Ayer, en la audiencia de imputación de cargos en contra de Óscar Iván Zuluaga y de su hijo, David Zuluaga, ambos se declararon inocentes. La Fiscalía les imputó delitos -seis a Óscar Iván, uno a David- vinculados a la presunta financiación ilegal de Odebrecht, la corrupta multinacional brasileña, a favor de la campaña presidencial de Zuluaga padre, en 2014.
Con la imputación a los Zuluaga, el uribismo pierde capacidad para ejercer control político sobre el principal escándalo del gobierno. El de la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. “El Centro Democrático nace como una apuesta distinta de hacer política. Eso implica, por supuesto, hacer todo dentro de la legalidad. La conducta de Óscar Iván desdibuja esa propuesta”, dice el abogado Rafael Nieto, precandidato presidencial del partido en 2022. “Hace daño en la credibilidad y en la gestión política”, agrega.
La declaración de inocencia de Zuluaga padre, exministro de Hacienda y dos veces candidato a la Presidencia, y de su hijo David, gerente de su campaña en 2014, es la cuota inicial de un largo proceso judicial que correrá en paralelo a la campaña por las elecciones regionales.
La autoridad moral perdida
El 15 de junio, la senadora Paloma Valencia anunció la citación a un debate de control político. Iba a ser programado el 20 de junio, último día de la primera legislatura del Congreso. Dos eran los temas principales: las irregularidades en la financiación de la campaña del presidente y las presuntas interceptaciones ilegales ordenadas desde la Casa de Nariño, ambos secuelas del escándalo protagonizado por Laura Sarabia y Armando Benedetti.
Dos semanas después, la revista Semana reveló una serie de audios demoledores sobre Zuluaga y la financiación de su campaña en 2014. En ellos, el excandidato presidencial reconoce la entrada irregular de dinero a su campaña.
Las conversaciones de Zuluaga se refieren a los 1,6 millones de dólares, financiados por Odebrecht, para pagarle al fallecido consultor político José Eduardo Cavalcanti, mejor conocido como “Duda” Mendonça. Fueron grabadas por Daniel García Arizabaleta, quien hizo parte de su campaña y fue miembro del comité político del Centro Democrático, así como un alto funcionario en diferentes entidades durante los gobiernos de Uribe. García Arizabaleta entregó los audios a la Fiscalía como parte de un principio de oportunidad. Es decir, colaboró para negociar su procesamiento.
El escándalo dejó al Centro Democrático descolocado y volteó una narrativa que el uribismo había promovido por casi una década. Ya no es el partido al que Santos le robó una elección, sino que quedó manchado del mismo pecado de Odebrecht. “Seguramente nos va a quitar, como partido, legitimidad para abordar temas de financiación ilegal. En otros frentes, como las reformas sociales, no”, le dijo a La Silla un congresista del Centro Democrático, quien pidió la reserva de su nombre.
El viraje ha sido asumido con desorden. Por un lado, Uribe calificó las confesiones de Zuluaga como una “tragedia”, y por otra parte, la dirección del partido publicó un comunicado en el que pidió investigar la financiación de las últimas tres campañas presidenciales (2014, 2018 y 2022). La solicitud provocó una nota de protesta por parte del expresidente Iván Duque. El partido aclaró que la campaña de Duque en 2018 estaba exenta de cualquier duda.
Pronto, entre múltiples líderes del Centro Democrático, han surgido diferencias para enfrentar el escándalo.
Están, por un lado, quienes consideran que el partido debe ser autocrítico y asumir la responsabilidad que le corresponde. “No hemos negado el problema ni hemos salido a decir que es una persecución política. Hay unas responsabilidades que hay que asumir”, dice el representante Hernán Cadavid, del círculo cercano del expresidente Uribe. “No va a ser fácil, pero tampoco nos vamos a achicopalar a la hora de exigirle políticamente al gobierno”, agrega.
Y, por otro lado, están quienes consideran que es injusto trasladar a todo el partido la responsabilidad individual de Zuluaga. “Es un tema que el partido debe rechazar, claro. Sin embargo, no lo compromete ni le quita autoridad moral para defender la libertad y la democracia”, dice el senador Miguel Uribe Turbay.
Incluso al interior del uribismo hay posiciones que matizan la gravedad del escándalo. “Una cosa es que una constructora extranjera done plata. Y sí, objetivamente va en contra de la ley. No lo discuto. Pero otra cosa es que un grupo de mafiosos lo haga a cambio de beneficios judiciales, como sucedió en la campaña Petro”, le dijo a La Silla un alto dirigente del Centro Democrático, quien pidió la reserva de su nombre.
Las heridas permanentes de un proceso abierto
El Centro Democrático encaraba el inicio de la campaña a las regionales con el viento a su favor. Lo recorría siendo protagonista de marchas multitudinarias contra el gobierno e impulsando una democracia plebiscitaria para movilizar a sus bases.
Uribe, con el perfil bajo de una oposición moderada frente al gobierno, contenía la cuenta de cobro de su proceso judicial por manipulación de testigos. Pero el caso de Zuluaga lanza unos nubarrones sobre la tierra fértil de octubre, donde el uribismo espera equilibrar las fuerzas con el gobierno nacional desde las regiones.
Encima, Zuluaga optó por la ruta más dolorosa para el partido en busca de beneficios judiciales. A diferencia de lo que habían anticipado varios medios, no se declaró culpable. La decisión lo pone en la ruta de un juicio o una negociación.
A partir de ahora, el proceso contra el excandidato presidencial del Centro Democrático puede tener tres escenarios, según explica el abogado penalista Francisco Bernate: “la Fiscalía tiene 120 días para presentar la acusación e ir a juicio. Aunque en ese tiempo también puede negociar o anunciar la solicitud de preclusión del caso, como fue lo que sucedió en el caso de Uribe”.
Se trata de una estrategia pensada, sobre todo, para salvar a su hijo. Y no está en función de los intereses del Centro Democrático, que asumirá los costos de un largo proceso cuyo protagonista es uno de sus dirigentes históricos.
El escenario de la negociación para que Zuluaga acepte plena responsabilidad y salve a su hijo de la cárcel es uno de los más probables, de acuerdo a lo que se escucha en una de las conversaciones, reveladas por Semana, que Óscar Iván tiene con Daniel García Arizabaleta .
“Yo tendré que asumir toda la responsabilidad, si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos”, se le escucha decir al excandidato presidencial del uribismo.
Por eso, para Bernate era más lógico que Zuluaga pudiera negociar sin aceptar aún los cargos, que habiéndolo hecho en la audiencia de ayer. “No era tan fácil que Zuluaga se declarara culpable y pudiera así proteger a su hijo. Si él se declaraba culpable, simplemente podían seguir con su hijo y ya”, explica el abogado.
Las fisuras del liderazgo de Uribe
Cualquiera que sea el desenlace, el caso Zuluaga le ha dado argumentos a los críticos de la conducción del Centro Democrático, dominada por el expresidente Uribe.
Apuntan, por ejemplo, a su autorización para que Óscar Iván pudiera competir por el aval del partido para las presidenciales del 2022. “En el 2018, Uribe le dice a Óscar Iván que su candidatura es vulnerable por las investigaciones de Odebrecht. ¿Qué cambió entre 2018 y 2022? ¿Por qué lo deja ser candidato?”, dice un alto dirigente del partido, quien pidió la reserva de su nombre.
Recientemente, Uribe le dio la bendición a un comité político nacional integrado por cinco congresistas. Son llamados los “quíntuples” y de él hacen parte los senadores Miguel Uribe, Alirio Barrera, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y el representante Óscar Darío Pérez, de Antioquia.
El funcionamiento de este comité, que toma decisiones estratégicas, como la entrega de avales en lugares claves para el partido, tiene sus detractores al interior del partido por tratarse de un mecanismo informal que nació por el beneplácito del expresidente. “Existen y nadie sabe qué pasa en esas reuniones. Muchos congresistas sienten que les están dando un trato de segunda. El partido debe revisar sus instancias”, le dijo a La Silla un congresista que pidió la reserva de su nombre.
Incluso la respuesta de la dirección del partido al caso Zuluaga fue cuestionada. Empezando por el contenido del comunicado posterior a las revelaciones de los audios de Semana. “Faltó más socialización entre los congresistas. Sin embargo, fue publicado bajo la línea del expresidente: que todos deben responder ante la justicia”, dice el representante Juan Espinal, del grupo político de la senadora Paola Holguín.
En el fondo, piensan los críticos de la actual conducción del partido, están pagando el costo por el excesivo personalismo de Uribe. “El Centro Democrático es un partido caudillista en el que el caudillo, muchas veces, se abstiene de tomar decisiones. Es un error estratégico que hoy nos tiene sin rumbo”, dice un alto dirigente que pidió la reserva de su nombre.
