No es la primera vez que los Wayuu han tenido que desplazarse hacia el otro lado: la presencia de grupos al margen de la ley, las dificultades provocadas por la inclemencia del clima, el hambre y los atropellos de multinacionales dedicadas a la explotación minero-energética de sus tierras, han marcado su historia.

En La Guajira o “periferia indómita” como le llamó Joaquín Viloria de la Hoz, han vivido los indígenas wayuu – palabra que traduce “persona” de su misma etnia- mucho antes de la demarcación de los 249 kilómetros que constituyen la línea imaginaria que hoy separan a Colombia y Venezuela, por el departamento de La Guajira. En los tiempos de la colonización, de acuerdo con Jane Rausch se les llamo “indios bravos” o indomables, titulo ganado a pulso porque según Viloria, para finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, era un pueblo orgulloso de su libertad porque nunca pudo ser conquistado por las tropas españolas en casi cuatro siglos, ni sometidos por las autoridades de Colombia durante cerca de cien años de vida republicana.

Su territorio ancestral es de 37.300 km2, 15.300 km2 del lado colombiano que comienzan en la península de La Guajira y 22.000 km2 del lado venezolano hasta llegar al Lago de Maracaibo. Su población en Colombia es de 380.460 indígenas, de acuerdo con el censo 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane y 415.498 indígenas en Venezuela, de acuerdo con el censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística INE.

Del lado colombiano, los Wayuu son el pueblo indígena con mayor población, concentrada en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena y representan el 4.4 por ciento de la población indígena nacional (1.905.617) y el 47.8 por ciento de la población del primero de ellos-Dane-, donde existen 26 resguardos. Dicha población ha aumentado en un 36.8 por ciento frente al censo 2005, lo que la entidad atribuye a 3 circunstancias: sus niveles de fecundidad, mejor cobertura en territorios con predominancia indígena y el aumento del autoreconocimiento étnico indígena; lo que ignora el hecho de que son un pueblo binacional que desde mediados de la última década han estado recibiendo a sus familiares y amigos, quienes tenían hogar establecido en Venezuela.

Los recién llegados desde el otro lado, a pesar de estar en su territorio, padecen una realidad disruptiva y dicotómica. Para ingresar al país no están obligados a realizar registro en Migración Colombia porque se les reconoce como un pueblo indígena binacional, derecho del que también gozan del lado venezolano. Sin embargo, para efectos de reconocimiento de identidad no pueden solicitar cédula de ciudadanía como un nacional, sino que deben solicitar los permisos de permanencia en el país como lo hacen todos los inmigrantes.

Es de suponer que su movilidad se refiere a un desplazamiento porque no ha salido de su territorio, aun cuando este se extiende sobre dos países, porque ambos reconocen tal circunstancia. Por el contrario, no se trata de retornados porque eso sería negar una de sus nacionalidades, al decir que son colombianos que vivían en Venezuela y tampoco se trata de inmigrantes venezolanos porque incurrirían también en negar una de sus nacionalidades, que en este caso es la colombiana.

Los Wayuu han mantenido una relación estrecha a lo largo de su territorio. Sus dinámicas sociales y económicas les han permitido permanecer en contacto con sus familias y a lo largo de su historia se han servido de la contigüidad binacional que impone límites sobre su territorio, para integrarse, generar medios económicos de subsistencia basados en el comercio, o incluso para salvaguardar su vida. Todo esto desde la interdependencia y compartiendo los valores, la riqueza inmaterial y la cosmovisión de su cultura.

¿Cómo han sorteado su desplazamiento en términos de identificación ciudadana?

No es la primera vez que han tenido que desplazarse hacia el otro lado, la presencia de grupos al margen de la ley, las dificultades provocadas por la inclemencia del clima, el hambre y los atropellos de multinacionales dedicadas a la explotación minero-energética de los recursos de su territorio, han marcado su historia. Y justo es en ese desplazamiento hacia el otro lado, en donde se han visto obligados a recurrir a distintos mecanismos para lograr tener documentos de identidad que les reconozca como nacionales.

De acuerdo con José Silva, presidente de Nación Wayuu ONG, los Wayuu cuando han tenido que desplazarse hacia Venezuela o Colombia para buscar mejores condiciones de vida, o por largos periodos por motivos de trabajo, o incluso estudio y una vez en el otro lado pedían a un tío u otro familiar que les presentara ante las autoridades de ese país como su hijo, para obtener un documento de identidad. Esto hacía que mientras en un país tenían unos apellidos, en el país vecino sus apellidos fueran otros.

Para el señor Silva, administrativamente se genera un caos porque el no tener identidad o el tener doble identidad, aunque es una solución en el corto plazo, en el largo plazo es un gran problema. Su primo, al que llamaremos Julio T., con nacionalidad colombiana, tuvo que irse al otro lado a buscar mejores oportunidades de vida. Allí un familiar le presentó ante las autoridades venezolanas como su hijo y su nombre en Venezuela es distinto al que tiene en Colombia. Lograr esa otra identidad, le permitió conseguir un empleo en la ciudad de Maracaibo.

Posteriormente el señor Julio se casó y tuvo hijos, quienes por supuesto fueron presentados con los apellidos que figuran en Venezuela y así asistieron al colegio, pero cuando la problemática social comenzó a impactarles, tuvieron que venir al lado colombiano nuevamente con su familia.

Ya en Colombia, sus hijos tuvieron que ser registrados por un hermano suyo y su mujer tuvo que casarse con su hermano para tener la nacionalidad colombiana y poder acceder así al sistema de salud, pero no podrán convalidar los estudios adelantados en Venezuela, por ejemplo.

En ese sentido, Edilma Prada y Luzbeidy Monterrosa expusieron para Cuestión Pública, que esto se debía también a que por desconocimiento o desinformación, algunos Wayuu difunden que cambiar el nombre es obligatorio porque si se usa el mismo en ambos países es un delito.

¿Qué razones les obligan a desplazarse ahora desde el lado venezolano hacia el lado colombiano?

De acuerdo con Naciones Unidas -ONU-, en el informe de resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela, la población Wayuu se encuentra en riesgo por la inaccesibilidad al abastecimiento de agua potable y los alimentos, falta de medicinas y atención médica o dificultades para movilizarse por la escasez de combustible que vive el país, por lo que han organizado protestas desde la imposición de las medidas contra el covid-19.

Así mismo, de acuerdo con La Voz de América, los indígenas están confinados en su territorio y los trabajos informales como venta a lo largo de las vías ya no pueden realizarse. Situación que les impide comer durante varios días y se han visto obligados a comer, por ejemplo, sapos en medio de la desesperación causada por el hambre y morir como consecuencia de esto. Ya no pueden incluso cruzar la línea imaginaria que divide su territorio para comprar o vender productos de primera necesidad en Colombia y así satisfacer sus necesidades más básicas. Pasan hasta tres días sin comer y lo único que tienen para cocinar algunas veces es arroz y pasta, sal y agua.

Quienes aún se arriesgan a cruzar la línea imaginaria impuesta sobre su territorio, hacia territorio colombiano, lo hacen por las trochas o pasos irregulares, que son alrededor de 200, pero lo hacen con el temor de ser identificados como “trocheros”, definidos por el ejecutivo venezolano como “bioterroristas”, porque atentan contra la salud de los venezolanos. De ser detenidos serán enviados a lugares de reclusión como castigo, sin que se lleve a cabo un proceso judicial de acuerdo a la ley.

¿Llegar al lado colombiano les ofrece mejores garantías?

De acuerdo con Viloria, La Guajira ha sido un territorio de extracción, antes sal, perlas, palo de tinte, y ahora sal y carbón, entre otros recursos naturales renovables y no renovables. En el territorio no se han podido crear las instituciones ni el ambiente empresarial propicio para la economía del territorio, tanto, que el desangre económico de La Guajira persiste, basado en funciones empresariales destructivas e improductivas.

En el escenario pre covid-19, los Wayuu han vivido día a día situaciones de gran dramatismo dada la pobreza y la precariedad o ausencia del Estado y sus servicios. Como resultado, su población se enfrenta a enfermedades y muerte, violación a sus derechos humanos y al nomadismo de sus asentamientos al agotarse los pastos para alimentación de los animales por contar con fuentes de agua.

En el departamento de La Guajira sólo existen 8 centros de salud en zona rural indígena, distribuidos en Dibulla (1), Manaure (3) y Uribia (4), y 6 puestos de salud distribuidos en Barrancas (1), Fonseca (1) y Uribia (4), lo que no brinda la cobertura necesaria porque algunos resguardos o comunidades están en zonas que no cuentan con infraestructura vial, siendo así de difícil acceso, demostrando la alta vulnerabilidad a la que está expuesta la población.

El no contar con suministro permanente o periódico de agua potable o incluso no potable en muchas de sus comunidades, no pueden tener espacios limpios, lo que de acuerdo con Save the Children Colombia, perjudica aún más a los niños porque en escuelas “no existen entornos favorables para aprender, crecer saludablemente y desarrollar todo su potencial”, por lo que más del 60 por ciento de su población es analfabeta. De igual forma, en el área rural habitada por población indígena tanto en la zona semidesértica-desértica, no tienen alcantarillado, acueducto, sistemas de disposición de residuos sólidos, líquidos y excretas (Plan Departamental de Desarrollo 2017-2019).

Es así que, el Ministerio de Cultura de Colombia lo incluyó en la lista de los Pueblos Indígenas en Riesgo, especialmente debido a que la escasez de agua les ha obligado a consumir agua no apta para consumo humano y por ello padecer enfermedades atribuidas a la contaminación de las fuentes de agua a la explotación carbonífera y petrolera, lo que incrementa los riesgos salubres de la población.

El Ministerio, en su caracterización de los pueblos indígenas de Colombia, denuncia que los Wayuu han tenido que enfrentar discriminación, racismo, marginación y violencia y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO-, el 29.6 por ciento de su población no consume la energía necesaria para llevar una vida saludable y activa; entre otras situaciones que hacen que sus condiciones de vida carezcan de la dignidad necesaria para alcanzar un estado de bienestar.

En cuanto a la convivencia armónica con sus hermanos, esta no siempre se logra. El llegar o regresar del otro lado, de acuerdo con Nicholas Casey del New York Times, amenaza la existencia del pueblo ancestral Wayuu, porque se han presentado choques entre familias que llegan y reclaman el territorio como suyo, además la falta de alimentos, la escasez de agua y las disputas por la propiedad de los recursos hacen que se presenten divisiones entre los anfitriones y los recién llegados.

Así mismo, Nación Wayuu ONG denuncia que “algunas mujeres Wayuu del otro lado son víctimas de incineraciones nefastas. Acto completamente contrario a su cosmovisión indígena y a los lineamientos establecidos por la OMS que indicaba que los indígenas fallecidos por covid, se le debía respetar sus usos y costumbres”. La incineración constituye una ruptura de las creencias de un pueblo para el que los actos funerarios constituyen uno de los actos rituales más representativos, de sus principios cosmogónicos y modos de representación mítica.

Para los wayuu del lado venezolano no es una opción voluntaria desplazarse hacia el otro lado. Deben dejarlo todo, pero saben que a pesar de las muchas dificultades que existen de este lado, con sus hermanos Wayuu les es fácil construir una vivienda y lograr el apoyo de redes familiares y culturales. También, tienen mayores garantías en cuanto a derechos básicos y atención porque el acceso a ayudas internacionales a inmigrantes y en el caso de aquellos que tienen nacionalidad colombiana, a planes asistenciales del gobierno nacional como adulto mayor, ingreso solidario, jóvenes en acción, familias en acción, devolución del IVA o la posibilidad de buscar trabajo formal o informal, les permitirán atender las necesidades que les motivaron a desplazarse. Aunque esto no resuelve sus problemas estructurales.

¿A qué se compromete el Gobierno colombiano frente a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas?

El gobierno, en el actual Plan Nacional de Desarrollo -PND- plantea su compromiso de fortalecer las organizaciones y autoridades de grupos étnicos como uno de sus agentes, concertar con ellos un capítulo específico en la Pnia y sus líneas, y la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias (Pnaff). También se compromete a desarrollar una estrategia para la superación de la mendicidad étnica, en particular indígena, la cual estará asociada a la estrategia de superación de la pobreza infantil. También a fortalecer los canales de diálogo intercultural con las comunidades y autoridades étnicas, con el fin de crear e implementar concertadamente un enfoque dirigido a estos, en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

También se compromete a expedir los lineamientos técnicos, a cargo del DNP, para la articulación de la oferta social, especialmente en salud y nutrición, educación, seguridad alimentaria y acceso a agua en La Guajira y Chocó, en el marco del Documento Conpes 3944 Estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas, aprobado en 2018.

También a desarrollar en el pacto XII “Pacto por la equidad de las oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rom”, mejorando la recolección de información estadística que haga posible realizar políticas diferenciadas o afirmativas dirigidas únicamente a esta población.

A pesar de estos y otros compromisos asumidos por el Estado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unam, afirma que en Colombia la cuestión indígena desempeña un papel secundario en general. Evidencia de ello es que, aunque se reconocen derechos desde la Constitución Política de 1991, como el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio, a la propiedad colectiva, y a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos, entre otros, la realidad antes expuesta evidencia la ausencia de Estado en su territorio.

¿Que ha hecho el pueblo Wayuu frente la ausencia del Estado?

El pueblo Wayuu ha luchado histórica e incansablemente por el reconocimiento de sus derechos. Evidencia de ello es el reconocimiento de su problemática multifactorial, reconocida con la sentencia T-302 de 2017, en la que la Corte Constitucional de Colombia estableció que la crisis humanitaria en este territorio es un problema multidimensional que implica la “vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas”.

Esta sentencia busca dar respuesta a la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, al agua, a la alimentación de niños y niñas y garantizar la vida digna del Pueblo Wayuu del departamento de La Guajira. Y así mismo, la sentencia T-415 de 2018, con la cual la Corte Constitucional de Colombia estableció de manera específica la vulneración del derecho fundamental al agua potable de sus comunidades.

Sin embargo, a la fecha no ha logrado el cumplimiento por parte del gobierno nacional.

El gobierno inició lo que llamó un diálogo genuino, en el que prometió el derecho a la participación a las comunidades y autoridades tradicionales con los municipios accionados en la Sentencia T-302 Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. Para lo que envió a la Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, pero a la presente fecha no ha dado cumplimiento y ha manifestado no haber gestionado una ruta para lograrlo.

¿Qué dice el Estado colombiano respecto al reconocimiento de doble nacionalidad?

La Constitución Política en el artículo 96, sobre la nacionalidad colombiana, punto 2 -por adopción-, literal c dice que: “los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos”, gozaran de éste derecho. Reconociendo así los derechos de los pueblos indígenas fronterizos de Colombia.

Sin embargo, aunque inicialmente se vio como un acto de justicia y solidaridad frente a los pueblos indígenas después de 500 años de colonización, la ausencia de dichos tratados binacionales viegentes no existe reconocimiento del Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en 1990-, impiden que a la fecha los Wayuu gocen del derecho a tener doble nacionalidad, al estar su territorio sobre dos naciones situación semejante a otro pueblo indígena fronterizo como los Yukpa y barí.  

Los Wayuu están siendo tratados como inmigrantes y la inexistencia de la diplomacia entre ambos países, impide ver una luz en el horizonte. De momento, los Wayuu seguirán enfrentando la difícil situación de hambre y muerte, e incluso de resquebrajar su cosmovisión milenaria de constituirse como una sola Nación Wayuu, bajo dos identidades o como inmigrantes en su propio territorio, lo que ha dejado entrever el abandono de ambos estados y por lo tanto, el impedimento para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas diferenciales que den respuesta a las necesidades específicas de los Wayuu y garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Economista con maestría en Finanzas, Doctorado en Ciencias Políticas y candidata a Doctora en Ciencias Sociales. Docente e investigadora de la Universidad de La Guajira.