Después de varios días de ruido mediático y político, el Ministerio de Hacienda finalmente publicó el decreto que corrige los vacíos que otro decreto, del 29 de diciembre, había abierto. En el documento técnico, que especifica todos los recursos del Presupuesto General, habían quedado en el limbo más de 100 proyectos de infraestructura, por 13 billones de pesos sin asignar, que abrían la puerta a un gasto discrecional del gobierno.
El vacío fue denunciado por el diario Portafolio. En un trámite que debía ser rutinario, pero que pasó por atípicas maromas técnicas y jurídicas, el diario económico reveló que el decreto de diciembre dejó en vilo las vigencias futuras comprometidas para megaobras en ciudades principales, como la primera línea del Metro de Bogotá, el Metro Ligero de la 80 de Medellín y las autopistas 4G en Antioquia.
El argumento del gobierno fue que el presupuesto no reflejaba las promesas de campaña y que había que “repriorizar” recursos. Ayer se echó para atrás con la expedición del nuevo decreto. Y hoy, en una rueda de prensa del minHacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que lo hizo de la mano de representantes del sector privado, quienes fueron escuchados por el gobierno para corregir la decisión inicial, y salvaguardar el esquema de vigencias futuras.
¿Por qué importa?
El desenlace del episodio del presupuesto rompió con la dinámica, recurrente en el estilo del presidente Gustavo Petro, de atrincherarse aún más cuando se siente atacado. En este caso el gobierno dio marcha atrás. Lo hizo en medio de una enorme presión del sector privado y con el dato del bajo crecimiento del PIB en el 2023.
Eso no lo reconoce públicamente el ministro Bonilla. Frente a la pregunta de si esto era la corrección de un error dijo que “no hubo ningún error ni ilegalidad en el decreto de liquidación del presupuesto”. Pero el escenario de la rueda de prensa fue diciente.
Al lado de Bonilla estuvo sentado Juan Martín Caicedo, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), representante de los concesionarios privados. Ambos respondieron preguntas por más de una hora. En un momento, Caicedo interrumpió a Bonilla y dijo que “todos y cada uno de los proyectos que están moviéndose del esquema de APP, o sea de concesiones, quedaron incluidos en el decreto. No debe quedar ninguna duda”.
Con el nuevo decreto, los ministros de Hacienda y Transporte respondieron a la presión de estos gremios, en contra de una orden que había dado el presidente y que ellos habían materializado. A cambio, Bonilla recibió un manto de protección de líderes gremiales como Caicedo, quienes respaldaron el nuevo decreto con comentarios educados, y sin cobrar una victoria importante.
Las claves
- El nuevo decreto soluciona casi todos los vacíos que había abierto el gobierno. Con la publicación del anexo, que tiene el detalle de cómo se va a gastar el gobierno la plata del presupuesto de 2024, el Ministerio de Hacienda asigna la plata que había quedado en vilo de todas las megaobras que habían quedado en el limbo.
Sin embargo, según dijo Bonilla durante la rueda de prensa, en ese ejercicio de “reorganización” asignaron 600.000 millones para proyectos claves de este gobierno. Los detalles de esa plata aún no son claros.
- Nerviosismo de mercados, y un crecimiento del PIB que disparó las alarmas. El otro efecto colateral del decreto es el de la confianza. Mandaba la señal de inestabilidad en las reglas del juego a contratos firmados por años y que desincentiva a empresarios a meter más plata en negocios en Colombia.
Por un lado, le cambiaba las reglas del juego a los concesionarios de las megaobras que tenían créditos billonarios con bancos con la promesa de las vigencias futuras.
Por otro, mandaba un mal mensaje al sector de infraestructura, que es bautizado por los economistas como un dinamizador del PIB porque crea más empleos y mueve más rápido la economía.
Pero la corrección del decreto llegó el mismo día en el que el país conoció sus cifras de crecimiento económico de 2023, y que fue peor que lo que estimaban hasta los más pesimistas, de un crecimiento de 0,6 por ciento. Y el dato estuvo explicado, entre otras cosas, por una caída de 24,8% de la formación bruta de capital, es decir, la inversión del sector privado.
- El vacío lo generó un regaño de Petro. En un cónclave convocado el 19 de diciembre de 2023, a 12 días del plazo para que el ministerio de Hacienda publicara el decreto de liquidación de presupuesto, el presidente se reunió con su gabinete y los regañó.
“El presidente revisó uno por uno los rubros del decreto y concluyó que su programa de gobierno no estaba reflejado en las cifras”, le dijo en ese momento a La Silla un alto funcionario del gobierno. Luego de ese encuentro, en el que Petro pidió más recursos, se publicó el decreto de liquidación con inconsistencias que dejaban 13 billones de pesos sin asignar, que incluían recursos de vigencias futuras que están atadas a contratos de megaobras de infraestructura.
- Portafolio fue el que reveló las inconsistencias del decreto de presupuesto. Hace dos semanas, publicó el primer artículo en donde revelan los errores técnicos y legales del decreto firmado el 29 de diciembre por el ministerio de Hacienda y con el visto bueno de la secretaría jurídica de Presidencia. Pero fue hasta hace una semana que el tema se volvió parte de la agenda pública. Congresistas, empresarios, dirigentes gremiales criticaron y alertaron por las inconsistencias del decreto. También por los malos mensajes que mandaba por la separación de poderes y a la seguridad jurídica del país.
- En medio del lío hubo purga de tecnócratas en el gobierno. El ruido causó una oleada de renuncias en el equipo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el ministerio de Hacienda. Una de las razones por las cuales salió Jorge Iván González de la dirección de Planeación fue su inconformidad por el decreto.
También se fue el subdirector del DNP, la coordinadora del grupo de asuntos jurídicos de la Dirección de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda, y ayer renunció la directora de Presupuesto del ministerio de Hacienda, Marcela Numa, quien llevaba desde el 2006 en la subdirección y desde el 2019 como directora. Como reemplazo de Numa llegó Jairo Alonso Bautista, contador público que viene de trabajar en la UTL de Gustavo Bolívar.
¿Qué dicen los protagonistas?
Bonilla niega los errores en el presupuesto y relativiza el conflicto con los técnicos
El ministro no aceptó ninguna irregularidad en las asignaciones presupuestales. “No hubo ningún error en el decreto inicial. Se liquidó lo que el Congreso aprobó en la ley”, dijo Bonilla en la rueda de prensa. El ministro sostuvo que el presidente tiene la potestad de discutir asignaciones en proyectos de inversión específicos, respetando las grandes partidas aprobadas en el legislativo.
Bonilla también cuestionó el retraso en algunos proyectos de infraestructura del país. “Se les entregaron recursos en el 2023 y no han dado resultados”, dijo. Luego mencionó que el retraso en estas obras públicas explican buena parte del bajo crecimiento del PIB en el 2023 (0.6%). “¿Por qué no avanzaron las obras como debieron hacerlo? Los recursos están en obras que no se están haciendo”.
Bonilla tampoco aceptó que en MinHacienda y el DNP exista un conflicto con los técnicos de la cartera. “Algunos de ellos cumplieron su ciclo”, dijo a propósito de la salida de funcionarios. “Los gobiernos tienen la posibilidad de cambiar a sus funcionarios. ¿Sólo porque es este gobierno lo van a cuestionar?”, les preguntó el ministro a los reporteros.
Los gremios aplaudieron la publicación del decreto
Luego de duros mensajes de los gremios al ministerio de Hacienda y al gobierno por el decreto, dirigentes gremiales aplaudieron la “paratraseada”.
“La expedición del decreto 0163 de febrero de 2024 corrige una muy buena parte de las preocupaciones expresadas respecto del decreto de liquidación del presupuesto anterior. Trae correcciones que permiten solucionar incertidumbres que se vean generado en el sector de la infraestructura, obras civiles y concesiones”, dijo en X Bruce Mac Master, presidente de la Andi y del Consejo Gremial, y quien se reunió con Bonilla ayer para expresar sus inquietudes sobre el decreto.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, dijo que el decreto enviaba un mensaje positivo al mercado. “Los inversionistas, los financiadores, el mercado han recibido con gran satisfacción esta circunstancia, reflejada en el decreto sancionado por el Gobierno en el día de ayer. Es bueno que quede esa información en manos de todos ustedes”, dijo durante la rueda de prensa.
También se sumaron el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, quien hasta hace poco era director del centro de estudios económicos de Corficolombiana, del grupo Aval y que tiene participación en una buena tajada de obras de infraestructura del país. “Una buena noticia, que subsana el problema inicial. Bienvenida la noticia Ministro Bonilla. La infraestructura es fundamental para impulsar el crecimiento del país”.
¿Qué se viene?
- Una posible renegociación de contratos y condiciones. Luego de la expedición del decreto, en 20 o 25 días los constructores, representados por la CCI, le entregarán al ministerio de Hacienda un balance de cuáles son las principales dificultades por las que ciertas obras no avanzan.
Después de ese primer ejercicio, según Bonilla y Caicedo, revisarán cómo solucionar los problemas que tienen las obras como consultas previas o licencias ambientales. “Y si no se pueden solucionar esas dificultades rápidamente, tendríamos que revisar los contratos de concesión, que es un proceso indeseable porque toma más tiempo”.
- La reorganización en MinHacienda y DNP. El gobierno salió de un grupo de técnicos difíciles de reemplazar. Daniel Rojas, exdirector de Sociedad de Activos Especiales (SAE), está reemplazando temporalmente a González en el DNP. Rojas llega precedido de buenos resultados dentro de una entidad llena de grandes escándalos de corrupción, como la SAE, y con el plus de ser uno de los altos funcionarios ideológicamente más alineados con el presidente. Sin embargo, no cuenta con la experiencia para un cargo que tradicionalmente ha estado ocupado por economistas experimentados.
Además del DNP es clave el cambio en la dirección de Presupuesto. Bautista trabajó con el senador Bolívar entre el 2019 y el 2022. También fue contratista en la alcaldía de Petro. En enero del 2024 fue nombrado subdirector técnico de competitividad y desarrollo.
- Un debate sobre la inversión pública. El ministro Bonilla insistió en la desigualdad en la distribución de la plata que tiene el gobierno para invertir. Este es uno de los debates que abrió Petro desde que se quejó por la concentración de los recursos del presupuesto en lugares como Bogotá y Antioquia. Por otra parte, el ruido del decreto abre un debate sobre la transparencia en la destinación de la plata pública. El presupuesto define cómo el país se gasta los recursos que le entran por los impuestos. Esto se define a puerta cerrada entre el gobierno y los congresistas durante 3 meses en el Congreso. Y pese a su importancia, no tiene la visibilidad de otras grandes discusiones públicas.
- La reacción del Congreso. El senador Mauricio Amín le dijo a La Silla que el 20 de febrero la Comisión Tercera del Senado votará una proposición de debate de control político para citar al ministro de Hacienda y a otros miembros del gabinete a dar explicaciones sobre el cambio del decreto.
- La reacción del presidente. Petro no se ha pronunciado frente al nuevo decreto que corrige los errores del presupuesto. Sin embargo, antes de viajar para Alemania, donde asiste a una cumbre de seguridad, el presidente volvió a criticar la concentración de la inversión en las regiones más ricas del país.
*Esta historia es en alianza con Economía para la Pipol, un medio nativo digital que explica economía en lenguaje sencillo.
