En la mañana del viernes 13 de agosto, en el edificio inteligente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) hubo un desayuno entre funcionarios de esta empresa y algunos concejales de la ciudad. La razón de esta reunión era discutir información sensible sobre el proyecto de la venta de la participación del 50 por ciento que EPM tiene en UNE. 

La empresa es conocida en el mercado como Tigo-Une y es propiedad, desde 2014, de la multinacional sueca Millicom y EPM, en partes iguales pero controlada por Millicom. Por eso, durante la campaña a la Alcaldía Daniel Quintero calificó a EPM como el “socio bobo” de UNE. Tigo es la tercera empresa más grande de telecomunicaciones de Colombia, y el negocio sería la mayor venta de activos públicos de Medellín en 8 años. 

Según nos contó uno de los concejales que estuvo en ese desayuno, que pidió omitir su nombre porque la información que les compartieron era confidencial, el valor estimado de la venta está entre 2.5 y 3.5 billones de pesos. 
 
Esta cifra no es oficial, pues EPM apenas contrató a una banca de inversión y otros asesores para hacer una valoración real del precio de sus acciones en UNE. Para avanzar, el negocio tiene que ser aprobado por el Concejo de Medellín. La Alcaldía de Daniel Quintero y EPM esperaban tener luz verde en menos de un mes, en un proceso de mero trámite. Pero el cronograma se corrió y la decisión final ahora es objeto de un animado debate político, que podría durar varios meses. 

La aprobación express fallida surge, según políticos de la ciudad, por la complejidad de la venta de este activo y la desconfianza que ha cultivado el alcalde Quintero por su injerencia en EPM. Específicamente, por la posibilidad de que los recursos de venta de activos de UNE se conviertan en la fuente de inversiones no financiadas que ha prometido Quintero, en vez de recursos destinados para cumplir los planes estratégicos de EPM.   

A Quintero le pasa factura su injerencia en EPM

El pasado 26 de julio, la Alcaldía radicó el Proyecto de Acuerdo 065 de 2021 para la venta de UNE. Entró como el plato fuerte del segundo periodo de sesiones extraordinarias de este año. La primera socialización sobre el tema en plenaria se hizo el 10 de agosto, e inicialmente se tenía planeada una aprobación rápida: dar el primer debate este viernes 20 en comisión primera y tener la votación final la próxima semana. 

Pero varios concejales se cruzaron en el camino. Daniel Carvalho, Simón Molina y Daniel Duque, de la comisión primera, pidieron bajar la velocidad. “Varios hemos pedido que este tema no se vote de afán. En la ciudad las discusiones relacionadas con la enajenación de activos se han llevado dos o tres meses”, le dijo Duque a La Silla. 

Y lo lograron. Primero los ponentes del proyecto corrieron el primer debate y la votación para el martes 24 agosto en la comisión primera. Pero luego, en un comunicado a la opinión pública se aplazó todo el cronograma para tener más tiempo de debate y estudios. La autorización tendrá que espera por lo menos hasta las siguientes sesiones ordinaras en octubre. 

????#Comunicado | El aplazamiento del proceso de estudio del Proyecto de Acuerdo 65/2021 sobre la enajenación de unas participaciones accionarias de EPM en UNE, se constituye en una decisión autónoma y consensuada de la comisión de ponentes del @ConcejoMedellin. ⬇️ pic.twitter.com/15KxEM5Pm8— Aura Marleny Arcila Giraldo (@amarlenyarcilag) August 20, 2021

La demora, según reconocen incluso miembros de la coalición del alcalde en el Consejo, es que la sombra política de Quintero resta en el debate sobre la venta. “La mayor justificación es que no hay confianza en Daniel Quintero, pero esta es una decisión que ha pedido la gerencia y la junta directiva de EPM” dice el concejal Alex Flórez, cercano al alcalde.  

La desconfianza que tienen concejales y opositores al alcalde se debe en un principio al manejo que Quintero le ha dado al gobierno corporativo y a la gerencia de EPM. El alcalde arrancó con un cambio polémico de toda la junta directiva, en una pelea con sectores tradicionales del empresariado de la ciudad. Además, bajo Quintero, la compañía ha tenido cuatro gerentes en menos de dos años, incluyendo uno que duró solo una semana, con cambios que han generado agrias controversias. 

“Ahora dicen que hay que desquinterizar el debate, cuando ha sido el mismo alcalde el que rompió el gobierno corporativo, ha puesto a cuatro gerentes en menos de dos años, ha llenado de politiquería las vicepresidencias”, dice el concejal del Partido Verde Daniel Duque.

El punto que desata dudas es la destinación del dinero de la venta de UNE, sobre la cual la junta directiva que Quintero cambió tiene la capacidad de definir. EPM ha justificado cómo se gastará la plata, en el desarrollo de sus planes estratégicos, algunos urgentes, como asumir los sobrecostos de Hidroituango. Pero las promesas de gasto de Quintero, generan dudas.

Sospechas de un hueco en el plan de gasto de Quintero

Para financiar su Plan de Desarrollo Quintero necesita cerca de un billón de pesos. En su  Plan Plurianual de inversiones de Medellín Quintero dice que “adelantará acciones relacionadas con la enajenación estratégica de activos (…) para financiar programas de inversión social”. También comprometió estos recursos en la presentación del Plan Jóven para atender las demandas sociales de la juventud en el paro nacional. 

No es la primera vez que un alcalde de Medellín trata de financiar proyectos de la Alcaldía con recursos de venta de bienes públicos. En 2017, Federico Gutíerrez hizo lo propio con la venta de las acciones que EPM tenía en Isagen (por las que EPM recibió 1,4 billones de pesos) y le pidió al concejo autorización para recibir 600 mil millones para financiar el tranvía de la avenida ochenta.

Sin embargo, en esta ocasión las intenciones de usar estos recursos por parte de la Alcaldía chocan con los argumentos técnicos y financieros que ha planteado EPM. La empresa ha manifestado que el dinero producto de esta venta sería para financiar parte del plan de inversiones que tienen a tres años, por un valor de 11.2 billones de pesos, en el que se tiene en cuenta los sobrecostos de Hidroituango. 

Un concejal afín a la administración de Quintero, que pidió no revelar su nombre para evitar tensiones con el alcalde, le dijo a La Silla que a mediados de julio él y los concejales de la bancada de Gobierno habían sido citados por Quintero al piso doce de la Alcaldía. Allí Quintero les dijo que iba renunciar a usar los recursos de la venta de UNE y que no iba influenciar ni hacer presión sobre este tema. 

Quintero no ha salido a decir esto públicamente. Tampoco ha dicho cómo va a financiar el hueco que quedaría en el Plan de Desarrollo y en el Plan Joven recién lanzado, pues para ambos prometió financiación por la venta de este activo no estratégico. 

Lo cierto es que Quintero ha tratado de mantenerse al margen del debate en el concejo para darle el protagonismo a EPM. Estos proponen un debate técnico para bajarle el tono político y dan cuatro argumentos para salir de este negocio rápido.

La urgencia de la venta de UNE 

EPM tiene cuatro razones para la venta de UNE, según Carlos Mario Tobón, gerente de gestión de negocios e inversiones de EPM. 

La primera, el sector de las telecomunicaciones tiene un alto riesgo propio de esa industria y se quiere proteger el capital. La segunda, se quiere evitar las potenciales exigencias de inversión de capital que UNE necesita en un futuro, con el tema por ejemplo de tecnología 5G. La tercera, los retos financieros del plan de inversiones del Grupo EPM, que es de 11,2 billones de pesos en los próximos 3 años, y que incluye 4.2 billones para terminar Hidroituango.

La cuarta razón es por la que hay prisa para que se autorice la venta lo antes posible. Esta tiene que ver con la cláusula de protección al patrimonio público que se firmó en 2013 con los suecos de Millicom y que funciona como un mecanismo que asegura la salida de EPM del negocio de UNE, pero que solo tiene vigencia hasta agosto de 2024. 

La cláusula funciona de esta manera: una vez autorizada la venta, EPM tendría que, según  la Ley 226 de 1995 (que regula los procesos de enajenaciòn de bienes estatales), ofrecer su participación accionaria al sector solidario, luego al público en general y después a Millicom por el derecho de preferencia. 

“Si surtidas esas tres etapas EPM aún queda con acciones remanentes de UNE, viene un cuarto paso que  sería ofrecer esas acciones remanentes, más las acciones totales de Millicom. Es decir, EPM puede ofrecer el cien por ciento de la compañía si se llegara a dar el caso”, le dijo a La Silla Carlos Mario Tobón.

Esta cláusula no sé conocía hasta hace poco, pues hace parte de los acuerdos de confidencialidad que las partes firmaron en 2014. Por eso, personas como la exconcejal de Medellín por el Polo, Luz María Múnera, piden que estos documentos se hagan públicos. 

Desde el sindicato de profesionales de EPM y UNE (Sinpro), piden también conocer la cláusula y han dicho que no es cierto que se necesite vender UNE para hacer las inversiones necesarias para Hidroituango. Además la presidenta de este sindicado, Olga Arango, nos dijo que también le parecía que a un año de elecciones era un muy mal momento. 

Todos estos argumentos, que la Alcaldía y EPM esperaban superar en menos de un mes ahora serán ventilados en una discusión que tomará, al menos, hasta octubre. Fricciones que cosechan Quintero y EPM, para avanzar la venta de activos públicos más grande de su administración, luego de una seguidilla de intervenciones en el gobierno corporativo de la empresa de servicios públicos más grande del país.  

Nota del editor:

Luego de la publicación de esta nota se incluyó la decisión del Consejo de Medellín de aplazar la discusión de la venta de UNE por lo menos hasta las siguiente sesiones ordinarias. La versión inicial del artículo anticipó un primer aplazamiento, pero afirmó que la primera discusión se haría el 24 de agosto de 2021. 

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.