Las jerarquías criminales de Barranquilla: ¿quiénes delinquen en la ciudad?

Barranquilla ha presenciado una triste seguidilla de episodios violentos desde hace ya varios meses. En junio, un vehículo distribuyó por diferentes barrios de la ciudad extremidades del cuerpo de un hombre de 34 años. Luego, en agosto la ciudad se paralizó porque varias empresas de buses estaban siendo extorsionadas y algunos de sus conductores fueron asesinados o sufrieron atentados. A principios de septiembre, seis personas fueron asesinadas en el barrio Las Flores. Un mes después, otra masacre sacudió al departamento, esta vez en Soledad.

Como lo muestra esta multiplicidad de eventos, la violencia en Barranquilla tiene muy distintas caras. Por un lado, está la extorsión afectando a los comerciantes y transportadores, mientras por otro lado hay también desmembramientos que pueden servir para “ajusticiar” a la población local o incluso a miembros de grupos armados competidores. Al tiempo, otros delitos más comunes, como atracos y hurtos a residencias o bancos, siguen sucediendo.

Aunque sucedan al tiempo y a veces sea complejo diferenciarlos, cada uno de estos delitos está mostrando una cara diferente de la violencia en la ciudad. Y, dado que las estrategias de combate son diferentes si se está enfrentando a una pandilla o a un grupo del crimen organizado, quizá una labor fundamental sea tratar de entender todo ese entramado de criminalidad antes de buscar las soluciones.

Este artículo pretende hacer ese ejercicio, a partir de insumos provistos por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y la Agenda de Investigación UNCaribe de la Universidad del Norte.

Caracterización del crimen: ¿quién es quién?

En Barranquilla coexisten tres distintos tipos de organizaciones armadas. Cada una puede distinguirse por su alcance territorial, los delitos que comete y el impacto espacial de los mismos. Aunque parezca que todas son iguales, en realidad existen ciertas jerarquías criminales que las diferencian.

• Organizaciones de nivel 1

Son organizaciones ilegales con presencia nacional que hacen parte de redes de crimen transnacional. En el caso del Área Metropolitana de Barranquilla, la única organización de este tipo son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo). Las AGC funcionan como un operador logístico para la exportación de clorhidrato de cocaína. En Barranquilla, su fórmula predilecta ha sido la subcontratación de grupos locales. Las organizaciones criminales nacionales aprendieron que combatir con los grupos delincuenciales locales, aunque en principio no lo parezca, acarrea elevados costos, no solo materiales, sino también mediáticos y de atención institucional.

Por ende, comprendieron que la cooptación e instrumentalización de esos grupos (subcontratación) es más rentable en términos logísticos y de seguridad. Por un lado, no tienen que implantar una estructura criminal en un nuevo territorio, por lo que ahorran dinero en términos de movilización de recursos humanos y materiales.

Esto implica también que no necesitan tanto tiempo para conocer un territorio y constituir una red de aliados. Por otro lado, evitan el desgaste y el riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales. En nuestro más reciente libro sobre el conflicto armado en Barranquilla mostramos esta forma de subcontratación criminal que las AGC han venido desarrollando.

Las AGC, a pesar de estar involucradas en distintos mercados ilegales, tienen como eje central de su presencia en Barranquilla al narcotráfico. La Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana 037-2020, explica que, por eso, “se han concentrado de manera particular en las zonas costeras, sobre todo en el corredor de la Vía 40, Las Flores y el municipio de Puerto Colombia, por sus puertos clandestinos y su localización intermedia entre los puertos de Barranquilla y Cartagena”.

De ahí que los barrios adyacentes o colindantes con el Río Magdalena (Las Flores y todos los ubicados sobre la Calle 17 hasta el puente Laureano Gómez -más conocido como Pumarejo-) sean también los más golpeados por la violencia.

A su posición estratégica para las AGC, habría que sumar que en ellos persisten complejas situaciones socioeconómicas y una limitada oferta institucional, junto con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Así las cosas, se convierten también en puntos fértiles para que un grupo armado tan grande como las AGC desarrolle redes de aliados locales, haga reclutamiento juvenil y manipule a la criminalidad local para que proteja sus intereses.

Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué las AGC, si subcontratan a organizaciones locales, se han visto envueltas en medio de guerras tan “ruidosas” recientemente?

La respuesta viene del hecho de que este grupo armado recientemente perdió a sus operadores locales (Los Costeños). Las razones por las cuales un contrato ilegal se rompe son inciertas, como podrá ser obvio. Sin embargo, es posible que el fortalecimiento de esta organización, que previamente funcionó como aliada de las AGC, haya producido rupturas con respecto a la administración de las rentas ilegales. Lo importante aquí es que esto obligó a las AGC no solo a tener una presencia más sostenida en la ciudad, sino también a incursionar en otros mercados ilegales.

Uno de ellos, sobre los que todavía hay mucha tela por cortar, es el despojo de tierras.

Las AGC han logrado construir una compleja arquitectura criminal que incluye funcionarios públicos (jueces, peritos, entre otros). Este delito se ha concentrado en Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Puerto Colombia, Tubará y Juan de Acosta. Todos estos municipios tienen en común el hecho de que son costeros, por lo que la apropiación de terrenos también tendría una funcionalidad relacionada con el narcotráfico.

En el mediano plazo, esto puede implicar el incremento de los niveles de violencia en municipios que llevan años libres de la presencia de grupos armados. El decapitamiento de un hombre en Juan de Acosta debería servir de alerta para reconocer que el departamento del Atlántico puede estar entrando en una nueva etapa de conflictividad armada.

En síntesis: las AGC son la organización armada con mayor jerarquía en el escenario de criminalidad de Barranquilla y su área metropolitana. Su capacidad operativa y las sofisticadas redes de aliados legales e ilegales que tienen en todo el norte del país, además de su involucramiento en el narcotráfico, podrían ayudarlos a resistir las diferentes guerras que luchan en la ciudad para luego ejercer control territorial, cuando sus competidores hayan sido debilitados por ellos o por el Estado.

• Organizaciones de nivel 2

Estas organizaciones criminales cuentan con un radio de acción mucho más localizado (no mucho más allá del Área Metropolitana de Barranquilla) y capacidades operativas limitadas. Quizá por eso se concentran en el control de microterritorios (barrios, plazas de microtráfico, etc.), la administración de algunas rentas ilegales locales (“ollas” o “plazas de vicio”) y la predación de rentas legales por medio de la extorsión. También suelen ofertar otros servicios, como el sicariato o el cobro de cuentas.

En esta categoría, podríamos clasificar principalmente a dos: Los Costeños y Los Rastrojos Costeños. Sin embargo, también es necesario mencionar que esta categoría suele ser muy difusa: otros grupos, como Los Papalópez, Los Vega y Los Paisas han entrado y salido de ella.

En la jerarquía criminal del Área Metropolitana de Barranquilla, estos grupos armados estarían justo debajo de las AGC. Suelen aplicar principios empresariales y “vender” sus servicios con el fin de ser subcontratados. También pueden “comprar” una franquicia local y encargarse de estos negocios bajo la tutela de organizaciones de nivel 1. Estas organizaciones más grandes les ofrecen recursos financieros y materiales (armas, carros, motos) y hasta miembros de la organización que temporalmente se establecen en la ciudad para fortalecer a sus aliados. Es, entonces, un gana-gana: el grupo armado más grande logra control territorial sin gastar muchos recursos, y el grupo más pequeño obtiene dinero y capacidades operativas para funcionar haciendo lo que, de igual forma, ya estaban ejecutando.

Ahora, valga una aclaración importante: que estos grupos tengan menores capacidades operativas que organizaciones más grandes no quiere decir de ninguna manera que sean más benignos. De hecho, sus repertorios de violencia han tenido más bien una alta carga de sevicia: han desmembrado cuerpos, quemado viviendas y grabado todo esto para distribuirlo en redes sociales. Debe recordarse que, finalmente, estos grupos armados son los que tienen presencia sostenida en la ciudad y, por tanto, los principales responsables de una parte de la violencia.

Espacialmente, la Defensoría del Pueblo menciona que su principal rango de actuación se encuentra entre el sector de la Calle 17 y su prolongación hacia el municipio de Soledad, pasando por la vía que conduce hasta Barranquillita. También barrios ubicados sobre la Avenida Circunvalar, la carretera Oriental y la carretera La Cordialidad han sido identificados como zonas de actuación de estos grupos.

• Organizaciones de nivel 3

El tercer eslabón en esta jerarquía lo conforman grupos mucho más pequeños de delincuencia común. Algunos de estos grupos, como ya mencionamos, han oscilado entre estar en este rango de la jerarquía o el anterior. Sin embargo, lo relevante aquí es que se trata realmente de organizaciones pequeñas sin mucha capacidad de fuerza. Pueden ser llamadas “bandas”, “pandillas” o “combos” (no confundir con los combos en Medellín, que funcionan de otra forma).

Usualmente, estos grupos armados se dedican al hurto simple y a mano armado, el robo de autopartes y, en escenarios muy particulares, a la extorsión y distribución de drogas a nivel local. Sin embargo, la mayoría de estas actividades no las hacen de forma autónoma, sino que suelen estar supeditados a organizaciones de nivel 1 o 2. Esta supeditación normalmente funciona a través de la “franquicia” o compra de esos espacios por montos periódicos. Es decir, estos grupos, curiosamente, pueden vivir siendo también sujetos de extorsiones de grupos más grandes. Así, deben pagar una cuota para que se les permita ejecutar acciones delincuenciales en algunos barrios que están controlados por otras organizaciones de mayor jerarquía.

Grupos como “Los Papalópez”, “Los Vega”, “Los Teletubis” y “Los Carambolas” podrían fácilmente estar en esta categoría. Sin embargo, las relaciones que han asumido Los Papalópez y Los Vega con las AGC podrían pronto convertirlos en una organización de nivel 2, por ejemplo. Pandillas como “Los Carambolas” reciben financiamiento de “Los Costeños”, lo que muestra cómo hay toda una cadena de criminalidad extendida en diferentes niveles. Esto ha provocado que grupos no identificados amenacen directamente a estas pandillas. Aunque no hay formas de determinarlo, es posible que los enemigos de Los Costeños (las AGC) estén financiando estas guerras localizadas con otras pandillas con el propósito de debilitar a un eslabón de la cadena de criminalidad de sus contrincantes.

Estas organizaciones, a pesar de ser más pequeñas, cuentan también con capacidad para ejercer violencia de formas importantes. Las peleas bajo la lluvia por el control de los barrios han sido comunes en la ciudad durante mucho tiempo. De hecho, dado que su rango de actuación es muy limitado, normalmente establecen fronteras invisibles que producen la muerte de quienes, siendo señalados como cercanos a pandillas enemigas, las cruzan. Al menos 100 familias del barrio Siete de Abril, por ejemplo, han denunciado que durante 15 años han vivido en medio de estas disputas. Solo en el 2017, al menos cuatro personas fueron asesinadas por cruzar fronteras invisibles en Barranquilla.

Según la Alcaldía de Barranquilla, en Barranquilla hay alrededor de 63 pandillas, con 2,284 miembros en total. Las pandillas, además de generar situaciones de constante violencia e inseguridad en varios barrios, pueden incubar otras violencias más complejas, ya que permiten el “entrenamiento” de jóvenes en ciertas actividades violentas que luego pueden ser aprovechadas por organizaciones más grandes. En cualquier caso, es muy probable que este número sea mayor, ya que como Dayana Fontalvo ha explicado previamente, hacer una estimación adecuada de este fenómeno en la ciudad es complejo.

¿Cómo enfrentar a estos grupos? El riesgo de que el Estado los fortalezca indirectamente

En Barranquilla cohabitan e interactúan de distintas maneras tres tipos de organizaciones criminales con diferentes capacidades, rentas ilegales y repertorios de violencia. En momentos distintos, todas estas estructuras han terminado envueltas en las mismas guerras, ya sea porque compiten por el control de ciertos espacios o porque se alían para dividirse las rentas que administran.

Lo cierto es que en Barranquilla las organizaciones armadas son muy distintas: hay desde grupos altamente sofisticados como el Clan del Golfo hasta organizaciones con menos de 100 miembros. En momentos en los cuales los grupos armados luchan por el control territorial, algunos indicadores (principalmente los homicidios) suelen incrementarse. Como consecuencia, los gobiernos locales y la Policía Nacional inician grandes operativos para debilitar a alguna de las partes en disputa.

Al atacar solo a un tipo de organización criminal (o a las tres de forma desigual), el efecto paradójico es que se está incentivando que las demás, usualmente las que tienen mayores capacidades operativas, se fortalezcan. Sin intención, el Estado puede estar volviéndose parte de una guerra entre grupos armados.

Posiblemente porque es más sencillo capturar a miembros de organizaciones locales o pequeñas, es común que cuando hay una competencia entre grupos armados, la acción del Estado se dirija contra las de nivel 2 o 3. Aunque el efecto en el corto plazo muestre efectividad, en el largo plazo este tipo de intervenciones pueden servir para fortalecer el control territorial de grupos del crimen organizado en la ciudad, lo cual solo incuba nuevos escenarios de violencia. De hecho, ya hay evidencia histórica al respecto: luego de la desmovilización de las AUC, el Estado atacó y desmanteló efectivamente a la organización “Los Mellizos”, conformada por los hermanos Mejía Múnera. Sin embargo, en lugar de acabar la violencia, esto solidificó a otros grupos armados, como Los Paisas, Los 40 y las AGC. Estas últimas hoy todavía siguen siendo los principales generadores de violencia en la ciudad. El Estado, entonces, debe ser cuidadoso al evaluar las consecuencias indeseadas de algunas de sus políticas de seguridad.

De cara a la política de la paz total que está haciendo camino con el nuevo gobierno, es fundamental pensar en estas jerarquías criminales como eslabones de una compleja cadena de criminalidad. En Barranquilla, hemos identificado al menos tres grandes eslabones, pero todavía faltaría por determinar muchos más (cómo se está lavando dinero en la ciudad?, ¿Qué grupos armados transnacionales están financiando estas guerras?).

De hecho, como el narcotráfico tiene actores financiadores por fuera de los esquemas de criminalidad local, vale la pena cuestionarse cuál es la estrategia para que la desmovilización de uno de estos grupos armados no sea rápidamente remplazada por la conformación o el ingreso a la ciudad de algún otro. En Barranquilla hay operadores logísticos para la exportación de clorhidrato de cocaína que fácilmente podrían ser remplazados por otros grupos armados. En ese sentido, cualquier política de paz y seguridad debe pasar por pensar en cuáles estrategias se aplican de manera diferenciada para cada eslabón de la cadena.