A menos de un mes para que Alexander Vega salga de su puesto de registrador, las altas cortes no han logrado nombrar a su sucesor por la cantidad de tropiezos que ha tenido el proceso.
Desde el comienzo empezaron los problemas en el proceso liderado por los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, Diana Fajardo, Fernando Castillo y Jaime Enrique Rodríguez, respectivamente. Se les cayó el sistema en pleno examen de conocimientos, el 10% de las preguntas quedaron mal hechas, reorganizaron los puntajes, gente entró y salió de las listas y al proceso le llueven tutelas de quienes han ido quedando por fuera.
Esta semana empiezan las entrevistas a los diez finalistas y, con ello, la etapa final para nombrar a quien estrenará un nuevo Código Electoral y la responsabilidad de ser garante de las próximas elecciones de 2026. Entre los candidatos que puntean, hasta ahora, hay varios cercanos al actual registrador Vega, pero la entrevista con las cabezas de las altas cortes puede cambiarlo todo.
Una elección clave
El puesto de Registrador es uno de los más apetecidos en el Estado. El cargo viene con el poder de nombrar a más de 1.000 empleados a dedo en las regiones y ejecutar un presupuesto de más de 195 mil millones.
Según el nuevo Código, bajo el nombre de “registradores delegados y especiales”, habrá dos funcionarios nombrados por el nuevo registrador en cada departamento: uno que se encargue del registro civil y otro que asuma los asuntos electorales.
Además, es el registrador quien se encarga de suscribir todos los contratos que deba celebrar la Registraduría Nacional. Entre ellos hay uno que generó preocupación a los opositores de la reforma al Código: la contratación del software que hace el conteo de los votos. El registrador podrá contratar el software a puerta cerrada y sin veeduría.
Por eso se trata de una elección disputada y cruzada de intereses políticos. Al registrador lo eligen los tres presidentes de las altas cortes (Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema) mediante un concurso de méritos especial que organizan sus secretarías. El concurso está en su última etapa y ya pasó por dos exámenes, que dejaron una disputada lista corta de 13 candidatos.
La primera etapa fue un examen de conocimientos y una prueba de competencia. Luego hubo otra etapa de revisión de hojas de vida. Para garantizar la objetividad, todo se califica con puntos y gana el que más puntos obtenga. El examen de conocimientos otorga de 0-250 puntos y solo quienes obtengan más de 150 puntos pasan a ser evaluados.
Luego, las hojas de vida de los que pasan el primer filtro se evalúan otorgando puntos por la experiencia, los títulos, las obras publicadas, entre otras aptitudes y se califican de 0-200 puntos. Al final, llega la entrevista con los tres presidentes de las altas cortes. Esta etapa, la menos objetiva, es la que más puntos otorga (0-300 puntos).
Solo los 10 concursantes con los puntajes más altos pueden presentar la entrevista. Pero por el valor que tiene esa última prueba, todo puede cambiar y cualquiera puede salir ganador. Y así pasó en la elección de Vega. Fue el peor calificado en materia de experiencia y pasó raspando a la entrevista. Pero le dieron los 300 puntos completos en la entrevista y se quedó con el puesto. Ese salto, de último a primero después de la entrevista, puso en tela de juicio la objetividad de las altas cortes. Tiempo después se reveló que Vega habría invitado a viajar a uno de los presidentes antes de la elección. Y todo pago.
Errores de principiantes en esta elección
Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, le dijo a La Silla que “hace días hablaba con un presidente de altas cortes y me dijo que tenían el mayor de los ánimos de acertar en la elección” y que los tres presidentes le generan confianza. Sin embargo, reconoció que se han presentado tropiezos en el proceso.
Los problemas empezaron el 26 de agosto, cuando tuvo que aplazarse el examen de conocimientos a los candidatos porque se cayó el sistema en la mitad de la prueba. El exámen tuvo que reprogramarse para el 10 de septiembre, pero esta vez en papel y lápiz. Cuando las cortes sacaron el 11 de septiembre el listado de los puntajes en la prueba, empezaron los reclamos. Veinte, de los 39 que presentaron la prueba, apelaron la lista diciendo que había varias preguntas mal formuladas. En una decisión de 70 páginas los tres magistrados reconocieron que seis preguntas estaban mal hechas. Eso es el 10% de la totalidad del examen. El resultado de anular preguntas y cambiar la respuesta de otras fue apenas obvia: la lista se reorganizó. Unos subieron, otros bajaron. De 39 candidatos, a 28 se les modificó el puntaje. Incluso a los que no apelaron.
La reorganización de la lista generó descontento. Tres participantes de los 39 que realizaron la prueba le dijeron a La Silla que la cantidad de impugnaciones y correcciones en las decisiones han generado una sensación de incertidumbre en el proceso. Dos de ellos cuestionaron que no llamaran a quienes no apelaban las preguntas para que defendieran sus respuestas.
Al nuevo orden en las listas, se debe sumar las tutelas que le han caído al proceso. Una de ellas cuestiona que en los finalistas no se incluyen mujeres. Sin embargo, es cierto que “dentro del examen lamentablemente ninguna mujer alcanzó el puntaje para seguir el proceso”, como lo dijo Herrera.
Otra tutela la presentó un ciudadano denunciando que 16 de los aceptados al concurso, no aportaron el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría exigido para poder concursar. Sin ese certificado, los inscritos no podrían ser admitidos ni siquiera a la presentación del examen. Pero la respuesta a la tutela fue más llamativa que la denuncia. Le declararon improcedente porque como no hacía parte del concurso, no tenía cartas en el asunto. Nada se dijo de la denuncia de los 16.
Lennart Castro, ex concursante que quedó por fuera de la lista de los finalistas, también entuteló y pidió la suspensión del proceso. Uno de sus cuestionamientos es la recalificación del examen que lo habría retirado del concurso. Castro también puso de presente una posible inhabilidad en la que estaría uno de los favoritos del concurso. “Virgilio Almanza debió retirarse del Consejo Nacional Electoral en mayo de 2022 para poder concursar. Sin embargo, Almanza salió del cargo en noviembre de 2022 y para cuando empezó el concurso estaba inhabilitado”, dijo a La Silla.
La tutela de Castro está en veremos, pero ya es claro que el proceso no va a suspenderse. Castro también llamó la atención sobre la presencia de tres candidatos cercanos al actual registrador. “Virgilio Almanza, José Joaquín Vives y José Darío Castro son amigos o han trabajado con Vega”, mencionó.
Los herederos de Vega
Almanza y Vives son los dos mejores puntuados en la lista de los 13 finalistas de los que saldrán los 10 entrevistados. Almanza fue magistrado del Consejo Nacional Electoral de 2019 a 2022 y llegó al cargo con el aval de los partidos de La U, Liberal y Cambio Radical. Por su parte, Vives hizo parte de la magistratura del CNE entre 2006 y 2024 y representante a la Cámara por el Partido Liberal. Ambos han sido candidatos al cargo y han hecho parte del proceso en concursos anteriores.
Sobre todo Almanza es el más cercano a Vega. Fue quien le salvó la candidatura a Vega cuando su puesto en la lista estaba en descenso. Almanza le ayudó con una acreditación vía notarial de 15 años de experiencia como abogado. La jugada fue denunciada múltiples veces, incluso por la congresista Cathy Juvinao.
Y es por ese tipo de favores y jugadas que este año distintas organizaciones piden transparencia en las entrevistas a los candidatos. La Misión de Observación Electoral (MOE) envió un comunicado a los presidentes encargados de la elección solicitando la fijación de criterios de calificación de las entrevistas antes de que sean practicadas. También pidieron que las entrevistas puedan transmitirse en tiempo real a través de un medio de comunicación. La Corporación Excelencia en la Justicia hará lo mismo.
Aun así, esta semana se define realmente quién es el delantero en la carrera por el cargo, cuando se hagan las entrevistas. 300 puntos podrían reorganizar las listas una segunda vez y definir quién se quedará con el poder de nombrar a más de mil funcionarios a su antojo.
