Hoy, 24 de noviembre, se conmemoran siete años de la firma del Acuerdo Final con la guerrilla de las Farc. También es el primer año completo del gobierno del presidente Gustavo Petro al frente de la implementación del acuerdo, que llega justo a la mitad del tiempo de los 15 años que se estiman para cumplir con lo pactado con la antigua guerrilla.
La llegada de Petro revivió las expectativas frente al acuerdo, porque se comprometió a implementar integralmente lo pactado, a diferencia del expresidente Iván Duque, que no era amigo del acuerdo y que lo implementó su manera. Sin embargo, más de año después, su respaldo al acuerdo se ha desdibujado en medio de críticas y desplantes. El último fue hoy, cuando canceló su asistencia al evento de conmemoración presidido por el expresidente Juan Manuel Santos por los siete años del Acuerdo.
La Silla hizo un balance del avance de la implementación en este arranque del gobierno Petro y a los siete años del acuerdo. El panorama es de luces y sombras en cada uno de los seis puntos pactados :
1. El gobierno se ha enredado en la institucionalidad de la paz
Aunque no quedó exactamente acordado cuál debía ser la institucionalidad en el gobierno nacional para implementar el Acuerdo de Paz, desde el gobierno de Juan Manuel Santos se había encargado de esa tarea a una Alta Consejería presidencial. Se trata de un rango que lo pone casi al nivel de un ministerio y le permite articular las diferentes instituciones necesarias para la implementación.
Pero, este gobierno, con la reforma del Departamento Administrativo de Presidencia, eliminó esta consejeria y creo una unidad dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a liderar toda la implementación. Es decir, le bajó el nivel al cargo y no le dio todas los mecanismos institucionales a su directora, Gloria Cuartas, para poner a andar con velocidad el motor de la implementación.
“Lo que hemos solicitado al gobierno, y así se comprometió el presidente hace ocho meses, era crear nuevamente esa consejería y nombrar una persona que se pusiera al frente de esas tareas de la implementación. Seguimos pendiente de que el presidente haga ese anuncio”, le dijo a La Silla el senador Julián Gallo, exnegociador de las Farc en La Habana y ahora uno de los líderes del partido Comunes que salió de esa guerrilla
Efectivamente, el presidente Petro hizo el anunció desde marzo de 2022. El decreto para esa consejería ya está listo en el despacho de Petro desde septiembre y Cuartas le ofreció su renuncia protocolaria al presidente ante la incertidumbre por su cargo. Sin embargo, la entidad no se ha creado aún y no hay nombramiento.
Además, hace un semana, Cuartas dio una entrevista a El Espectador en la que confirmó que aún está a la espera y que ha sido difícil trabajar ante las peticiones de nombrar a alguien diferente en su trabajo.
Consultado sobre el papel de Cuartas y de la Unidad de implementación, el senador Gallo le dijo a La Silla: “Realmente no tenemos ningún problema con la persona. Para nosotros lo fundamental es que se eleve el perfil de la unidad encargada de la implementación”.
“Una gran solución que pensé que el presidente Petro nos traía hoy es el nombramiento de una persona con poder y autonomía, que dependa de él, para implementar. Le pedimos desde aquí que lo haga”, dijo hoy el expresidente Santos en el acto de conmemoración de los siete años.
2. El gobierno Petro le apuesta todo a la tierra y la reforma rural
El punto del Acuerdo más grande y qué más recursos requiere es sin duda el primero, que se refiere a la reforma rural integral. Es un punto que coincide totalmente con la visión que tiene Petro, que en un inicio anunció que compraría tres millones de hectáreas de tierras: las que establece el acuerdo de paz en la reforma rural
Una muestra de eso es que en el Plan de Desarrollo el gobierno destinó 50 billones para la implementación de la paz durante los siguientes cuatro años, 13,4 billones más que durante el gobierno de Iván Duque. Y de ese dinero, el 82 por ciento está destinado para la implementación de la reforma rural, un total de 41,6 billones, según información de la Unidad para la Implementación.
La prioridad que le ha dado el gobierno Petro a este punto es evidente. Múltiples informes en el último año resaltan el impulso que se le ha dado a la titulación de tierras desde la Agencia Nacional de Tierra, a pesar de la discrepancia interna sobre la cifra. De acuerdo a la cifra más reciente del gobierno, se han comprado 44.145 hectáreas de tierra y formalizado 450.000 hectáreas a campesinos, indígenas, comunidades negras, población víctima.
Para el senador Gallo, el gobierno ha respondido a las expectativas de la implementación en ese tema. “Indudablemente, se ha avanzado tanto en la titulación y la formalización de la tierra, así como en la distribución de tierras campesinos que no tenían”, le dijo a La Silla.
Pero para los expertos hay preocupaciones también en cómo se está implementando, como lo señala Carolina Varela, quien coordinó el informe “¿Hacia Dónde va la Paz?”, del proyecto del Capitolio al Territorio que apoya la Fundación Ideas para la Paz. Para ella, en la titulación y entrega de tierras hay una despriorización de los territorios Pdet: 170 municipios en las regiones más afectadas por el conflicto y el abandono estatal.
“Desde la firma del acuerdo solo cerca del 30 por ciento de las tierras que se han adjudicado han sido para municipios Pdet. En el gobierno Petro esa cifra baja al 3,5 por ciento en esos municipios. Además, sabemos que el presidente dio la orden de prioriza la entrega tierras en la zona Caribe. Para nosotros esa no es la principal zona en la que debería concentrarse, sino en los 170 municipios Pdet”, dice Varela
Estos municipios fueron priorizados por el acuerdo para focalizar la transformación rural del campo. Durante el gobierno Duque tuvieron un protagonismo importante, pero para el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, se cometieron graves errores como subestimar el dinero necesario para cumplir con los Pdet.
En conversación con La Silla, Delgado dice que durante este año se han dedicado a organizar la casa y a priorizar el rumbo de inversión para aprovechar al máximo los recursos. Es consiente que eso ha puesto en pausa el ritmo de implementación pero igual resalta que en este gobierno se ha invertido 1,73 billones de pesos para la implementación de 472 iniciativas y se han aprobado 98 proyectos por 274 mil millones.
“Llego el punto en que se va a ver mucho más el avance en la ejecución. Es clara la orden de acelerar la ejecución de la implementación desde el propio presidente. La orden reiterada es cumplir este acuerdo de paz para poder avanzar en los procesos de paz total”, dijo Delgado.
3. La seguridad sigue siendo una amenaza para la reincorporación
El punto tres del acuerdo trazó la ruta para el fin del conflicto con las Farc y la reincorporación de más de 13 mil miembros de esa guerrilla a la vida civil. Fue un tránsito de la guerra a la política sin armas, pero que ha estado atravesada por la violencia en los territorios que abandonaron y los asesinatos de casi 400 firmantes del acuerdo.
Frente a eso, el Acuerdo preveía que debía hacerse una política de desmantelamiento de organizaciones armadas que intentaran copar los territorios abandonados por la guerrilla. Esa política fue presentada solo hasta septiembre de 2023 por el gobierno Petro, después de casi siete años de retraso.
Por otro lado, en sus primeros 100 días, el gobierno implemento un plan de choque para proteger la vida de líderes y firmantes de paz. Un plan que según los expertos le faltó más desarrollo y que no logró parar los asesinatos. Por otro lado, en medio de las conversaciones de la paz total y el cese al fuego temporales de los grupos armados con el gobierno, en el primer semestre de 2023, han seguido los asesinatos de firmantes.
“El problema fundamental radica en que si no se garantiza la vida y la seguridad, pues prácticamente es imposible poder hacer política. Me parece que ese es otro elemento en el que seguramente habría que esperar mejores resultados hacia el futuro frente a la implementación”, le dijo a La Silla el senador Gallo. “El tema de la paz total lo que ha mostrado es que hasta ahora no ha sido posible el desmantelamiento de las estructuras armadas”, agregó.
Para la investigadora Varela, esto fue evidente en las elecciones regionales pasadas de acuerdo al trabajo de campo. “Vimos territorios como los Montes de María o Caquetá, donde los candidatos exfarc no pudieron participar y donde algunos tuvieron que retirarse por amenazas. Ahí hay una debilidad grande en materia de seguridad, que impide todas las reincorporaciones la política, la económica y la social”.Po
De parte del gobierno, Raúl Delgado dice que el tema de la violencia en los territorios es el mayor reto que heredaron. “En vez de llegar primero el Estado a los territorios ocupados por las Farc, llegaron otro grupos armados. Esa es la madre de todos los problemas para la implementación”.
4. El gobierno quiere sustituir cultivos, pero todavía no empieza
El punto cuarto del Acuerdo es sobre la solución de las drogas en el país, cuyo centro es el programa de sustitución de cultivos ilícitos, mejor conocido como el Pnis. Se trata de uno de los programas más incumplidos y con más problemas.
El programa, básicamente, se trataba de pagarle a familias para sustituir sus cultivos ilicitos y ayudarlos con proyectos productivos. Siete años después, de las 82.218 familias vinculadas al Pnis solo una familia tiene el proyecto productivo de largo plazo ejecutado, mientras que miles de familias ni siquiera recibieron los pagos totales por arrancar sus cultivos, según el informe del proyecto del Capitolio al Territorio.
El gobierno Petro es consciente de eso y se ha puesto a la tarea evaluar con las comunidades cocaleras esta situación. Esto, porque su gran apuesta contra las drogas es sustituir las economías ilegales por economías lícitas, así quedó consignado en su nueva política de drogas.
Pero la Dirección de Cultivos Ilícitos aún no ha mostrado un plan concreto para empezar a sustituir, ni lo ha hecho. Y hasta ahora solo han invertido $141 mil millones en la estrategia de Hambre Cero, para mitigar la crisis del hambre que hay en varias zonas cocaleras del país.
“Nos parece que el gobierno tiene una visión que no riñe con el Pnis porque quiere ir más allá y puede ser complementaria, pero tenemos ahí todavía pendiente sentarnos con la Dirección de Sustitución para diseñar las propuestas”, dice el senador Gallo. Agrega que esta semana le llamó la atención que en una cumbre de instancias del Acuerdo, nadie de la dirección del Pnis hubiera estado.
“El tema de sustitución me parece que hay una apuesta muy clara del gobierno, pero uno no entiende muy bien cuál es el nuevo programa de sustitución. No veo que haya algo realmente novedoso en el abordaje, no veo tampoco que sean particularmente eficaces”, le dijo a La Silla Angelika Rettberg, doctora en Ciencia Política y directora de la Maestría en Construcción de Paz de Los Andes.
“Veo una crisis en términos de que los campesinos cocaleros no tienen a quien venderle su producto. Pero pareciera que esa crisis se va a resolver simplemente por el lado de mercado y no por el lado de la intervención gubernamental”, agrega Rettberg.
5. Falta iniciativa legislativa para la participación política
El punto dos del Acuerdo se trata de la apertura política, que venía de la intención de esa guerrilla de democratizar más al Estado colombiano. Es una parte del acuerdo en la que el gobierno comparte la responsabilidad, pues la mayoría son trámites que deben pasar por el Congreso y que aún están estancados.
Sin embargo, ha habido poco interés legislativo del gobierno Petro en asuntos del acuerdo, mientras ha hecho grandes cruzadas con sus reformas sociales.
“En materia de leyes que están establecidas en el acuerdo, es lo que está más retrasado”, dice la investigadora Carolina Varela. “No tienes ni la reforma política, ni la reforma la electoral, ni la reforma que fortalece la protestas pacífica, ni la reforma a la participación ciudadana para fortalecer los consejos territoriales de planeación. En materia legislativa, los temas pendientes del acuerdo de paz no son una prioridad para este gobierno”.
Es una visión similar a la del senador Gallo, que hace parte de la coalición de gobierno. Para él es importante que se presente de nuevo una iniciativa de reforma política que recoja los elementos del Acuerdo. Igualmente, cree que se debería presentar un proyecto para reglamentar y garantizar la protesta social.
Pero, para la profesora Angelika Rettberg el Congreso no solo sirve para ver el esfuerzo que el gobierno y el Pacto Histórico le mete a la implementación, sino para ver el papel del partido que nació de esa guerrilla. “Tampoco las Farc convertidas en partido Comunes son los grandes promotores de la implementación en el Congreso”, dice.
6. Avances de la JEP y pullas del gobierno por las amnistías
El punto cinco de la acuerdo de paz es donde está el sistema integral de justicia, verdad y reparación. El eje de este punto es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se encarga de juzgar de manera transicional los crímenes en el conflicto y dar amnistía a los excombatientes que dejaron las armas y no son máximos responsables del conflicto.
En estos años, la JEP logró que el Secretariado de las Farc aceptara su responsabilidad por el crímen de guerra que significó el secuestro. Además, ha avanzado en el caso de falsos positivos de miembros de la fuerza pública, donde alrededor de 50 militares han reconocido su responsabilidad. Según anunció la jurisdicción, a comienzos del próximo año sacará la primera sentencia en contra de los miembros del secretariado en el caso de secuestro.
Por otro lado, durante el gobierno Petro, el punto las amnistías a los firmantes de paz se han vuelto un punto de disputa que ha escalado hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El asunto es que la JEP no ha podido conceder a todos los firmantes del acuerdo. Esto se debe al represamiento de solicitudes en la Sala de Amnistía o indulto, además del trabajo investigativo de esa jurisdicción de que por esa vía no se cuele ningún máximo responsable.
“Hoy en día tenemos más de 6000 firmantes del acuerdo de paz que no tienen resuelta esa amnistía y por lo tanto esa es una preocupación grande que hemos expresado nosotros. También lo expresó el presidente Gustavo Petro en la carta que dirigió al Consejo de Seguridad las Naciones Unidas”, le dijo a La Silla Julian Gallo, antiguo miembro del Secretariado de las Farc.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, ha respondido ante esas crítica que, aunque la jurisdicción es una institución que nació del Acuerdo de Paz, su autonomía no se negocia.
En lo que sí tiene responsabilidad es en la reparación de los cerca de 10 millones de víctimas. Una tarea que recae en la Unidad para las Víctimas que este año presentó una reforma a la Ley 1448 o “Ley de Víctimas”. El reto allí aún es inmenso y el camino que ha privilegiado el gobierno es la reparación colectiva.
7. El gobierno revivió las instancias del acuerdo
El punto sexto del Acuerdo de Paz es el más corto y establece una serie de instancias para hacer control de la implementación del Acuerdo de Paz. Unas instancias que el gobierno del expresidente Duque puso en el congelador y no activo en la mayoría de su periodo.
Uno de los primeros pasos de este gobierno, el año pasado, fue activar esas instancias. Quizá la más importante es el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), donde están tanto el gobierno como representantes de los exfarc y las instancias de género y la étnica.
Esta semana, en el marco de los siete años del acuerdo de paz, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó una sede para que funcione el componente exfarc de la Csivi, la instancia de género y la instancia étnica.
8. Francia impulsó la implementación del capítulo étnico
El capítulo étnico del Acuerdo Final fue uno de los últimos puntos acordados en La Habana y es transversal a todos los puntos, pero su implementación es la más rezagada de todas. De acuerdo con el último informe trimestral del Instituto Kroc sobre la implementación, apenas el 13 por ciento de las disposiciones del capítulo étnico estaban completas.
Por eso el gobierno firmó un pacto para el impulso de la implementación del capítulo étnico este lunes. Será una implementación liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, con el apoyo del Ministerio del Interior y la Unidad para la Implementación.
“No estoy contenta con los avances del Capítulo Étnico y lo digo como vicepresidenta. Yo espero más de mi Gobierno, espero más de mis funcionarios, sobre todo de las instituciones que tienen responsabilidad concreta y, si me toca ser el patito feo, lo sigo siendo, pero yo llegué aquí por un cambio”, dijo Márquez este lunes.
