La reciente orden de un juez de suspender la elección del rector en propiedad de la Universidad del Atlántico es uno de los últimos capítulos de la puja por la dirección de esa institución, que comenzará a recibir cuantiosos recursos de la Nación.
La orden de un juez de suspender la elección del rector en propiedad de la Universidad del Atlántico es uno de los capítulos recientes de la puja por la dirección de esa institución, que comenzará a recibir este año cuantiosos recursos de la Nación.
La pelea por la única universidad pública del Atlántico la protagonizan los candidatos Rafael Castillo, quien desde septiembre pasado es el rector encargado; el secretario de Educación departamental Carlos Prasca, y el docente Salim Mattar. Estos dos últimos son vistos como fichas de la casa Char y el senador Álvaro Ashton, respectivamente.
Castillo fue encargado con el apoyo del gobernador José Antonio Segebre tras la salida, por edad de retiro forzoso, de la rectora Ana Sofía Mesa. Ella llegó al cargo en 2006 por gestión del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
De uno de esos tres candidatos saldrá el rector en propiedad que velará por brindarles calidad académica a 22 mil estudiantes, pero también administrará un presupuesto anual cercano a los $270 mil millones y los recursos adicionales que gire la Nación.
Por una parte, a la universidad le entrarán este año $98 mil millones tras una acción popular fallada a su favor en segunda instancia en 2012, que cambia los porcentajes de plata que ponen el Ministerio de Hacienda y el Departamento para los pagos mensuales de pensiones.
Ese mismo fallo obliga a la Nación a devolverle a Uniatlántico unos $300 mil millones, correspondientes a las pensiones que asumió con dineros propios desde 2003 porque el Ministerio de Hacienda no le giraba recursos al considerarlas irregulares.
Aunque la decisión está en firme, aún está por definirse la fecha en la que esa plata comenzará a ingresarle a la U porque depende del acuerdo al que llegue con el Ministerio.
Con todo ese valioso botín de por medio, los estudiantes, medios de comunicación y sectores gremiales han encendido las alertas para que la elección del rector no se tiña de politiquería: el año pasado, por primera vez desde 2006, la U terminó con un superávit de $16.091 millones.
Fue la politiquería la que hizo que, hace nueve años, Uniatlántico tuviera que acogerse a la Ley 550 y se convirtiera en la primera -y hasta ahora única- universidad del país en proceso de reestructuración de pasivos. En aquella época sumaba $136.120 millones en deudas y la rondaba la posibilidad de ser liquidada.
Desde los años 70, y hasta la llegada de Mesa en 2006, varios de los rectores eran designados como cuotas de los Name, del fallecido exgobernador y excongresista Pedro Martín Leyes, y de los senadores Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y Álvaro Ashton.
Algunos de esos rectores, para garantizar ciertos márgenes de gobernabilidad dentro de la universidad, les hicieron generosas concesiones burocráticas, administrativas y pensionales a los sindicatos, que terminaron siendo insostenibles y llevando a la U a la Ley de Quiebras.
Para sacar adelante la reestructuración, en 2006 la institución suprimió 300 cargos y expidió una nueva planta de 173 personas. Desde entonces se ahorra anualmente $10.933 millones. Sin embargo, varios de los funcionarios despedidos comenzaron a demandar y por fallos en su contra la U había tenido que pagar hasta mediados del año pasado $26.200 millones.
Por esas decisiones Uniatlántico no terminó de pagarles a sus acreedores en 2014 y prorrogó hasta 2020 su reestructuración de pasivos.
Pese a ello, el panorama financiero está más despejado.
Hasta con los dientes
Desvinculada Ana Sofía Mesa, la ministra de Educación Gina Parody le envió en septiembre pasado una carta al Gobernador en la que le pedía convocar a una reunión extraordinaria para revisar las condiciones de elección del nuevo rector.
Ocho meses después, la Ministra regañó públicamente al Gobernador porque el calendario electoral aún no estaba definido. En W Radio, Parody dijo que le preocupaba que se hubiera dilatado la elección y que la institución llevara tanto tiempo con rector encargado.
Una vez definidas las consultas de estudiantes y docentes, la carrera por la Rectoría se ha hecho más feroz. Como lo contó La Silla, no han faltado los pasquines, en los que inclusive utilizaron nuestra imagen, ni el cruce de acusaciones.
El rector Castillo ganó ambas consultas, celebradas en mayo y en medio de señalamientos de los demás candidatos por supuesta falta de garantías.
Desde entonces, los estudiantes y docentes promueven a Castillo como un candidato sin “padrinos políticos” y aseguran que si alguno de los otros dos que le compiten la Rectoría es elegido ingresan también a la U los caciques políticos.
Al secretario Carlos Prasca lo vinculan con los Char porque, aseguran, llegó a la administración departamental como cuota de ese grupo. Cuota que el gobernador Segebre le negó a La Silla porque, dijo, esa familia no lo apoyó en su elección.
Sin embargo, hace cuatro años en ese departamento se supo que a última hora el exsenador Fuad Char decidió respaldarlo porque su candidato, el hoy senador uribista Jaime Amín, tenía pocas posibilidades de triunfo.
Prasca, quien también ha negado esos vínculos y no es conocido en el Atlántico como carta charista, llegó a la Secretaría de Educación tras una exitosa labor como rector del Instituto Tecnológico de Soledad.
En cuanto a Mattar, quienes respaldan al rector Castillo lo relacionan con el senador Álvaro Ashton porque fue propuesto por el representante de los exrectores, el militante liberal Antonio Vallejo. Ashton es el actual líder del trapo rojo en el Atlántico.
Hasta ahora el proceso está en el aire porque el Tribunal Administrativo del Atlántico le notificó el 7 de julio al Gobernador la suspensión de la elección. Esto como medida cautelar tras una acción de nulidad interpuesta por un profesor y una estudiante. En ella argumentan que se viola el principio de igualdad porque todos los candidatos deberían llegar por consulta a la votación del Consejo Superior.
Hasta que el proceso no se reactive Castillo seguirá en el cargo. De allí que algunos comiencen a señalarlo de ser el verdadero autor de ese recurso. Sin embargo, La Silla no pudo establecer relación alguna entre el rector y los dos accionantes.
Castillo le dijo a La Silla que ese era otro de los ataques orquestados en su contra y negó estar detrás de la acción de nulidad.
Los cuestionamientos al rector
Desde que llegó a la Rectoría, a Castillo le han cuestionado varias de sus decisiones. Por ejemplo, generaron fuertes críticas los cambios en las vicerrectorías de Bienestar y Financiera, así como en la Jefatura de Planeación. Esos movimientos fueron interpretados por sus contradictores como una estrategia para sumar apoyos y quedarse en el puesto.
El secretario de Educación ha sido uno de sus mayores críticos. De hecho, ambos protagonizan desde el año pasado una guerra de micrófonos. Tanto ha subido de tono (no han faltado los calificativos de “politiquero” y “vil canalla”), que el Gobernador intervino y pidió mesura públicamente.
En entrevista con La Silla, Castillo dijo que los cambios en la planta de personal los ha hecho por la discrecionalidad que le da el cargo, que ninguno de los nombrados tiene filiación política y que la mayoría de personas que encontró siguen en la U.
Sin embargo, a él lo señalan de haberle dado demasiado juego a los docentes y estudiantes de izquierda, quienes estuvieron a raya durante la rectoría de Ana Sofía Mesa, protegida por el gobierno de Álvaro Uribe. Fuentes que La Silla consultó aseguraron que hoy el rector ha terminado de “rehén” de varias de esas organizaciones.
Castillo dijo que, a diferencia de la administración pasada, él sí ha tenido en cuenta a los docentes y estudiantes y por eso le hacen ese tipo de señalamientos, mucho más porque el representante de los estudiantes, Jonathan Camargo, es simpatizante del movimiento político Marcha Patriótica.
Además de los nombramientos de los vicerrectores, en los 10 meses que lleva como rector encargado, Castillo ha enfrentado cuestionamientos por haber convocado un concurso de docentes y por la proyección de gastos de inversión para el presupuesto de este año.
En diálogo con La Silla, la exconsejera Marcela Blanco dijo que la universidad no debió haber convocado un concurso docente el semestre pasado, después de que el Consejo Superior le hizo observaciones por no estar “bien sustentada” su viabilidad financiera.
El gobernador Segebre también le aseguró a La Silla que fue un error de parte del rector.
Castillo argumentó que sí están asegurados los recursos y que esa convocatoria era necesaria para el proceso de acreditación institucional.
En un informe financiero elaborado por el promotor de la Ley 550, al que tuvimos acceso, se advierte que la universidad destinó $48.400 millones para inversión este año, cuando el escenario financiero proyectaba una cantidad inferior.
“No puede ser pecado ni materia de estigmatización de que un rector plantee una estructura presupuestal para privilegiar los procesos de acreditación”, respondió Castillo.
Sin embargo, según el documento en Excel ‘Escenario Financiero’, colgado en el sitio web del Ministerio de Educación, en el rubro de inversión para 2015 la U debía haber presupuestado menos de $8.500 millones. Esto porque los recursos adicionales que le ingresen deben aprovisionarse para no afectar a futuro su flujo de caja.
La salida que no fue
La prueba reciente de lo crispados que están los ánimos en Uniatlántico fue la sesión del Consejo Superior, celebrada el 9 de julio pasado, en el que seis de los nueve consejeros propusieron apartar a Castillo de la Rectoría argumentando un conflicto de intereses al ser rector y candidato a la vez.
El Consejo Superior está dividido: a él lo apoyan los representantes de estudiantes y docentes y el Gobernador, quienes votaron a favor de su permanencia. Mientras que los representantes de egresados, directivas académicas, el Ministerio de Educación, de Presidencia, exrectores y el sector productivo armaron un bloque mayoritario para apartarlo del cargo.
Al final la decisión quedó suspendida por las dudas jurídicas que al Gobernador le generó quitar a un funcionario con la Ley de Garantías vigente.
La Silla escuchó los audios de esa reunión y en ellos quedó registrada la manera atropellada como ésta se desarrolló: consejeros hablando al mismo tiempo, interrupciones abruptas a quien tenía el uso de la palabra y un representante de los estudiantes alterado que llamaba corruptos a los demás consejeros por haber votado la salida de Castillo.
Antes de que la sesión acabara, la representante de los gremios Marcela Blanco renunció y dejó una constancia pública de lo que a su modo de ver es la falta de garantías mínimas para que sesione el Consejo Superior dadas las “situaciones de desgobierno, irrespeto y agresión permanente”.
El Representante de los estudiantes le dijo a La Silla que esa votación era ilegal porque la medida del Tribunal congelaba cualquier decisión sobre la Rectoría y culpó al gobernador por permitir que se diera la votación. De hecho, los estudiantes convocaron para el lunes pasado una tomatina en contra del mandatario.
Más allá de los cuestionamientos y de la feroz pelea por la Rectoría, lo único claro es que a la Uniatlántico le falta un largo camino por recorrer para espantar el fantasma de la politiquería y dedicarse de lleno a su razón de ser, la academia.
Eso lo evidencia el reciente índice de calidad, publicado el miércoles por el Ministerio de Educación: de 183 instituciones ocupa el puesto 48. Aunque polémico, el escalafón muestra que la Universidad del Atlántico sigue sin saber capitalizar sus 75 años de historia y los cuantiosos recursos que maneja.
