La concentración de la tierra en Colombia y la reforma agraria de Corea del Sur

La tierra en Colombia está concentrada en pocos propietarios, y esto es un problema estructural que viene desde la Colonia. Según Oxfam, el 1% de las fincas ocupa el 81% de las tierras agrícolas. Este problema también se evidencia en que 70,4% de las UPA está por debajo de las 5 hectáreas (según el Censo Nacional Agropecuario), una escala muy pequeña que encarece los insumos y los costos logísticos, limitando las ganancias e impidiendo tener unos ingresos suficientes. Eso, en parte, explica que el promedio de ingresos de la actividad agropecuaria sea el 70% de un salario mínimo mensual, de acuerdo con el Dane.

El problema se agudiza, dado que en muchas regiones de Colombia se ha valorado la tierra por el solo hecho de poseerla y no por lo que produce. Esto ha conducido a que muchos terratenientes tengan esa tierra de forma especulativa y/o como símbolo de poder (algunos se han referido a esta situación como “agrolatría”). Esta situación se traduce en que esa tierra no se utilice o esté subutilizada.

Este diagnóstico lo ha hecho de forma acertada el Petro candidato y el Petro presidente (¿hay diferencia entre ellos?). Por ello, la reforma agraria es una de sus principales propuestas. Pero la incógnita está en cómo la va hacer. Una cosa es el diagnóstico y el resultado deseado, y otra muy distinta, y mucho más compleja, es cómo gestionar la implementación para que esto ocurra de manera idónea.

En sus intervenciones, como candidato y como presidente, Petro pone como referencia la reforma agraria de Corea del Sur, aduciendo que esta fue la primera medida para la industrialización y enriquecimiento de ese país (véase su discurso en el congreso de Analdex desde el minuto 1:12:50).

Corea del Sur realizó una reforma agraria en 1949 y 1950 buscando solucionar los problemas que implicaba la gran disparidad en la tenencia de tierra. Por eso es relevante resaltar las principales características de la reforma en Corea del Sur:

1. La reforma se apoyó en los levantamientos topográficos y la inscripción de tierras que se realizaron cuando Corea era una colonia en la década de 1910. Es decir, existía un sistema de información detallado de propiedad de la tierra previo a la reforma. 
2. Existían unas tierras pertenecientes a Japón (que tenía a Corea como colonia), las cuales fueron confiscadas y distribuidas a los agricultores coreanos. 
3. La esencia de la reforma consistió en “confiscación compensada y reparto no gratuito”. Es decir, el Gobierno compraba las tierras agrícolas a los terratenientes a precios obligatorios, para luego venderlas a los agricultores a precios inferiores a los del mercado. La compra a los terratenientes fue inferior al precio de mercado, lo que supuso pérdidas para ellos.
4. Se impusieron tres condiciones para la reforma: i) se prohibió la propiedad de la tierra a personas que no fueran agricultores, ii) se limitó la cantidad máxima de tierras que podía tener cada agricultor, y iiii) se prohibió la aparcería.
5. Como consecuencia de la reforma, los agricultores quedaron en unas condiciones de relativa igualdad (es decir, la mayoría de la población coreana en ese tiempo). A partir de ahí las diferencias las marcarían el esfuerzo y la capacidad individual. Gracias a esa reforma se generó una percepción de igualdad de oportunidades. En otras palabras, la reforma estimuló el sistema capitalista y el desarrollo económico. 

Acá surgen varias preguntas para el Gobierno de Petro:

• ¿Colombia cuenta con la información topográfica necesaria para realizar la reforma agraria?
• ¿Se van a vender estas tierras a los pequeños productores o el reparto será gratuito?
• ¿Qué garantías hay que estas tierras queden en manos de agricultores, y no de acaparadores u oportunistas?
• ¿Qué escala de tenencia de la propiedad se utilizaría para realizar la distribución? ¿Esto va a variar según la cadena? ¿El máximo sería una unidad mínima rentable?
• ¿Cómo garantizar que el gran terrateniente no se sienta expropiado? Pues, si se siente así, puede llevar en el mejor de los casos a batallas legales. Y, en el peor, a un resurgimiento o intensificación de la violencia. En ambos sentidos la reforma sería contraproducente.

Por mi lado, tengo tres ideas, que no son originales, y las cuales son mucho más fáciles de escribir que de ejecutar:

1. Iniciar la reforma con las tierras que se han expropiado por enriquecimiento ilícito.
2. Que el Gobierno compre las tierras al precio que están siendo avaluadas en el predial, pero permitiendo que los poseedores de las tierras puedan modificar este avalúo. En este sentido podrían vender sus tierras a lo que ellos consideren justo (también, el Gobierno puede elegir si realiza o no la compra). En caso de no querer venderlas tendría que pagar los impuestos a ese precio del avalúo. Los municipios deberían utilizar esos ingresos adicionales para comprar tierras y distribuirlas.
3. Arrendar a 50 años grandes extensiones de baldíos de la altillanura por medio de subastas a grandes jugadores productores de alimentos. Esto implicaría realizar reformas jurídicas y, también, intervenciones logísticas para conectar de manera eficiente la altillanura con los puertos. Con esos recursos se pueden comprar tierras y redistribuirlas.

Más allá de estas propuestas, el Gobierno debe resolver pronto las múltiples incógnitas, buscando disminuir la incertidumbre a un mínimo, pues el desarrollo va de la mano con la propiedad privada.

La clave de la reforma es que logre responder a esta premisa: mejorar la distribución de la tierra, pero sin afectar la inversión privada.