Rayos X al paro del 21N

“Contra la reforma laboral que empeora las condiciones de los trabajadores”

Son tres los puntos laborales de la protesta:

• Pagarle a los menores de 25 el 75 por ciento del salario mínimo, una propuesta que hizo el gremio bancario Anif, y que Duque dijo que rechaza.

• Crear un salario mínimo diferencial por regiones que sea proporcional al costo de vida, una propuesta que han hecho el tanque de pensamiento Fedesarrollo, el gremio de administradoras de fondos de pensiones Asofondos y Anif. De ella Alicia Arango, ministra de Trabajo, ha dicho que hay que analizarla.

• Contratar por horas, una propuesta que hizo del gremio de comerciantes, Fenalco y sobre la que la ministra Arango dijo que en el Gobierno “no están totalmente de acuerdo”.

“Contra la reforma pensional que fortalece fondos privados a costa de eliminar Colpensiones”

En temas pensionales se movilizarán contra la posibilidad de eliminar la pensión como un derecho de los trabajadores, algo que nadie ha propuesto, y en oposición a la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de reformar el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, que es una entidad pública.

Muchos expertos coinciden en que esa reforma es necesaria y el Ministro admitió en esta entrevista que quiere reformar el régimen sin acabar con Colpensiones, pero los convocantes temen que eso termine marchitando o privatizándolo.

Para los convocantes, la creación del holding financiero estatal que quedó en el Plan de Desarrollo, junto con la facultad que le dio a Duque para poder fusionar entidades financieras del Estado como el Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones o el Banco Agrario, eliminaría el control directo del Estado sobre la plata que manejan esas entidades y podría llevar a una masacre laboral.

Como contamos en La Silla, para solucionar el chicharrón de Electricaribe, que está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios desde 2016, el Plan de Desarrollo creó una sobretasa de 4 pesos por kilovatio/hora (menos del uno por ciento del valor de cada kilovatio/hora) para las viviendas de estratos 4, 5 y 6, medida que está demandada en la Corte Constitucional.
El Plan también autorizó la creación de un régimen tarifario especial para conseguir nuevos recursos para Electricaribe y crear unas contribuciones especiales de las empresas de servicios públicos, que se pueden cargar parcialmente a la tarifa.

Luego de que la Corte Constitucional tumbó la tributaria pasada, el Gobierno presentó la misma reforma, con sus rebajas a impuestos de las empresas en general y en la que se negó a ponerle una tasa de renta mayor a las grandes empresas como propuso la izquierda, una medida que en todo caso es difícil de administrar (es sencillo romper una empresa grande en varias menores). Además, quedaron el impuesto al patrimonio, una tarifa más alta de renta para las personas de ingresos más altos y un impuesto a los dividendos, medidas que afectan a los grandes empresarios.

Dentro de las medidas que podría adoptar el Gobierno y contra las que marcha el movimiento social están las posibles privatizaciones de empresas de las que el Estado sea el dueño de menos del 49 por ciento, que son decenas de empresas pequeñas como terminales de transporte o centrales de abastos y para lo que el Plan de Desarrollo creó una ruta más fácil, y de otras más grandes como Ecopetrol, ISA, Cenit, y electrificadoras estatales.
Como contamos el ministro Carrasquilla planteó la posibilidad de vender las grandes a mitad de año, cuando estaba buscando plata para tapar el hueco fiscal, pero el Gobierno luego se patraseó. Aunque hicieron estudios para hacerlo, la semana pasada Hacienda dijo que no van a vender al menos ni Ecopetrol ni ISA, que son las más grandes.

Entre las peticiones está el cumplimiento de acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con diferentes sectores como resultado de movilizaciones, como la de los estudiantes universitarios hace un año o las de la Minga indígena que paralizó al suroccidente del país en abril.

Otro de los puntos que ha facilitado la convergencia del movimiento social desde que Juan Manuel Santos era el presidente es la defensa del Acuerdo de La Habana, una bandera que todos los sectores enarbolan.
En el comunicado del 4 de octubre, el Comando del Paro dice “exigimos el cumplimiento de los acuerdos de paz y las garantías para que este proceso se consolide, se detengan los asesinatos de los desmovilizados, se respete a la JEP y a sus herramientas de funcionamiento”.

Una de las principales causas que reúne al movimiento social a marchar es exigir la garantía del derecho a protestar, un tema que las declaraciones del Gobierno y el uribismo sobre el paro han puesto en un lugar aún más central.
Eso después de los heridos que dejaron marchas estudiantiles e indígenas por enfrentamientos con el Esmad y de que funcionarios como el exministro de Guillermo Botero y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, retomaran hace unos meses la idea de regular la protesta.
Aunque después se patraseó, la ministra Gutiérrez alcanzó a decir hace menos de dos meses que estaba estructurando un proyecto de ley para regularla.

Las movilizaciones estudiantiles del año pasado terminaron con un acuerdo entre estudiantes y Gobierno que incluye, entre otros puntos, invertir 4,5 billones de pesos para financiar la educación superior.
Hasta el momento eso se ha cumplido, pero los estudiantes marchan porque alegan que el Gobierno les ha incumplido la financiación adicional de Colciencias, que estaba sujeta a que hubiera excedentes en el presupuesto de la nación. Los estudiantes dicen que sí hay, pero la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dice que no.
Otro tema educativo que los sacó a marchar fue el artículo del Presupuesto General de la Nación que habilitaba a las universidades públicas a tener que pagar sentencias judiciales, que los estudiantes entendieron como una forma de quitarles recursos para pagar deudas de otras entidades, y que Duque ya dijo que va a objetar.

Una de las banderas de la marcha es la defensa de la vida de los indígenas del Cauca, defensores de derechos humanos, y líderes sociales.
Tanto el Consejo Regional Indígena de Colombia, Cric, como la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Onic, hacen parte del Comando del Paro y se movilizarán luego de varias masacres en el Cauca y de los asesinatos de miembros de la Guardia Indígena.
Según Luis Fernando Arias, cabeza de la Onic, también se movilizarán para que el Gobierno cumpla el capítulo étnico del Acuerdo de La Habana, y “por la defensa del territorio y en contra de los grandes megaproyectos y de los actores armados que hoy quieren dominar nuestros territorios”.

Las dignidades se sumaron a la marcha con agenda propia. “Hay un balance vergonzoso de la política agrícola”, le dijo a La Silla Óscar Gutiérrez, vocero de las dignidades agropecuarias.
Por falta de concertación con el Gobierno, algunos cafeteros, paneleros, paperos, lecheros y cañeros, entre otros, saldrán a las calles para empujar los temas propios de su sector, como la estabilidad de los precios de sus productos, créditos de fomento con intereses bajos o menor precio de abonos y fertilizantes.

Organizaciones de mujeres protestarán contra la violencia de género, aprovechando que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres.

El movimiento Lgbti se movilizará entre otras razones porque la política pública Lgbti que dejó el Gobierno Santos está frenada y porque el Gobierno Duque ha puesto en cargos públicos encargados de articular con la agenda Lgbti a personas que incluso anteponen valores religiosos frente a los derechos de esa población.
También porque sienten que los discursos de odio han aumentado y según Wilson Castañeda director de Caribe Afirmativo “no han sido prevenidos ni sancionados lo que puede ser un detonante que pone en jaque la vida de las personas Lgbti”.