Es el sector cuya reactivación más se necesita, pero es también el que representa más problemas para cuando se flexibilice la cuarentena.
El sector de la construcción se prepara desde ya para salir de la cuarentena el 27 de abril. Es el sector cuya reactivación más se necesita para la economía, pero es también el que representa más riesgos para disparar el contagio.
La Silla Vacía supo que Camacol hizo un lobby duro ante el Presidente Iván Duque para que el sector pudiera reanudar sus labores; al mismo tiempo, el Gobierno comenzó a revisar -desde antes que prolongara la cuarentena el 14 de abril- cómo reactivar ciertos sectores porque tanto en el gobierno nacional como en el distrital hay cada vez más conciencia de que no hay forma de mantener durante muchos días más la actual cuarentena sin que la gente comience a pasar hambre, se dispare la delincuencia y los problemas de violencia doméstica.
Duque ordenó al Ministerio del Interior iniciar la redacción del decreto de apertura, que según supo La Silla, ya está listo.
Dada la contribución económica de la construcción a la economía, es uno de los ocho sectores que el gobierno piensa ‘liberar’ una vez termine la cuarentena actual el 27 de abril. Otros sectores como el maderero y el de confecciones también estarían en la lista, que según supo La Silla, revelará el presidente Duque la semana que viene.
El Gobierno incluyó la construcción entre los sectores para reabrir actividades porque es uno de los caminos más expeditos para que los sectores más pobres comiencen a generar algún ingreso.
La construcción de edificios, según datos de Camacol, ocupa 1,6 millones de empleos directos y otros 1,7 millones de empleos indirectos, lo que equivale al 14 por ciento de la mano de obra del país.
Hoy en día, se están construyendo unos 1900 proyectos de vivienda y hay 7,8 millones de metros cuadrados en construcción de proyectos no residenciales, inversiones que según el mismo gremio equivalen a 9 puntos del PIB.
El Gobierno sacó un protocolo de bioseguridad que las empresas constructoras deben cumplir para comenzar operaciones.
Se llama el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra, diseñado por Camacol, y cada constructora debe radicarlo especificando las medidas que va a tomar para evitar el contagio.
Se trata de un protocolo bastante estricto, que exige desde tener lavamanos disponibles para todos los trabajadores y jornadas de desinfección periódicas de toda la obra hasta normas de distanciamiento físico para que los obreros se mantengan a dos metros de distancia de los demás, lo que obliga a los proyectos a trabajar con menos empleados de los que necesitan y a ir más lento de lo previsto. El plan es que todos los obreros deben usar tapabocas y caretas en acrílico o acetato, y además, debe haber un control de temperatura de los empleados a la entrada y salida.
En algunas regiones, como Santander, Camacol está centralizando las compras de caretas, tapabocas y alcohol para garantizar que todas las obras las tengan.
La Silla Vacía confirmó con cuatro constructores, dos grandes y dos medianos, y todos se estaban preparando para arrancar labores el 27, estructurando el protocolo de bioseguridad que propuso el ministerio de Vivienda.
La ejecución del protocolo representa un costo adicional para los proyectos, que se suma al mayor tiempo que durarán en terminar las obras.
Camacol le dijo a La Silla Vacía que es difícil cuantificar el impacto de estas medidas en el costo directo por obra porque hay unas más costosas que otras, pero los elementos de protección por trabajador costarán entre 40 y 50 mil pesos mensuales.
La Silla revisó el presupuesto del protocolo de bioseguridad de una obra de la constructora VC de apróximadamente 100 personas, y representaba un sobrecosto al salario mínimo del 30 por ciento.
A lo que hay que sumarle el impacto en la productividad de la obra, porque no es lo mismo trabajar con 100 empleados que con 30 al mismo tiempo.
“Podría ser un dos por ciento de los costos de cada proyecto y como uno ya tiene vendido las viviendas al cliente no se puede recargar porque se retiran o desisten”, dijo a La Silla Vacía Fredy Quintero, uno de los dueños de la constructora Odicco, una de las más grandes de Norte de Santander. “Es obvio que así sea costoso es algo bueno para todos”.
El riesgo
A pesar del beneficio que traerá para la economía abrir el sector de la construcción, incluirlo entre los 8 de los 24 sectores económicos que serán liberados es el que ha generado más polémica al interior del Gobierno por los riesgos que puede representar para el contagio.
“Preocupa la movilización de la gente de un lado para otro”, dijo a La Silla el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. “La mayoría de obreros viviendo en Soacha con obras para hacer en Usaquén no aguanta. El punto más delicado de todo esto es el transporte de los trabajadores”.
Ya Transmilenio en Bogotá dijo que sólo operará con el 35 por ciento de capacidad para poder garantizar el aislamiento físico recomendado, con lo cual a varias constructoras les tocará disponer buses para recoger a sus obreros, o hacer un esfuerzo y contratar gente que viva cerca a las obras y pueda llegar en bicicleta.
En Santander, Camacol estima que entre el 70 y el 80 por ciento de los trabajadores llegan en bicicleta y motos a las obras, con lo cual allá no habrá tanto problema.
Aunque la idea es que en todas las ciudades se flexibilicen los turnos de las obras para evitar horas pico en el transporte público.
En Bogotá, según dijo la alcaldesa Claudia López, el Distrito les pedirá a las empresas un listado de las personas que van a trabajar con los protocolos de cuidado.
En la práctica, verificar esos listados, la aplicación del protocolo de bioseguridad en cada obra y que los obreros vayan solo de la obra a la casa será difícil, por lo que las constructoras tendrán una responsabilidad gigante en evitar que sus obras se conviertan en un foco de contagio.
