Una deuda de la campaña del gobernador de Santander, Didier Tavera, ocasionó una denuncia en la que se detallan prácticas presuntamente irregulares de esa administración y la injerencia que tendría Martín Tavera en el Palacio Amarillo.
Una deuda de la campaña del gobernador de Santander, Didier Tavera, sacó a la luz una alianza política de la que hasta ahora se conocían pocos detalles en la región.
Tiene que ver con los Saavedra-González, una misma que tuvo candidato a la Asamblea en la lista liberal hace tres años, y que se quedó con toda la contratación de los seguros en siete entidades públicas regionales desde que Tavera llegó al poder.
La pita se reventó por el lado más delgado.
La semana pasada fue radicada en la Fiscalía una denuncia contra el excandidato rojo Javier Saavedra por presunta estafa.
En ella, su hermano Alexander Saavedra le cobra, entre otros, un préstamo que habría sido entregado para meterle plata a la recta final de la campaña de Tavera en 2015.
Según se relata en el documento, el dinero -que no fue reportado en la contabilidad oficial de la campaña- le habría sido entregado directamente a Martín Tavera, tío del Gobernador y el hombre más poderoso de ese clan, con la promesa de que sería retornado una vez esa familia estuviera en el Palacio Amarillo.
También se detalla que el mandatario y su familia estarían entregando contratos para pagar favores políticos, y se habla de que Javier Saavedra, además de los relacionados con los seguros, habría estado detrás de uno por $2.500 millones que la Secretaría de Salud suscribió el año pasado para prevenir la ceguera en Santander.
El préstamo
Los hermanos Javier y Alexander Saavedra Núñez son dos empresarios que en los últimos tres años pasaron de ser casi desconocidos en los círculos de poder de Santander, a estar en medio de un entramado que puso los reflectores de la Fiscalía sobre la familia Tavera.
Ambos, junto a su mamá Gloria Núñez, son los propietarios de Mundo Novia en Bucaramanga, y del Grupo Inmobiliario de Santander, una empresa que nació en 2010 para comercializar propiedades.
El primero en hacerse visible de esa familia fue Javier Saavedra, quien, como contamos, llegó como recomendado de la casa Tavera al sexto lugar de la lista cerrada que presentó el liberalismo a la Asamblea en 2015, después de una puja que fue pública en esas elecciones.
Su relación con la familia del Gobernador nace porque es su vecino en Ruitoque Condominio (un exclusivo sector del área metropolitana de Bucaramanga) y su esposa Sandra González Greco, es amiga personal de Karina González, la esposa de Martín.
Aunque al final la apuesta electoral de Saavedra a la Asamblea fracasó porque los rojos solo alcanzaron dos de las siete curules a las que aspiraban, su entrada a lo público no se desvaneció.
La razón estaría, según la denuncia que está manos de la Fiscalía, en que le puso plata a la campaña de Tavera en 2015 a través de un préstamo por $350 millones que le hizo su hermano Alexander Saavedra.
El destino de la plata, detalla el documento, eran “las campañas “Álvaro Javier Saavedra Asamblea 2.016-2.019” y “Didier Tavera Gobernador 2.016-2.019”” y habría sido entregado por el entonces candidato a la Asamblea a “Martín Tavera, tío del actual Gobernador de Santander, quien administró dicho aporte…”.
Además, el retorno se habría pactado “una vez obtuviera su curul como diputado Álvaro Javier Saavedra o, en su defecto, cuando estuviera posesionado Didier Tavera como Gobernador de Santander.”
Pero como a tres años de las elecciones y pese a que Tavera se montó en el poder, Javier no le devolvió la plata a Alexander, se reventaron las relaciones familiares.
La disputa por la plata escaló tanto, que un año después de la posesión de Didier Tavera y ante los insistentes requerimientos de Alexander para la devolución de su dinero, el excandidato a la Asamblea firmó un documento prometiéndole que le saldaría la deuda de campaña.
En él, se habla de que parte de su pago dependería de que una persona llamada María Smith, que, según la denuncia, era el “seudónimo con el que Álvaro Javier Saavedra conocía a Martín Tavera”.
Lo más llamativo de la denuncia inicia después, cuando Alexander Saavedra relata que su hermano le hablaba de que le iban a entregar contratos en la administración de Tavera por orden de Martín.
“Mire que ya Martín ordenó en la Gobernación esos contratos para mí y le pago lo de las campañas con los rendimientos apenas me desembolsen”, es una de las frases que se citan textualmente en el documento entregado a la Fiscalía.
Los contratos de los seguros
Tras las elecciones de 2015 inició una bonanza sin precedentes para Javier Saavedra.
Pese a que hasta ese año no había figurado en el universo de la contratación, entre agosto de 2016 y agosto de 2018 tuvo una racha y se ganó todos los contratos para intermediar la compra de seguros de siete entidades del departamento.
Lo hizo a través de G&G seguros, empresa que para entonces tenía como actividad principal de esa familia la comercialización de vehículos y que es representada por Sandra González Greco.
A solo tres semanas de la posesión de Didier Tavera en la Gobernación de Santander y cuando aún faltaban al menos seis meses para que se conocieran los términos de referencia de los primeros procesos que más adelante ganarían, G&G cambió sus estatutos y amplió su objeto, se capitalizó bajo el argumento de que “las futuras contrataciones” lo demandaban, y extendió su vigencia -la aumentó 5 años- bajo el argumento de que ese era un requisito para contratar en el sector público.
Sobre esa coincidencia González dijo: “Empezamos a presentarnos porque para el 2016 empecé a trabajar con una persona con experiencia en seguros y estaba capacitado para presentarse en licitaciones, esa es la razón”.
En todo caso, en adelante la empresa de una de las amigas cercanas de la esposa de Martín Tavera, cuyo esposo había sido candidato del Partido Liberal a la Asamblea por la línea de esa casa política, inició una vertiginosa carrera como intermediadora de seguros en Santander.
En 2016 se ganó la de la Gobernación de Santander, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, y la del Instituto de Desarrollo de Santander, Idesan; en 2017 se quedó con la del Hospital Universitario de Santander, HUS y la Corporación Autónoma de Santander, CAS; y en 2018 la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas, se la adjudicó.
En todas esas entidades el Gobernador tiene injerencia.
En las UTS el rector es Omar Lenguerke, esposo de su prima Madga Judith Morales Tavera: en Empas la gerente es Nury Espinoza, esposa de su tío Nelson López Rodríguez; y en las demás fue el que designó o participó en la designación del respectivo director.
Todos esos contratos (salvo el de la CAS) se suscribieron con entre tres y cuatro años de plazo de ejecución, y de los seis que se sometieron a concurso (Empas por ser una empresa de servicios públicos lo entregó directamente), tres se adjudicaron en procesos de único oferente: la Gobernación, el HUS, la CAS.
En todos el común denominador fueron las denuncias porque las entidades pidieron condiciones de experiencia y establecieron factores de puntuación tan específicos, que habrían terminado favoreciendo a G&G y los consorcios que armó
De hecho, La Silla conoció copia de una denuncia que fue radicada en la Procuraduría en agosto pasado donde se acusa directamente a esas entidades de confeccionar los pliegos para favorecer a G&G y a Corredores Colombianos de Seguros, Correcol, que es su socio en los contratos de la Gobernación, la Cdmb, el HUS y las UTS.
En ella, al igual que en las observaciones de los procesos se detalla que las condiciones de experiencia y personal fueron tan restrictivos que ocasionaron que la participación fuera poca y siempre terminara ganando el mismo, pese a lo común del objeto.
Sandra González le dijo a La Silla que esas afirmaciones no eran ciertas, que en todos los procesos en los que se presentó hubo garantías y que prueba de ello es que varios cerraron más de un oferente, y el gobernador Tavera no nos respondió.
Pero más allá de eso, lo particular es que como está planteada la denuncia, la expectativa de Alexander era que su hermano le devolviera la plata con las utilidades de esos contratos porque si se los habían entregado era gracias a su préstamo.
Eso no pasó.
“Los seguros no dejaron ni para la papelería porque tocó repartir el dinero entre tres socios…”, “no tengo ese dinero para pagarle todavía Alex porque de los seguros a mí apenas me pagaron una comisión de intermediación…”, dicen algunas de las citas de la denuncia.
Además, hay una relevación en adicional en el documento en poder de la Fiscalía y está en un contrato que hasta ahora había pasado debajo del radar.
El plan de la ceguera
Se trata del que suscribió en octubre del año pasado la Secretaría de Salud de Santander, con el fin de prevenir la ceguera en el departamento.
Ese contrato suele hacerse anualmente en Santander, básicamente está enfocado en la detección temprana de ceguera ocasionada por diabetes o glaucoma, y es financiado con recursos que autoriza directamente el Ministerio de Salud.
Aunque normalmente la prevención de la potencial discapacidad por glaucoma y por diabetes se contrataba por aparte en el departamento, el año pasado la Gobernación decidió unificar los procesos y eso obligó a los interesados a consorciarse.
El proceso, pese a que tuvo observaciones de varios contratistas interesados en pujar, cerró con una única oferta.
Fue la entregada por la Unión Temporal Santander sin Ceguera 2018, que estuvo integrada por tres firmas: Fundación ver sin fronteras (tenía el 50 por ciento y es de propiedad de Jorge Luis Pongo), Rueda médicos asesores Ltda (tenía el 45 por ciento) y Juan Carlos Rueda Galvis (tenía el 5 por ciento restante y también es dueño de Rueda médicos asesores).
La Silla habló con tres fuentes del sector médico y todas coincidieron en que los dos son reconocidos por sus respectivas especialidades.
Mientras que Rueda Galvis es quien había ejecutado el contrato para el glaucoma desde 2007, Pongo ya había hecho el de retina en 2016 en la administración de Tavera.
Pero lo llamativo es el que habría sido el tras bambalinas de la ejecución de ese programa.
Alexander Saavedra detalló en su denuncia que encontró que su hermano “ejerció el control financiero” del contrato, y que lo supo porque todos los documentos estaban en un computador de la sociedad inmobiliaria que aún comparten.
El documento más revelador dentro de las pruebas es que su mamá, Gloria Núñez, aparece como una de las administradoras de la cuenta bancaria de la unión temporal pese a que ella no tiene relación alguna con la ejecución del contrato.
Al respecto, Juan Carlos Rueda, el representante legal de la Unión Temporal, le dijo a La Silla que Núñez fue designada para manejar esa cuenta por su socio Jorge Luis Pongo (representante legal de la Fundación Ver sin Fronteras), pero que desconocía el motivo.
Cuando le preguntamos a Núñez por su aparición, primero nos negó que estaba en los documentos. Cuando le respondimos que teníamos certeza de que era ella, cambió la versión y dijo que su delegación obedecía a que “el doctor Pongo viaja mucho”. Luego pidió que la llamáramos “en una hora” porque se encontraba manejando, pero después apagó el celular y no volvió a contestar.
Además, en las pruebas que Saavedra le entregó a la Fiscalía también relaciona varios documentos de excel que supuestamente probarían una doble contabilidad.
La Silla los revisó y encontró que por lo menos en lo que tiene que ver con los ingresos, las fechas coinciden exactamente con los desembolsos de la Gobernación a la Unión Temporal.
En esos mismos documentos, además se relacionan pagos por varios millones a nombres que también coinciden con los de funcionarios de la administración o familiares de Tavera.
Por ejemplo, aparecen ítems como:
- – “Abono Alejo”. El secretario de Salud se llama Luis Alejandro Rivero y se relacionan pagos por $40 millones.
- – “Abono Salvador”. El exsubsecretario de Salud y primer supervisor del contrato se llama Salvador Rincón y se relacionan pagos por $55 millones..
- – “Gober” con una relación de pago de $100 millones.
- – “Martín”. El tio de Gobernador se llama Martín Tavera con una relación de pago de $10 millones.
- – “Edwin TOOLS”. El representante legal de Tool S.S, la auditoría que se encarga de autorizar los pagos de ese contrato se llama Edwin Dizzett Navarrete. Aparece con una relación de pago de $1,6 millones.
Que las personas sean las mismas que trabajan con Tavera no pudimos probarlo, y cuando les preguntamos lo negaron o no contestaron.
Salvador Rincón, quien a finales del año pasado renunció a su cargo porque quiere ser el candidato del Partido Liberal a la Alcaldía de Floridablanca, le dijo a La Silla que el programa se ejecutó “siguiendo todos los lineamientos legales” y negó cualquier manejo irregular del contrato o conocer a Javier Saavedra.
Intentamos hablar con Javier Saavedra para pedirle su versión, así como con el gobernador de Santander, Didier Tavera, y con su tío Martín Tavera, pero ninguno respondió los mensajes pese a que les explicamos el motivo por el que los estábamos buscando.
Similar fue el caso de Luis Pongo, quien se encontraba fuera del país, no respondió los mensajes que dejamos en su empresa para hablar con él o un delegado, ni el correo electrónico que le enviamos desde el lunes en la noche con las preguntas.
Con el secretario Luis Alejandro Rivera no fue posible hablar porque está hospitalizado.
Por su parte, Juan Carlos Rueda, el representante legal de la Unión Temporal, le dijo a La Silla que él solo ejecutó lo que tenía que ver con la especialidad de glaucoma, que desconocía los detalles de la ejecutada por Pongo y que no sabía de manejos irregulares en el contrato.
“Cada uno pasaba su relación de pacientes por aparte. Y luego la Gobernación revisaba y pagaba”, explicó.
El contrato fue pagado en su totalidad en diciembre pasado, porque la auditoría externa Tool S.S -que ha sido criticada por la Contraloría debido a tiene total autonomía para definir los pagos que hace la Secretaría de Salud-, validó la información y dijo que todo se había ejecutado de acuerdo a lo pactado, algo que la Fiscalía deberá entrar a investigar.
Como en la denuncia Alexander Saavedra también pide que lo llamen a ampliar la versión, lo que queda claro es que hasta ahora inicia el episodio.
Falta ver cómo toca a Tavera, quien con este, le suma un nuevo escándalo de presunta corrupción a su administración.
