El presidente Gustavo Petro y su gabinete en pleno se unirán a la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Petro lo hará desde la Carrera Séptima con calle 19, en el centro de Bogotá, con rumbo a la Plaza de Bolívar. El presidente terminará su recorrido, de menos de dos kilómetros, con un discurso en una tarima instalada frente al Congreso por los grandes sindicatos de trabajadores que lideran la marcha. El objetivo es llenar la Plaza y demostrar que el gobierno también tiene la capacidad de convocar a la calle, luego de las masivas marchas de la oposición.
La convocatoria pone en marcha el discurso de confrontación que Petro ha intensificado, y que diluye del todo la idea de un acuerdo nacional. Desde el globo de la asamblea nacional constituyente, el presidente ha sostenido que se está fraguando un golpe de Estado en su contra, e incluso que sectores de la oposición lo quieren matar, haciendo un paralelo con la figura de Salvador Allende, el presidente chileno derrocado y asesinado por un grupo de militares golpistas.
En los días previos a la marcha, Petro volvió a cuestionar las investigaciones en contra de sindicatos como Fecode por financiar irregularmente su campaña presidencial, uno de los principales argumentos de su teoría sobre la “ruptura institucional”. También criticó las investigaciones contra su hijo, Nicolás Petro, imputado por lavado de activos, asegurando que fue víctima de tortura por parte de la Fiscalía.
El presidente retó al Congreso anunciando que en Cámara buscará modificar la reforma pensional que aprobó el Senado, con una modificación que les conviene a los trabajadores. Y dos días antes de la marcha insinuó que la Alcaldía de Bogotá estaba intentando silenciarlo por las diferencias con los sindicatos para instalar dos tarimas en la Plaza.
La coordinación con los sindicatos
“Todos y todas a la calle”, dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al final del más reciente cónclave del gobierno Petro en Paipa, Boyacá. En esa reunión, llena de hermetismo, el tema de la marcha del 1M no fue central, pero estuvo presente en los dos días de conversaciones, marcadas por la demora de Petro en llegar.
“El tema fue importante en la medida en que todos sabemos que es un día especial para el país. Buscamos que la gente se manifieste con todas las garantías”, le dijo a La Silla el ministro de Cultura, Juan David Correa, presente en el cónclave. “Los primeros de mayo eran con tanquetas, agua y gases. Es la expresión de un grupo de personas que la ha tenido difícil. Uno tiene que marchar a favor de lo que cree”.
En la última semana, se reforzó la coordinación entre el gobierno, la bancada del Pacto Histórico, los sindicatos y las organizaciones sociales más organizadas para impulsar la marcha.
El 25 de abril, por ejemplo, representantes de los tres grandes sindicatos del país -CTC, CGT y CUT, en el que está afiliado Fecode– se reunieron en Bogotá con representantes de la bancada del Pacto Histórico para impulsar la marcha del 1M. “También nos hemos reunido con los ministros Luis Fernando Velasco y Gloria Inés Ramírez, y con Alexander López (director del DNP)”, dice Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien no entregó más detalles de las reuniones. Velasco, Ramírez y López fueron los tres altos funcionarios que les hablaron a los medios al final del cónclave.
El presidente de la CUT, Arias, fue el delegado de los sindicatos para cuadrar con Casa de Nariño la logística del presidente en la marcha, luego de que Petro anunciara su intención de dar un discurso. El sindicalista estuvo el lunes en la tarde reunido en Presidencia con el equipo de comunicación de Palacio y Casa Militar, la unidad que protege al presidente.
Entre los detalles pactados estuvieron las calles adyacentes que van a cerrar por la seguridad del recorrido de Petro, o las vallas que van a poner frente a la tarima de la Plaza, pagada por el sindicato, en la que el presidente va a dar su discurso. “Son condiciones jartas y aburridas, pero bueno. Lo único que pedimos fue que no nos requisaran para entrar a la Plaza”, dice Arias entre risas, quien confía en que, a diferencia de la marcha progobierno del 9 de abril, la convocatoria sí será masiva.
El objetivo de los sindicatos y las organizaciones sociales es darle un escenario propicio a Petro para que impulse su agenda de reformas sociales y defienda la elección de un nuevo gobierno de izquierda en 2026, una idea reiterada por el presidente. “Con el 1M vamos a empezar el camino para la continuidad del gobierno democrático y progresista, con arraigo popular, que no necesariamente será con Petro, quien ha dicho que termina su período en el 2026”, dice Over Dorado, secretario general de la CUT, y quien tiene influencia en Fecode.
Los mensajes moderados del gabinete y el espejo retrovisor
Luego de las multitudinarias marchas de la oposición, el 21 de abril, el gobierno no ha compartido un mensaje uniforme. Mientras el presidente las desestimó y convocó de inmediato a una contramarcha para el 1M, otros altos funcionarios como Laura Sarabia, directora del Dapre, y mano derecha de Petro, lanzó un mensaje de concordia y reflexión.
Otros, como el ministro Velasco, también moderaron su discurso de cara al nuevo aire que tienen las reformas sociales en el Congreso luego de la aprobación de la reforma pensional en el Senado y el acuerdo con las EPS para presentar una nueva reforma a la salud.
“Hace parte de una diferencia de temperamentos. El presidente está defendiendo su causa, pero es el primero en garantizar el derecho a la protesta”, dice el viceministro del Interior, Diego Cancino, quien contrasta las marchas de la oposición al gobierno Petro con el estallido social reprimido por el gobierno de Iván Duque. “En Colombia debemos aprender que la confrontación, debatir de frente y en el espacio público, alimenta la discusión”, agrega.
En el alto gobierno siguen poniendo el espejo retrovisor de las marchas contra el gobierno Duque, que fueron violentas y luego reprimidas con exceso de fuerza por el Esmad, para argumentar que Petro está ampliando el debate democrático. “Seguimos viviendo en un país violento, donde las mafias y la guerra persisten, pero la democracia está ocupando el espacio público, como ocurre en Francia o en Argentina. Los escenarios públicos son de confrontación de ideas. Los sectores trabajadores y populares esperan de este gobierno un apoyo decidido”, dice el ministro Correa.
Los mensajes de concordia de Sarabia y Velasco, o el énfasis en el respeto por las marchas de la derecha de Correa y Cancino, contrastan con el tono confrontacional de Petro.
El lunes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente señaló que buscan silenciarlo en las marchas del 1M. “Con o sin tarima caminaré en la marcha del primero de mayo”, escribió luego de que se abriera una controversia entre los sindicatos y la administración de Carlos Fernando Galán por la instalación de dos tarimas en la Plaza de Bolívar. “Lo que hubo fue un saboteo de Galán para que Petro no hable en nuestra tarima”, dice el sindicalista Arias, de la CUT.
La inevitable comparación con la marcha de la oposición
La vara para comparar la marchas del 1M con la del 21 de abril, organizada por la oposición, la estableció Petro.
Por un lado, con su globo de la constituyente, luego diluido en la idea del “proceso constituyente”, con la que el gobierno ha englobado diferentes asambleas populares que simpatizan con su programa de gobierno, desde eventos estudiantiles hasta las jornadas del “gobierno con el pueblo”. Con esta idea, el gobierno ha puesto en su capacidad de convocatoria en la calle una de las formas de medir su poder.
Y, por otro lado, la comparación entre las dos marchas es inevitable luego de que Petro desestimó las marchas del 21 de abril, una actitud repetida en el presidente, quien también ha subestimado otras movilizaciones opositoras.
“Existe una expectativa de que tengamos una fuerza mayor para canalizar, con el respaldo mayoritario del pueblo, el proyecto del cambio”, dice el representante del Pacto por Bogotá, Gabriel Becerra, quien explica que ha estado organizando a los partidos de izquierda en los que es influyente para impulsar la marcha, como la Unión Patriótica y el Partido Comunista. “La derecha está organizando cada vez mejor su brazo popular. La calle está en disputa, pero nosotros venimos de la calle”, agrega.
En esa comparación, líderes opositores de la derecha, como el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, están denunciando el supuesto uso de recursos públicos por parte del gobierno para llenar sus movilizaciones. Con esto, Briceño marca uno de los desafíos que tiene por delante la marcha del 1M: demostrar que su fuerza no viene sólo del poder institucional del gobierno, aliado con los sectores sociales más organizados, sino que también puede sumar a sectores de la población menos politizados, como lo está haciendo la oposición.
El golpe de efecto para demostrar una gran movilización popular lo quieren dar, sobre todo, en Bogotá, donde esperan llenar la Plaza de Bolívar. Pero también esperan mostrar una gran convocatoria en el suroccidente del país, en capitales como Popayán y Cali, desde donde va a marchar la vicepresidenta Francia Márquez.
Para eso, desde la Coordinadora Nacional para el Cambio, el espacio en el que se reúnen los grandes sindicatos y otras organizaciones alineadas al gobierno, acordaron que las principales organizaciones indígenas, como la Cric y la Onic, enviaran delegaciones a Bogotá, pero concentraran sus esfuerzos en mostrar fuerza en el suroccidente del país.
“La minga del suroccidente ha activado su poder movilizador. Debemos aclarar que la minga no incluye, solamente, a los pueblos indígenas, también tenemos la sumatoria de los campesinos, de los estudiantes, y de las comunidades negras”, dice el representante a la Cámara por la circunscripción indígena, Norman Bañol, líder indígena Embera Chamí, quien va a marchar desde Manizales.
Después de medio día, luego del discurso de Petro, empezarán los conteos de las personas en las calles, las comparaciones de las imágenes en la Plaza de Bolívar y las polémicas por los planos cerrados o abiertos de la televisión abierta. Es la medida que el presidente se ha impuesto para recalibrar la brújula de su gobierno.
