El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, empieza el año con optimismo. Sostiene que la inflación seguirá cediendo en el 2024, el Banco de la República tomará nota y seguirá bajando la tasa de interés y las turbinas económicas de la construcción de vivienda y las obras de infraestructura empezarán a recomponerse.
Pero las alertas siguen encendidas. Múltiples organismos internacionales, como la Cepal y el Banco Mundial, proyectan un crecimiento económico para el 2024 inferior al 2%, cifras por debajo del promedio de crecimiento de la región. Y en el retrovisor está el decrecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2023 (-0,3%), con la construcción, la industria y la inversión privada en caída libre.
En respuesta, según dice Bonilla en entrevista para La Silla Vacía, el gobierno Petro alista un paquete de proyectos de inversión que le dé un nuevo aire a una economía en desaceleración. Lo hace con la fuerza de un presupuesto de inversión histórico, pero con los reveses que ha sufrido la reforma tributaria del 2022 en la Corte Constitucional y las dudas sobre la capacidad del gobierno para recaudar, ejecutar y cumplir con la regla fiscal.
La Silla Vacía: ¿Cómo van a utilizar el músculo de la inversión pública, potenciado con los efectos de la reforma tributaria del 2022 y un abultado presupuesto general?
Tenemos aprobado el presupuesto más alto de la historia. Son 99 billones de pesos para inversión. La reunión de planeación con el presidente fue, precisamente, para que todos los ministerios pudieran identificar cómo empezar a ejecutar esa inversión desde enero. Todos queremos tener más claridad sobre dónde están esas obras, sus estados de avance y factibilidad. Esa es la mayor preocupación del presidente.
Las obras de inversión no salen del sueño de un día. Tienen un proceso acumulado e identificarlas claramente nos va a permitir arrancar temprano con la inversión. El fuerte siguen siendo las obras civiles, la construcción de vivienda, conexión digital y comunidades energéticas.
En la reunión estratégica de fin de año, el presidente criticó al gabinete por la falta de proyectos de inversión en las regiones más pobres del país. ¿Cómo resolvieron ese cuestionamiento?
No se ha hecho un esfuerzo por abrir el espacio de inversiones en las regiones más apartadas. Identificamos que existe una elevada concentración de la inversión en 3 o 4 regiones. Está concentrada en el triángulo de oro (Bogotá, Medellín y Cali), más Barranquilla y Bucaramanga.
La reunión dejó claro que las entidades tienen que identificar los recursos que van a invertir en las regiones más apartadas, como el Pacífico y La Guajira. La solicitud del presidente fue identificar los proyectos que están en curso y pueden ser financiados por las entidades del gobierno. El Ministerio de la Igualdad, a través del Viceministerio de Territorios, ha adelantado una parte de este trabajo.
Por ahora, hay un borrador que identifica esos proyectos relacionados con vías terciarias, integración digital, comunidades energéticas, acueductos y esquemas de viviendas. Tenemos claro que las inversiones en las zonas más apartadas del país siempre han sido marginales. El borrador no hizo parte del Decreto de Liquidación del Presupuesto, pero el presidente está interesado en que lo terminemos de construir.
Desde Antioquia, “Fico” Gutiérrez y el gobernador Rendón se sienten castigados por su abierta oposición al gobierno Petro. ¿Los proyectos de Antioquia quedaron desfinanciados?
No estamos castigando a nadie con el presupuesto. En Antioquia, la Nación tiene compromisos en materia de vigencias futuras y los vamos a cumplir. Pero es claro que, en materia de transporte, más del 20% de las vigencias futuras que se van a ejecutar en el 2024 y en el 2025 están concentradas en este departamento. Si le sumamos Bogotá y Barranquilla, da alrededor del 30%. El resto debemos repartirlo entre todo el país. Hay un desbalance en la inversión. Lo que estamos pidiendo es más espacio para llevarla a las regiones más apartadas.
¿Cuáles serán las principales palancas para darle un nuevo impulso a una economía en plena desaceleración?
Las palancas siempre están del lado de la construcción. El resultado del PIB en el 2023 nos mostró que las vías 4G se acabaron. Sólo quedan las que están declaradas siniestradas, pero sus recursos están en fiducias y las obras no están en curso. Y este año arrancan las 5G.
El PIB mide sobre todo las 4G y las 5G, pero no mide tanto la construcción de vías secundarias y terciarias, en las que el gobierno va a dirigir sus esfuerzos. Estamos preguntando cómo hacemos para que eso también se mire. Si sólo queremos mirar 4G y 5G, nos encontramos que están concentradas en Antioquia. Y la pregunta es, ¿no necesitamos vías terciarias en Nariño y en La Guajira? Incluso en Antioquia y Cundinamarca, donde los municipios más distantes las están pidiendo.
¿Y la construcción de vivienda?
La vivienda es el segundo componente de la reactivación económica. El Estado pone los subsidios, los privados hacen las construcciones y las entidades financieras y los compradores concretan los cierres financieros.
Hasta noviembre del 2023, el Estado entregó más de 50 mil subsidios de vivienda y en diciembre se debieron completar 70 mil. Sin embargo, esos subsidios sirvieron para reducir inventarios, no para arrancar obras nuevas. Eso quiere decir que, en el 2024, al reducirse el inventario en el mercado, es hora de que se comience a construir. La política es: el Estado sigue poniendo los subsidios, pero no pueden ser sólo para reducir inventarios. Tienen que ir dirigidos a viviendas nuevas.
Las elevadas tasas de interés fueron uno de los temas más complejos para el mercado de la vivienda. Llevaron a un número grande de desistimientos por parte de los compradores. Con la nueva tendencia de reducción de las tasas, debemos garantizar que los compradores tengan mejor acceso al cierre financiero para adquirir vivienda.
Es decir, seguir convenciendo a la Junta Directiva del Banco de la República para que baje la tasa de interés será clave.
Sigue siendo importante. Con el dato que sale esta semana, la inflación en Colombia lleva 10 meses bajando. Eso significa que la tendencia se ha ido consolidando y que estamos en una senda lenta, pero segura, en la reducción de la inflación. Si no hubiéramos aumentado el precio de la gasolina, la reducción de la inflación hubiera sido más rápida.
La expectativa es que cerremos el año con una inflación de alrededor del 5%. Y que con ese panorama, las tasas de interés sigan bajando.
El mensaje del Banco en diciembre fue importante. Fueron 25 puntos, pero mantiene una diferencia entre la inflación y la tasa de intervención de más de 300 puntos. Yo creo que los miembros del grupo mayoritario de la Junta van a seguir mirando esa brecha. Van a ir ajustando a la baja, manteniendo una cierta distancia con la inflación.
¿Por qué decidieron finalmente no aumentar el precio del diésel para este año?
El presidente nos pidió mirar el tema con más calma por su efecto en la inflación. La medida tiene impactos indirectos en los precios del transporte masivo y en los alimentos. Justo cuando vamos a enfrentar un nuevo fenómeno de El Niño. La mitad del hueco del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible quedó resuelto con los aumentos en el precio de la gasolina. Nos falta cerrar el que deja el diésel, pero lo haremos con más tranquilidad.
Con los gremios transportadores no estamos solamente discutiendo el aumento del precio del combustible. También estamos pensando en un proceso para transformar el parque automotor, porque el diésel es uno de los combustibles más contaminantes del mercado.
Usted ha dicho que con la vivienda y las obras civiles a todo vapor, la industria también crecerá. ¿Ese hipotético círculo virtuoso es suficiente para levantar la cabeza de un deprimido sector industrial?
Ese círculo virtuoso no es suficiente. Pero es importante. Si uno reactiva vivienda y reactiva obras civiles, evidentemente se reactiva toda la actividad de materiales de construcción. Eso tiene un impacto minero y otro industrial. Con minería me refiero a materiales como la gravilla, empleados en la construcción. Y también dinamiza una parte de la industria, esencialmente la siderúrgica metalmecánica, que es la que más participa allí.
Pero hay otras áreas de la industria que debemos dinamizar. Es importante que la inversión privada también se articule. En Colombia, el 80% de la actividad económica es privada y el 20% es pública. Si no articulamos la actividad privada, la inversión del Estado no será suficiente. El Estado interviene, da unos pasos, pero la inversión privada tiene que llegar también.
Y en este gobierno, la industria nacional sigue desapareciendo. ¿Cómo contener esa trayectoria y reindustrializar el país, una de las principales banderas del gobierno?
Las bases para la reindustrialización están planteadas, pero necesitamos de la confluencia de la inversión privada, nacional y extranjera.
El gobierno está interesado en ir a diferentes eventos internacionales para mostrar al país y venderlo no sólo con turismo, también con industria. Existen varios proyectos a la expectativa de que sean desarrollados. Por ejemplo, Renault está interesada en convertir sus plantas y empezar a ensamblar vehículos eléctricos en el país.
¿Los programas de transferencias también entran en ese paquete para reactivar la economía?
Estos programas ayudan a reactivar la demanda. El país pobre puede combatir efectivamente el hambre y acceder a unos recursos con los que puede contribuir a la demanda.
En el Congreso avanza una reforma laboral que aumenta los costos para contratar en beneficio de los trabajadores formales. ¿Esa es la reforma que el país necesita en medio de una desaceleración económica y fuerzas que empujan a una mayor tasa de desempleo?
El proyecto busca cumplir con los acuerdos internacionales firmados por Colombia en materia laboral. ¿Por qué firmamos una serie de acuerdos internacionales y cuando pedimos que se cumplan todo el mundo pone el grito en el cielo?
Nos ponemos felices firmando acuerdos con la Ocde, incluso tratados de libre comercio, en los que nos comprometemos con las normas laborales, pero luego no las cumplimos. ¿Es una doble moral?
Sin embargo, a la reforma laboral le falta un complemento en la generación de empleo. Eso lo tenemos claro.
El presidente abrió la puerta para reducir el impuesto de renta a las empresas y aumentarlo a las personas naturales. ¿Van a proponer una nueva reforma tributaria bajo esa premisa?
Buscamos establecer una senda progresiva de descenso de la tasa de renta corporativa. La propuesta es recuperar un artículo que se perdió en la reforma del 2022. En Colombia, las empresas o personas jurídicas tributan más del 85% del impuesto de renta. Eso no es lo normal. En los países de la OCDE, las personas naturales entregan alrededor del 75% del recaudo del impuesto de renta y las personas jurídicas entregan el 25%. En Colombia es al revés.
El objetivo es, efectivamente, que se empiecen a nivelar las cargas. El objetivo sí es llegar allá. Es decir, queremos desarrollar la actividad productiva, con reglas de juego claras y con una tributación más baja para las empresas. Eso implica concentrarse en actividades productivas y excluir aquellas que no lo son.
En su alocución de fin de año, el presidente Petro mencionó la presentación de la reforma sobre la ley a los servicios públicos. ¿El espíritu de la reforma será, como lo planteó el presidente, crear unas reglas para que los actores privados del mercado de la energía no “especulen” con sus precios?
La expectativa es, efectivamente, que a los consumidores no se les siga trasladando los altos precios de la energía. Es lo que hacen los comercializadores que tienen que comprar a precios muy altos en la bolsa, y que no logran entrar al mercado.
El Ministerio de Minas está trabajando para ver cómo reducir ese impacto y resolver lo que tenemos heredado de la opción tarifaria. En el mediano plazo, con la construcción de las comunidades energéticas, la expectativa es que comiencen a desarrollarse actividades de autogeneración de energía.
¿La reforma tributaria territorial busca subir los recaudos municipales? ¿Los alcaldes van a poder cobrar más impuestos?
Esto se va a demorar más. Hay una misión de descentralización que está trabajando sobre el tema. Debe empezar a entregar propuestas. Es el momento de hablar con los gobernantes locales. Saber para dónde van y discutir cómo sería el régimen de descentralización.
Lo que sí vamos a revisar es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). La reforma tributaria del 2016, de orden nacional, creó el formulario único de declarantes del ICA. Con eso, esperaban que se resolvieran todos sus problemas administrativos. Pero las dificultades con este impuesto siguen existiendo. Las frecuencias para presentar la declaración del ICA no son iguales en todos los municipios, el régimen de retención en la fuente no es igual para todos. Eso vamos a revisarlo.
¿Van a intentar reformar la regla fiscal a través del Congreso?
No. Estamos interesados en abrir un debate académico, sereno, tranquilo, sobre lo que hay detrás de la regla fiscal. No es lo mismo mantener la regla fiscal en un país con bajo crecimiento que en un país con alto crecimiento. Usted con alto crecimiento no se preocupa por ese tema, pero con bajo crecimiento sí, porque está en los límites.
