de la corporación pertenece a la bancada de gobierno.
En el pasado la alineación entre el Consejo Nacional Electoral y el peso de las fuerzas políticas en el Congreso y la presidencia incidieron en el archivo anticipado de las investigaciones a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht en la campaña electoral de 2014.
El camino de la fiscalía
La Fiscalía será la principal fuente de las pruebas contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque Nicolás Petro ya descartó en entrevista con Semana que su papá supiera de los aportes del “Hombre Marlboro” y de “El Turco” Hilsaca, dejó abierta las dudas sobre el conocimiento que tuvo el presidente del apoyo económico del clan Torres. Esa plata sería el centro de la llamada matriz de colaboración de Petro hijo para librarse de la cárcel después de aceptar los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las irregularidades en la financiación de campañas electorales, como la entrada de dinero ilegal o la violación del límite de plata establecido por la norma electoral, se volvió un delito desde 2017. Y por él tendría que responder, por lo menos ante la Fiscalía, el gerente de la campaña. “El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, dice al respecto la ley 1864.
Durante el Proceso 8.000 contra Samper no existían estos delitos electorales, pero quienes hacían parte de su campaña presidencial fueron condenados por otros delitos como enriquecimiento ilícito. El fiscal de la época, Alfonso Valdivieso llevó el caso penal, pero también fue protagonista en el camino político que intentaba destituir al presidente.
“Por iniciativa propia y ante las pruebas que teníamos en la Fiscalía, como los narcocasetes, yo mismo como fiscal general fui a presentar denuncia al expresidente Samper a la Comisión de Acusación”, le dijo a La Silla el exfiscal Valdivieso. Como la Fiscalía no es competente para investigar al presidente, la influencia que podría tener ahora el fiscal Francisco Barbosa en el juicio político sería muy similar a la de Valdivieso, con visibilidad mediática y aportando pruebas a la Comisión de Acusación.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha involucrado formalmente a la investigación al gerente de campaña, Ricardo Roa, pero en caso de hacerlo, con él se abriría un proceso penal habitual. La Fiscalía investiga e imputa cargos ante un juez e inicia un proceso en el que lo condenan o lo absuelven.
Un eventual proceso contra Roa arrancaría con una etapa de indagación que consiste en identificar que los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía efectivamente sucedieron materialmente. Es decir, en este caso, que sí hubo una entrega de dinero, pero que además efectivamente entraron en la campaña. Después de esclarecida la existencia del hecho se tiene que averiguar quién es su supuesto responsable.
Posteriormente, ya teniendo claro que existieron los hechos denunciados y que se tienen identificadas plenamente a las personas lo que corresponde es la formulación de imputación. En esta etapa lo que señala la Fiscalía es que se puede inferir razonablemente que el implicado en el proceso es autor o partícipe de la presunta financiación ilegal de campañas.
En esta etapa se encuentra un proceso similar por financiación irregular de campañas que cursa contra el excandidato uribista Óscar Iván Zuluaga, quien no tiene fuero y por eso puede ser acusado por un fiscal. Por ese caso, que es el de la plata de Odebrecht, también investigan a su hijo David, quien fue el gerente de la campaña. El proceso contra los Zuluaga está en el plazo que establece la ley para presentar el escrito de acusación para llevarlos a juicio.
Frente a la otra campaña cuestionada, la del expresidente Iván Duque por la supuesta entrada de dineros del narcotraficante José “Ñeñe” Hernández, la Fiscalía llamó a declarar al gerente de esa campaña, Luigi Echeverri, pero archivó el caso.
“En la audiencia de imputación, la Fiscalía puede decir ‘usted tal vez fue’. Pero, en la audiencia de acusación, ya tiene que estar segura de que esto va a ser lo que va a probar en juicio porque ya no tiene oportunidad de añadir novedades”, explica el abogado Andrés García – Fernández.
Según explica el abogado Fabio Humar, quienes sean acusados por la Fiscalía, en este caso dentro de la supuesta financiación irregular a la campaña Petro Presidente, podrían buscar beneficios a partir de un principio de oportunidad, un preacuerdo o la aceptación de cargos, que fue la estrategia que utilizó el hijo del presidente.
En esa misma línea García-Fernández establece que la posibilidad de que Nicolás Petro quede libre de una condena o por lo menos una obtenga una más reducida, dependerá de la decisión que tomen él y su defensa encabezada por David Teleki. La Fiscalía podría suspender o desistir definitivamente de la acción penal en su contra hasta tanto él aporte información que resulte eficaz para identificar otros hechos. Que en el caso de vincular al presidente de la república serían trasladados a la Comisión de Acusación.
Los abogados coinciden en que en casos de alta connotación nacional como este, las autoridades suelen actuar con mayor rapidez, lo que implicaría, para García-Fernández, que finalizando este año o a mediados del próximo se puedan estar tomando las primeras determinaciones.
