Un procedimiento de trámite como es el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación se ha convertido en una gran polémica nacional y, sobre todo, en un espejo que refleja como pocos el gobierno de Gustavo Petro. Estas son las siete caras que retrata:
Un presidente que llega tarde
Como lo reveló el diario económico Portafolio hace ya varios días, el lío es el siguiente: a través de un decreto, firmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presidente Petro dio la orden de dejar 13 billones de pesos sin asignar a más de 100 proyectos claves de infraestructura y educación, incluida la primera línea del Metro de Bogotá.
Detrás de esa decisión está la frustración del presidente Petro con que de los casi 100 billones de pesos que tiene para invertir este año, el 13 por ciento ya han sido comprometidos por gobiernos anteriores en vigencias futuras para financiar proyectos que él no escogió.
Es entendible que el presidente quiera gastar la plata del presupuesto en ejecutar sus promesas de gobierno. El problema es que Petro llegó tarde, muy tarde a la discusión.
Hace un año, Planeación Nacional lideró la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde en principio quedaron registradas las prioridades del gobierno (y de decenas de diálogos vinculantes en los que participaron 250 mil personas); estas prioridades luego se reflejaron en la ley del presupuesto que se presentó al Congreso y se discutió entre julio y octubre.
Pero, como contamos en esta nota, Petro descubrió que el presupuesto de inversión no reflejaba sus prioridades solo hasta el cónclave que tuvo con sus ministros el 19 de diciembre de 2023, cuando leyó el decreto de liquidación del presupuesto elaborado por Hacienda.
Como tenía solo 10 días para sacar el decreto, ordenó expedirlo con una partida global de 13 billones sin discriminar, un atajo con grandes consecuencias.
Así como le sucedió con la licitación de los pasaportes o con los juegos panamericanos, este episodio refleja el estilo de liderazgo de un presidente que equipara su rol al de un comunicador social (según lo dijo en la entrega de los premios Simón Bolívar) que pone en juego y comunica nuevos paradigmas pero que no tira línea a su equipo para aterrizar esa visión.
Un derecho de petición que puso La Silla sobre todas las reuniones que sostuvo Petro durante el primer año mostró que rara vez se reúne uno a uno con sus ministros. Su contacto con ellos es en el consejo de ministros donde esboza sus sueños y le hace un seguimiento grueso al cumplimiento de sus promesas de campaña.
Pero no es un gerente que se meta en los detalles, que siente a varios ministros en su despacho para coordinar con ellos la ejecución de sus propuestas. Él ofrece una visión y espera que esta se materialice, sin preocuparse por los pasos intermedios que hay que tomar para lograrlo. Y cuando el resultado no refleja su visión, reversa en un instante el trabajo de meses y provoca la renuncia o el despido de quienes cree culpables de malinterpretar sus deseos.
Gobierna para el 20 por ciento más excluido
Este episodio refleja de nuevo que el presidente tiene en su mente y en su corazón el país más marginado y que orienta todas sus acciones a mejorar las condiciones de vida de ese 20 por ciento. Si con ello pone en riesgo la estabilidad del 80 por ciento restante parece no ser una consideración importante para él.
Como ha explicado el diario Portafolio, el 38 por ciento de los 13 billones que ahora quedaron metidos en una bolsa global en el decreto estaban asignados a proyectos de infraestructura en Bogotá y Antioquia. Mientras que el presidente quiere destinar esa plata a regiones mucho más necesitadas como el Chocó y Cauca, donde estuvo hace unas semanas haciendo grandes y costosas promesas de inversión.
En el cónclave con sus ministros, Petro le cuestionó al ministro de Transporte la falta de plata en el decreto para carreteras en el Pacífico y el Catatumbo. “También le llamó la atención porque no hay recursos para los trenes que prometió impulsar en el Pacífico, el Caribe y Norte de Santander”, dijo un funcionario del gobierno que estuvo en la reunión.
Priorizar esas obras, como quiere Petro, implica reorientar recursos ya comprometidos en vigencias futuras para proyectos como el Transmilenio a Soacha, 20 vías 4G, el túnel del Toyo y los sistemas de transporte masivo de varias ciudades grandes.
Algunos han visto en esta decisión, una intención del presidente de castigar regiones que no votaron por él y premiar a las que sí lo hicieron. No es claro saberlo porque en todo caso, las regiones que él quiere priorizar son las más periféricas y pobres y a la vez las que lo eligieron.
Pero su lógica en ésto es la misma de sus reformas a la seguridad social. La de salud amenaza con destruir un sistema construido durante tres décadas y que la mayoría de personas en las encuestas dice que prefiere conservar a cambio de llevar atención médica a la periferia donde la oferta de hospitales es mínima. La de pensiones golpea el mercado de capitales, pero crea un pilar solidario para darle una renta de 223 mil pesos a 2,5 millones de ancianos. Y así con las demás.
Provoca —a la brava— discusiones necesarias
Pocas discusiones son tan importantes como aquella sobre en qué se deben invertir los impuestos. Sin embargo, como dice el columnista de La Silla, Héctor Riveros, “no hay nada más opaco que la discusión sobre la inversión pública”.
Al final, el presupuesto es lo que el gobierno dice más unas partidas para los congresistas que se negocian a puerta cerrada entre el ministro de Hacienda y los senadores y representantes de las comisiones tercera y cuarta, las más apetecidas del Congreso.
“Hay un gran déficit en la discusión sobre el gasto público”, dice Riveros.
Esta decisión del presidente Petro, más allá de su arbitrariedad, ha provocado una discusión amplia sobre cómo se hace esa distribución de recursos.
Pone en riesgo el equilibrio de poderes
Un principio básico de una democracia liberal es la separación de poderes entre las ramas del poder público: la judicial, la legislativa y la ejecutiva.
Desde que Petro llegó a la Casa de Nariño ha puesto en tensión ese equilibrio, convocando marchas contra decisiones del Congreso o de la Corte; o diciendo que es el jefe del Fiscal General; o pretendiendo excarcelar gente sin que medie una orden judicial.
Con su decisión de expedir un decreto de liquidación que no refleja ciento por ciento los rubros de inversión previamente aprobados por el Congreso, el presidente asume una discrecionalidad en la distribución de los recursos que vulnera la separación de poderes. Un pilar esencial de una democracia es que el pueblo representado en el Congreso decide qué impuestos se cobran y aprueba en qué se gastan.
“Esta situación no solo plantea serias preguntas sobre el respeto a la separación de poderes, sino que también amenaza con crear un precedente peligroso para la gobernanza y la estabilidad jurídica en Colombia”, dijo el senador opositor David Luna.
En el mismo sentido, el senador Mauricio Amín, dijo que el 20 de febrero la comisión tercera del Senado votará una proposición de debate de control político para citar al ministro de Hacienda y a otros miembros del gabinete a dar explicaciones sobre el cambio del decreto.
Exige a su equipo una lealtad a toda prueba
Varios funcionarios entrevistados por La Silla para la elaboración de un perfil sobre Petro en campaña dijeron que lo más difícil de trabajar con él es que es incapaz de sentir miedo. “No le asusta el martirio, eso le da una fuerza muy grande, una ventaja sobre los demás”, dijo una ex funcionaria de su Alcaldía.
Como no le teme a nada, Petro alcalde empujaba a sus secretarios hasta el límite, y por eso muchos renunciaron; no estaban dispuestos a quedar empapelados de por vida por tentar los límites de lo que parecía imposible legal o políticamente en ese momento. Petro, en cambio, desafió a todas las ías, que lo multaron y embargaron sus cuentas durante años, hasta que agotó las instancias judiciales y al final salió adelante.
El episodio de este decreto de liquidación repite este patrón. Jorge Iván González, el director de Planeación Nacional, salió del gobierno el 31 de enero, al final de un Consejo Económico con el presidente en el que se opuso a la decisión de dejar en vilo las obras para las que ya estaban comprometidas vigencias futuras.
Lo mismo la directora de Presupuesto, Marcela Numa, una técnica que llegó a Hacienda durante el primer gobierno de Santos y que, según Portafolio, “ha sido la persona al frente, tanto de la realización del Decreto de Liquidación Presupuestal que se envió correctamente a Presidencia y advirtió de los errores por los cambios que se le hicieron, como del decreto de yerros que prepara el Gobierno Nacional.”
El mismo diario informó también de la renuncia de otros técnicos de Hacienda, de alto nivel, incluida la jurídica, que advirtieron que la movida de Presidencia no se apegaba a la ley.
Esa defensa de los procedimientos fue interpretada por el presidente bajo el lente de la conspiración. “Funcionarios de nuestro propio Gobierno, no elegidos por nosotros sino que están ahí por los años de los años, nos bloquearon internamente el Presupuesto. Durante un mes, el presupuesto de educación quedó bloqueado porque era un chantaje, o muestran las carreteras financiadas, que todas son las más valiosas de El Poblado a Rionegro y el norte de Bogotá, o no les liberamos los recursos del Presupuesto”, dijo el presidente ayer.
Menosprecia la confianza del mercado
La economía se mueve, sobre todo, con la confianza. Es necesaria para que la gente gaste o invierta. Los malabares del decreto del presupuesto golpean la credibilidad del gobierno porque envía la señal de que no se honrarán promesas adquiridas con los concesionarios como las de las vigencias futuras para megaproyectos de infraestructura.
Es un mensaje complicado. Como la planeación del presupuesto en Colombia es anual y estos proyectos grandes —que son necesarios para el desarrollo del país— se construyen en varios años, los gobiernos se comprometen a que en los años siguientes el Estado irá destinando recursos para pagar las megaobras. Así se han hecho las carreteras 4G, por ejemplo. A punta de credibilidad crediticia.
Petro dijo ayer que ese es “un modelo de inversión “tramposo”” porque compromete recursos a largo plazo para proyectos que pueden tardar décadas en materializarse y como se pagan con cobros de valorización benefician a las áreas más ricas “en lugar de las necesidades reales de las regiones”.
La Cámara Colombiana de Infraestructura, el gremio de los grandes constructores, dijo que “queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurı́dica, se verı́an seriamente lesionadas”.
El grueso de los 100 proyectos afectados por el decreto son de infraestructura. La incertidumbre del decreto le pega duro a un sector en el que los economistas ponen sus esperanzas para mover la economía porque crean miles de empleos y tienen un efecto más rápido en el crecimiento. Sin embargo, la falta de claridad en las reglas de juego para los empresarios mina la confianza en un sector que se necesita.
Esos cambios en las reglas del juego se suman también a movidas más populares que ha hecho Petro como bajar a la mitad el Soat para las motos o no subir los peajes, que es otra de las fuentes de ingresos que tienen los constructores para financiar sus obras.
Fitch, una de las calificadoras de riesgo que le ponen una nota a Colombia para decirle a los inversionistas qué tan confiable o no es invertir en un país, se pronunció frente al escándalo de presupuesto y dijo que estará pendiente de las correcciones del decreto y la capacidad de pago de las deudas que tienen varias entidades.
Varios medios informaron ayer que el gobierno prepara un “decreto de yerros” para enmendar el decreto cuestionado. La Silla confirmó que ya Hacienda pasó el borrador a Presidencia pero no conoce el contenido del mismo ni si restablece los montos originales de inversión.
* Esta historia es en alianza con Economia para la pipol, un medio nativo digital que explica economía en lenguaje sencillo.
