Después de tres meses de discusiones, el nuevo Gobierno de Gustavo Petro logró aprobar la reforma tributaria más grande en la historia reciente. El proyecto aprobado hoy en el Congreso recaudaría unos 20 billones de pesos en promedio entre el 2023 y el 2026, según el Ministerio de Hacienda.
Esos ingresos equivalen al 26 por ciento del presupuesto de inversión del Gobierno. Se trata de una inyección enorme con la que se financiará el programa político de Petro, aunque aún no han detallado exactamente cómo. Según ha dicho el ministro, José Antonio Ocampo, tramitarán una adición presupuestal que incluya lo que se consiguió para los gastos de 2023, un año electoral.
La reforma final de Ocampo obtiene la mayoría de su recaudo con una mayor carga a las empresas, sobre todo al sector de hidrocarburos, y a las personas más ricas. En ese sentido, cumple con su objetivo principal de hacer más progresivo el sistema tributario.
Sin embargo, lo hace recostándose sobre todo en el sector empresarial, ahondando una dependencia del sistema tributario colombiano en las personas jurídicas. De acuerdo con cálculos del Minhacienda, el 57 por ciento de los recursos en 2023 provendrá de los impuestos a las empresas de petróleo y carbón.
Ese monto bajaría a 35 por ciento en 2024, 20 por ciento en 2025 y 14 por ciento en 2026, en la medida en que la sobretasa de renta se reduzca en la medida en la que baja el precio del petróleo, el gas y el carbón. Con eso, desde el 2025 la reforma dependerá en gran medida de la eliminación de unos beneficios al sector empresarial, más impuestos a los más ricos y de los impuestos saludables, que se introducen por primera vez en el país.
Actualmente, el 25 por ciento del recaudo de impuestos en Colombia depende de las empresas y el 6 por ciento de las personas naturales, según el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios. Esto va en contravía de lo que sucede en países más desarrollados.
Por ejemplo, el promedio de la Ocde entre personas y empresas es de 24 por ciento versus 9 por ciento. De esa forma, los impuestos se recogen sobre todo de la riqueza de las personas y no tanto de las empresas, que son los vehículos para innovar y crear empleo.
Aunque aún no hay cálculos de cómo modifica el balance la reforma de Ocampo y Petro, de entrada es evidente que no le quita la carga a las empresas, sino que la aumenta.
Por eso, esta reforma ha dividido las opiniones de economistas y empresarios, muchos de los cuales la consideran profundamente lesiva para el sector privado y el emprendimiento individual.
“Cuando se mira lo que es el impuesto de renta para las empresas, que es del 35 %, pues también tenemos hoy en día, ya en Colombia, la tasa de impuesto de renta más alta entre los países de la Ocde. Es decir, no somos competitivos en términos de tributación de la empresa”, dijo en una entrevista Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Con una mayor dependencia, al menos en los dos primeros años, de los impuestos a los hidrocarburos, la reforma también ha creado diferencias entre las posiciones de la empresa más grande del país, Ecopetrol, que tiene como accionista mayoritario al Estado, y los privados de ese sector.
Francisco José Lloreda, presidente del gremio de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, ha dicho en varios espacios que la tributaria asfixiará al sector y que el efecto será que el país “recaude menos en 3 o 4 años de lo que que recauda sin la tributaria”.
Pero Felipe Bayón, el recién ratificado presidente de Ecopetrol, salió en medios a decir que el efecto de la tributaria será “significativamente menor” que lo previsto. “Si los precios están más altos y a la industria le está yendo bien, nosotros consideramos que es absolutamente razonable que la industria pague más, y desde Ecopetrol, que paguemos más”.
Sin embargo, como señaló en repetidas ocasiones el ministro Ocampo, más allá de los detalles puntuales, el espíritu de la reforma fue avalado por organizaciones multilaterales como el FMI, tuvo el visto bueno de la Ocde, y uno de sus puntos principales, el impuesto a las compañías de hidrocarburos, fue impulsado por el mismo Secretario de la ONU, Antonio Guterres.
La deuda de bajar la tarifa de renta a las empresas, que se quedó en 35 por ciento y es una de las más altas de los países miembro de la Ocde, quedó como un objetivo explícito para el futuro. Y Ocampo ya dijo este miércoles que la próxima reforma será para “bajarle los impuestos a las empresas y no subirlos”. Aunque las promesas de quitar impuestos son difíciles de cumplir, sobre todo para políticos de izquierda.
Una reforma progresiva para un Estado más grande
Una de las banderas de Gustavo Petro en campaña era que esta reforma sería más progresiva, en la medida en la que los que ganan más pagan más.
Eso lo logró en cuanto a los impuestos a los más ricos y la creación de un impuesto al patrimonio permanente. En el cálculo inicial de la reforma, cuando recaudaba 25 billones, modificaba el Gini de 0,514 a 0,419, que es la medida para saber qué tan desigualdad es o no un país.
Con esa progresividad y el mayor recaudo, Colombia mejora su capacidad de financiar el crecimiento del Estado y mejorar su sostenibilidad fiscal. Un cálculo inicial señala que con la tributaria de Petro Colombia el recaudo pasa del 18,7 por ciento del PIB al 20 por ciento (asumiendo que la reforma recauda el 1,3%). Aún así, sigue lejos del promedio Ocde de 34 por ciento, incluso por debajo del regional de 22 por ciento.
La otra deuda de la reforma tributaria y que fue un pedido de varios analistas, como los de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, es que se eliminen las exenciones que hay al IVA y que se desmonten beneficios preferenciales a unos sectores empresariales.
La tributaria no tocó el IVA para no afectar los precios de la canasta básica, que explican buena parte de la inflación que sólo cederá hasta el próximo año. El otro motivo, más político, es que el Gobierno quiso evitar un paro nacional como el que se vio en 2021 por la tributaria de Carrasquilla, que sí le quitaba esas exenciones al IVA y eso afectaba a los hogares más pobres y vulnerables.
El desmonte de los beneficios a las empresas fue más agresivo en el proyecto de ley radicado el 8 de agosto, pero en el tire y afloje en el Congreso se quedaron unas tarifas de renta más bajas al sector hotelero, al turismo y las editoriales.
Y a última hora del debate legislativo, los congresistas lograron conseguir unas tarifas más bajas, de 30 por ciento, para las mipymes que tengan una renta líquida gravable de 155,8 millones de pesos al año.
Los pulsos que se libraron durante el trámite de la tributaria
Cuando Ocampo habla de la reforma tributaria en eventos públicos dice que ha sido una de las más consensuadas y debatidas de la historia. Él mismo cuenta que se ha reunido por lo menos unas 400 horas con congresistas, empresarios y gremios para discutir el articulado.
El resultado de eso fue una reforma que no cambió mucho frente a la primera ponencia, porque el Gobierno no cedió en los puntos clave de recaudo como los impuestos a los hidrocarburos, pero sí le dio mermelada técnica a los partidos tradicionales con cambios en artículos menores.
Los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados lograron pasar en el Congreso después de varios intentos fallidos en el pasado, pero el gobierno cedió para favorecer a los grandes productores de esas bebidas, sobre todo a Postobón.
En la pelea, los congresistas consiguieron que esos impuestos no entraran en vigencia en enero de 2023, sino en en noviembre de ese mismo año y que además se subiera el umbral para que menos productos paguen impuestos.
Los partidos tradicionales lograron también que se les destinara 3 de los 5 puntos porcentuales del recaudo de la sobretasa a las entidades financieras a proyectos de vías en zonas rurales, beneficiando al partido Conservador que tiene su cuota en el Ministerio de Transporte con Guillermo Reyes, el ministro.
El gran golpe a la progresividad de la reforma fue la caída de un impuesto de renta a las pensiones altas. Ahí ganaron los congresistas y sus padrinos políticos que se ven directamente beneficiados de no tener que pagar impuestos por pensiones que superan los 13 millones de pesos y que para ellos pueden ser rentas que son de hasta 25 millones de pesos.
Los ambientalistas también tuvieron su parte en la reforma. Lograron que la mitad del recaudo del impuesto al carbono estuviera destinado a proyectos ambientales y la otra mitad se fuera para financiar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis.
