Hay seis proyectos para regular el servicio de transporte prestado por carros particulares. El Ministerio de Transporte dice que respalda a todos pero no apoya a ninguno.
Una de las pujas clave que habrá en el Congreso este semestre legislativo es la regulación de las plataformas de transporte como Uber, Didi y Beat, un negocio que tiene como gran contradictor al sector de los taxistas y que ha cobrado importancia en tiempo de confinamiento obligatorio.
Ya se han radicado cinco proyectos en la Cámara y uno en el Senado, de diferentes grupos políticos y con diferentes visiones de lo que deberá ser esa reglamentación.
El Gobierno, a pesar de que en la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, anunció en su agenda legislativa un proyecto para en ese sentido, no ha avalado ninguna de las iniciativas radicadas y en el Ministerio de Transporte nos descartaron que vayan a presentar una propia.
Por eso es, al menos por ahora, el gran ausente del debate.
Y mientras esta puja se da en las salas de Zoom del Congreso, por fuera, grupos de presión de taxistas (divididos entre apoyar una regulación o exigir que las plataformas sigan siendo catalogadas como ilegales) y de las mismas aplicaciones, que hace unos meses crearon un gremio propio, hacen lobby para apoyar la propuesta que más se ajuste a sus intereses y frenar o modificar los puntos que no les favorezcan.
Lo que está en juego en esta carrera no es solo el futuro del negocio del transporte urbano individual, sino también lo que pasará con otras aplicaciones que funcionan hoy para domicilios, como Rappi o turismo, como Airbnb.
La puja de proyectos
La mayoría de los proyectos, salvo uno del senador del Polo Jorge Enrique Robledo, parten de reconocer que se puede prestar un servicio público en carros particulares, pero ponen distintas condiciones para hacerlo.
Y se pueden clasificar en tres categorías:
El que cambia poco: es justamente el de Robledo, pues, según el mismo congresista dijo a La Silla, no representa mayor novedad frente a lo que está en la ley hoy: “Uber tendría que constituirse en una empresa de transporte”, nos dijo y sus carros tendrían que pedir cupos y cumplir las demás condiciones de los taxis o del servicio especial (como los carros blancos). También incluye un límite al porcentaje que pueden cobrar las plataformas por intermediar entre conductores y pasajeros. Solo podrían cobrar cinco por ciento cuando algunas plataformas cobran hasta un 30 por ciento.
Los que legalizan Uber, pero con restricciones: en este grupo están los proyectos de los senadores Álvaro Uribe (CD) y Rodrigo Lara (Cambio Radical), otro del representante Edwin Ballesteros, también del Centro Democrático, el del representante conservador Ciro Rodríguez y el del representante Carlos Acosta de Colombia Justa Libres. Las iniciativas permiten prestar servicio público de transporte pero algunos (como el de Ballesteros y el de Uribe) obligan a cada conductor a constituirse como empresas, o ponen límites a cuántos carros pueden circular prestando el servicio bajo esa modalidad.
(Dele clic en el recuadro de abajo si quiere conocer más detalles de este grupo proyectos, que son la mayoría)
Los de Uribe y Ballesteros ponen como condición para que los particulares puedan prestar el servicio que constituyan una empresa, tanto los conductores como las aplicaciones.
Además ponen restricciones al número de carros particulares que pueden poner el servicio, que deben ser definidas por las autoridades locales. El de Uribe, dice que solo se podrán dar permisos para este servicio a un número de carros que no supere el 10 por ciento de los taxis registrados en la respectiva ciudad. Así, una ciudad como Bogotá que tiene 54.695 mil taxis solo podría tener 5.469 carros particulares funcionando con Plataformas.
También ponen restricciones a las tarifas: El de Ballesteros prohíbe las tarifas dinámicas y el de Uribe y Lara dice que los particulares deben manejar la misma tabla de tarifas de los taxis.
El de Uribe, además, pone a las plataformas a pagar el 10 % de sus ingresos por los transportes para crear un fondo que servirá para construir infraestructura para los taxistas, como bahías y zonas de parqueo, y hacer campañas de publicidad para los amarillos.
El del representante conservador, Ciro Rodríguez, que no obliga a las plataformas ni a los conductores a convertirse en empresas, pero limita a que solo puedan prestar servicio público en el “nivel de lujo”, y pone al Ministerio de Transporte a reglamentar el tema.
Y el del partido cristiano Colombia Justa Libres, liderado por el representante a la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, que califica el servicio de transporte en carros particulares como un servicio privado, por lo que tendría que seguir pagando IVA. No los obliga a registrarse como empresas de transporte pero sí a registrarse, y a contratar más seguros contra accidentes para proteger al conductor y a los pasajeros, a las plataformas a crear un fondo de solidaridad para cubrir riesgos, y elimina el sistema de cupos para los taxis.
El más liberal: es el del representante del Partido Verde, Mauricio Toro, que se hundió el año pasado, y que en esta legislatura él volvió a presentar. Este proyecto no pone ni a las empresas ni a los conductores a registrarse, aunque sí las obliga a tener los mismos seguros de los taxistas, incluido uno que cubra daños y riesgos a los pasajeros y conductores y pone a las plataformas a que constituyan una empresa de transporte que pague renta no por el porcentaje que reciba por intermediación.
También crea un fondo para compensar a los taxistas, que se creará con el 2 por ciento de los ingresos de las plataformas.
Alrededor de estos proyectos se ha tejido una red de apoyo y oposición de taxistas y plataformas.
La batalla fuera del Congreso
A los taxistas que apoyan una reglamentación les gusta más el proyecto de Robledo: “Es el mejor, el que más se ajusta a la ley. Pero esto no es de buenas intenciones sino de poder político. Ahí el menos malo es el del senador Uribe”, dijo a La Silla Manuel Gil, presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá y miembro de la junta de la Unión Nacional de Taxistas.
Lo del poder político lo dice porque Uribe es el que tiene más apoyos, presentó su proyecto con 45 firmas, frente a las 11 del proyecto de Ballesteros.
Mientras que el proyecto de Toro no lo pasan: “Al señor Mauricio Toro palo es que le doy porque no entiende el sector de transporte”, nos dijo Gil.
Y si bien el director del gremio de las plataformas Alianza In (que reúne a aplicaciones como Uber, Didi, Beat, Rappi, y otras 9 empresas), David Luna, nos dijo que no están apoyando activamente ningún proyecto, sí hay elementos del proyecto que le gustan como que no ponga cupos a los carros particulares, que haya libertad tarifaria y que exijan seguros (muchos de los que ya usan los carros en plataformas) y que se cree el fondo con las utilidades de las plataformas.
Luna, por cierto, nos aclaró que no llama Alianza In un gremio como tal sino “una alianza de empresas preocupadas por promover una apuesta por un país más digital”. Pero dicha Alianza se creó justo durante la pandemia, a meses de que iniciara la legislatura en donde se definirá buena parte del futuro de este negocio, y ha sido activa para estar en el debate.
Financiaron un estudio de Fedesarrollo para que caracterizara cuánto aportan los negocios mediados por plataformas a la economía, y cuáles son las condiciones de las personas que trabajan en el sector y se han reunido con todos los senadores que tienen proyectos para que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
“Las conversaciones del gremio vienen desde el año pasado, en agosto, pero la conversación no ha estado nunca tan vigente, por el contexto de la pandemia (…) Necesitábamos una voz unificada”, nos dijo la directora de Asuntos Públicos de Beat.
No son los únicos, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en cabeza de María Fernanda Quiñones (que maneja no solo plataforma sino otros temas relacionados con ventas de internet) también ha enviado comentarios a los congresistas sobre los proyectos de ley.
Y los taxistas han hecho lo mismo. Gil, por ejemplo, nos dijo que ha estado en contacto constante con el asesor de Uribe para hablar de este proyecto, y aunque nos niega que él personalmente haya participado, nos dice que en el proyecto sí quedaron varias propuestas de taxistas y dueños de taxis.
Mientras que otro sector de taxistas está haciéndole oposición a todos los proyectos, porque consideran que la regulación ya está: “Todos los proyectos lo que quieren hacer es acabar con la movilidad y legalizar un negocio ilegal”, nos dijo Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi y uno de los voceros más visibles del sector.
Dice que quieren acabar con la movilidad porque al legalizar todas las plataformas de carros particulares el número de vehículos en las calles va a aumentar, y que premiarían unas conductas abiertamente ilegales de plataformas como Uber.
Y por eso Ospina cataloga públicamente como “traicioneros” a los miembros del gremio taxista que lo apoyaron en la elaboración del proyecto de ley de Uribe, y que el senador debería “delatarlos”.
En todo este debate el gran ausente ha sido el Gobierno Nacional.
Una ausencia notoria
A principios de año el Gobierno, en cabeza de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y del entonces alto Consejero Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz, mostraron su apoyo al proyecto de ley de Toro que se hundió en la legislatura, y que inició con el apoyo del representante Ballesteros.
La Ministra se comprometió a acompañar el proyecto las mesas técnicas que lideraron Toro y Ballesteros lideraron con taxistas, empresas de plataformas y conductores para afinar el proyecto. Al final resultaron radicando dos iniciativas por separado
Y la Ministra dejó de acompañar el proyecto de Toro, pues dijo que se necesitaba más socialización antes de presentarlo. Y hoy, según nos contó una fuente del Ministerio de Transporte que nos pidió no dar su nombre porque no es la vocera oficial, el Gobierno está asesorando técnicamente a todos los proyectos, lo que implica que el equipo jurídico los revisa y les hace a los autores recomendaciones si algo que contemplan es contrario a las normas o muy difícil de implementar.
Nos dijo también que cuando la Ministra habló de hacer acompañamiento al proyecto de Toro se referían a eso: un acompañamiento técnico.
Que la razón por la que no respaldaron la iniciativa el semestre pasado, cuando se hundió el semestre pasado fue porque querían terminar de hacer las mesas de trabajo para que el proyecto tuviera más legitimidad y contara con las observaciones de todos.
Toro tiene otra versión. Dice que el Gobierno les dio la espalda, que dilató las mesas de conversación y que no le interesaba que saliera el proyecto.
“La primera vez que en 10 años se logró un consenso de casi todas las fuerzas políticas fue el que se nos hundió la vez pasada. Me tomé el trabajo de reunir a todos aquellos que estaban interesados en el tema, alrededor del mío y al Ministerio eso nunca le gustó pues ellos no quieren meterse en esto. Eso les asustaba, entonces se dedicaron a dilatarlo hasta que lo hundieron”, nos dijo.
Y en este comunicado dijo que la razón por la que no apoyaba el proyecto era en realidad porque estaba “intimidado por el sector taxista”, y que muestra de ello fue la decisión de la SIC de suspender a Uber (que luego fue reversada por un juez) y el hecho de que torpedeara su proyecto de Ley.
Hoy, con seis proyectos en el legislativo, (y pendientes de uno más que radicará el senador Gabriel Santos, también del Centro Democrático) la posición del Gobierno es no comprometerse con ninguno. “Tenemos una visión de lo que debería ser la regulación pero no es pública”, nos dijo la fuente, quien por esa razón no nos dijo cuál es el proyecto que más se alinea con la visión del Gobierno.
Aunque entre los congresistas se da por hecho que el proyecto que apoyarán es o el de Álvaro Uribe o el de Ballesteros, esta no es la posición del Ministerio, que dice que la ley que regula el Congreso obliga a que la discusión de los proyectos que hablan sobre un mismo tema se acumule, es decir se discutan en un mismo proceso.
El Gobierno espera que en ese momento se fusionen algunos proyectos, y será ahí cuando el Ministerio emita su concepto técnico, sobre proyectos más definitivos.
Y aunque Presidencia presentó en su agenda legislativa un proyecto legislativo para regular plataformas en el Ministerio de Transporte tienen descartada esa opción. “Hay demasiados proyectos ya”, nos dijo el funcionario del Ministerio de Transporte.
Pero mientras Transporte se limita a dar “acompañamiento técnico” a los congresistas, en la cartera de Trabajo se estudia un proyecto que podría terminar legalizando por la puerta de atrás las plataformas.
Es un proyecto para que los que las aplicaciones paguen seguridad social a los que trabajan con ellas, crea un vínculo laboral entre las plataformas y sus colaboradores, no solo la de transporte, sino de todas.
En el mismo Ministerio de Transporte ven esto como una manera de legalizar las plataformas, porque crea un vínculo laboral entre dos partes, que no existiría si fuera un servicio ilegal. Pero a pesar de esta conexión, no se meterán en esta discusión que es liderada por el Mintrabajo, que ya tiene el proyecto siendo revisado por la oficina Jurídica de Palacio (sobre este tema específico de seguridad social para todas las plataformas hay dos proyectos más radicados en el Congreso, también por Uribe y o Toro).
La ausencia del Gobierno es notoria cuando desde el año pasado ha venido diciendo que es necesaria una regulación, pero no ha definido de qué tipo, y cuando uno de los ejes centrales de su plan reactivación económica es la economía digital, mucha de la cual pasa por el desarrollo de los negocios de estas plataformas.
Pero así no esté presente la discusión, sea cual sea el proyecto que sea aprobado se convertirá en una tarea para el Ministerio de Transporte, y en ese momento tendrá que tomar decisiones.
