La semana pasada, el presidente Iván Duque dijo durante la Cumbre Internacional de los Océanos en Francia que antes de que termine su gobierno va a dejar el 30 por ciento de las áreas marinas, costeras y continentales protegidas y anunció que le iba a pedir a la Unesco que declarara la bahía de Tribugá como reserva de la biósfera. Con eso, oficializó la muerte de una bandera de muchos años del expresidente Álvaro Uribe y de su partido. Los ambientalistas ganaron su partida.
El puerto
El puerto de Tribugá empezó a sonar como una posibilidad desde los años 70 como el primer puerto de grandes profundidades en la costa Pacífica, al lado del municipio de Nuquí.
Era un proyecto de interés para el Eje Cafetero porque le daba una salida directa al mar y así quedó consignado en varios Conpes de desarrollo portuario que hablan de un tercer puerto en el Pacífico pero solo se concretó en el primer gobierno de Álvaro Uribe.
Con el visto bueno del gobierno uribista, en 2006, se conformó la sociedad público privada Arquímedes S.A.S, en la que tenían participación las gobernaciones de Caldas, Risaralda y Chocó, además de universidades y empresarios.
Esa obra no solo implicaba la construcción del puerto sino también la de una carretera de más de 100 kilómetros entre Ánimas y Nuquí, en Chocó. Y el gobierno Uribe contrató el primer tramo en 2007. Dos años después, ya tenía la licencia ambiental.
Como la carretera atravesaba selva virgen y una de las zonas de mayor diversidad del mundo, el proyecto del puerto fue duramente cuestionado por técnicos y ambientalistas desde su anuncio.
“En el momento en que abras esa carretera, le abres la puerta a los deforestadores, la minería ilegal y el tráfico de fauna”, dice Jack Farine, uno de los principales opositores del proyecto y productor de un documental que se hizo en el marco de la movilización ambientalista.
Sin embargo, Uribe le dio todo el impulso y cuando terminó su mandato dejó los estudios andando.
Luego, llegó Juan Manuel Santos. Dados todos los cuestionamientos ambientales, Santos no hizo nada, ni se movió ni lo frenó.
Y cuando llegó Duque a la Presidencia, lo retomó en su Plan de Desarrollo, el que incluyó un artículo que hablaba de la construcción de un puerto de grandes profundidades (como el que se quería hacer en Tribugá). Era un proyecto que contaba con todo el interés de la bancada del Centro Democrático, y en particular de los congresistas del Eje Cafetero.
Sin embargo, este artículo se topó con un debate álgido en el Congreso. Particularmente, la bancada del Valle del Cauca se opuso a que hubiera ese tercer puerto en el Pacífico porque implicaría un gran golpe para el puerto de Buenaventura.
En cambio, como contamos, congresistas del Centro Democrático de Caldas y Risaralda (específicamente Carlos Felipe Mejía, Gabriel Vallejo y Alejandro Corrales) se reunieron con la ANI, la Anla y Planeación para hablarles de la importancia del puerto. El mismo Uribe llamó varias veces de manera directa a funcionarios de la ANI para hablar sobre el tema.
Con ese impulso, la construcción parecía un hecho en 2019. Ese mismo año, Duque le dio su apoyo y prometió el puerto en una visita a Caldas. En paralelo, Arquímedes estaba terminando estudios ambientales para que le aprobaran la licencia.
Pero, entraron los ambientalistas en la escena.
El logro de los ambientalistas
El movimiento ambientalista reaccionó rápido.
En mayo de 2019, varios científicos y activistas viajaron a la bahía de Tribugá para producir un documental sobre la biodiversidad de la zona y generar conciencia sobre los riesgos que tenía la obra. Un año después, estrenaron el documental Expedición Tribugá, que tuvo gran difusión.
El tema fue tendencia en redes sociales durante varias semanas. Congresistas de oposición, artistas y tuiteros hablaron del tema con el numeral #AlertaTribugá, e hicieron visibles los riesgos de esa obra para la zona. “La presión social fue mucha y ellos no se esperaban eso”, dice Farine, que produjo el documental.
Eso le quitó fuerza al proyecto. Pero no fue la única acción de los activistas.
Los ambientalistas trabajaron con la representante vallecaucana Catalina Ortiz, quien presentó en 2020 un proyecto de ley sobre zonas de amortiguamiento para proteger los terrenos cercanos a las reservas ambientales. Dado que Tribugá es zona de amortiguamiento del Parque Natural Nacional Utría, de ser aprobada la ley el puerto sería inviable.
El proyecto de Ortíz pasó el primer debate en la Cámara de Representantes en diciembre del año pasado, y mantuvo el tema vivo en la conversación pública.
Ya con esa oposición mediática, la idea perdió tracción en las entidades a cargo de expedir los permisos para adelantar la construcción del puerto. En septiembre de ese año, la ANI le negó la solicitud de construcción a la sociedad Arquímedes, y luego, la ANLA negó la licencia ambiental.
Pero eso no fue suficiente para quitarles a los interesados el impulso de insistir en que se construyera el puerto. William Naranjo, quien para 2020 era el representante legal de Arquímedes, dijo que volverían a enviar la solicitud a las entidades respectivas.
Contexto
“Ese proyecto está en el Plan de Desarrollo y en el Conpes de Desarrollo Portuario. Se sabe que hay obras de infraestructura en zonas de interés ambiental. Eso pasa en todo el mundo, y precisamente por eso se piden licencias ambientales”, le dijo a La Silla
Y mientras el tema seguía sonando en redes, activistas en Chocó se comenzaron a mover a nivel regional y consiguieron que el año pasado Codechocó, la corporación ambiental del departamento, declarará a Tribugá Distrito de Manejo Integrado, que en términos concretos prohíbe la construcción de un puerto.
Eso, sumado a que en esa zona hay un Parque Nacional, frenó de manera permanente cualquier obra de gran impacto. “Estos dos instrumentos cubren la mayoría de la extensión del Golfo”, reconoció el Ministerio de Ambiente en respuesta a preguntas que hizo La Silla por escrito.
La presión de los activistas y esas decisiones administrativas debilitaron a Arquímedes justo cuando estaba buscando nuevos inversionistas. El año pasado, cambió casi por completo su junta y actualmente están en proceso de liquidar la sociedad.
A través de su oficina de prensa, Infimanizales, una de las entidad públicas con participación en la sociedad, nos confirmó que “el proyecto ya no hace parte del Plan de Desarrollo del departamento pues este quedó cancelado el año pasado”.
Gabriel Vallejo, el representante risaraldense del Centro Democrático que apoyaba el puerto, dice ahora que “deben ser los estudios ambientales realizados por personas neutras y objetivas que determinen cuál realmente es el impacto que puede tener el puerto de Tribugá para el medio ambiente”.
Sin embargo, ese puerto ya pasará a los anaqueles de la historia como un proyecto más que no vio la luz gracias al activismo de los ambientalistas que lograron frenar de manera permanente la construcción de un puerto que se está pensando hace cincuenta años.
El discurso de Duque la semana pasada fue su acta de defunción.
