En varias autoevaluaciones que hizo al arranque de su último año de Gobierno, el presidente Iván Duque rescató como uno de sus grandes logros los avances en la implementación del Acuerdo de Paz en el tema de tierras.
Sin embargo, esta investigación de La Silla Vacía demuestra que los avances en la adjudicación de tierras han sido pocos; que tierras presentadas oficialmente como adjudicadas a campesinos sin tierra en realidad han sido legalizadas a poseedores que las tenían hace años; y que las pocas que se han entregado tienen extensiones muy por debajo del estándar mínimo de tierras que necesita una familia para poder vivir de ellas.
El caso de Ovejas
En respuesta a un derecho de petición de La Silla Vacía, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó el 10 de junio que ha adjudicado poco más de 3.829 hectáreas a 2.523 familias de campesinos sin tierra en 42 municipios.
Uno de los municipios más visibles de toda esta política es Ovejas, Sucre. Es tan importante que el mismo Presidente estuvo allá el 30 de agosto de 2019, anunciando la entrega de más de mil títulos de propiedad y la Presidencia informó en ese entonces que habían adjudicado 763 títulos de baldíos a personas naturales.
Según las cifras oficiales que le dio la ANT a La Silla, en Ovejas está uno de cada 10 campesinos sin tierra que han recibido predios del Estado.
La ANT dice en la respuesta al derecho de petición, que ha adjudicado en Ovejas 302 hectáreas a 923 familias de campesinos sin tierra. Además de haber legalizado 2,751 hectáreas de 1.764 familias campesinas. Es decir, le habría ayudado a más de 2.500 familias, o unas 10 mil personas, con 3.052 hectáreas.
Pero en la base de datos de predios del Fondo Nacional de Tierras que le entregó la ANT a La Silla Vacía en respuesta al derecho de petición, informó que al 30 de marzo solo había adjudicado 901 lotes a campesinos sin tierras, y que suman solo 39,59 hectáreas.
Dado que las tierras que se entregan a campesinos que las necesitan salen de ese Fondo, no es claro por qué existe esa discrepancia en las cifras sobre Ovejas o de dónde salieron las 262 hectáreas que la ANT dice que entregó en ese municipio, en la misma respuesta al derecho de petición.
La Silla fue a Ovejas a ver los avances y desenredar la madeja. Encontramos cientos de casos de legalización de tierras a campesinos que las tenían hace décadas. Pero ninguno de adjudicación de nuevas tierras.
Tres mujeres de la comunidad que han liderado procesos de tierras y dos contratistas de la ANT que hicieron parte del proceso coinciden en que allá el gobierno de Duque no ha entregado tierras nuevas.
“Desde 2017 inició un proyecto de formalización de títulos de propiedad. Pero acá no se han entregado tierras nuevas. Y es que al menos acá en Sucre no existe un banco de tierras”, comenta Marcela Tapia, contratista que hizo parte del proceso de formalización.
Con ella coinciden Rocío Osorio y Adriana Narváez, que lideraron la socialización para formalizar predios en el corregimiento de San Rafael.
Un abogado que fue contratista para el proceso le dijo a la Silla “allá en Ovejas no hay tierras, hay mucho acaparamiento de tierras en los Montes de María. El Gobierno no tiene tierras para entregar”.
Al respecto le preguntamos a la ANT el miércoles 18 de agosto. Hasta el domingo 29, fecha de la publicación y 11 días después, no hemos recibido una respuesta.
La Silla Vacía revisó los certificados de tradición y libertad de varios de los 901 inmuebles que aparecen como adjudicados a campesinos sin tierras.
Aunque efectivamente fueron adjudicados como baldíos (tierras que nadie ocupaba antes), los documentos oficiales revelan que quedan en centros poblados de corregimientos y algunos incluso se registran como casa lote. De eso se deduce que eran tierras que ya estaban tan ocupadas que tenían viviendas sobre ellas. Es decir, aunque jurídicamente aparezcan como adjudicación a campesinos sin tierras, por lo menos en algunos casos en realidad eran legalización de predios ya ocupados.
De ser así, explicaría la diferencia entre los datos oficiales de la ANT y las versiones de las cinco fuentes conocedoras en el terreno. Y también demostraría que la cifra de tierras entregadas a campesinos sin tierras está inflada, porque incluye a personas a las que se les legalizó tierra que ya usaban.
El caso de Ovejas no parece aislado: un informe de la Procuraduría de enero de este año, que revisó el avance en la implementación del materia de tierras, advirtió que la ANT no diferencia las tierras que legaliza de las que adjudica, lo cual es problemático porque no es lo mismo tener el título de la propiedad de una tierra que ya tiene alguien a ampliar el acceso a la tierra.
“La ANT no reporta de manera diferenciada la gestión entre adjudicación y la formalización de tierras, de manera tal que se puedan medir el cumplimiento de cada uno de los dos indicadores con metas trazadoras del subpunto 1.1 del Acuerdo de Paz”, dice.
Además de las dudas sobre qué tantas tierras nuevas realmente ha entregado este gobierno, los datos de adjudicación de tierras a campesinos sin tierra dejan otra duda: la cantidad y calidad de los predios que entregan.
No es solo tierra: cuánta, cuál y otros apoyos
El tamaño de los terrenos que la ANT reporta haber entregado a campesinos sin tierra es pequeño: las 3.829 mil hectáreas a 2.523 familias de campesinos sin tierra que mostró en respuesta a nuestro derecho de petición da 1,5 hectáreas en promedio por familia
No hay una regla general que obligue a la ANT a entregar cierta cantidad de tierra por familia. Pero si entrega tan poca que una familia no puede subsistir, toda la idea de entregar tierra carece de sentido.
Tradicionalmente, el Estado ha utilizado como medida mínima para entregar baldíos a campesinos sin tierra la Unidad Agrícola Familiar, UAF, que se determina con un estudio complejo y varía de región en región.
Las UAF para entrega de baldíos que están vigentes son de 1996, y es posible que las condiciones del terreno o de los cultivos hayan cambiado en el cuarto de siglo que ha pasado. A pesar de eso, el tamaño de las UAF sirve como indicador de cuánta tierra está entregando la ANT en desarrollo del Acuerdo, mirando municipio por municipio. Y es muy poca:
Eso es más grave porque para algunos expertos el tamaño de la UAF debería ser mayor, como argumentaron recientemente en La Silla Llena los expertos Carlos Duarte y Daniella Trujillo.
En Ovejas no encontramos casos de nuevas tierras, en las legalizadas se ve el problema de hacerlo por debajo de la UAF.
Por ejemplo, Adriana Narváez formalizó la casa en la que ha vivido casi toda su vida en el corregimiento de San Rafael, de Ovejas, pues la heredó de su padre. Allí no puede cultivar porque son solo 498 metros cuadrados y la tierra no es fértil. Por eso, tras obtener el título de propiedad, casi nada ha cambiado para ella más allá de la tranquilidad de tenerlo. (ver crónica completa acá)
Allá mismo su vecina, Rocío Osorio, dice que le gustaría tener más que los 1395 metros cuadrados (0,14 hectáreas) que le legalizaron. “Lo que cultivamos acá en este lote es para nuestras necesidades y un poquito que se pueda vender, pero no tenemos tierra (…) ojalá nos dieran así sea tres hectáreas para trabajar”, dice.
La menor UAF en Ovejas es de 36 hectáreas, por lo que recibieron muchísimo menos. Claro que más que Francisco Narváez, que tiene título sobre 144 metros cuadrados.
En contraste, los campesinos que no tenían tierras están contentos, así sean pocos metros.
En Armero, Tolima, la ANT entregó 124,5 hectáreas a 22 familias acreditadas como víctimas, lo que da 5,2 hectáreas por familia cuando la UAF en ese municipio es de 11 hectáreas.
A pesar de haber recibido poca tierra, debajo de la UAF local, el vocero de esa familias beneficiarias, Reinel Barbosa, dijo a La Silla que están satisfechos con lo recibido. “Aquí las cosechas son siempre buenas”, dice, y cuenta que las familias han podido rehacer sus vidas gracias al terreno.
Aunque el predio es objeto de reclamaciones de campesinos sin tierra que lo ocuparon temporalmente antes, la tensión no ha impedido que esa adjudicación sea exitosa. (ver crónica completa acá)
También funcionó en Timbío, Cauca.
Allí Edgar Miranda, quien recibió 6,5 hectáreas en la vereda Hato Nuevo cuando la UAF de ese municipio es de mínimo 78 hectáreas, cuenta que el Estado no solo le dio la propiedad sino le saldó un crédito previo con el Banco Agrario. (ver crónica completa acá)
Incluso dejando de lado estos problemas, el avance en la entrega de tierras es lento.
Las promesas y los avances
En el Acuerdo de La Habana, el Estado se comprometió a hacer una reforma rural integral. Entre otras medidas, crea un Fondo de Tierras para ayudar a democratizar la propiedad rural. Lo hace:
- Legalizando (entregando documentos de propiedad a quienes ya poseen tierras) 7 millones de hectáreas.
- Adjudicando (dando tierras a quienes no tienen) 3 millones de hectáreas.
Para cumplir con lo pactado, el Estado tiene un plazo que vence en 2028.
Pero esa gran promesa está lejos de cumplirse, como mostró el instituto Kroc en su informe más reciente sobre la implementación del Acuerdo: de sus seis puntos el más atrasado es la reforma rural.
Y este punto, el compromiso que va más lento es la entrega de tierras.
En su video para celebrar el 7 de agosto la entidad que maneja el fondo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), contó que ha entregado 232.533 hectáreas a personas que no tenían tierras, y ha formalizado otras 730 mil. Es decir, lleva algo así como el 10,5 por ciento de avance en formalización y el 2,3 por ciento en adjudicación.
Eso tiene varias explicaciones, empezando porque es difícil que haya tierras suficientes, como se sabe desde que se estaba negociando este punto en La Habana. Algo que en todo caso no explica la dificultad para dar apoyo técnico a quienes sí las han recibido, ni las confusas cifras sobre los predios que sí (o no) se han entregado.
