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Colombia cerró el año 2021 con casi 14 mil homicidios. Esta cifra representa bien el empeoramiento de las condiciones de seguridad en el país.
Los 26,6 homicidios por cada 100.000 habitantes marcan un punto de inflexión que, más que solo un análisis coyuntural, necesita un análisis que incluya una visión de mediano y largo plazo, reconociendo de entrada que esa cifra no es un buen resultado en el comparativo internacional. En esta columna intentamos dar algunas explicaciones sobre lo que está pasando en el país.
La Gráfica 1 muestra cómo han evolucionado los homicidios en el país desde 2010. Es de resaltar la reducción de casi 4 mil homicidios entre 2012 y 2017, que obedece en parte al Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc-EP. Esta reducción histórica se conoce como el “dividendo de la paz”, porque ha sido el resultado más tangible del Proceso debido al desescalamiento del conflicto, sumado a otros factores.
Parece que para 2021 este dividendo se acabó. Fue el primer año donde se rompió la barrera de los 13 mil homicidios por año desde 2013 y, además, se rompió la tendencia decreciente que se traía desde 2012. Estos datos confirman la alerta del país: el homicidio vuelve a ser un asunto prioritario en la política de seguridad y defensa nacional.
Entonces, ¿qué pasó en el 2021? El 2020 fue un año donde primaron las restricciones de movilidad a causa del covid -estas han tenido un efecto sobre la reducción de los delitos en el país-, es necesario mirar los datos de 2019 para poner en perspectiva las cifras y comparar dos años con condiciones similares.
En la Gráfica 2 vemos cómo el promedio de homicidios por mes (línea punteada) ha aumentado en un 8 % si comparamos 2021 contra 2019 (14 %, si lo comparamos contra 2020); esto significa casi 100 homicidios más por mes en promedio. Finalmente, mayo y junio de 2021, los meses con mayor incidencia del paro nacional, fueron los meses con más homicidios de los últimos tres años con 1.378 y 1.300 homicidios, respectivamente.
A pesar de lo difícil que resulta comparar el año pasado con 2020, es claro que en 2021 sí empeoramos en materia de homicidios en el país.
¿En dónde se concentraron los homicidios?
Si miramos la cantidad de homicidios anual por departamento en los últimos tres años (Gráfica 3), estos se concentran principalmente en Valle del Cauca (2.580), Antioquia (2.084), Bogotá (1.128) y el Cauca (810); estos departamentos, junto con Atlántico (709), Nariño (569) y Norte de Santander (590), están por encima del promedio departamental de los últimos tres años (línea punteada). Antioquia y el Valle aportan el 34 % de los homicidios, es decir, aproximadamente 3 de cada 10 homicidios están sucediendo en estos dos departamentos.
Pero ¿los resultados anteriores tienen que ver con que la mayoría de la población se concentra precisamente en los departamentos donde más homicidios ocurren? La respuesta es afirmativa, parcialmente: es más probable que ocurran más homicidios en lugares donde habitan más personas porque hay más potenciales víctimas y victimarios. Para evitar este potencial sesgo, repetimos el análisis usando las tasas por 100.000 habitantes, como se ve en la Gráfica 4.
Utilizando este criterio los resultados difieren un poco: 16 de los 33 departamentos tienen una tasa de homicidios superior a la nacional de 26,6, la línea punteada dentro de la gráfica, lo que reitera la conclusión general de deterioro que hemos presentado.
Así, cuando se controla por la población, aparecen departamentos como Amazonas (34,3), Arauca (61,4), Caquetá (32,5), Chocó (52,1), Guaviare (36,2), Putumayo (52,2) y San Andrés (54,1) con tasas más altas que la nacional y que, al mirar las cantidades totales, pasan desapercibidos.
Los homicidios en los departamentos de la periferia del país merecen especial atención; hoy en estos sitios hay tasas de homicidios superiores a la tasa nacional.
Un ejemplo de esto son las masacres y desplazamientos forzosos que han sucedido en Arauca en los últimos días.
El foco de la política pública, territorialmente hablando, debe tener una mezcla entre la consideración de números totales (donde destacan Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá) y la consideración de tasas (donde, de nuevo, sobresalen Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Putumayo y San Andrés).
¿Qué pasó en las ciudades principales o centros urbanos en materia de homicidios en 2021? Para esto nos concentramos en ocho ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Pereira y Cúcuta. Adicionalmente, como en el caso de los departamentos, nos concentramos en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes para evitar distorsiones demográficas.
Para ilustrar una vez más este problema, si comparamos Cali (1.221) y Bogotá (1.128) en términos absolutos (Gráfico 5), encontramos un comportamiento similar desde el 2015. Al comparar las tasas de homicidios hay una diferencia amplia entre las ciudades: 53,9 en Cali contra 14,4 en Bogotá por cada 100.000 habitantes.
Ahondando en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, la Gráfica 6 presenta esta tasa para Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Entre estas cuatro ciudades principales es Cali la que tiene la tasa más alta, 53,9, una cifra cercana a la del 2017. Esta tasa es suficiente para afirmar que Cali puede hacer parte de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.
Barranquilla, con una tasa de 28,1, es la siguiente ciudad con la tasa de homicidios más alta, aunque su valor es cercano a la cifra nacional. Y, finalmente, Medellín y Bogotá son las dos ciudades principales con las tasas de homicidios más bajas, con 15,4 y 14,4 respectivamente (pese al aumento de ambas ciudades comparando su comportamiento con el de 2020).
Es de resaltar que si bien Bogotá tiene una tasa de homicidios muy baja, la percepción de inseguridad es la más alta del país; de acuerdo con la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ecsc) del Dane la tasa de percepción de inseguridad de la ciudad es del 77,8 por ciento.
Al explorar otras ciudades principales, como Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y Pereira (Gráfica 7), los resultados son divergentes.
Mientras que Cartagena y Pereira tienen tasas de homicidios por 100.000 habitantes menores a la del nivel nacional y con un comportamiento relativamente estable en los últimos años, Buenaventura (que no tuvo una reducción sustancial en los homicidios en el 2020, a pesar del confinamiento por pandemia) tuvo un incremento del 73 % en 2021 relativo al año anterior.
Con una tasa de 61,5, la ciudad portuaria también se podría hacer a un lugar dentro de las 50 más peligrosas del mundo y vuelve a niveles cercanos a los de 2013.
Finalmente, Cúcuta presenta un comportamiento que amerita un poco más de detalle, pues es de las pocas ciudades en donde incrementaron los homicidios en 2020 y se mantuvieron estables en 2021; las dinámicas de frontera y la presencia de otros actores pueden ser la causa que explica este comportamiento.
Después de ahondar sobre las cifras de homicidios, queremos cerrar con unas cuantas reflexiones.
La primera es de carácter metodológico. La forma de presentar las cifras es influyente en la percepción de estas por parte de la ciudadanía.
Por eso, aquellos quienes usan las cifras para declarar victorias propias y derrotas ajenas deben ser responsables con la forma como se usan y se presentan las cifras; la preocupación de que Antioquia y Valle del Cauca recojan un tercio de los homicidios del país debe de ser tratada con la misma responsabilidad con la que se celebra que Medellín está llevando su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a los mínimos históricos, o que Cali está entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Por eso presentamos los datos por departamentos, una mirada que pasa desapercibida por la concentración mediática en grandes ciudades.
La segunda reflexión gira en torno a la necesidad de repensar las dinámicas dentro del sector seguridad. Como lo hemos mencionado previamente, la ruptura en la tendencia de homicidios representa bien el deterioro de la seguridad en el país y hace necesario que las discusiones sobre seguridad estén en el centro del debate político nacional.
Es necesario pensar en estrategias diferentes y efectivas para la reducción del delito, en especial el homicidio, que involucren mecanismos de cooperación, coordinación y corresponsabilidad entre todos los actores dentro del sector, diferentes a las clásicamente implementadas y que demuestran el desgaste del modelo de atención vía consejos de seguridad ante hechos simbólicos.
Adicionalmente, hay que dedicar una especial atención al comportamiento de las dinámicas criminales del sector rural; la presencia de grupos armados capaces de ejercer funciones de control social presenta el reto de combatirlos no solo con capacidades militares, sino con todas las capacidades estatales de forma integral.
Finalmente, la tercera reflexión, y quizá la más importante, es la responsabilidad con la que se debe de liderar el sector defensa en el 2022. Los últimos siete meses de gobierno y los primeros del Gobierno entrante serán fundamentales para devolvernos en la senda de decrecimiento que traíamos en cuanto a la cantidad de homicidios.
Las políticas de seguridad deberán apuntar a recuperar el dividendo de la paz y a volver a estar por debajo de los 13 mil homicidios de manera prioritaria. Hoy, después de un año con 13.709 homicidios, parece que estamos botando a la basura el dividendo de la paz y detener esta situación es responsabilidad, además de los organismos de seguridad y justicia, del Gobierno nacional que acaba y el que entrará en 2022, de los gobernadores de los departamentos que tienen la peor situación actualmente, aunque pasen por debajo en la presión mediática, y de los alcaldes en un esfuerzo de coordinación cada vez más necesario.
Esta columna fue escrita en coautoría con Martín Vanegas Arias.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
