¿Cómo quedará la ruralidad con los Planes de Desarrollo Territorial?

En las semanas que vienen se aprobarán 1.103 planes municipales y 32 planes departamentales de desarrollo a lo largo y ancho del país. La formulación de los planes territoriales es la tarea más importante que tienen hoy gobernadores y alcaldes de todo el país, porque lo que quede consignado en dichos planes definirá en buena medida el futuro inmediato de las regiones.

Los mandatarios de la Colombia rural, por ejemplo, en lugar de distraerse con los trinos que de una parte y otra se lanzan diariamente los protagonistas de nuestra novela nacional, deberían –en este mes y medio que queda– incluir en sus planes de desarrollo las estrategias y proyectos que activen el potencial productivo de sus territorios. Y en ese escenario tienen un lugar muy significativo los empresarios y emprendedores del sector agrícola. Pero eso sí, orientados no a la usanza tradicional, sino con juicio y con genuina participación de sus organizaciones sociales y grupos de interés, es decir, atendiendo con realismo las aspiraciones de la comunidad rural por tantas décadas ignoradas.

Y en esto tienen que moverse todos, tanto los afines al gobierno, que bien harían ya en aplaudir menos y empezar a hacer más desde su propia orilla, como los no afines y los de oposición, que deberían haber entendido ya el mensaje de una sociedad que se ha transformado y exige cambios e inclusión. No importará la esquina política a la cual pertenezcan: si no se dinamiza la acción estatal y se consiguen resultados concretos pronto, en los meses venideros los dirigentes tendrán que lidiar con el inconformismo de la gente y la protesta social. Y esta ocurrirá también al frente de sus despachos y plazas municipales.

A pesar de una institucionalidad rural territorial destartalada en los últimos años, los liderazgos de organizaciones de campesinos, los gremios y empresarios locales, y las administraciones públicas tienen la oportunidad de hacer hoy un frente común y plantarse con apuestas constructivas en sus planes regionales. Deben definir con decisión sus posturas ante los funcionarios del gobierno nacional para que se pellizquen. Aquí no solo están en juego los pequeños productores agrícolas y sus familias, sino una masa enorme de colombianos que habitan en esos espacios dinámicos llamados ruralidad, en donde los jóvenes necesitan motivos para permanecer, los empresarios requieren el entorno propicio para consolidar la economía y los ciudadanos las condiciones mínimas para una calidad de vida digna.

La reforma agraria hay que hacerla, no debe haber ninguna duda, pero hay que hacerla como está establecido en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de 2016. Es decir, con desarrollo rural, no con esa aproximación de los años setenta, como parece a veces que la ve el gobierno nacional. El solo título de la tierra, si es que logra ser masivo, es insuficiente: brinda felicidad por una noche. Al despertar a la mañana siguiente hay que levantarse a producir, y para eso se necesitan las apuestas integrales de desarrollo rural.

Los departamentos y algunas alianzas regionales interdepartamentales interesantes, como la de la región Caribe, deberían plantear también sus prioridades y escenarios de cooperación para acuerdos con la nación. ¡Se debe hacer reforma agraria y desarrollo rural al mismo tiempo! 

En ciertas zonas del Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre, los Santanderes, y en el Meta y los Llanos Orientales, por ejemplo, hay que identificar los núcleos en donde puedan convivir en condiciones justas las apuestas agroindustriales con tecnología, y los futuros nuevos propietarios asociados en cooperativas y otras figuras. Pero a esta altura del partido no se ve ni siquiera un prototipo consolidado –lo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) parecería ir al fracaso– y lo que existe es el riesgo de un apartheid rural que aparecerá si persiste la obsesión de entregar un papel con los títulos de propiedad sin nada más.

En el Cesar, La Guajira y el Tolima hay que concretar los distritos de ranchería y el del Triángulo, por ejemplo. Las alternativas para hacerlos viables se dejaron ya sobre la mesa. En todos los departamentos de vocación agrícola –como el Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Meta y Tolima– es necesario acordar cuáles infraestructuras de valor agregado se requieren para las vastas zonas productivas, y cuál será el lugar óptimo para las mismas. Estas pueden mejorar el ingreso de la población e integrar a muchas comunidades hoy desconectadas de los circuitos del mercado, como las de los departamentos del litoral pacífico.

Y para traer un ejemplo desde la política sectorial: ¿qué será de la propuesta de sustitución de importaciones de soja y maíz? Las regiones y el sector privado no pueden esperar a que esta emane de los titulares o se disuelva en el fragor de las correrías de los funcionarios. ¿Cuáles son los gobernadores y alcaldes que junto con el sector privado están preparando ya escenarios al gobierno nacional para que acelere esas buenas intenciones y arranquen pronto estos proyectos que tienen enorme potencial y muchos beneficios?

En fin, estos y otros temas –no solo los de la ruralidad– son los que deberían estar en las agendas de los líderes políticos, empresariales y sociales de las regiones en los próximos días. Seguir con la inacción y sentarse a esperar mientras se pierden oportunidades no es conveniente ni para las instituciones nacionales ni para los territorios: las brechas son enormes, las reivindicaciones fundamentadas, y la decepción y el desencanto que podrían venir en los próximos meses puede llevarnos a situaciones indeseables.

Que los periodos de gobierno de los alcaldes y gobernadores con los del presidente estén desalineados, ofrece una oportunidad a las administraciones regionales para apuntarse a las estrategias que ellos consideren más pertinentes y significativas de aquello que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Los concejales de los municipios y los diputados de las asambleas departamentales también tienen por estos días una enorme responsabilidad, pues son ellos los que darán la aprobación final de esos planes. Más allá de las afiliaciones y querencias políticas de turno –y del excesivo centralismo vigente– esto ofrece posibilidades para avanzar otros 4 años en beneficio de su población.

Independientemente de lo que pase con el percance constitucional de la ley del plan, es responsable desde los gobiernos regionales y locales no solo alinear algunas de sus apuestas de desarrollo territorial con el PND, sino también plantearle escenarios de ejecución a las políticas públicas nacionales que son vitales para sus regiones. Hay ahí un gana-gana para el beneficio común, pues lo cierto es que después de un año y medio de gobierno las políticas públicas y los proyectos nacionales no han hecho su tránsito del libro de los Salmos a la vida de la gente, de la ciudadanía y de las comunidades.