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Hoy la Fiscalía decidió acusar a Álvaro Uribe por ser determinador de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Fue una decisión que el anterior fiscal Francisco Barbosa trató de evitar a toda costa y que la Fiscalía retoma ahora bajo el mando de Luz Adriana Camargo, quien se está estrenando en el cargo. Dada la trascendencia política de una decisión sin precedentes recientes contra un expresidente de la República, fundador y jefe del principal partido de oposición, ícono de la derecha y antihéroe de la izquierda, son varios sus impactos políticos.
Estos son algunas de las cosas que están en juego:
1. El legado más importante de Barbosa
La llegada de Francisco Barbosa a la Fiscalía fue polémica por ser el mejor amigo de Iván Duque y se entendió desde el principio que llegaba con una misión: proteger a Álvaro Uribe, artífice político de Duque, de una acusación penal.
El caso contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos pasó por las manos de cinco fiscales designados directamente por Barbosa.
Aunque, el caso llegaba de la Corte Suprema con una carga probatoria que fue considerada suficiente, incluso, para detener a Uribe a mediados de 2020, el panorama cambió cuando aterrizó en los dominios de Barbosa en septiembre de ese año.
Gabriel Jaimes, su mano derecha, fue el primero en intentar precluir el proceso a favor del expresidente. Luego llegó Javier Cárdenas, quien siguió el mismo camino. Ninguno lo logró.
Dos juezas ordinarias y tres magistrados coincidieron en que ambos intentos estuvieron marcados por falta de rigor probatorio, poca profundidad argumentativa, y que hubo negligencia de la Fiscalía en el análisis de las pruebas. Incluso, La Silla Vacía reveló que la Fiscalía tergiversó la prueba reina, la transcripción del video de Juan Guillermo Monsalve.
Tras los fallidos intentos de Jaimes y Cárdenas, el tercer fiscal que asumió fue Andrés Palencia. Ese fiscal renunció al caso 10 días antes de que acabara el plazo para decidir si presentaba acusación o pedía nuevamente el archivo definitivo. Lo durmió casi tres meses.
Luego, pasó a manos del fiscal Víctor Salcedo, quien pocos días después tuvo que renunciar porque había opinado del proceso en una columna de opinión y estaba inhabilitado.
El 15 de enero el expediente llegó a manos de Gilberto Villarreal, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Ese último cambio ocurrió cuando a Barbosa solo le quedaba un mes en el cargo.
Villareal es el fiscal que acabó de anunciar que sí irá a juicio, porque considera que las pruebas son suficientes para que el expresidente se defienda ante un juez. Su decisión llega solo tres semanas luego de la posesión de la nueva Fiscal ternada por el presidente Petro, Luz Adriana Camargo.
Entre los intentos fallidos y los saltos por varios despachos del expediente, transcurrieron 3 años y siete meses de los 6 años que tiene la justicia para determinar si el expresidente Uribe es inocente o culpable de instigar a Diego Cadena para cometer los delitos fraude procesal y soborno.
Así, durante la administración de Barbosa la Fiscalía no solo intentó cerrar el proceso desconociendo y tergiversando pruebas, sino que durante el tiempo que lo hizo logró que el reloj judicial empezara a correr a favor de Uribe.
2. La eficiencia de la justicia para no dejar prescribir el caso
Aún cuando el archivo definitivo no prosperó en la era Barbosa, ahora la justicia solo tendrá 2 años y 5 meses para determinar si Uribe es culpable o inocente. Cualquier demora en el proceso, así sea un simple aplazamiento de una audiencia, acercará el caso a la prescripción.
Si en agosto de 2026 no hay un fallo a favor o en contra del expresidente, el proceso se archivará por vencimiento de términos. Parece mucho tiempo, pero el proceso penal del sistema penal acusatorio es garantista, lleno de instancias y contrapesos, y múltiples puestas en escena.
Además de la defensa, que en el caso de Uribe está llevada por Jaime Granados, hay varias víctimas de alto perfil vinculadas al proceso. Está Iván Cepeda, Eduardo Montealegre y Deyanira Gómez, la exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, representada por el abogado Miguel Ángel Del Río. El juicio tiene un elenco de jugadores con micrófonos poderosos, intereses políticos y acceso a la información reservada del juicio.
3. El impulso que pueda tomar la reforma de “amnistías” para la paz total
Con el expresidente Uribe en juicio, el uribismo tendría un incentivo para alinearse con el proyecto de reforma a la Constitución que se conoció esta mañana y que busca que el presidente Petro tenga la capacidad de “otorgar perdón judicial” en los casos en los que ese perdón contribuya “de modo fehaciente” a la política de la paz total.
El uribismo es el segundo partido de oposición más grande en el Congreso. Tiene 12 curules en el Senado y 16 en la Cámara. Si se sumaran a los votos que el petrismo tiene asegurados, por lo menos en lo que tiene que ver con ese proyecto, podría asegurar mayorías.
Ese escenario era improbable antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía de acusar a Uribe, aún cuando varios funcionarios y políticos cercanos a Uribe, incluyendo su primo Mario Uribe, se beneficiarían.
En el pasado, la posición de amnistiar delitos ha sido uno de los pocos puntos de encuentro entre el presidente Petro y el expresidente Uribe.
En 2021, en un conversatorio Uribe lanzó la propuesta de una “amnistía general” y dijo que “Colombia va a necesitar casi que un borrón y cuenta nueva”. Petro, quien para entonces era senador, respondió “Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia”.
En esta nueva coyuntura, el uribismo y el petrismo tendrían un propósito en común en los 8 debates en el Congreso que debe surtir el proyecto amnistías para la paz total.
4. El juicio político a la era Uribe
Álvaro Uribe fue un presidente amado por muchos que, por primera vez en años, dejaron de sentir miedo a que sus hijos fueran reclutados, a ser extorsionados o secuestrados. Y, a la vez, fue un presidente repudiado por otra parte del país por las serias violaciones de derechos humanos durante su mandato como los falsos positivos, las capturas masivas, las escuchas ilegales del DAS a la Corte, a periodistas y defensores de derechos humanos o la estigmatización de líderes significativos de la izquierda.
Por eso, además del proceso judicial que se llevará a cabo, habrá un juicio político a su período presidencial que se nutrirá de lo que pruebe el juez y del uso político que tanto la izquierda como la derecha les den a las decisiones que tome la justicia.
5. La percepción de neutralidad de la nueva fiscal Camargo
La decisión de acusar al expresidente Uribe la toma en principio el fiscal delegado que llevaba el caso desde la administración de Barbosa, pero es una decisión de tan alto calado que es la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, quien asume el costo o rédito político de haberlo hecho. Al fin y al cabo, durante la fiscalía de su antecesor, Barbosa, los fiscales delegados evitaron a toda costa tomar esta decisión.
Más allá de la contundencia de las pruebas para acusar, que esta sea la primera gran decisión de la fiscalía de Camargo, una fiscal ternada por Gustavo Petro, crea sobre ella una mayor presión de demostrar a futuro que no llegó como arma de venganza de la izquierda. A la vez, le da mayor margen para que su fiscalía tome cualquier decisión desfavorable en contra del círculo del presidente.
6. Se revive la polarización petrismo vs. uribismo
Durante la campaña política, el antiuribismo fue un gran galvanizador a favor de Gustavo Petro, impulsado, incluso, con la serie de Youtube (varias veces rectificada) El Matarife.
Pero desde que asumió el poder, Petro promovió una paz política con el expresidente. Esto redujo la polarización alrededor del eje petrismo vs. uribismo y permitió que el uribismo entrara a apoyar programas bandera del presidente como la Paz Total, con José Félix Lafaurie como negociador con el ELN, y el exministro uribista Valencia Cossio en la mesa con las disidencias; y la compra de tierras a Fedegán para la reforma agraria.
Esta paz política se comenzó a agriar con la decisión de nombrar al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. De hecho, Uribe aseguró hace un mes que “las razones (de esa decisión) tienen más intención de amenaza política que de paz”.
Y más recientemente, con declaraciones del presidente en contra de Uribe, como que no pagó el predial en su finca en Córdoba, cosa que Uribe probó con su recibo.
Esta decisión puede resucitar con fuerza la división entre el petrismo y el uribismo. Sobre todo si, como ya lo están haciendo muchos petristas en redes, se regodean con la decisión de llevarlo a juicio.
Además, a menos de dos semanas de la gran marcha de la oposición el 21 de abril, también servirá de munición para sacar a la derecha a las calles.
