A mediados de la semana el Presidente Juan Manuel Santos instaló un evento al que asistieron la mayoría de los gobernadores y alcaldes del país para recibir información sobre la oferta institucional nacional del nuevo sector de Prosperidad social.
Aunque el discurso estaba lleno de noticias positivas y de ofrecimientos, solo lo interrumpieron para aplaudir cuando dijo “señores gobernadores, no sobra decir que nadie puede castigar a ningún municipio por el color político de su alcalde”. Santos reiteró que –cuando se posesionó– se había declarado “Presidente de todos los colombianos” y dirigiéndose a los gobernadores les pidió trabajar con los alcaldes de su partido como con los de partidos contrarios. El público seguía aplaudiendo.
No en vano los alcaldes están preocupados. El nuevo Sistema Nacional de Regalías revivió a los Gobernadores, les entregó la llave para distribuir 5,6 billones de pesos para cuya inversión se requiere la participación de las autoridades departamentales. En la gran mayoría de los casos, los gobernadores tienen el 33 por ciento de los votos de los órganos en los que se seleccionan los proyectos que serán financiados con regalías, las otras dos terceras partes las tienen, por igual, la Nación y los municipios.
La importancia que adquirieron los gobernadores está reflejada en el hecho de que una de las personas más cercanas a Santos, el Consejero Germán Chica, haya sido designada como Presidente de la Federación de Departamentos. Los casi 20 billones de pesos de regalías que se distribuirán en los dos años y medio que le quedan al Gobierno serán en buena parte el carbón de las locomotoras en las que el Presidente ha puesto todas sus apuestas.
Los gobernadores eran irrelevantes en muchos departamentos. La utilidad de esas divisiones territoriales era permanentemente cuestionada y muchos creen que deberían desaparecer. Ahora participan en la decisión de la inversión de recursos que antes o no los tenían, o no participaban, lo que convierte a los Gobernadores en actores políticos muy importante a partir de este año.
Un buen ejemplo, es lo que ocurre con el Gobernador de Bolívar que antes participaba poco o nada en las decisiones de Cartagena. Con el Sistema Nacional de Regalías, esa ciudad dejará de recibir en forma directa 73 mil millones de pesos que percibía anualmente y ahora tendrá que participar en fondos departamentales y regionales en los que el Gobernador es definitorio e incluso lo que le corresponde en forma directa a Cartagena se invertirá en aquello que el órgano, en el que el departamento tiene un voto de tres, decida.
Otros, como los gobernadores de Quindío, Caquetá, Risaralda y Cauca, que prácticamente no recibían regalías, ahora tienen la llave para invertir 30, 75, 40 y 150 mil millones respectivamente. Esa facultad les da un poder que hace poco era impensable. Colombia había decidido descentralizar en los municipios y la Constitución lo definió como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. El Sistema de Regalías, que es la plata gruesa para invertir, porque la otra es para funcionar, se diseñó alrededor de los departamentos.
Aunque en Colombia en las últimas décadas no existe tradición de confrontaciones institucionales por razones partidistas, el nuevo esquema prende las alarmas. En otros países de América Latina, en los que por ser federales, el poder está en los gobiernos intermedios, la confrontación política con alcaldes termina castigando a los municipios. Basta preguntar en Argentina qué tanto perjudica a un alcalde no ser del Partido del Gobernador. La misma pregunta se puede hacer en México y Brasil.
La revisión de la situación electoral de Gobernadores y Alcaldes de capitales muestra que hay alianzas en algunos departamentos, pero que en otros la disputa puede ser muy agria. Está por verse el árbitro de qué lado se pone.
En Departamentos como Antioquia, Atlántico, Tolima, Huila y Chocó ganaron coaliciones conformadas por los mismos grupos, algunos hicieron posesiones conjuntas para resaltar las coincidencias y se prevé habrá total armonía.
En una escala de 1 a 5, habría que calificar con cuatro las coincidencias entre alcaldes de capitales y gobernadores en departamentos como Nariño, Cauca, Risaralda y Quindío, donde hubo coaliciones pero que no coincidían plenamente los grupos que apoyaban a los entonces candidatos.
En un nivel intermedio habría que ubicar a los gobernadores de Meta, Norte de Santander, Caldas y Bolívar. El Gobernador caldense, Guido Echeverry enfrentó al candidato de La U, pero recibió el respaldo de otros partidos que también apoyaron al Alcalde de Manizales.
El Gobernador Gossaín fue avalado por el Partido Liberal y recibió el apoyo de varias de las organizaciones políticas que también apoyaron al alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, como el PIN y los conservadores. Sin embargo, el hecho de que en el gabinete del Distrito esté fuertemente representado el grupo de la senadora Piedad Zuccardi, que fue la gran opositora a la elección de Gossaín, abre dudas sobre la relación entre los funcionarios departamentales y los distritales. Está por verse que hará el gobernador, por ejemplo, con los proyectos de educación para Cartagena impulsados por Rosario Ricardo, del grupo de Zuccardi, a quien él derrotó en las urnas, luego de una disputa fuerte mediada con acusaciones mutuas.
Donde la situación estará candente será en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Santander, Boyacá y Valle, donde los alcaldes de las capitales no solo pertenecen a grupos políticos distintos de los gobernadores sino que los enfrentaron duramente durante la campaña electoral y representan proyectos políticos totalmente opuestos.
La prueba ácida del Sistema Nacional de Regalías estará allí y habrá que ver si “el Mello” Cotes –para citar solo un ejemplo– cercano a los sectores vinculados a la parapolítica que llevaron a Carlos Caicedo, actual alcalde de Santa Marta, a la cárcel en el pasado ahora se puede sentar con él a asignar los más de 160 mil millones que le corresponden a ese Departamento en el 2012 y de los cuales Caicedo aspirará a una buena parte para la capital.
Las tensiones en algunos lugares son obvias, pero aún en donde pareciera que no habría problemas, la cuerda se puede reventar cuando se trate de aplicar el artículo 28 del decreto 4923 que reglamentó el nuevo sistema, el cual dispuso que “los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión”. ¡Ahí sera Troya!
Tres votos definirán quién manejará la plata de un determinado proyecto, quién hace el contrato. Hay un agravante y es que a los “órganos colegiados” van los congresistas, aunque con voz pero sin voto.
Demos el beneficio de la duda y apliquemos el principio de buena fe, a nadie le interesa el contrato, ese se adjudicará por medios transparentes, etc., pero como estamos en política, a todos les importa la foto y el que ejecuta el proyecto es el que sale.
¿Alguien apuesta a que no estamos ante un sinnúmero de pleitos?
