Tres meses después de que el presidente Gustavo Petro comenzara a hablar de convocar una Asamblea Constituyente y un referendo, nadie en el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para convocarlos. Sin embargo, otros caminos para implementar sus reformas sin pasar por el Congreso, menos ortodoxos y mucho más riesgosos para la democracia, se comienzan a esbozar. El último es el que planteó el excanciller Álvaro Leyva y que rechazó este fin de semana el expresidente Juan Manuel Santos.
La primera vez que el presidente Petro habló de convocar una Asamblea Constituyente fue el 15 de marzo de 2024. Lo hizo en Cali, en Puerto Rellena, rebautizado informalmente como Puerto Resistencia después de que se convirtió en el epicentro de las protestas masivas de 2019 y 2021 en contra del gobierno Duque.
Menos de un mes después, y ante el rechazo que tuvo su idea de la Constituyente, el 10 de mayo, el presidente propuso más bien convocar un referendo, cuyo temario de preguntas refleja casi totalmente su plan de gobierno.
Dijo que su objetivo era integrar al “cánon constitucional” estos puntos que debían quedar en un Acuerdo Nacional: el cumplimiento del Acuerdo con las Farc en lo que tiene que ver con la reforma agraria y la transformación territorial; adaptar al país a la crisis climática; un nuevo ordenamiento territorial; una reforma política y otra a la justicia; sus reformas a las pensiones, la salud y el trabajo; que haya perdón social.
Cuando evaluó la propuesta de referendo de Álvaro Uribe, la Corte Constitucional dijo que cada pregunta en el temario tenía que ser específica y votada de manera individual. Si el gobierno en realidad quisiera abordar todos estos temas, la papeleta a votar tendría más de cien preguntas. Y cada una de ellas tendría que ser votada de manera individual y pasar el umbral de 9’750.000 votos a favor para convertirse en ley.
Pero según confirmó La Silla tanto en el Ministerio de Justicia como en el del Interior, la orden de elaborar un proyecto de ley para convocar un referendo o una Constituyente no ha llegado. Nadie está trabajando en eso.
En todo caso, el trámite de cualquiera de estas dos leyes es engorroso e incluso si presentara el proyecto el primer día de la próxima legislatura y todo saliera a favor del gobierno, ninguna de las dos iniciativas se podría votar antes de mayo de 2026, faltando un mes para que se acabara el gobierno, como muestran estas dos gráficas elaboradas con información de la MOE.
En conclusión, los caminos institucionales que ha propuesto el presidente para saltarse el Congreso y volver realidad su programa de gobierno están cerrados. No así los extra-institucionales.
El poder constituyente
Una de las grandes influencias intelectuales sobre Petro es el filósofo postmarxista italiano Antonio Negri, que define el poder constituyente como “una forma externa al sistema jurídico, es una suerte de catástrofe que interviene abriendo y marcando posibilidades de una nueva Constitución, es decir, a un nuevo poder constituido”.
¿Qué camino de ruptura extrajurídico podría existir para “poner la base de un nuevo pacto social”, como decía Negri?
Hay tres en el horizonte petrista. Y los tres se han puesto de presente en las últimas semanas: el mecanismo de participación del proceso con el ELN que se aprobó este fin de semana en Caracas, Venezuela; la idea de Álvaro Leyva de que el Acuerdo de Paz ya contempla una Asamblea Constituyente que el presidente puede convocar sin pasar por el Congreso; y las constituyentes universitarias como la que ha surgido en la Universidad Nacional a raíz de la polémica elección del rector.
Los caminos extrainstitucionales
El viernes, en Caracas, las delegaciones del ELN y del gobierno acordaron el primer punto de la agenda con ese grupo armado. Es un acuerdo para propiciar una participación amplia de la sociedad que conduzca a un “Gran Acuerdo Nacional” para la superación del conflicto.
¿Sobre qué girará esa participación? Sobre todo sobre el régimen político (incluido el “desmantelamiento de clanes políticos” y “reformas institucionales de los poderes públicos”), el modelo económico, incluida “la relación entre lo público y lo privado” y la “política económica exterior”; la política ambiental; y la “participación y los mecanismos para hacerlo”.
El quid de este mecanismo de participación –que reproduce la idea de la Convención Nacional que lleva décadas proponiendo el ELN– es que lo que surja de esa discusión es vinculante y se “deberá convertir en políticas de Estado” según el acuerdo firmado.
Ante el rechazo que tuvo el borrador de este acuerdo por parte de los gremios que participaron en las reuniones para definir la metodología y que luego fueron ignorados, el comisionado de paz Otty Patiño sacó un comunicado diciendo que cualquier resultado de esa participación tendría que estar dentro de los límites de la actual Constitución. Y ayer lo reiteró a El Tiempo: dijo que todas las propuestas “que impliquen reformas legales o constitucionales, pues tendrán que pasar por el Congreso.”
Sin embargo, en el Acuerdo firmado no hay ninguna mención a la Constitución. Y las transformaciones que proponen discutir afectan pilares sustanciales de la Carta del 91. El jefe guerrillero Pablo Beltrán ha dicho que ese Acuerdo debería terminar en una Asamblea Constituyente, una posibilidad que el senador Iván Cepeda –quien manda en esa mesa negociadora– ha dicho que no es necesaria. Que bastaría con un gran Acuerdo Nacional.
Un Acuerdo Nacional, en principio, es un mandato político que luego el Congreso tendría que traducir en leyes; en ese caso, todo volvería al punto en el que estamos hoy y que Petro quiere superar porque se siente bloqueado.
Pero este Acuerdo Nacional con el ELN converge con el segundo camino constituyente, que es el que explicó Álvaro Leyva en una especie de alocución la semana pasada.
Según el excanciller, el Acuerdo de Paz con las Farc habilita a Petro para convocar la Asamblea Constituyente cuando quiera, sin necesidad de pasar por el Congreso. Lo justifica en un párrafo que dice que para consolidar aún más las bases de la paz “se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional”.
Para Leyva ese Acuerdo Político equivale a una Asamblea Constituyente, y como una resolución de la Onu avaló el Acuerdo de Paz eso prima sobre el mecanismo establecido en la Constitución.
Leyva es famoso por sus teorías raras sobre muchos asuntos, pero este viernes el presidente Petro dijo en el Cauca que en efecto el Acuerdo de Paz “tiene esa fuerza” que describió su excanciller.
Sin embargo, tanto Diego Martínez, el abogado que asesoró a las Farc durante la negociación en la Habana como Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno Santos, coincidieron en que eso nunca fue el espíritu del Acuerdo de Paz.
“Usar el Acuerdo de Paz con las Farc para convocar a una constituyente es un absurdo, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación”, dijo ayer el expresidente Santos, quien también rechazó de plano la idea.
El tercer camino son las constituyentes universitarias. El 21 de marzo, en la Universidad de Córdoba, el presidente dijo que “habría que recorrer todas las universidades públicas del país para que se constituyan las asambleas constituyentes estudiantiles y profesorales”.
Una de esas constituyentes universitarias es la que están promoviendo en la Universidad Nacional los promotores del paro que ya cumple dos meses. Se trata de modificar el sistema de gobernabilidad de la universidad, para hacer vinculantes las consultas a los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad para la elección del rector. En la universidad Distrital están discutiendo lo mismo.
Después de que se dio la polémica por la elección del rector de la Nacional, el gobierno metió en el proyecto de ley estatutaria de educación que el Congreso está debatiendo un párrafo que propone la participación “directa” de los estudiantes en la elección del rector, lo que se convierte en un incentivo para que los estudiantes se movilicen vía constituyentes universitarias por un gobierno “más democrático” para sus universidades.
Es posible que más temprano que tarde estas aterricen en la idea de una Asamblea Constituyente tipo el proceso de la séptima papeleta de los estudiantes que dio vida a la Constituyente del 91.
El 1 de junio está previsto que el presidente Petro cierre una asamblea popular organizada por el Pacto Histórico y los principales sindicatos en la Universidad Nacional, donde también se está agitando la idea del poder constituyente en medio de la puja del gobierno por la rectoría.
“Lo que buscamos es activar una movilización permanente para defender las reformas sociales, la paz y detener el golpe contra el presidente”, dice Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los principales organizadores de la multitudinaria marcha del 1 de mayo, en la que Petro volvió a demostrar su capacidad para movilizar a decenas de miles de personas en torno a sus ideas más radicales.
Y si nada de eso funciona, o mientras funciona, en el gabinete otros ministros entienden el poder constituyente como una forma de darle poder efectivo a sus bases.
El poder constituyente como poder popular
“El poder constituyente es una metodología de gobierno. Consiste en desplazar las instancias de toma de decisiones, no para negar otros espacios, sino para ampliarlos en favor de las personas”, dice la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
En MinAgro esa “metodología” se viene concretando en el sector del café. El gobierno ha promovido asambleas populares y nuevas organizaciones que le hagan contrapeso a la Federación Nacional de Cafeteros, el gremio tradicional de los cafeteros, y al que Petro quiere quitarle la administración del Fondo Nacional del Café, una bolsa de plata pública que en 2023 tuvo ingresos por 4,8 billones de pesos.
El 15 de abril, el Ministerio de Agricultura sacó una resolución para crear el “Consejo Nacional de la Cadena Productiva del café Colombiano y su agroindustria”. El nuevo organismo se hizo oficial días después de que Petro volvió a atacar a la FedeCafeteros, cuando la señaló de ser “el ejemplo del robo del café por parte de la oligarquía”.
En ese Consejo, dice la ministra, están buscando “que el campesinado, las poblaciones étnicas y las mujeres tengan participación efectiva en las juntas directivas del sector agricultura”.
En paralelo a esa promoción del “poder popular”, el gobierno se sigue coordinando con las organizaciones sociales para agitar la movilización social.
“En últimas, si no existe una salida a través de las leyes, la salida tiene que ser política. El inconformismo de las personas siempre encuentra su cauce. Nosotros esperamos canalizarlo de una forma más organizada”, dice el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra.
