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“No matar, no torturar y no desaparecer”, son los mandamientos que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha repetido constantemente sobre lo que le piden a los grupos armados en el marco de la política de Paz Total. Hasta ahora ese alivio para muchas de las poblaciones que viven el conflicto es apenas una promesa.

En Putumayo el país vio imágenes sangrientas, ausentes desde los peores momentos del conflicto, de cuerpos de combatientes de las disidencias siendo descargados de una volqueta.

Los datos confirman que el conflicto sigue vivo, mientras la iniciativa militar del Estado se ha reducido de manera drástica. Además, en los primeros tres meses del Gobierno Petro, los grupos armados solo han cesado el fuego contra la Fuerza Pública, pero se han masacrado en guerras locales y continúan asesinando a líderes sociales en las regiones más vulnerables.

Los datos los presenta el informe “Petro y la estrategia de paz y seguridad: efectos y alertas”, publicado ayer por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), una ONG que hace seguimiento al conflicto. Aunque los expertos de la FIP afirman que es temprano para hacer balances definitivos, los datos ya muestran campanazos de alerta para el Gobierno.

La Fuerza Pública pierde la iniciativa

De acuerdo al seguimiento de la FIP a los combates y ofensivas de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales, hubo una reducción de estas acciones del 70 por ciento durante el primer trimestre de Petro, en comparación con el mismo periodo del 2021.

A pesar de que agosto cerró con apenas tres acciones de la Fuerza Pública contra grupos armados y fue el mes con menos acciones de todo el 2022, el registro de la FIP muestra que en septiembre y octubre el número de acciones ha aumentado.

Según Jorge Mantilla, director del área de la FIP que elaboró este informe, la disminución en la operatividad ofensiva se explica porque se está reformulando la nueva estrategia de seguridad y defensa. “Entonces estamos en una suerte de paréntesis para definir cuál será la aproximación de la Fuerza Pública en el marco de la Paz Total”, dice.

Por ahora, los datos de este primer trimestre de Petro muestran que en el escenario de conflicto actual, la Fuerza Pública está quedando como un actor irrelevante y poco influyente. “El Estado se convirtió en un tercero que no decide las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que sucede la violencia, porque no tiene iniciativa militar, porque no está clara cuál es la estrategia para proteger a la población civil”, dice Mantilla.

La otra cara de la moneda es que las acciones contra la Fuerza Pública se redujeron en un 73 por ciento y los ataques a la infraestructura y bienes en un 74 comparado con el mismo periodo en 2021; llegando a ser las cifras más bajas de este trimestre desde el 2016. 

La disminución de los ataques a la Fuerza Pública que registra la FIP en los primeros meses de Petro también es significativa respecto al resto del 2022. Los picos este año se explican por los planes pistola del Clan del Golfo en contra de la Policía, a principios de año en retaliación a la captura de alias “Otoniel” y en julio para posicionarse frente a la propuesta de Paz Total del entrante presidente Petro.

Guerra entre grupos armados y contra civiles

En contraste, los registros de la FIP también muestran que los enfrentamientos entre los grupos armados se han intensificado en este arranque de Gobierno.

“Al menos en estos primeros 100 días, la Paz Total no ha logrado la tracción necesaria para frenar la inercia de esta forma de violencia. Entre agosto y octubre, el seguimiento de la FIP registró 25 enfrentamientos, un incremento del 79 por ciento con respecto a 2021, que tuvo 14 registros”, se lee en el informe de la FIP.

Para el director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la FIP, Jorge Mantilla, esta dinámica se debe a que: ”Los grupos están mucho más concentrados en guerras de subsistencia, en la acumulación de rentas, y de posicionarse de cara a una eventual negociación. Y la estrategia del Estado en este caso está contribuyendo muy poco a contener está violencia”.

Ante la incertidumbre del rol de la Fuerza Pública en la Paz Total y los anuncios sin desarrollo sobre cambios fundamentales del enfoque de seguridad, el ministro Iván Velásquez ha repetido como un mantra que “la paz no significa debilidad”. El parte de tranquilidad que ha dado Velásquez y repetido en cada rueda de prensa es que no se van a suspender las operaciones de la Fuerza Pública.

Ante la avalancha de anuncios del Gobierno, el mismo comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, le dio la orden a los militares de continuar y fortalecer las operaciones. En el marco de esto, presentaron el plan Perseo a finales de septiembre. Al cumplirse los 100 días de Petro, el balance operacional de los militares contra los grupos armados fue de: 106 afectaciones al ELN, 406 a grupos de disidencias y 609 al Clan del Golfo.

Por otro lado, el informe de la FIP da cuenta de que mientras octubre cerró como el mes con menos acciones contra la Fuerza Pública de todo 2022, ese mismo mes fue el que más casos de líderes sociales asesinados tuvo este año, siendo los principales responsables los grupos armados ilegales; muchos comprometidos con el cese al fuego anunciado por el Gobierno.

“El 2021 fue el año con la crisis humanitaria más crítica desde la firma del Acuerdo de Paz. El 2022 tuvo un inicio convulsionado y puede superar las cifras del año anterior en distintas variables, como homicidio de líderes y masacres. Sin embargo, entre enero y octubre se redujeron en un 20% los eventos agregados de impacto humanitario”, dice el informe de la FIP.

La Paz Total sigue siendo una promesa

A pesar de la disminución de ataques a la Fuerza Pública, son los enfrentamientos entre los grupos armados los que determinan si hay paz o no en un territorio. Mientras en ciudades como Buenaventura y Medellín se registra una disminución en la violencia por los acuerdos de paz entre criminales, en regiones como Arauca y Putumayo los enfrentamientos entre disidencias y ELN dejan una estela de sangre.

La más reciente fue la masacre en Putumayo el pasado 20 de noviembre, cuando disidencias del Frente Carolina Ramírez asesinaron a 23 personas en Puerto Guzmán. Se trataban de integrantes de los Comandos de la Frontera, aliados de la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”, que fueron masacrados por los disidentes de la Carolina Ramírez, aliados de “Iván Mordisco”. Tanto Mordisco como Márquez han pedido entrar en la Paz Total y anunciaron cese al fuego.

Ante el baño de sangre y la intensidad de las confrontaciones en Putumayo, el comisionado de Rueda rechazó el hecho. “Es el tiempo de parar esta violencia inútil, que no tiene ninguna justificación. Paren ya, paren el tormento al pueblo del Putumayo. La ciudadanía quiere vivir en sus territorios sin ser asesinados, torturados o desaparecidos. El diálogo es la apuesta por proteger la vida, pero el diálogo también tiene un límite”, dijo Rueda días después desde Caracas.

En su declaración, el comisionado de Paz muestra que si no hay gestos de respetar el cese al fuego y los mandamientos de “no matar, no torturar y no desaparecer”, la puerta del diálogo podría cerrarse.

Las medidas tomadas por el Gobierno Petro en los primeros 100 días para frenar el asesinato de líderes sociales avanzaron, pero se quedaron cortas. Los Puestos de Mando Unificados por la Vid no han logrado contener el asesinato de líderes, que ya superó el número de casos del año pasado según el registro de la ONG Indepaz.

La FIP también documentó la dificultad para proteger a los líderes, incluso en los territorios priorizados: “En los 65 municipios priorizados se puede observar que los homicidios de líderes sociales subieron un 23% respecto al trimestre del año anterior”.

Entonces, la pregunta está aún abierta sobre los costos de empezar una negociación con armados con los militares encerrados en sus cuarteles y sobre la voluntad real de los grupos armados que entraron en el anunciado cese al fuego. Si la Paz Total busca aliviar la situación humanitaria en los territorios, sus resultados son, cuanto mucho, aún parciales. 

Soy la Coordinadora Gráfica de La Silla, donde trabajo con periodistas para contar historias sobre el poder en Colombia de manera gráfica e interactiva. Me encargo de mantener la identidad visual en la página web y en los contenidos que publicamos en redes sociales.

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.