“Es una de nuestras héroes de la pandemia”, le escribió el alcalde Daniel Quintero a la primera alta funcionaria de su administración que termina encarcelada por posible corrupción.
Una jueza de control de garantías ordenó ayer la detención domiciliaria de Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín. La funcionaria está acusada por cuatro delitos relacionados con presunta corrupción en Buen comienzo, un programa de la Alcaldía de Medellín destinado a niños y madres lactantes.
El caso desnuda una faceta que el mandatario de 42 años ha buscado ocultar con su juventud y habilidad mediática. También con su discurso contra las élites antioqueñas y su alianza con el presidente Gustavo Petro. La de un político con prácticas tradicionales, que ha repartido la burocracia de la alcaldía entre los grupos políticos clientelistas que lo respaldan. Grupos que, presuntamente, roban recursos públicos y así apalancan su permanencia en el poder.
Además, que el estallido judicial haya sido en Buen Comienzo, un programa en el sector educativo, es especialmente dañino para Quintero. Se trata de un área donde personas que él ha declarado enemigos políticos, como Sergio Fajardo, cosecharon buenos resultados en Medellín.
La sospecha de corrupción en la administración de Quintero le da argumentos a quienes resaltan las virtudes de la alianza público-privada que existía en Medellín anteriormente, y que él tanto ha criticado.
La primera funcionaria de Quintero en casa por cárcel
Agudelo estuvo desde el primer día en el gabinete de Quintero. Proviene del corazón del grupo de aliado del alcalde, Albert Corredor, un exconcejal de Centro Democrático, con el que Quintero ha trabajado desde el 2017.
Agudelo, una psicóloga de 48 años, trabajó en 2013 para Censa, una institución educativa técnica propiedad de la familia Corredor. Los Corredor también son propietarios de la Corporación Universitaria Americana, otra institución educativa, así como del Club Medellín, un lugar de entretenimiento que también funciona como sede política para su grupo político.
Por eso, a pesar de que Corredor militaba en el Centro Democrático, partido al cual Quintero graduó de oposición, puso a Agudelo en una entidad clave para la atención a los más vulnerables y que maneja cuantiosos recursos públicos.
Y los ruidos sobre Buen comienzo la acompañan desde el inicio de su cartera. Empezando porque en la dirección del programa fue nombrado Hugo Alexander Díaz, un funcionario que pasó por varias carteras de la Alcaldía de Bello mientras la controlaba el cuestionado clan de los Suárez Mira.
Uno de los dos contratos que tienen judicializada a la exsecretaria fue adjudicado el 20 de marzo del 2020, en medio de la primera cuarentena. La coincidencia le ha servido a Quintero para argumentar que el contrato fue clave para la alimentación de los estudiantes durante la crisis.
En efecto, el contrato de 7.168 millones de pesos tuvo como objeto la entrega de paquetes de alimentos a estudiantes. Sin embargo, fue adjudicado a la corporación Colombia Avanza que, según la Fiscalía, no tenía ni la experiencia ni la capacidad técnica para ejecutar las tareas del contrato.
Las conexiones políticas de Colombia Avanza fueron claves para la obtención del contrato.
Su representante legal, Henry Gómez, imputado también por la Fiscalía, es un político y empresario que apoyó abiertamente la campaña de Quintero a la alcaldía. Gómez incluso organizó eventos de Independientes, el movimiento político del alcalde. Es sobrino materno de la exconcejal de Bello, Gloria Montoya, una política aliada del poderoso clan de los Suárez Mira, vinculados a múltiples investigaciones por corrupción y paramilitarismo.
Según la Fiscalía, la falta de experiencia de Colombia Avanza para cumplir con el contrato era tan notoria que la alcaldía tuvo que prestarle una bodega a la corporación para despachar los alimentos.
Pero semanas atrás, el 3 de marzo, Colombia Avanza logró firmar un contrato aún más jugoso, de 20 mil millones de pesos. Este con el objeto de ser operador del acompañamiento psicológico y nutricional a los beneficiarios de Buen comienzo.
La firma del contrato estuvo precedida, según la Fiscalía, por actuaciones de la Secretaría de Educación de Medellín para favorecer a la corporación Colombia Avanza. Entre ellas, cambiar los requisitos de contratación sin informar a los antiguos operadores de Buen comienzo, eliminando a sus competidores de la carrera. Además, desconociendo que la corporación de Gómez no contaba con la capacidad operativa para ejecutar un contrato de más de 1.000 millones de pesos.
Pero los contratos con la fundación fueron solo el eslabón más débil del manejo indebido en la secretaría. Por otro lado, La Silla Vacía reveló cómo los contratistas de la secretaría en otros programas son presionados para impulsar la campaña política que hoy emprende Corredor, como candidato por firmas a la alcaldía. El guión es similar al de entidades a lo largo del país entregadas a grupos políticos para pagar favores.
Sin embargo, la defensa ante el escándalo de Quintero y sus principales alfiles ha seguido el manual de redoblar la apuesta en la batalla ideológica, y declararse como perseguidos políticos. Pero en esta ocasión puede no ser suficiente.
Los límites de la huida hacia adelante
“La justicia vendrá, estoy seguro”, trinó Quintero durante la audiencia de Agudelo. Hasta el último momento el alcalde la mantuvo en su cargo, y solo hasta hoy aceptó su renuncia. Quintero la defendió incluso cuando sus aliados mostraron más cautela. “La secretaria sólo puede demostrar su inocencia por fuera del cargo”, le dijo a La Silla el concejal Lucas Cañas, del grupo del senador conservador Carlos Trujillo.
Pero desde Independientes ven el caso bajo el lente de la persecución política. “La veeduría que ha impulsado las denuncias nació del sector político al que derrotamos en las últimas elecciones”, dice Esteban Restrepo, exsecretario de gobierno de Quintero y su posible carta para disputar la Gobernación de Antioquia.
Restrepo se refiere a Todos por Medellín, la veeduría ciudadana que ha liderado múltiples acciones de control político en contra de la administración Quintero. Ahí tienen asiento representantes de sectores empresariales a los que Quintero critica con frecuencia, como ProAntioquia y la Andi. “Son un actor político financiado por los empresarios a los que les hicimos pagar por Hidroituango”, dice.
La defensa de Restrepo consiste en afirmar que existe una élite, acostumbrada a monopolizar los espacios de poder en Medellín, a la que Quintero ha enfrentado desde su primer día en la Alpujarra.
Una élite que identifican con los sectores de centro y centro-derecha de la ciudad, particularmente el fajardismo y el uribismo, y con las empresas y las organizaciones sociales vinculadas al GEA.
“Billones de pesos habían sido contratados de forma directa en Buen comienzo por entidades asociados al GEA”, trinó Quintero el 9 de febrero. Desde entonces ha estado publicando documentos con los que intenta probar que los antiguos operadores de Buen comienzo, supuestamente asociados al uribismo y al grupo empresarial, estaban confabulados con las administraciones para manejar los recursos del programa.
La narrativa de Quintero se choca, sin embargo, con los buenos resultados del programa, como lo demuestran los informes de la organización Medellín cómo vamos. Esto durante las administraciones de rivales como Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.
La identificación de ese enemigo a derrotar funciona, sobre todo, como una estrategia para poner en segundo plano los pactos con un sector de la política tradicional que también está en el corazón del establecimiento paisa.
Esconde, además, la puesta en marcha de prácticas políticas que identifican a ese clientelismo tradicional.
El nuevo viejo clientelismo
En contraste con el nombre de su movimiento, ‘Independientes’, la alcaldía de Quintero ha correspondido a sus aliados con una red de cuotas en su administración.
Funcionarios relacionados con políticos como Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, y León Freddy Muñoz, el embajador de Nicaragua investigado por narcotráfico, han ocupado altos puestos en la Alcaldía.
Los grupos políticos del conservador Trujillo y el liberal Bedoya también han reclamado con puestos su apoyo a Quintero. Por ejemplo, Vanessa Álvarez, secretaria de Medio Ambiente, fue asesora del concejal Cañas y responde políticamente al grupo de Trujillo. El grupo de Bedoya también conserva puestos directivos en otras dependencias.
Jugosos contratos de la administración también han sellado las alianzas políticas del alcalde. Un ejemplo temprano de esto sucedió en 2021, a poco más de un año de su mandato, cuando el grupo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa fue beneficiado con un contrato de 3.900 millones para el mantenimiento del Jardín Botánico.
La repartición burocrática de la alcaldía de Quintero, y su despliegue de prácticas políticas tradicionales, han estado cubiertas por políticas mediáticas que parecen apartarlo de esas tácticas enquistadas en el sistema político, como el programa de “computadores futuro” o los incentivos para hacer de Medellín “la capital mundial de los eventos”.
Sin embargo, la imagen de un grupo de políticos desviando recursos destinados a niños y madres lactantes, generalmente pobres, es difícil de opacar con una app creada en un centro del “Valle del Software” o un uniforme de RBD.
