“No se vaya a meter ahí que se le cae el techo encima”, advierte el agente de la policía consular parado en la autopista norte con calle 103, en el norte de la capital. Se refiere a las ruinas del consulado más grande de Venezuela en Colombia, que el gobierno Iván Duque le heredará al de Gustavo Petro. El edificio en ruinas es el legado de una administración que hizo poco por cumplir su deber de proteger la propiedad del país vecino, con el que rompió relaciones en 2019.
El edificio era uno de los nueve consulados de Venezuela que funcionaban en Colombia. Este predio, que ha estado abandonado desde entonces, es propiedad del Gobierno venezolano, a diferencia de otros predios en Medellín, Barranquilla y Bucaramanga que eran arriendos.
“Era una instalación muy moderna, un edificio grande y con una alta capacidad consular”, dice Pavel Rondón, exembajador venezolano en Colombia hasta 2008. De esa estructura solo queda un predio de maleza y un edificio lleno de basura, vidrios rotos y con el techo medio quemado.
La responsabilidad de proteger el inmueble es del Gobierno nacional. “Según la Convención de Viena, Colombia tiene una responsabilidad en la destrucción del consulado por no haber puesto cuerpos de seguridad para cuidar esas infraestructuras”, dice Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
El consulado que se volvió refugio de habitantes de calle
La tensión entre el gobierno de Iván Duque y el régimen de Nicolás Maduro aumentó después de diciembre del 2018, cuando los dos países empezaron a expulsar, uno a uno, a los funcionarios del servicio consular del vecino. Esto terminó cuando, en enero del 2019, Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela a pesar de que nunca tuvo el poder de facto.
Por eso, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió de manera unilateral las relaciones con Colombia durante un discurso en Caracas. Les dio a los embajadores y cónsules de las 15 sedes consulares que Colombia tenía en el país vecino 24 horas para salir de Venezuela.
Los funcionarios venezolanos que trabajaban en el consulado de Bogotá salieron de Colombia después de esta decisión de Maduro. Se llevaron parte de los muebles y archivos que estaban en ese consulado. “Ellos fueron los primeros que desvalijaron el consulado”, le dijo a la Silla una fuente que trabaja en el servicio consular, pero prefirió mantenerse anónima por temor a represalias del régimen chavista.
“Desde esa fecha, la sede de la embajada y los consulados quedaron bajo custodia de la Policía”, le dijo a la Silla la vicepresidente y canciller del gobierno Duque, Marta Lucía Ramírez. El Gobierno colombiano contrató una agencia de seguridad privada para asegurar sus predios en Venezuela, pero el régimen venezolano dejó sus instalaciones abandonadas, y cayeron bajo el cuidado de la Policía consular colombiana.
Como el gobierno Duque reconocía al de Guaidó y no al de Maduro, el personal consular venezolano en Colombia respondía al presidente interino y no tenía acceso a ninguno de los edificios que eran propiedad del régimen de Maduro en el país. Por eso, nadie se instaló en el consulado de la autopista.
Según la canciller Ramirez, el deterioro del predio se debe a un incendio del edificio el 18 de abril de este año. De acuerdo a la oficina de Bomberos de Bogotá, fue el resultado de una fogata hecha en el segundo piso por habitantes de calle que dormían ahí todas las noches, lo que denota que el predio estaba desprotegido.
En julio del 2020, el régimen de Maduro había enviado ya una nota de protesta a Colombia por los actos vandálicos que ocurrieron en el consulado de Bogotá. Ahí responsabilizaba al Gobierno colombiano por no ponerle seguridad las 24 horas del día y permitir que habitantes de calle entraran al edificio por las noches. La oposición venezolana también se quejó por la falta de seguridad del predio, que aún guardaba algunos documentos con información sensible de los venezolanos en Colombia.
Pero incluso después de esos llamados al Gobierno nacional, en el consulado no se estacionó agente alguno de policía consular colombiano ni seguridad privada contratada por el Gobierno venezolano.
El gobierno Duque debía cuidar el consulado de Venezuela
Según la canciller Ramírez, la Cancillería ha estado trabajando con la Policía Nacional para la “protección y servicios especiales, porque esa responsabilidad es de la Policía”. Pero la escena de abandono que se ve en el consulado no se debe exclusivamente al incendio de abril, sino a varios años de falta de protección del Gobierno colombiano.
Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señala que los artículos 27, 30 y 31 de la Convención de Viena, que regula las relaciones consulares, al cual Colombia se adhirió en junio de 1990. Desde ese año, el país se comprometió a proteger los locales y las sedes consulares en su territorio, incluso si no hay relaciones bilaterales entre los dos Estados.
Hoy, el agente estacionado en el predio trabaja para la Policía Consular, el órgano de la policía nacional que le responde a la Cancillería. Cuenta que antes del vandalismo de 2020 no había nadie estacionado en el consulado. “Pasábamos revista cada ciertas horas, pero nadie se quedaba” dice. Después de eso, hubo un agente en el predio durante todo el día, pero en las noches se quedaba sin ningún tipo de vigilancia.
Sólo desde el incendio de abril, tres años después de su abandono, hay un agente estacionado al frente del consulado las 24 horas del día cuidando lo que queda del edificio. “Eso hay es que tumbarlo”, dice el agente de policía mirando los techos quemados desde afuera.
A partir del restablecimiento de relaciones con Venezuela que anunció el equipo del presidente electo ese sería uno de los inmuebles desde donde el gobierno de Maduro tendrá que atender a cerca de medio millón de venezolanos que viven en Bogotá. Su reparación, y quien asumirá los costos, seguramente será uno de los ítems en la agenda de reactivación de las relaciones bilaterales.
