La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido una de las líderes más visibles en su postura frente al abuso policial. En septiembre pasado, cuando una docena de personas murieron en una noche de protesta violenta contra la Policía, se adelantó a las investigaciones y dijo que los uniformados “dispararon de forma indiscriminada”.
En este paro, tras un periodo de reflexión por su contagio de covid, pidió perdón a los manifestantes por no haber entendido que “hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza”, y subrayó la urgencia de una reforma a la Policía.
Además, la Alcaldía ha sido la primera, como lo resaltó la misma López, en entregar un informe sobre los abusos a la ONU y la Cidh. Adicionalmente, comisionó una relatoría independiente sobre los abusos policiales en la ciudad.
Pero esa postura de la mandataria choca con una fractura dentro de la Secretaría de Gobierno, la entidad que lidera el “ejercicio de la ciudadanía” y es garante de “derechos humanos”, según su misión. Esa fractura, además, se dio en la oficina encargada de hacer políticas y seguimiento a los casos de abusos policiales, la Dirección de Derechos Humanos.
Esta mañana, Andrés Idárraga, el director, se fue de la entidad con gran estruendo. En redes sociales publicó su carta de renuncia, en la que hace denuncias y críticas al compromiso de la Alcaldía para frenar los abusos policiales. Aunque algunos señalan que la renuncia tiene motivos políticos por posibles aspiraciones futuras de Idárraga, quien había sido también funcionario de Gustavo Petro.
Como sea, esa fractura, que ya había anticipado La Silla Vacía, aflora ahora en público. Lo hace justo cuando un segundo manifestante murió ayer en la tarde, producto de una intervención de la Policía de un bloqueo que sigue del paro, en Usme. Y al mismo que uno de los principales opositores de la gestión de López, Gustavo Petro, renueva sus críticas a la manera en la que se usa la Fuerza Pública en Bogotá, y le pide a la alcaldesa que “no saque al Esmad”.
La renuncia del director de Derechos Humanos
Idárraga renunció con una carta pública haciendo críticas a su jefe, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Dice que hay una “falta de claridad de la Secretaría de Gobierno frente al abuso policial” . Aunque la alcaldesa y el secretario Luis Ernesto Gómez han rechazado públicamente el abuso policial, Idárraga asegura que, “la falta de claridad y contundencia” ha llevado a que la Policía “se insubordine al gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática”.
Idárraga también hace denuncias puntuales de falencias en la política pública de la Alcaldía para detener los abusos policiales. Primero, dice que le van a recortar el personal a su oficina, que tiene un papel importante en el terreno para verificar el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza. También es la encargada de hacer políticas públicas para proteger y garantizar los derechos humanos.
“Es así como resulta, por decir lo menos, incongruente la decisión de reducir a la mitad la Dirección, en un momento donde la agenda distrital y nacional gira en torno a la garantía de los derechos humanos”, dice la carta.
La Silla habló con dos personas que hacen parte de la entidad y aseguraron que sí habían anunciado estos recortes. La Dirección de Derechos Humanos cuenta con 80 personas y esa cifra terminaría en 40. Al respecto, el secretario Gómez le dijo a La Silla que esa afirmación no tiene sustento pues “los presupuestos en derechos humanos se han aumentado desde que yo llegué”.
La segunda denuncia de Idárraga es que policías involucrados en abusos en Bosa y Ciudad Bolívar, dos localidades con altos índices de pobreza de la ciudad, “siguen allí como si nada” en sus cargos. El exdirector afirma que “si bien no es competencia de la Alcaldía sí debería llevar a esta administración a buscar alternativas para detener el abuso policial, más allá de tener conversaciones a puerta cerrada con la Comandancia de la Policía”.
El exfuncionario hace referencia, en uno de los casos, a hechos que sucedieron en el CAI de Arborizadora en Ciudad Bolívar, donde el profesor Wilder Tellez, fue golpeado al punto que le tumbaron los dientes de un bolillazo.
La Silla ya había documentado la queja de que policías con denuncias de abusos permanecen en sus cargos en Verbenal. En la Dirección de Derechos Humanos nos aseguraron que han llegado más denuncias en este sentido. “Como están los mismos uniformados que acusan de abuso policial, la población se siente amenazada”, dijo una fuente en esa entidad.
Otro de los puntos de la carta de Idárraga que resaltan una fractura dentro de la administración es su crítica a un informe de derechos humanos que entregó la Alcaldía a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el 26 de mayo.
Como reveló La Silla, el primer informe que presentó la Alcaldía tenía un énfasis en los daños a la infraestructura. Según Idárraga “ante la naturaleza del informe, darles mayor importancia a estos hechos en comparación con las graves violaciones a los derechos humanos resulta ser un desacierto institucional”.
Además, el exdirector de Derechos Humanos, cuestionó el enfoque que desde la Alcaldía se tenía sobre su violación, pues ponía en el mismo nivel las agresiones de policías a manifestantes y de manifestantes a la Policía.
“Las violaciones a los derechos humanos se les imputan a los Estados, no a la ciudadanía, por lo tanto el informe debió concentrarse en las víctimas del Estado”, dice el funcionario.
Esta es una de las diferencias más grandes de Idárraga con su jefe, pues el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que para la Secretaría era importante hablar de las agresiones contra policías: “La visión de la Alcaldía es que los policías también tienen derechos humanos”.
Frente a las múltiples referencias sobre los daños a la infraestructura, el secretario dijo en su momento que también era importante incluirlo porque estos daños impedían el ejercicio de otros derechos que son fundamentales, como el derecho a la libre locomoción y al trabajo.
Más allá de los señalamientos a ese informe en especial, las críticas de Idárraga apuntan a un asunto que la alcaldesa López ha destacado de su gestión. Por ejemplo, hoy en sus redes sociales dijo que “solo Bogotá entregó un reporte a la ONU y a la Cidh sobre las afectaciones a DD. HH., creó una relatoría Independiente con el ex defensor Carlos Negret”.
El mensaje va acompañado de una carta dirigida a la ONU y la Cidh asegurando que envían una actualización del informe, a corte del 10 de junio, y, agrega, “escuchamos y cambiamos. Todo es perfectible. El compromiso indeclinable”.
Pero su director de Derechos Humanos sale cuestionando ese compromiso, y personas que quedaron en su oficina, afirman que no han sido debidamente consultadas en la construcción de los insumos presentados a la comunidad internacional.
El detrás de cámaras del informe
Dos fuentes de la Dirección de derechos humanos le dijeron a este medio, a condición de no ser citados, que esta oficina de la Secretaría de Gobierno no tuvo participación en la creación del informe: “Nosotros conocimos el informe después de que se lo entregaron a la ONU. Cuando lo vimos, nos sorprendimos porque no incluía casi nada de la información que habíamos pasado. Solo algo muy superficial”, dijo una de las fuentes.
Según estas dos personas, el subsecretario Camilo Acero les pidió cifras de los hechos ocurridos y desde la Dirección de Derechos Humanos enviaron: “registro de denuncias por parte de la línea de abuso policial de todos los días, pasamos material probatorio, videos, fotos, nombres de algunos policías vinculados con claridad a algunos hechos, patrones y tipos de violencia identificados. No incluyeron casi nada y ese fue uno de los detonantes de la renuncia del director”, dijo la fuente.
La Silla había consultado con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, sobre la creación del informe y nos dijo que fue un trabajo de varias secretarías, consolidado en la Secretaría de Gobierno. Dos fuentes de esta entidad aseguraron que el informe tuvo el visto bueno de Gómez y que se hizo en su despacho.
“No hubo debate sobre la visión de derechos humanos del informe porque la Dirección no lo vio. Andrés no habría dejado que saliera ese informe así”, dijo una fuente de esa entidad.
Ante la renuncia de Idárraga, el secretario Gómez dijo, a través de las redes sociales: “Andrés, muchos éxitos en el camino que decidiste emprender y gracias por tu trabajo durante estos meses. Tu experiencia en DD. HH. durante la Alcaldía de la Bogotá Humana fue vital para sacar adelante todas las iniciativas de protección a la vida y derechos de los bogotanos”.
La Silla contactó a Gómez para hablar de la renuncia de su funcionario y dijo que daría declaraciones cuando anunciara el nuevo equipo de derechos humanos.
Según dijo en Twitter, la nueva directora será Ivonne González, quien había trabajado en el MinInterior en el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora era directora de Diálogo Social de la Alcaldía. Y Gustavo Trejos será el nuevo director del Observatorio de Conflictividad. Trejos es el papá del grafitero Daniel Becerra, asesinado por la Policía en 2011 y desde entonces defensor de derechos humanos.
El matiz político de la renuncia
Tras la renuncia de Idárraga se empezó a hablar de su posible aspiración a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. El líder de este movimiento, Gustavo Petro, felicitó a Idárraga públicamente por una decisión “valiente”.
La Silla pudo confirmar con personas cercanas a Idárraga que él sí había manifestado su intención de lanzarse a la política por ese partido: “Andrés sí nos había manifestado que quería lanzarse a la política, pero su renuncia no es por ese motivo. Como muestra en la carta, hay otras razones”, dijo una fuente.
Idárraga también fue director de derechos humanos en la Alcaldía de Gustavo Petro. Además trabajó en la Alta Consejería para las Víctimas y el Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal, Idpac, de la Bogotá Humana. Por eso hay personas, como la concejal verde Lucía Bastidas, que están asociando su salida a una intención política.
Idárraga en conversación con La W, dijo “la gente puede leer esta carta de dos formas: dándole seriedad a la denuncia sobre la falta de claridad frente a las violaciones de derechos humanos o verlo como una jugada política”, dijo, y afirmó que era lo primero.
Pero el episodio sí terminó resonando en la disputa entre Petro y López. Además de resaltar la renuncia de Idárraga, Petro dijo: “Estoy de acuerdo con hacer un pacto de convivencia en Bogotá. Propongo para ello dos puntos: Que usted, Claudia de la orden pública de no sacar el Esmad en las movilizaciones. Que el dinero para construir troncales de transmilenio vaya para sedes públicas de educación superior”.
La Alcaldesa le contestó: “Recapacite, Gustavo. Su apuesta de radicalización, confrontación y caos tal vez le asegure likes, dudo que le garantice la Presidencia. La extrema derecha responde con represión. La ciudadanía busca garantías y soluciones, pero también tranquilidad. Su caos puede ser su búmeran”.
Se viene otro informe
Pasada esta renuncia de Idárraga, se viene otro informe sobre el cual también hay mucha expectativa.
El día que Claudia López le entregó el informe a Juliette de Riveros, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, también anunció que el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, estaría a cargo de otro informe.
“Esperamos que nos diga no solo qué pasó en septiembre, sino que además, en conjunto esa relatoría y la oficina de la ONU, nos den recomendaciones concretas de qué medidas adicionales podemos tomar como Gobierno distrital, o podría tomar el Gobierno nacional, para sancionar eficazmente y evitar las violaciones a los derechos humanos”, dijo López.
Esta relatoría había nacido tras la violencia en la represión de las manifestaciones violentas del pasado 9 de septiembre. En ese entonces, la alcaldesa le pidió al Centro Memoria Paz y Reconciliación, una entidad del Distrito, que construyera un informe sobre lo ocurrido. El encargado era José Antequera, director de la entidad.
Sin embargo, la administración decidió que no era conveniente que una institución suscrita a la Alcaldía hiciera la relatoría. Para darle mayor legitimidad, le pidieron al exdefensor del pueblo, Carlos Negret, que se encargará del tema, junto con otras siete personas. Ese equipo están trabajando en el documento hace dos meses.
La Silla conversó con uno de los investigadores y dijo, como contamos en el En vivo, que el informe que dirige Negret es financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y no dará cuenta solo de los hechos del 9S. La idea es que tenga una recopilación de lo ocurrido en 2019, 2020 y 2021.
Negret también quiso ampliar el enfoque territorial de la investigación e incluir a Soacha, pues en ese municipio también se han presentado casos graves de abuso policial como el incendio del CAI de San Mateo, en el que no dejaron salir a los detenidos, y allí también fue asesinado un uniformado en las últimas protestas. Una primera parte será entregado en septiembre, y el informe final se entregaría a finales de este año o principios de 2022.
Mientras eso sucede, López debe seguir enfrentando un escenario donde las manifestaciones, con bloqueos, siguen en algunas zonas de la ciudad. Con el reto adicional, además de las críticas políticas externas, de realinear la política dentro de la Alcaldía luego de la fractura que deja la salida de su funcionario.
