El despelote por la rectoría de Uniatlántico

Hoy tampoco se pudo elegir rector, porque una recusación dejó sin poder de voto a uno de los habilitados para hacerlo. En las trabas que han prolongado la interinidad todos los caminos conducen a un candidato.

Hoy, después de 32 meses de tener rector en interinidad el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico se reunió para elegir a una nueva cabeza en propiedad. Pero tras dos votaciones ninguno de los tres candidatos alcanzó los cinco votos que necesitaba para ser elegido, por lo que citaron para una nueva reunión el próximo 22 de mayo en la que se espera que por fin se pueda dar la elección.

El pulso por la principal universidad pública del Atlántico, que maneja un presupuesto anual de más de 280 mil millones de pesos y cuenta con unos 24 mil estudiantes, lo libran desde mayo de 2015 los candidatos Rafael Castillo, quien fue docente de la Universidad y estuvo de rector encargado desde 2014. El también docente Salim Mattar y Carlos Prasca, exsecretario de Educación departamental de la Administración pasada.

Antes de la votación para saber quién quedaba de rector, el Consejo Superior resolvió una recusación hecha a uno de sus miembros por parte de uno de los aspirantes a rector.

Esa recusación la hizo el pasado 4 de mayo, cuando el Consejo también había intentado elegir rector, el abogado del candidato Castillo (Raimundo Alvarado) contra el abogado César Lorduy, que representa a los gremios en ese órgano de elección.

Lo que pedía el abogado de Castillo era que se inhabilitara a Lorduy para votar porque su cliente había demandado desde el año pasado la designación del representante de los gremios en el Consejo, por lo que eso podía influir en la decisión. Esa petición fue estudiada y tras conocer la respuesta del representante de los gremios hoy decidieron quitarle el derecho a votar a Lorduy.

El Consejo Superior está conformado por 11 miembros de los cuales solo nueve tienen derecho a votar en una elección: el Gobernador, un representante del Presidente, uno del Ministerio de Educación, uno de los gremios, un representante de los estudiantes, de los docentes, de los egresado, el de los exrectores y el de las directivas académicas. Los que tiene hacen parte, pero no votan son el rector y el secretario general de la U.

Así las cosas, con la salida de Lorduy solo había ocho habilitados para votar, pero a ninguno de los candidatos les dieron las cuentas: en la primera vuelta Prasca consiguió cuatro votos (el del Gobernador, representante del Presidente, del Mineducación y del representante de egresados), Castillo tres votos (el de los representantes de estudiantes, docentes y directivas académicas) y por Mattar sólo votó el representante de los exrectores.

En una segunda vuelta los votos fueron similares, pero Prasca perdió en esa ronda el apoyo de Verano, quien apoyó a Mattar.

Con esto sigue el cargo en interinidad tras una movida similar a las que se vienen presentando desde 2015. Todas esas movidas, que han retrasado y entorpecido el camino para que la Uniatlántico tenga una dirección en propiedad, apuntan al nombre del candidato Rafael Castillo.

Los candidatos Rafael Castillo, Salim Mattar y Carlos Prasca (Imágenes tomadas de El Heraldo)

La historia

Castillo, es un economista y docente de facultad de Ciencias Económicas que ha alternado la academia con cargos públicos en secretarías departamentales como la de Tránsito y Transporte entre 1991 y 1998. Entre 2002 y 2004 fue el director nacional de Fondelibertad, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa y luego entre 2005 y 2006 cuando la Gobernación del conservador Carlos Rodado Noriega fue secretario de Educación.

Después de ese recorrido se hizo importante en la Universidad en 2014 cuando fue designado rector encargado en remplazo de Ana Mesa, quien había estado como rectora desde 2006 con el respaldo del entonces presidente Uribe. Tras su salida el gobernador Segebre respaldó a Castillo para que fuera elegido rector encargado, mientras se escogía en propiedad. Algo que debía suceder en los cuatro meses siguientes a ese nombramiento.

Castillo fue encargado con la responsabilidad de organizar las elecciones para nuevo rector. Pero sólo ocho meses después y tras regaños públicos de la entonces ministra de Educación Gina Parody, en abril de 2015 se fijó el calendario para la elección del rector en propiedad.

En ese calendario se estableció para mayo la consulta a estudiantes y docentes para definir su candidato, algo que se hace con una votación al interior de la universidad. Y el 9 de julio quedó establecido como el día para la designación del nuevo rector.   

Durante su encargo, Castillo hizo unas movidas que, aunque son presentadas por él como “una gestión inaplazable”, fueron vistas más como estrategia de campaña para hacerse elegir en propiedad.

Como lo contamos en La Caribe, en medio de una situación económica poco favorable para la Universidad, el profesor Castillo abrió un concurso docente, algo que fue calificado como un error incluso por el gobernador Segebre, que lo había respaldado para el encargo.

Además de eso, becó a unos cuatro mil estudiantes y gestionó un programa de subsidio de almuerzos.

Esas dos movidas fueron criticadas, sobre todo, porque finalmente Castillo fue quien resultó elegido por los docentes y los estudiantes en la consulta que les hicieron para definir su candidato a rector.

Los otros candidatos a rector fueron designados por los representantes de egresados y exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad que tiene 11 miembros de los cuales nueve votan para elegir al rector.

 

La fecha para esa elección del nuevo rector en propiedad, según el calendario electoral, era el 9 de julio de 2015, pero sorpresivamente ese mismo día el Consejo Superior fue notificado de una orden del Tribunal Administrativo del Atlántico que, como medida cautelar del 8 de julio, obligaba a suspender el proceso de elección.

Esa orden del Tribunal se dio en respuesta a una acción de nulidad presentada por el docente Juan Barrios y la estudiante Loly De la Asunción, quienes estaban en desacuerdo con la forma en que podían postular candidatos a rectoría, según los estatutos de la Universidad.

Lo que querían el docente y la estudiante era que los otros aspirantes también fueran elegidos de esa manera y no a dedo como fueron designados.

Eso obligaba a que, por ejemplo, los egresados hicieran una consulta entre ellos y el que más votos sacara fuese el candidato, algo que echaba para atrás el proceso, mientras Castillo seguía en el encargo.

Por lo que el fallo, emitido en favor de las pretensiones del profesor y la estudiante, fue apelado y pasó al Consejo de Estado.

Como el rumor en ese momento era que el Consejo Superior iba a elegir a Prasca, se dice que la movida para retrasar la elección le convenía a Castillo, quien debía seguir en el encargo.

Además, los demandantes que pedían cambiar el proceso de elección de los candidatos coincidían en ese interés con un grupo de estudiantes afines a Castillo.

El proceso quedó congelado desde entonces, mientras esa acción de nulidad se resolvía.

A ese trámite le siguió otro que tomó más de un mes: sacar a Rafael Castillo del encargo como rector porque estaba en un puesto de poder que lo ponía en una mejor condición que el resto de candidatos, como le explicó a La Silla Caribe Leyton Barrios, representante de los egresados y quien propuso que se tomara esa decisión.

Pero como Castillo no quería dejar el encargo, alegando que era hasta cuando se eligiera un nuevo rector en propiedad, sus defensores en el Consejo Superior: el representante de los estudiantes y el representante de los docentes presentaron recusaciones en contra de los consejeros que estaban en favor de la salida de Rafael del encargo como rector.

Esas recusaciones señalaban que tratar de sacar del cargo a Castillo iban en contra de la establecido por el Tribunal que había ordenado suspender el proceso de elección, pero los consejeros alegaban que era necesaria su salida.

Esas diferencias se zanjaron en un consejo extraordinario citado el 15 de agosto de 2015. Ahí, después de más de cuatro horas de discusiones en las que en señal de protesta un estudiante se desnudó frente a los medios de comunicación que cubrían la reunión, siete miembros del Consejo Superior votaron por la salida de Castillo, quien solo tuvo dos votos por su permanencia.

En su reemplazo los consejeros nombraron a la socióloga Rafaela Vos Obeso. Una docente de la Universidad que ha tiene una carrera reconocida en el departamento y que es vista como independiente.

Luego de estar quieto esperando el fallo definitivo a las apelaciones de la acción de nulidad interpuesta en julio de 2015, el proceso de elección se volvió a activar tras la decisión del Consejo de Estado en la que se ordena al Tribunal Administrativo del Atlántico dejar sin efecto su decisión del 8 de julio de 2015 y que se cumplían las elecciones.

De eso el gobernador liberal Eduardo Verano De la Rosa fue notificado el 27 de abril y de inmediato convocó para el pasado 4 de mayo al Consejo Superior para elegir al nuevo rector, pero otra movida de Castillo volvió a frenar el proceso con una recusación que puede seguir dilatando la elección.

La nueva traba

Resulta que el año pasado, Castillo demandó la elección de uno de los miembros del Consejo Superior alegando que su elección para estar en ese órgano no había sido por la mayoría absoluta.

Ese consejero es el abogado César Lorduy,  el representante de los gremios en el Consejo Superior de la Universidad y quien vota en la elección de rector.

Según alega Castillo, la elección de Lorduy es irregular porque debió ser elegido con siete votos de los miembros del sector y sólo recibió cinco.

En ese sentido, el 2 de noviembre del año pasado, Juez 11 Administrativo Oral de Barranquilla declaró nula la elección de Lorduy, favoreciendo la petición de Castillo. Por lo que en atención a ese fallo los gremios volvieron a reunirse y el 9 de noviembre de forma unánime reeligieron a Lorduy.

Este 4 de mayo que pasó, cuando el Consejo Superior llega decidido a elegir por fin rector, se encuentra con que antes debe resolver una recusación a Lorduy interpuesta por el abogado de Castillo (Reimundo Marenco) quien pide que el representante de los gremios sea inhabilitado para votar, alegando la demanda que previamente interpuso el candidato a rector no ha sido fallada en última instancia.

Hoy volvió a quedar aplazada la elección, porque la nueva traba de Castillo hizo mella.

Habrá que ver si esto se resuelve el próximo 22 de mayo, cuando fue citada la nueva reunión del Consejo Superior de la Universidad el Atlántico o si, como pasó el 4 de mayo, otra sorpresiva recusación vuelve a torpedear el proceso para el alma mater tenga cabeza en propiedad.