Los cultivos de coca en Colombia están en máximos históricos, pero su crecimiento se estancó según cifras de la Policía. Foto: Santiago Rodríguez.

Como el “segundo gran triunfo internacional” de su gobierno, catalogó el presidente Gustavo Petro lo alcanzado por la delegación de Colombia en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que terminó su 67 sesión el viernes pasado. En concreto Colombia impulso y apoyó varias iniciativas para cambiar la mirada represiva en la lucha contra las drogas, una cruzada personal de Petro dentro y fuera del país.

Este hito celebrado por el presidente avanza en cambiar el consenso mundial sobre la criminalización al consumidor y le da un enfoque de salud pública. Además, se suma a resultados presentados por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el área de cultivos de coca. Su estabilidad, pese a la mínima erradicación del gobierno, ayudan a desmontar el paradigma de la erradicación forzada como la principal solución al narcotráfico.

Pero, la ruptura con la vieja forma de enfrentar la lucha contra las drogas aún no ha aterrizado en la implementación de un programa de sustitución de cultivos ilícitos y transformaciones territoriales. Aunque ya hay un plan, los expertos alertan sobre la demora para entrar en acción con una alternativa para los cocaleros, y el peligro de que se cierre la ventana de oportunidad del estancamiento de los cultivos.

Los cambios de paradigma que impulsa Petro

Desde que llegó a la Presidencia, Petro ha promovido un cambio radical en la lucha contra las drogas, especialmente contra la cocaína, de la que Colombia sigue siendo el mayor país productor mundial. “Descriminalizar conductas y llevar la acción represiva hacia los grandes capos”, escribió el fin de semana pasado Petro sobre su mirada. En el último mes, el gobierno ha presentado hechos concretos para cambiar ese paradigma afuera y adentro del país.

El primero es que se rompió el “consenso de Viena”. De acuerdo a Gloria Miranda, directora de la política de drogas del gobierno y parte de la delegación colombiana en Viena, este es uno de varios hitos en históricos que el gobierno logró en la Comisión de Estupefacientes de la ONU. 

Este hito se trata de que, después de 50 años, en esta Comisión se adoptó una resolución por votación mayoritaria y no por consenso. Esto para cambiar la mirada prohibicionista del consumo a una mirada de salud pública: la famosa reducción de daños que quedó en una resolución votada por 45 países.  

Sobre el impacto de estas decisiones concretamente en el país, la directora Miranda dice que esto se traduce en una mirada menos prohibicionista al consumo. Por ejemplo, “servicios de análisis de drogas para detectar la presencia de sustancias peligrosas como el fentanilo”.

Por otro lado, con el liderazgo de Laura Gil, embajadora en Viena ante esta Comisión, Colombia impulsó una coalición reformista de 62 países que coinciden en cambiar la mirada sobre la política antidrogas. “Los 62 países se comprometieron con una transformación en sus políticas internas, priorizando los derechos humanos y la salud pública”, dice Miranda. La postura quedó consignada en una carta, que leyó el canciller encargado Luis Gilberto Murillo ante la Comisión.

Dentro de Colombia, el hito celebrado por el gobierno es que se estancan los cultivos de coca sin erradicación forzada. De acuerdo a datos presentados por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el número de hectáreas de cultivos de coca se redujo un poco a finales del año pasado. De acuerdo al Sistema Siima de la Policía, para abril de 2023 había un total de 259 mil hectáreas de coca en el país, en agosto pasaron a 247 y en diciembre de 2023 eran de 246 mil.

El aumento y la disminución de los cultivos de coca en Colombia se miden tradicionalmente con el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que publica el Ministerio de Justicia. Para 2022 la cifra de hectáreas de coca de ese informe fue de 230 mil, similar a los datos de la Policía para diciembre de 2022. Aunque claramente los datos de la Policía muestran un aumento anual para 2023, si la tendencia es correcta el crecimiento se habría estancado a mediados del año pasado.

Este estancamiento de los cultivos se da en un año en que la meta de erradicación forzada fue de apenas de 20 mil hectáreas. Esta es una cifra muy inferior a la meta anual del gobierno de Iván Duque que era de 100 mil hectáreas. Un esfuerzo que implicaba dedicar a miles de soldados a estas operaciones que no se vio reflejado en los resultados del total de hectáreas sembradas en el país.

“Nosotros cumplíamos las metas de 100 mil hectáreas erradicadas. Pero llegaban los informes y la reducción era apenas del 15 por ciento. Semejante esfuerzo para nada”, dice Manfred Grautoff, asesor de seguridad del expresidente Duque, que estuvo a cargo de esa estrategia de erradicación.

“Fue una estrategia muy equivocada porque además tenía un impacto muy negativo con las comunidades y las familias de cultivadores que son los que menos ganan”, agrega Grautoff, aunque considera que bajar la meta tanto como lo ha hecho este gobierno también es un error. 

Pedro Arenas, experto en el tema de drogas de la corporación Viso Mutop y vocero del gobierno en la negociación con el EMC, dice que las cifras que presenta el ministro Velásquez muestran que la erradicación forzada y las aspersiones aéreas son inoficiosas. “Esto se puede afirmar porque en este gobierno se ha reducido la meta de erradicación, no se aplican fumigaciones aéreas y aun así los cultivos pueden estabilizarse”, dice. 

Esta conclusión rebate el paradigma de que la erradicación forzada de hectáreas de coca es la principal solución al narcotráfico, como ha insistido la derecha colombiana y los Estados Unidos. 

“Consideramos que esto es un descenso sostenido, a pesar de que la meta de erradicación del año pasado era mucho más inferior que la del año pasado”, dijo hace dos semanas el ministro Velásquez en una rueda de prensa, en la que lo cuestionaron por bajar a 10 mil hectáreas la meta de erradicación para 2024. “Lo que quiero decir es que otras medidas dirigidas contra el narcotráfico han resultado efectivas”, agregó. 

¿Incautación récord pero insuficiente?

La política de drogas del gobierno Petro apuesta concentrar las medidas represivas en los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico y dejar de criminalizar al cocalero y sustituir las drogas por una economía legal. El gobierno lo ha llamado asfixia y oxígeno. 

De la asfixia ha estado a cargo el ministro Velásquez, que ha priorizado la incautación de droga, especialmente cocaína, para ahogar las rentas del narcotráfico. Por eso, el ministro y el presidente han sacado pecho durante el último mes de grandes incautaciones y de que en 2023 la fuerza pública llegó a cifras récord de incautación: 739 toneladas de cocaína.

Sin embargo, para los expertos los impactos reales de la incautación en el narcotráfico no son tan claros, ni el récord de incautaciones es tan contundente. En 2021, 2020 y 2019 también se rompió el histórico de incautaciones. 

“El hecho de que haya más incautaciones cada año, lo que refleja es que cada año hay más producción de cocaína”, dice el analista Arenas. Por su lado, el experto en seguridad Grutoff afirma que “coger cocaína en este momento en Colombia es como coger arroz en China. Es facilito. Si una unidad militar quiere mostrar resultados, pues incautan rápido un cargamento”.

Lucas Marin, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, dice que lo clave de las incautaciones es cuando el cargamento supera la media tonelada. Para 2023, según cálculos de La Silla con las cifras de la base datos de incautaciones del MinDefensa, solo el 4 por ciento superó la media tonelada.

“Si lo que está haciendo el gobierno es moverse de esas pequeñas incautaciones de cocaína para incautaciones grandes, dos o tres toneladas de cocaína que realmente tengan la capacidad de afectar a las organizaciones criminales sería una medida conveniente”, dice Marin. 

Falta el oxígeno en las regiones cocaleras

Con los cultivos estancados, una estrategia de seguridad amigable con los cocaleros y una caída en los precios de la coca que tiene en crisis a algunas regiones cocaleras, se abre una oportunidad que Petro aún no ha aprovechado. El gobierno no ha empezado a implementar planes de sustitución de cultivos y transformaciones territoriales para reemplazar estas economías ilícitas. 

El plan ya existe en la política de drogas. Se trata de una estrategia que busca llevar “oxígeno” a las comunidades por medio de “misiones territoriales”, que se crean como una alianza entre el Estado, las comunidades, la empresa privada y la cooperación internacional para transformar las economías ilegales. Hasta ahora se han priorizado cuatro territorios: Litoral Pacífico, Catatumbo, Meta, y el municipio de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño).

La más avanzada está en el Litoral Pacífico, donde el gobierno prepara una inversión inicial de 250 mil millones de pesos. Específicamente en Tumaco (Nariño), el segundo municipio con más cultivos de coca del país, se ha avanzado en una alianza con Nutresa. Esta empresa se comprometió a comprarles a asociaciones y cooperativas de campesinos, que transiten a cultivos de cacao, hasta 150 mil millones de pesos anuales: 1,5 billones en 10 años.

“La caída de los precios en territorios cocaleros son una ventana de oportunidad para la implementación de programas de transformación territorial. Ese tipo de programas debe aplicar aprendizajes, como que no pueden llegar a todos los municipios del país en el mismo periodo del tiempo, porque no hay capacidad”, dice el investigador Marin, que cree acertado priorizar solo unos territorios. 

Pero para Marin es preocupante que el gobierno aún no haya empezado tras mas de año y medio de mandato. “Realmente no ha habido ni un diseño final ni implementación de las intervenciones de transformaciones territoriales en la nueva política de drogas”, dice Marin.

En esto coincide Pedro Arenas, de Viso Mutop, que dice que el gobierno tiene que aprovechar la ventana de oportunidad que el mercado cambiante de la coca ha abierto en el último año.“Si este gobierno no aprovecha, tendremos una situación mucho más difícil de afrontar. No sabemos si es en pocos meses o un par de años”, dice.

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.