En una sentencia, la Corte Constitucional unificó varias tutelas presentadas a raíz del incumplimiento a los campesinos cocaleros que habían suscrito acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del acuerdo de paz con las Farc. Se trata de los acuerdo del programas conocido como Pnis, que es el centro del cuarto punto del acuerdo y cuya implementación ha sido un fracaso en todo el país. 

La Corte recibió demandas de campesinos en regiones como Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Nariño, donde se concentran gran parte de los enclaves cocaleros del país. Los demandantes denunciaron que no habían sido ingresados formalmente al programa y no haber recibido apoyo para desarrollar los proyectos productivos que les permitían hacer el cambio a la economía lícita. 

¿Qué le ordena la Corte al gobierno?

En el comunicado sobre la decisión, la Corte le ordena principalmente a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos cumplir con los acuerdos suscritos y acelerar la implementación. Además, al Ministerio de Defensa y al Ejército le ordena priorizar la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzosa. “Esta última solo procederá en caso de que fracase la primera y deberá atender al principio de precaución”, se lee en el comunicado. 

Pero también ordena tomar una serie de acciones a entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz, entre estas a la Agencia de Renovación del Territorio, para que revise los compromisos de sustitución, para que articule ese trabajo en lo referente a la reforma rural integral y para que acelere la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). 

Más presión para cumplir la promesa de sustitución 

El presidente Petro ha dejado claro que en su estrategia contra las drogas la sustitución de cultivos será su principal apuesta, además ha reiterado su compromiso con implementar integralmente el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos aún no dejado en claro cómo hará para cumplir esto, ni para reformular el actual y fracasado Pnis. Con esta decisión, la presión aumenta para que el gobierno defina y empiece a materializar su promesa de sustitución.