La firma de abogadas que tiene una estrecha relación con el hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, acaba de ganarle un pleito al Invías por el que va a recibir una indemnización de 12 mil millones de pesos.
Esa firma se llama Estudios y Asesorías Profesionales. Como reveló esta investigación de La Silla Vacía, Vladimir Fernández trabajó para esa empresa y siendo secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro intercedió por ella en otra millonaria demanda que tiene contra el Invías en Chocó. Además, esa empresa —con la que Fernández dice no tener ninguna relación— le paga la seguridad social a su esposa a través de una inmobiliaria.
Las abogadas que figuran como fundadoras de Estudios y Asesorías se llaman Irma Solangel Torres y Claudia Liliana Quijano. Las dos han sido socias de Fernández en otros pleitos contra el Estado y son sus apoderadas actuales en sus procesos personales. A Quijano, de hecho, se la llevó a la Secretaría Jurídica de Presidencia.
Amigos y clientes de Fernández aseguran que en realidad la firma que acaba de ganar esta jugosa indemnización es de él. Algo que él niega.
Los 12 mil millones que entran a las cuentas de las abogadas
El pleito que acaban de ganar las abogadas cercanas al magistrado Fernández tiene que ver con la reclamación de una plata que, según dicen, el Invías no les pagó.
El origen de la controversia es un contrato que el Invías le dio a la constructora Grodco en 2005 para hacer una carretera en el Meta. Para esa época, Vladimir Fernández se desempeñaba como director jurídico del Invías.
Ese contrato terminó en pleito porque Grodco dijo que el Invías no le pagó lo que debía por las obras que hizo. Y, por eso, en 2011, a través de la firma de abogadas Estudios y Asesorías Profesionales, demandó y pidió una indemnización inicial de más de 5 mil millones de pesos.
La firma de abogadas consiguió que el Invías accediera a resolver la controversia ante un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esa es una figura en la que las partes enfrentadas dicen que no acudirán a la justicia ordinaria, sino que se someterán a un dictamen que prestan las cámaras de comercio con abogados particulares. La decisión la toman tres árbitros-jueces propuestos por las dos partes o que se definen por sorteo, y cuyos honorarios son pagados por los privados. En este caso, por Grodco.
En 2013, ese tribunal de arbitraje (integrado por Julio César Ortiz, Juan Carlos Expósito y Carlos Eduardo Martínez) falló en contra del Invías. En medio del proceso, Grodco le cedió los derechos litigiosos a Estudios y Asesorías para que cobrara la indemnización.
Entre 2014 y 2016 el Invías pagó más de 5 mil millones de pesos a Estudios y Asesorías. Pero paró los pagos porque la Dian encontró que Grodco le debía unos 2 mil millones de pesos por impuestos y, por eso, le pidió al Invías les mandara los excedentes para saldar esa deuda.
Las abogadas de Estudios y Asesorías demandaron al Invías en 2018 para que no le dieran esa plata a la Dian sino a ellas. Tasaron el saldo en 3 mil millones de pesos. Hace unos días, la Sección Tercera del Consejo de Estado (magistrados Nicolás Yepes, Jairo Rodríguez y William Barrera) les dio la razón y dijo que, además de los 3 mil millones, debían pagarles intereses. En total, según la liquidación, deben pagarles 12 mil millones de pesos.
Uno de los magistrados que tomó esa decisión, William Barrera, asumió sus funciones en noviembre pasado. Fue posesionado por el entonces secretario jurídico de Casa de Nariño, Vladimir Fernández.
Un pleito en el que Vladimir Fernández aparece por punta y punta
La mención en ese pleito del hoy magistrado Vladimir Fernández va más allá de haber sido el jurídico del Invías cuando Grodco se ganó ese contrato.
Tiene que ver, también, con el historial de vínculos con Estudios y Asesorías, la beneficiaria de los 12 mil millones de pesos. En 2010, 2015 y 2016, cuando el pleito estaba activo, Fernández trabajó como asesor de esa firma de abogados.
Pero, además, en 2017 Fernández admitió que había asesorado directamente a Grodco, la empresa que se ganó el polémico contrato cuando era el director jurídico del Invías. Esa conexión apareció en medio de otra demanda con la que Fernández está pidiendo una indemnización de más de mil millones al Estado por una investigación que le abrió la Contraloría por ruidos de su paso por el Invías.
En ese proceso, Fernández se quejó de que bancos como Colpatria estaban cuestionando a Grodco por haber tenido “una relación comercial” con él. Es decir, por haberlo contratado mientras la investigación de la Contraloría avanzaba.
En ese pleito contra la Contraloría, Fernández tiene como abogada a Irma Solangel Torres, quien hoy figura como socia de Estudios y Asesorías.
El vínculo entre Fernández y Estudios y Asesorías Profesional tiene otro capítulo. La firma de abogadas es dueña de una inmobiliaria que se llama Kataskevi, quien desde al menos 2016, paga la seguridad social de Gimena Molina Gómez, esposa de Fernández.
Esa inmobiliaria es propietaria de oficinas de Bogotá y de seis lotes – con extensiones de entre 9 mil y 10 mil metros cuadrados- que quedan en una zona valorizada de Villa de Leyva, Boyacá. Esos lotes llevan los nombres de municipios del Huila (Neiva, Garzón, Pitalito, Algeciras, Aipe y Campoalegre), departamento de donde son Vladimir Fernández y su esposa.
Kataskevi tuvo en los últimos años la misma dirección de Estudios y Asesorías Profesionales. Pero esta semana, después de la publicación de la investigación de La Silla Vacía, Kataskevi actualizó su dirección para indicar que ahora funciona desde el barrio Ricaurte. Igual en el mes de febrero también pagó la seguridad social de la esposa del magistrado Fernández.
El magistrado Fernández no le respondió a La Silla Vacía sobre su relación con la firma de abogadas. Sin embargo, en una entrevista con El Espectador dijo que ese vínculo fue únicamente laboral.
