¿Políticos o criminales? Una discusión que no se actualiza

Este texto es la continuación de una columna publicada en septiembre de 2022, por eso utilizamos algunas de sus premisas para seguir aportando al debate con insumos que contribuyan a la desmoralización y actualización de esta discusión, especialmente en torno a las dimensiones políticas de los grupos ilegales que protagonizan nuestros conflictos armados. 

La política de “paz total” puso sobre la mesa una discusión que ha sido aplazada desde hace tiempo, y que nos obliga a preguntarnos por las variables o criterios que hoy servirían para entender lo político en el quehacer criminal de las organizaciones armadas ilegales.

Esta discusión no es menor si se tiene en cuenta que de eso dependen los escenarios de negociación política o de sometimiento jurídico, y, por lo tanto, también el acceso a procesos de justicia transicional o la aplicación de la jurisdicción penal nacional.

Los sesgos

En este sentido, gran parte del debate sobre la naturaleza puramente criminal de las organizaciones que no tienen un carácter político reconocido ha girado sobre dos sesgos que funcionan casi como dogmas analíticos:

El primero sostiene que las organizaciones revolucionarias de izquierda automáticamente deben ser reconocidas como organizaciones políticas, y todas las demás (no rebeldes) como criminales.

Esto desconoce los procesos de criminalización de organizaciones político-militares como el caso del EPL en Norte de Santander, y los procesos de politización de organizaciones criminales, como sucedió con las desmovilizadas AUC y actualmente con las AGC.

El segundo sesgo se refiere a que estas discusiones se inician y finalizan en Bogotá, con poca o ninguna intervención de los habitantes, autoridades y referentes sociales de los territorios controlados por estos grupos armados. Desconocer las realidades y dinámicas territoriales conduce a ignorar el funcionamiento de estas organizaciones, y las formas de relacionarse que establecen con las comunidades y las autoridades legales locales.

Estos sesgos también muestran que el debate sobre el carácter político o criminal de organizaciones armadas tiene un fuerte anclaje en la guerra fría, lo que conduce a ignorar los cambios significativos que se han producido en las dinámicas de la confrontación armada en Colombia. Estas dinámicas tienen tres hitos:

1. La desmovilización de las AUC dio paso a las “Bacrim”, desde algunos sectores académicos hoy se las denomina “Organizaciones Sucesoras del Paramilitarismo”.
2. La declaración del ELN de implementar su estrategia de resistencia armada, que en la práctica puso fin a cualquier pretensión de toma del poder nacional.
3. La desmovilización de las FARC-EP, seguida por una compleja red de estructuras, mandos y combatientes disidentes y rearmados.

El conflicto cambió, pero no sus marcos de análisis

En este contexto de transición de la violencia armada, es importante preguntarnos: ¿los cambios en nuestros conflictos no han producido también un cambio en sus proyecciones y expresiones políticas?

Además, es importante entender que estamos frente a conflictos regionalizados que tienen muy pocas motivaciones ideológicas y muchas interacciones políticas, especialmente en el marco de la consolidación de gobernanzas armadas en distintas regiones del país.

Conflicto armado tradicional (1964-2016)	Nuevo contexto de violencias armadas (2017-2023)
Un oligopolio de la violencia que era escenificado principalmente por tres grandes organizaciones político-militares: AUC, Farc-EP, ELN, y otras organizaciones que eventualmente llegaron a ser muy relevantes por periodos no tan largos de tiempo (EPL, M-19, autodefensas más locales).	Una constelación de actores violentos con distintas capacidades criminales y pretensiones.
Un fuerte componente político-ideológico basado en la defensa y promoción de metarrelatos (al menos discursivamente) como el marxismo, leninismo, guevarismo, bolivarianismo, maoísmo, anticomunismo.	Conflictos altamente desideologizados, pero con contenido político. como lo evidencian las alianzas de grupos que se suponen antagónicos, entre ellos el ELN y las AGC en el sur de Bolívar, o el Bloque Iván Ríos de las entonces Farc-EP con las AGC en la región de Urabá y la proliferación de manuales y documentos que contiene normas de compartimiento público y privado que los grupos armados imponen a las comunidades que habitan los territorios bajo su control.
Intentos de construcción de ejércitos irregulares y el ensayo de la guerra de movimientos en algunas regiones.	Menos despliegue de capacidades militares y más uso de modalidades delincuenciales, como el sicariato y la amenaza.
Esto, en el marco de dinámicas nacionales con particularidades territoriales: bloques y frentes de guerra con denominaciones territoriales (Norte, Caribe, Oriental, Nororiental, Sur, Central Bolívar…).	La multiplicidad de conflictos armados con un carácter más subnacional, como explicamos aquí.

Con el ánimo de profundizar este debate, los invitamos a leer este artículo, en el que se hace una caracterización de las AGC, una de las organizaciones que, debido a su origen criminal, hasta el momento de publicar este texto se encuentra por fuera de la “paz total”.

La caracterización rigurosa de estas organizaciones es necesaria porque parece que a nivel oficial no se tienen diagnósticos actualizados de estos grupos, lo que conduce a que se asuman como un todo homogéneo y se desconozcan sus dinámicas y capacidades criminales diferenciadas. Esto provoca el error de utilizar los mismos marcos analíticos e institucionales en grupos muy diferentes.

Una cosa son las AGC, que cuentan con vínculos transnacionales, presencia activa en varios departamentos y capacidades militares ofensivas, y otra muy diferente son los grupos de Buenaventura y Quibdó, que funcionan como delincuencia organizada con capacidades locales y microlocales (barrios y localidades).  

Para concluir reiteramos la crítica hecha hace un año con respecto a “las posturas moralistas que divorcian lo político de lo criminal como si fueran aspectos excluyentes e irreconciliables. Incluso, si así lo fuera, la historia reciente del país ha evidenciado una larga tradición de acercamientos, diálogos y negociaciones entre diferentes gobiernos y organizaciones al margen de la ley, muchas de ellas de carácter mafioso. Algunos ejemplos, como las autodefensas de Rodríguez Gacha en Pacho, las de Puerto Boyacá lideradas por Ariel Otero y las de Fidel Castaño en Córdoba durante los noventa, la cúpula del Cartel de Medellín en 1991 a través de Pablo Escobar y el Erpac en el 2011 muestran que incluso si aceptáramos la premisa de que se trata solo de criminales, existen mecanismos institucionales para acordar el fin de esos conflictos. Si bien en estos casos la figura utilizada fue la del sometimiento a la justicia, debe tenerse en cuenta que dicho sometimiento también es resultado de negociaciones muchas veces mediadas por actores políticos cercanos a estos grupos”.