En una entrevista a RCN, el presidente Gustavo Petro criticó la independencia y las recomendaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). “Son empleados de Duque, él los nombró […] queremos equilibrar las finanzas públicas que él desordenó, lo estamos haciendo. Pero las personas que están allí deben ser independientes, no alfiles del gobierno de Duque”, dijo Petro.
El Carf, una entidad pública poco conocida, y la regla fiscal que protege, han sido un tema recurrente durante este gobierno.
La última crítica de Petro llegó a propósito de la alerta que lanzó el Comité sobre el golpe a la sostenibilidad fiscal que habría con la reforma pensional del gobierno. En el pasado el Carf ha lanzado otras advertencias sobre políticas del gobierno que impactan las finanzas públicas del país como la suspensión de la exploración petrolera.
¿Qué es el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf)?
La regla fiscal es una ley aprobada por el Congreso en 2011, en la que se establece un límite de la deuda pública y del déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado) que puede adquirir un gobierno. Esa regla impide que cualquier gobierno se endeude o gaste más allá de su capacidad de pago.
Con esa ley se creó también el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, para hacerle seguimiento al cumplimiento de ese tope.
En 2021, con la reforma tributaria de Iván Duque, se buscó darle más protagonismo a ese órgano y se reemplazó por el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf). Hubo varios cambios: los miembros empezaron a tener remuneración; el Comité ahora tiene su propio equipo técnico; tienen la obligación de reunirse mínimo una vez por trimestre y de presentar un informe semestral al Congreso; y tienen el mandato de hacer público todo lo que produzcan.
El Carf busca hacer seguimiento de las finanzas públicas del país con la emisión de conceptos no vinculantes. Su poder radica en ser un grupo de expertos privados e independientes del gobierno que da conceptos claves para los acreedores nacionales e internacionales que tiene Colombia.
Específicamente se pronuncia sobre dos aspectos: el cumplimiento de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).
El Mfmp es un documento que redacta MinHacieda y se actualiza cada año explicando cuáles son los supuestos macroeconómicos y los detalles de cómo el gobierno piensa cumplir la regla fiscal a mediano plazo, es decir, a 10 años. Entonces, mientras que el Marco Fiscal define las cifras del país para los próximos años, la regla fiscal fija los límites de esos ingresos y gastos.
Además de vigilar estos aspectos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Carf también se pronuncia sobre otros aspectos como: las metodologías usadas en los indicadores fiscales y de deuda pública; el cálculo de los ciclos petroleros y económicos que se usan para la aplicación de la regla fiscal; y la suspensión de la regla fiscal (que se permite cuando la situación económica requiere mayor flexibilidad fiscal).
A las reuniones del Comité podrán ir invitados, como el Ministerio de Hacienda, que tendrán voz pero no voto. Su reglamento operativo fue creado pocos meses después de que se conformó y cualquier modificación debe ser aprobada por la mayoría de los miembros.
¿Quiénes componen este Comité?
Son siete miembros. Cinco de ellos son expertos (que no pueden ser servidores públicos) designados por el MinHacienda para un período de cuatro años (prorrogables una vez). Los otros dos son congresistas, los presidentes de la comisiones económicas del Congreso, que se alternarán para que no repitan su participación en el Comité durante cada legislatura.
De los miembros iniciales dos durarían solo dos años y podrían ser reelegidos por cuatro años más.
Los tres miembros elegidos para durar cuatro años fueron Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia; María Fernanda Suárez, ministra de Minas durante el gobierno Duque, y Olga Lucía Acosta, exdirectora de la oficina de la Cepal en Colombia.
Acosta ya no hace parte del Carf pues Petro la designó como codirectora del Banco de la República en reemplazo de Alberto Carrasquilla, cuyo nombramiento tumbó el año pasado el Consejo de Estado por incumplir la Ley de Cuotas.
La nueva codirectora se posicionó a finales de enero en el puesto. Hasta ahora el MinHacienda no ha nombrado quien la sustituirá y sería la primera persona nombrada por Petro en la Carf.
Los otros dos miembros, que acaban su período inicial al final de este año, son Sylvia Escobar, expresidente de Terpel, y Fernando Jaramillo, profesor de economía de la Universidad del Rosario. Eso da paso a que el Ministerio de Hacienda de Petro amplíe su influencia en ese órgano autónomo al completar desde el otro año a tres de los cinco miembros expertos nombrados por él.
En la legislatura actual no han sido designados los dos miembros por parte del Congreso que deben participar en el Carf. Pero han asistido como invitados dos miembros de la coalición del gobierno: el exsenador Gustavo Bolívar, la senadora del partido Verde Katherine Miranda, y la senadora Clara López, del Pacto Histórico.
¿En qué temas ha chocado Petro con el Carf?
El comentario de Petro en la entrevista de RCN tiene varios antecedentes, pues el Carf ha sido un comentarista activo de los cambios profundos que ha propuesto el gobierno.
La reforma tributaria
A principio de año la Carf intervino sobre la reforma tributaria del gobierno Petro, que se carga contra este sector. Según ese Comité, esta tendría efectos sobre la inversión en el sector de los hidrocarburos y la futura producción. “La reforma tributaria incrementaría los ingresos de la nación en el corto plazo, pero este aumento no sería permanente. Se observarían menores transferencias del sector a la nación en el mediano plazo como consecuencia de una menor producción”, advirtió el Carf.
La suspensión de exploración de hidrocarburos
En enero de este año el Comité de la Regla Fiscal también estimó la reducción en ingresos fiscales que provocaría la suspensión de exploración de hidrocarburos. “La ausencia de nueva exploración podría reducir de forma importante los ingresos petroleros de la nación y las regiones, y afectar la oferta de dólares a través de menores exportaciones e inversión”, advirtió la Carf. Una caída estimada en la inversión del 30 por ciento producto de estas dos medidas, significarían una reducción de los ingresos fiscales de 2030 en 12,7 billones de pesos y de las exportación en 55 por ciento.
El costo fiscal de la reforma de salud
El 9 de mayo el Carf se pronunció sobre tres propuestas del gobierno que podrían elevar los costos fiscales del Estado. Sobre la reforma a la salud, la entidad dijo que podría implicar una elevación de los costos fiscales de entre 4 y 7 billones anuales por aspectos como costos imprevistos de la atención primaria y por insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones.
El desmonte de los subsidios a la gasolina
El Comité también resaltó como positiva la política de aumento del precio de la gasolina que ha implementado gradualmente el gobierno para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles.
Sin embargo, rechazó la idea que hizo la ministra de Minas, Irene Vélez, de cambiar la fórmula que fija el precio de la gasolina para que no esté atado solamente al precio internacional. “No es la solución para el déficit del Fepc, por el contrario, perjudica a la Nación y a Ecopetrol. Cualquier desviación entre el precio regulado y el precio internacional será asumida por el Gobierno Nacional, de una forma u otra, sin importar la forma en que se contabilice”, explicó el Carf.
La reforma pensional
Sobre la reforma pensional, el Comité de Regla Fiscal recomendó que se reduzca el umbral de ingresos por debajo del cual las personas cotizarían obligatoriamente a Colpensiones de tres salarios mínimos (como dice la propuesta actual) a un salario mínimo. “Entre menos salarios mínimos entren al pilar contributivo de Colpensiones más pequeño va ser el monto de subsidios totales que vamos a pagar y más va a ser el ahorro que vamos a tener”, dijo en Noticias Caracol Andrés Velasco, director técnico del Carf, quien agregó que esto reduciría en cerca de 20% del PIB los costos fiscales de la reforma a largo plazo.
Petro, en cambio, dijo en RCN que si se sube más ese límite, “disminuye el gasto del Estado y por tanto puede disminuir el déficit”. En principio, el pilar de Colpensiones sí recibiría más recursos y el Estado debería inyectar menos dinero para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Según cálculos de Fedesarrollo, con el umbral de tres salarios mínimos, un 80,9 por ciento de las cotizaciones del país irían a Colpensiones. Pero si bien el régimen público administrará más recursos, también tendría que hacer frente a una mayor carga futura para pagar esas pensiones.
Esto sucede porque en el régimen público se pagan las pensiones de los jubilados de hoy con la cotización de los trabajadores actuales. Y si lo que contribuyen los cotizantes no alcanza, el faltante lo pone el Estado. El Carf dice que actualmente, en promedio, cerca de la mitad de la pensión de cada persona en Colpensiones es subsidiada. Al Estado le toca sacar del presupuesto 18 billones de pesos anuales para completar las pensiones de los jubilados actuales. Ese sistema no cambia con la reforma.
A largo plazo, además, el escenario se complicaría porque habrá más viejos a los cuales pagarles una pensión, pero menos jóvenes que coticen para hacer esos pagos. Petro ha dicho que “el cambio demográfico se mitiga con el incremento de la productividad y logrando que haya más cotizantes por superación de la pobreza”. El Carf responde que esas medidas estuvieron incluidas en su estimación.
Mientras se presenta la ponencia de la reforma pensional, el gobierno ya encontró un punto de encuentro con el Comité de la Regla Fiscal sobre la reforma pensional. El Ministro de Hacienda anunció la semana pasada que acogieron una propuesta de la Carf sobre el Fondo de Ahorro que crea la reforma. Esta sería una bolsa para ahorrar una parte de las nuevas cotizaciones de Colpensiones e invertirlas. El Comité de Regla Fiscal propuso que se ahorraran el 100 por ciento de los nuevos aportes, y no solo el 58 por ciento, como lo contempla la reforma. “En la práctica ya hay un acuerdo con el Ministerio de Hacienda”, dijo Bonilla.
