Esta columna fue escrita en coautoría con Sofía Iragorri Restrepo*, Valeria Coronado Machado* y Santiago Cardona Sotomonte*, estudiantes de la Universidad del Rosario.

Imaginemos una Colombia donde cada ciudadano es un agente de cambio, donde las aulas y las calles se funden en un solo espacio de convivencia y seguridad. Esto no es un sueño lejano, sino una visión que puede alcanzarse a través de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Piscc), y de adaptarlos meticulosamente a las necesidades de cada comunidad.

En un país afectado por la violencia y el crimen, la clave está en la colaboración estrecha entre vecinos y autoridades, la educación cívica desde la infancia y la acción conjunta que transforme promesas en realidades palpables.

Para forjar un futuro pacífico es clave fortalecer nuestras instituciones locales, garantizar la sinergia entre todos los niveles de gobierno para abordar los desafíos únicos de cada territorio. Este es el camino para redefinir el tejido social de Colombia, un hilo a la vez.

Sofía Iragorri Restrepo, estudiante de la Universidad del Rosario, señala que: “En Colombia existen obstáculos en la cooperación y comunicación deficientes entre diferentes niveles de gobierno que obstaculizan la implementación de políticas de seguridad. Los conflictos armados y grupos fuera de la ley agravan el acceso y regulación del Estado en áreas críticas, especialmente en zonas rurales donde prevalecen cultivos ilícitos y la presencia de actores armados. Estos factores entorpecen la coordinación y aplicación de estrategias de seguridad entre gobiernos centrales y locales.”

La seguridad es una prioridad en la agenda política, como se notó en las elecciones, pues influye directamente en la vida cotidiana, el desarrollo local y la efectividad de las políticas públicas.

Para revertir la espiral de violencia y crimen en Colombia, debemos ir más allá de fortalecer instituciones, abrazando un enfoque colaborativo que involucre a toda la sociedad, desde los vecinos hasta los líderes comunitarios.

En este esfuerzo la tecnología es una aliada clave, ofreciendo sistemas de inteligencia artificial y análisis de datos capaces de desentrañar las formas en las que funciona el crimen en nuestras ciudades. Con estos avances podemos identificar los focos de conflicto, proponer soluciones efectivas y animar la participación comunitaria para crear entornos más seguros y justos. La tecnología, por lo tanto, no es solo una herramienta de prevención, también ayuda a construir una comunidad más unida y pacífica.

En 2022, Ibagué fue pionera al aplicar tecnologías avanzadas en la lucha contra la violencia y el crimen. Utilizando analítica de datos sofisticada, se identificaron las causas estructurales que fomentaban estos problemas. Destacaron la discriminación de género y diversos factores contextuales y geográficos.

Por ejemplo, se encontró una correlación entre la venta de alcohol en zonas residenciales y el incremento de incidentes delictivos. La siguiente gráfica ilustra esta relación, proporcionando una evidencia visual que refuerza el análisis.

Del mismo modo, implementar cartografía social interactiva en Ibagué reveló de forma detallada los polígonos urbanos, y reflejó las percepciones de seguridad e inseguridad de los ciudadanos.

Esta herramienta visual permitió identificar las áreas que requieren mejoras, las que la población utiliza para disfrutar de su tiempo libre y las ubicaciones específicas de los problemas que percibe la comunidad.

Valeria Coronado Machado, estudiante de la Universidad del Rosario, comenta que los métodos para mantener la seguridad deben incluir a las comunidades y sus contextos para tener visiones diferentes, que partan de sus culturas y creencias religiosas. La protección de los líderes sociales también necesita estrategias locales.

Además, reitera la importancia usar bien el dinero y la ayuda de las personas, y de enfocarse en los problemas reales de las comunidades. Esto también debe plasmarse en los Piscc.

Utilizando algoritmos avanzados de minería de texto, se descubrió que la principal preocupación ciudadana en Ibagué está relacionada con incidentes vinculados a las drogas, casi el 50 por ciento de las palabras extraídas en los análisis estaban conectadas con esta temática.

Esto contrasta significativamente con los robos a personas, que representaron solo el 17 por ciento del lenguaje utilizado. Hay que destacar que en la percepción de seguridad ciudadana la problemática de las drogas tiene mucha relevancia.

La nube de palabras obtenida con un algoritmo de agrupamiento jerarquizado refuerza esta percepción, y clasifica las inquietudes con respecto a los problemas urbanos en Ibagué en cuatro categorías principales. Es importante mencionar que cada barrio o cuadra posee sus propias dinámicas y problemáticas, pero el análisis general de la ciudad ofrece un marco de referencia.

De izquierda a derecha, la problemática más significativa es la relacionada con las drogas, seguida por los hurtos en áreas específicas de la ciudad, luego están los incidentes típicos de los fines de semana y por último las cuestiones de entorno urbano.

Basándose en los hallazgos de la analítica de datos y los patrones delictivos por ubicación y horario, se han implementado mejoras en la asignación de recursos institucionales y en el seguimiento de operativos a través de aplicaciones para smartphones.

Esta estrategia ha optimizado los tiempos de respuesta, y garantizado la presencia de funcionarios en los lugares y momentos críticos. Además, se han establecido métricas para evaluar su progreso e impacto a medio plazo, tal como se detalla en el artículo “La seguridad humana, origen del modelo de policía para el desarrollo humano“.

Santiago Cardona Sotomonte, también estudiante de la Universidad del Rosario, analiza las dificultades de implementar políticas de seguridad en Colombia, resaltando la división de responsabilidades entre seguridad nacional y seguridad territorial.

Mientras que la primera (a cargo de las fuerzas militares) protege la soberanía del país, la segunda (tarea de la Policía Nacional) se enfoca en el orden público y la convivencia ciudadana. Sin embargo, la diferencia en financiación y administración subraya una autonomía institucional, lo que podría complicar la coordinación operativa.

La realidad social de la criminalidad desborda las clasificaciones fijas debido a su naturaleza adaptable y compleja, que se manifiesta en fenómenos como el narcotráfico y el mercado negro. Desafía la estructura de seguridad vigente y requiera un enfoque que integre y sea flexible. Santiago aboga por planes de seguridad y convivencia ciudadana, que conecten las problemáticas locales con las dinámicas espaciales.

La criminalidad en Colombia presenta desafíos que van desde lo local a lo internacional, y demanda estrategias diferentes. Los delitos pueden ser específicos de una localidad, como los “Homicidios por intolerancia”, trascender los límites municipales, como los enfrentamientos entre grupos de crimen organizado, o incluso sobrepasar fronteras departamentales o nacionales, como el contrabando o la minería ilegal.

Esta diversidad de crímenes sin correlación espacial directa entre sí exige abordar la seguridad de forma particular para cada nivel de problema, enfatiza lo complejo que es gestionar la seguridad y alerta sobre la necesidad de tácticas adaptadas a cada situación (ver gráfica).

El gráfico a continuación sugiere que los desafíos de seguridad en Colombia están intrínsecamente relacionados con problemáticas locales que rebasan las fronteras y afectan niveles subnacionales. Esto implica que incidentes como el abigeato, aunque comiencen en una comunidad específica, pueden escalar y requerir la cooperación de múltiples jurisdicciones.

La necesidad de una coordinación interjurisdiccional se vuelve crítica en zonas donde los límites geográficos no contienen las operaciones criminales, pues retan a los comandantes de policía a adoptar estrategias colaborativas y efectivas para gestionar y mitigar el crimen a través de las fronteras administrativas. El gráfico destaca la complejidad de la seguridad en Colombia, y la importancia de una respuesta integrada y estratégica ante la delincuencia.

La siguiente gráfica sugiere que ciertas problemáticas criminales, como el turismo sexual, pueden manifestarse localmente y llegar a tener un alcance nacional o internacional.

Esta actividad, que puede florecer en áreas turísticas, a menudo se extiende más allá de fronteras locales y atrae a participantes globales, lo que implica la necesidad de una respuesta coordinada en múltiples niveles.

La colaboración entre jurisdicciones es fundamental, sin ella la lucha contra el crimen, los delincuentes y las redes criminales transfronterizas se fragmenta y se vuelve ineficaz. Una estrategia operativa efectiva requiere implementarse y coordinarse de forma conjunta, más allá de las fronteras locales.

Los problemas criminales pueden originarse localmente, pero a menudo trascienden fronteras y afectan zonas más amplias debido a la movilidad de personas y bienes. Crímenes como el tráfico de armas y los delitos informáticos, aunque comiencen en puntos específicos, rápidamente ganan dimensión subnacional o internacional.

Esto resalta lo necesarias que son las estrategias de seguridad interconectadas y un enfoque de ley y orden integrado, que promueva la colaboración y el intercambio de información entre todos los niveles de la policía para enfrentar efectivamente el crimen en todas sus dimensiones.

En conclusión, la clave para una Colombia más segura está en una gestión colaborativa y en el empoderamiento de las comunidades con el apoyo de instituciones robustas y con recursos distribuidos justamente.

Un “sistema de funcionamiento abierto” debe ser la norma, junto a una legislación que respalde constantemente adaptar las estrategias de seguridad a las voces ciudadanas. Además, incorporar tecnología en analítica de datos es vital, ya que permite una comprensión profunda y actualizada de las dinámicas criminales, y mejora la precisión y la efectividad de los Piscc.

La tecnología se convierte en un aliado estratégico, no solo en la identificación y predicción de patrones delictivos, sino también en la movilización de recursos proactivamente y en la creación de respuestas ágiles basadas en evidencia. Todo esto es esencial para forjar una sociedad más segura y armónica.

Sofía Iragorri Restrepo

Estudiante de cuarto semestre de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario.

Valeria Coronado Machado

Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad del Rosario. En su proceso de formación académica ha mostrado especial interes por todo lo relacionado en seguridad ciudadana.

Santiago Cardona Sotomonte

Estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario y miembro del Grupo de Acciones Públicas, con interés en el Derecho Administrativo, Constitucional y gestión de desarrollo urbano.

Doctor (c) en Ingeniería Matemática en la Universidad EAFIT. Msc. en management especialidad en investigación de organizaciones de la Universidad de Grenoble Alpes en Francia. Administrador policial de la Escuela de Cadetes de Policía y Administrador de empresas de la Universidad EAN. Becario Hubert...