Ha sido una semana vertiginosa para Hidroituango. Sobre la media noche y entre abrazos y lágrimas, el alcalde Daniel Quintero anunció que dos de las ocho turbinas de Hidroituango fueron sincronizadas con éxito al Sistema de Potencia Nacional. Desde el lunes Quintero había dicho que esta semana Hidroituango se “jugaba su propio mundial”.
El trofeo mayor: cumplir con el plazo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le había puesto a EPM para que el proyecto generara energía, que vencía hoy. Y evitar 207 millones de dólares de multa.
Ya en la mañana, y con banderas de Antioquia y Colombia en mano, Quintero posteó una foto junto a trabajadores de EPM para dar otra noticia: XM, el administrador eléctrico, ya estaba informada de que las dos turbinas entraron a operación comercial.
Pero la fiesta de Quintero y EPM estaba aguada desde el principio por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y no está claro que la Creg pueda considerar que se cumplió el plazo.
Las turbinas no van a poder generar energía de manera continua hasta que la población aledaña al proyecto, miles de personas, sean evacuadas. La orden la dio el presidente Petro, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desde principios de noviembre.
Esta mañana Quintero cuestionó esa decisión del presidente. La diferencia entre Petro y Quintero, aliados en las últimas elecciones, y el rol más silencioso del gobernador de Antioquia, marcan las complejas movidas políticas que están detrás del proyecto de generación de electricidad más grande de Colombia.
El Gobierno de la vida que coquetea con el desmonte de la presa
“Hidroituango es el desastre de la ingeniería y de las finanzas más grande de la historia de Colombia”, dijo Petro hace dos años, en medio de los debates que ha generado el proyecto. Esta visión se alinea hoy con la de algunos de los miembros más activos de su proyecto político.
El 16 de noviembre, organizaciones de personas afectadas por Hidroituango levantaron un plantón frente al edificio de EPM en Medellín. Entre ellas estaba “Ríos Vivos”, cuya líder más visible es la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, una política cercana a la ministra de minas Irene Vélez y con una visión sobre los grandes proyectos minero-energéticos similar a la de Petro.
Zuleta es una opositora radical a Hidroituango. “Nosotros hemos pedido que se desmonte. Si no nos van a dar certeza sobre la estabilidad de esa obra y nos van a dejar con la incertidumbre eterna, lo único que podemos pedir es que se desmonte”, le dijo Zuleta a La Silla.
El desmonte de la presa es una propuesta impensable que en este Gobierno recibe alguna consideración. Implicaría echar a la basura cerca de 20 billones de pesos de recursos públicos invertidos en la obra. Y gastar recursos aún no calculados adicionales para una obra de ingeniería quizás igual de complicada a la de levantar la represa de 225 metros. Todo eso, sin entrar a considerar el impacto estratégico de no contar con el proyecto que va a generar el 17 por ciento de la electricidad en Colombia.
Pero para la senadora Zuleta esto impensable es imprescindible, pues se trata de defender cientos de miles de vidas en riesgo. Uno de los principales argumentos de Zuleta es la inestabilidad del macizo rocoso sobre el que está Hidroituango.
Ella piensa que existe la posibilidad de que la montaña se venga abajo, un escenario catastrófico que también ha sugerido Petro. “El embalse puede fallar y podría derrumbar entre 20 y 40 millones de metros cúbicos de material”, escribió Petro en 2019. Se trata de un temor basado en la desconfianza en los estudios técnicos de EPM, que asegura que ese riesgo existe, pero es remoto.
Zuleta, a propósito del plantón frente al edificio de EPM, se fue lanza en ristre contra Daniel Quintero por la falta de respuesta a las comunidades.
No es un asunto sólo de la senadora. Ella tiene llegada en el Gobierno. “Yo en el Gobierno encontré mucha recepción en términos de cuidado de la vida. Hay mucho compromiso por parte de la nueva dirección de la Unidad de Riesgos”, dijo Zuleta, que le ha ayudado a la ministra Vélez a organizar las audiencias públicas de cara a la reforma del Código Minero.
El de la inestabilidad del macizo rocoso fue la razón por la que la Ungrd, una entidad adscrita a Presidencia, ordenó de manera sorpresiva la evacuación de las poblaciones aledañas al proyecto como condición a la prácticas de las pruebas en las turbinas de EPM. Y estuvo precedido por una orden de Petro, que también ha sido un crítico de Hidroituango.
La sintonía entre el Gobierno Petro y la posición de Zuleta también está en los problemas humanitarios en los que está involucrado EPM e Hidroituango.
La JEP citó a la compañía el 6 de diciembre para una audiencia del trámite de medidas cautelares en zonas de influencia del proyecto. Esto por la posible presencia de restos de víctimas de desaparición forzada. En esa audiencia también va a participar Ríos Vivos, la organización de Zuleta, y su solicitud fue hecha por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una ong cercana al senador petrista Iván Cepeda.
Y mientras Quintero esta mañana anunciaba que no fue necesario una nueva prórroga para prender Hidroituango y cuestionaba la evacuación, Petro encabezó en Medellín un acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón a las víctimas por la Masacre del Aro, cometida en 1997 por los paramilitares en Ituango, Antioquia.
Aníbal Gaviria juega al interés superior de Antioquia
Desde el 1 de noviembre Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, le pidió formalmente al Gobierno Nacional intervenir en la Creg para ampliar el plazo del 30 de noviembre. Su argumento principal fue que las pruebas requeridas para el encendido de las turbinas, que empezaron el 5 de noviembre, tomaban más de un mes.
El gobernador, que había tenido roces con el alcalde, y no tiene una afinidad especial con el Gobierno Petro, ha buscado no entrar en conflicto con ninguno de los bandos. En cambio, ha buscado reunir a congresistas de la región para proteger el proyecto y evitar sanciones.
El 11 de noviembre Gaviria convocó a la bancada antioqueña para hablar, entre otras cosas, sobre la nueva prórroga solicitada para Hidroituango. De esa reunión salió una carta en apoyo a la solicitud de Gaviria. Y salvo la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico y opositora radical al proyecto, los congresistas paisas cerraron filas en torno al gobernador. Lo hicieron desde la representante Luz María Múnera, militante del Polo, hasta la uribista Paola Holguín.
En la última audiencia pública sobre Hidroituango en la Comisión Quinta del Senado, Gaviria criticó el manejo público que Quintero le ha dado al proyecto, señalando que ha estado lleno de “estigmatizaciones”. Sin embargo, habló de la necesidad de superar con éxito las pruebas de potencia de las dos turbinas, insistió en la ampliación del plazo del 30 de noviembre y coincidió con la Gerencia de EPM en que la compañía no debía, ante la excepcionalidad de la evacuación preventiva, ser objeto de sanciones.
Este consenso entre Gaviria y Quintero para sacar adelante Hidroituango choca, sin embargo, con su mirada sobre la entrada a la operación comercial. Mientras el alcalde montó un show para mostrar que EPM cumpliría con el plazo de la Creg, el gobernador ayer insistía en que los tiempos no daban para superar con éxito las pruebas y que lo importante es buscar la alternativa para que la empresa no sea sancionada.
Quintero, entre la polarización y la gestión
A pesar de sus críticas a la concepción inicial de Hidroituango, Quintero ha estado dentro del amplio consenso político y empresarial de sacar adelante la represa.
Lo ha hecho explotando políticamente la crisis que empezó en abril del 2018 y lanzando su retórica anti-élite contra los políticos y contratistas que estuvieron en las etapas iniciales del proyecto.
También le dio un sacudón a la Junta Directiva de EPM, nombrando personas cercanas, y está a punto de cumplir con una de sus promesas frente al proyecto: sacar al Consorcio CCC Ituango, que está relacionado con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), su enemigo predilecto. El 1 de diciembre la firma Schrader Camargo S.A.S empieza a operar como el principal contratista para la terminación de la primera etapa de Hidroituango.
“Después de todas las vicisitudes técnicas, jurídicas, sociales y financieras que ha tenido el proyecto, hoy por fin vemos un Hidroituango nuevo”, le dijo Esteban Restrepo, que está en el sonajero de Independientes para la Gobernación de Antioquia, a La Silla.
De salir airoso de la auditoría de XM, que daría todas las condiciones para evitar la sanción de la Creg, se anotaría un gran punto de cara a las regionales del 2023 como el responsable de sacar adelante un proyecto billonario, impulsado por la élite paisa, que estuvo a punto de irse a bajo.
Pero también es una mano que le puede jugar en contra. Quintero pasó de utilizar la orden de evacuación de Petro para justificar la necesidad de una nueva prórroga de la Creg, a criticarla públicamente. Y el primer simulacro de esa evacuación, organizado por EPM, fue un fracaso que generó protestas.
Los roces de Quintero con el Gobierno también se dieron por el lado de la ministra de Minas. Vélez desmintió las advertencias de Quintero en las que aseguró que si Hidroituango no prendía “no hay energía el año entrante”.
Se trata de diferencias que le apuntan al corazón ideológico del petrismo —la política energética—, y empiezan a resquebrajar la unidad progresista que Quintero e Independientes quieren liderar en 2023 para Antioquia. Sobre todo, a la sombra de una decisión aún no despejada sobre si EPM será multada, y si lo es, sobre quién es responsable: la demora de Quintero o la insistencia en la evacuación del Gobierno Petro.
